Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de enero de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, ciudadano venezolano, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber omitido su proceso de regularización, actuación que considera ilegal y arbitraria, por lo que solicita se ordene a la recurrida que, en el plazo de 30 días hábiles contado desde la notificación de la sentencia, dicte resolución definitiva y fundada respecto de mi solicitud de regularización migratoria.

Expone que el 25 de abril de 2022 se presentó voluntariamente ante las autoridades migratorias para autodenunciase por el ingreso irregular al país que realizó el día 16 de diciembre de 2021, acogiéndose a los beneficios establecidos en el Decreto Supremo Nº597 de 1984, específicamente en su artículo 81, que regula el procedimiento de la Autodenuncia de los extranjeros indocumentados en el País.

Alega que desde dicha autodenuncia se encuentra debidamente empadronado y sometido a control migratorio, cumpliendo estrictamente con todas las obligaciones impuestas por la autoridad administrativa, sin que a la fecha exista resolución alguna que defina su situación migratoria.

Manifiesta que es una persona de 75 años, trabajador dependiente con contrato laboral vigente desde el 1º de enero de 2024 como Aseador en el Conjunto Residencial Los Álamos.

Indica que mantiene arraigo familiar directo en Chile, siendo abuelo paterno de la menor chilena nombre reservado, lo que constituye vínculo de familia protegido constitucionalmente.

Sostiene que esta dilación injustificada lo ha mantenido en un estado de incertidumbre jurídica permanente, impidiéndole acceder a derechos básicos como atención especializada de salud integral, imposibilitando la tramitación de documentos esenciales, y generando un temor constante respecto de su permanencia en el país donde reside su familia.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, alega transgredida su derecho ante la igualdad ante la ley, por cuanto el prolongado silencio administrativo constituye un trato discriminatorio respecto de otros extranjeros en situación similar cuyas solicitudes han sido resueltas en plazos menores, vulnerando su derecho a un debido proceso a obtener una resolución fundada en un plazo razonable.

Alega vulnerado también su libertad personal y seguridad individual atendida su indefinición migratoria prolongada lo que constituye una restricción de facto a su libertad de movimiento, lo que también ha afectado su derecho a la integridad física y psíquica, teniendo en consideración su avanzada edad, lo que su turno, vulnera ejercer plenamente su derecho de propiedad, limitando su capacidad de contratación y acceso a servicios financieros básicos.

Expresa que la omisión sería ilegal, pues el artículo 81 del D.S.

N°597/1984 establece el procedimiento de autodenuncia, pero no fija plazo específico para su resolución. Sin embargo, el artículo 24 de la Ley N°19.880 establece que la Administración debe resolver expresamente las solicitudes dentro del plazo que fijen las normas especiales, y en su defecto, dentro del plazo de 30 días. El artículo 27 de la misma ley sanciona el silencio administrativo como falta de servicio.

Agrega que también sería arbitrario, al mantenerlo de forma indefinida sin resolver su autodenuncia presentada hace más de 3 años.

Pide, en definitiva, se acoja la presente acción de protección y se ordene al Servicio Nacional de Migraciones que, en el plazo de 30 días hábiles contado desde la notificación de la sentencia, dicte resolución definitiva y fundada respecto de mi solicitud de regularización migratoria.

SEGUNDO: Que evacuó informe el Servicio Nacional de Migraciones en el siguiente tenor.

Indica que el actor no registra fecha de ingreso al territorio nacional, por cuanto se desprende su ingreso clandestino, eludiendo para ello los controles migratorios fronterizos, lo que queda de manifiesto mediante Parte Policial NUM000 de fecha 27 de abril de 2022 de Policía de Investigaciones de Chile, que pone en conocimiento de esta autoridad la denuncia por ingreso clandestino al país.

Menciona que el 6 de diciembre de 2023, el recurrente se inscribió en el proceso de empadronamiento que no constituye un proceso de regularización, toda vez que éste consistió en registrar e identificar a las personas extranjeras, mayores de 18 años que hayan ingresado al país por paso no habilitado o eludiendo el control migratorio en frontera, cuyo objetivo es conocer de forma más completa la identidad y cantidad de personas en situación migratoria irregular que se encuentran en el país, constituyendo un compromiso del Gobierno de Chile para promover una migración segura, ordenada y regular, y que esté en concordancia con los objetivos de la nueva Política Nacional de Migración y Extranjería, empadronamiento que se materializó el 26 de diciembre de 2023.

Enfatiza que no existe registro de que la parte recurrente hubiese presentado solicitud de regularización migratoria, cuya demora sustentaría la interposición de la presente acción constitucional, por lo que no podría pronunciarse sobre un requerimiento que no ha sido realizado, conforme al tenor literal de las peticiones concretas realizadas.

Agrega que, en los documentos ofrecidos por parte del recurrente, no se acompaña registro alguno que de cuenta de un requerimiento realizado a esta autoridad migratoria.

En cuanto al derecho, manifiesta que no existe acto u omisión que vulnere los derechos fundamentales de la parte recurrente, por cuanto se alega la demora en el pronunciamiento de una solicitud de regularización migratoria que no existe.

Pide, en definitiva, rechazar la presente acción de protección.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, a partir de lo expuesto, se aprecia con claridad que el hecho que la recurrente califica como ilegal y arbitrario consiste no existir un pronunciamiento por parte de la recurrida respecto de la regularización migratoria solicitada por el actor.

QUINTO: Que, conforme a la revisión de los antecedentes acompañados por el actor y la recurrida, no se advierte de la existencia de una solicitud de regularización migratoria por parte del recurrente, la cual se distingue del procedimiento de empadronamiento realizado, el cual, como indicó el Servicio Nacional de Migraciones, obedeció a conocer de forma más completa la identidad y cantidad de personas en situación migratoria irregular que se encuentran en el país, mas no un actuación que constituya el inicio de un procedimiento de regularización migratoria, por lo que no se advierte que la omisión de la recurrida sea ilegal o arbitraria, motivo por el cual el presente arbitrio no se encuentra en condiciones de prosperar, debiendo ser rechazado.

SEXTO: Que, por otra parte, no se explica ni se desprende de las alegaciones de la parte recurrente, ni de los antecedentes expuestos en la presente acción cautelar, de qué manera se han vulnerado las garantías constitucionales invocadas en el recurso.

En efecto, no se ha acreditado que alguna persona, en condiciones similares a las del protegido, haya recibido un trato desigual. En consecuencia, no se ha demostrado que la resolución impugnada haya privado, perturbado o amenazado al recurrente en el ejercicio de alguno de sus derechos fundamentales.

SÉPTIMO: Que, al tenor de lo razonado precedentemente, y no advirtiendo esta Corte un acto arbitrario o ilegal de parte del Servicio Nacional de Migraciones, procede el rechazo del presente arbitrio.

Por estas razones y visto, además, los dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-12442-2025.