Protección contra Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería General de la República

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de octubre de dos mil veintiséis.

Proveyendo a los escritos folios 29, 30. 31 y 32: a todo, téngase presente.

Proveyendo al escrito folio 33: a sus antecedentes.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería General de la República, por estimar ilegal y arbitraria la mantención en sus registros de una deuda por concepto de préstamo solidario, ascendente a $2.118.810, que considera extinguida como consecuencia del término del procedimiento concursal de liquidación voluntaria al que se sometió, vulnerándose con ello la garantía contemplada en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 15 de noviembre de 2024 solicitó la liquidación voluntaria de sus bienes, procedimiento tramitado ante el 17° Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol C-20.167-2024, en el que se dictó resolución de liquidación el 11 de diciembre de ese año.

Señala que incluyó la obligación en su nómina de acreedores y que la Tesorería General de la República no concurrió a verificar su crédito, pese a encontrarse legalmente notificada mediante la publicación efectuada en el Boletín Concursal.

Añade que el 6 de agosto de 2025 se declaró terminado el procedimiento, certificándose el 3 de septiembre siguiente que dicha resolución se encontraba firme y ejecutoriada. Sostiene que, conforme al artículo 255 de la Ley N°20.720, se extinguieron por el solo ministerio de la ley los saldos insolutos de las obligaciones contraídas con anterioridad al inicio del concurso, sin distinción entre acreedores públicos o privados ni entre créditos verificados y no verificados.

Refiere que el 14 de abril de 2026 constató que la deuda continuaba registrada en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos y que sus gestiones ante ambas recurridas no permitieron solucionar la situación, indicándosele que debía pagar o solicitar su condonación. Afirma que la conservación de esta información desconoce los efectos de la resolución judicial y afecta su honra, vida privada y protección de datos personales.

Solicita que se ordene a las recurridas adoptar todas las medidas necesarias para eliminar la deuda contraída con anterioridad al procedimiento de liquidación voluntaria, con costas.

Segundo: Que evacuó informe el Servicio de Impuestos Internos, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Explica que la recurrente obtuvo préstamos solidarios durante los años 2020 y 2021, al amparo de las Leyes N°21.242, N°21.252 y N°21.323, cuya devolución se articula mediante retenciones y declaraciones anuales de renta. Detalla que se han registrado pagos, imputaciones y ajustes, así como giros diferidos correspondientes a los años tributarios 2024 y 2025, por $230.000 y $514.266, respectivamente, que permanecen impagos. Precisa que las declaraciones asociadas a estos conceptos corresponden a la devolución del préstamo y no al pago de impuestos derivados de las rentas de la contribuyente.

Alega falta de legitimación pasiva, señalando que sus funciones operativas y de administración de la plataforma no le confieren atribuciones para declarar unilateralmente la extinción de obligaciones fiscales cuya recaudación corresponde a la Tesorería General de la República.

Sostiene que los préstamos se encuentran sujetos a un estatuto especial de devolución, contingencia al ingreso y condonación, que debe prevalecer conforme al artículo 8° de la Ley N°20.720. Añade que la discusión sobre su eventual extinción excede la naturaleza cautelar del recurso de protección.

Finalmente, niega la afectación de la garantía invocada, indicando que los antecedentes se mantienen en una plataforma de acceso privado para fines de administración del beneficio, sin que hayan sido comunicados a boletines comerciales de morosidad ni difundidos a terceros.

Tercero: Que informó la Tesorería General de la República, solicitando también el rechazo de la acción.

Reconoce la existencia del procedimiento concursal y que no verificó el crédito reclamado, explicando que el saldo total del préstamo solidario no se encontraba registrado como tal en la Cuenta Única Tributaria. Señala que informó al tribunal del concurso acerca del mecanismo de devolución del beneficio y que los registros existentes corresponden a giros emitidos por el Servicio de Impuestos Internos, respecto de los cuales carecería de atribuciones para efectuar unilateralmente su descargo.

En su informe complementario precisa que se registran giros vinculados a las declaraciones de renta de los años tributarios 2024, 2025 y 2026, por saldos de $230.000, $514.266 y $303.333, respectivamente. Sostiene que únicamente el primero presentaba vencimiento anterior a la resolución de liquidación y que no resulta procedente extender los efectos del artículo 255 de la Ley N°20.720 a obligaciones que acusa fueron generadas con posterioridad.

Agrega que los préstamos solidarios poseen una regulación especial, que contempla cuotas sujetas a los ingresos del beneficiario, límites de pago y mecanismos propios de condonación.

Por ello, sostiene que no quedan comprendidos en el efecto extintivo invocado por la recurrente y que la controversia requiere un pronunciamiento que excede el ámbito de esta acción cautelar.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: Que la controversia consiste en determinar si el término del procedimiento concursal de la recurrente produjo la extinción de las obligaciones derivadas de los préstamos solidarios obtenidos durante los años 2020 y 2021 y si, como consecuencia de ello, las recurridas debían eliminar los registros asociados a su devolución.

La existencia de la resolución de término y su ejecutoriedad no se encuentran controvertidas. Sin embargo, las partes discrepan acerca de su alcance respecto de beneficios sujetos a una regulación especial, así como sobre la naturaleza y oportunidad de las obligaciones reflejadas en los giros individualizados en los informes.

En particular, debe distinguirse entre el otorgamiento del préstamo, la determinación de sus cuotas anuales, su exigibilidad y los giros emitidos para obtener su devolución, sin que la fecha de estos últimos permita, por sí sola, resolver cuándo fue contraída la obligación para los efectos del artículo 255 de la Ley N°20.720.

Sexto: Que la resolución de tales cuestiones exige establecer la relación entre el efecto extintivo previsto en la legislación concursal y los mecanismos de devolución y condonación contemplados en las leyes que regularon los préstamos solidarios, considerando, además, la regla de especialidad invocada por las recurridas.

Los antecedentes reunidos no permiten tener por establecido, con la certeza necesaria en esta sede, que la totalidad de los registros cuestionados corresponda a obligaciones extinguidas y que su conservación constituya una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. La inclusión del préstamo en la nómina de acreedores y la falta de verificación por parte de la Tesorería no resuelven, por sí solas, la controversia acerca del régimen aplicable a dicha obligación.

Por su parte, las recurridas han explicado los fundamentos normativos y operativos de sus actuaciones, sin que se advierta que la mantención de los antecedentes obedezca al mero capricho de la Administración.

Séptimo: Que, en cuanto a la afectación de la honra, los antecedentes aportados no dan cuenta de que las recurridas hayan comunicado la información cuestionada a registros comerciales de morosidad o la hayan difundido públicamente.

Si bien el tratamiento de datos personales puede ser examinado aun cuando no exista divulgación a terceros, la eliminación solicitada presupone establecer que la información carece actualmente de fundamento jurídico por haberse extinguido la obligación que refleja, cuestión que, por las razones expuestas, no aparece suficientemente determinada en estos autos.

Octavo: Que, en consecuencia, no se ha acreditado un acto ilegal o arbitrario que afecte la garantía constitucional invocada y que justifique disponer las medidas solicitadas, sin perjuicio de los derechos que la recurrente pueda ejercer en la sede correspondiente para obtener un pronunciamiento sobre la subsistencia y alcance de las obligaciones discutidas.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra del Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-12413-2026.