nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 28 de mayo de 2025 comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto que califica de arbitrario e ilegal consistente en el rechazo y archivo de su solicitud de devolución de fondos previsionales acumulados, al amparo de lo dispuesto en la Ley N°18.156, situación que, estima, vulnera sus garantías consagradas en el artículo 19 numerales 2° y 24° de la Constitución Política de la República.

Expone que, con fecha 20 de mayo de 2025, solicitó a la recurrida la devolución de fondos previsionales conforme a lo dispuesto en los artículos 1° y 7° la Ley N°18.156, normativa que, en lo pertinente, exime a los técnicos extranjeros de cotizar en el sistema previsional chileno cuando demuestran estar afiliados a un sistema previsional en su país de origen.

Señala que la solicitud fue rechazada y archivada, siendo informada de la decisión a través de la plataforma de WhatsApp de la AFP, aduciendo que la constancia de afiliación presentada se encontraba vencida y debía estar apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, dando por cerrado el requerimiento.

A juicio de la recurrente, el acto de la AFP Provida S.A. carece de fundamentación suficiente, resulta desproporcionado y desconoce el sentido de la Ley N°18.156 y la finalidad del régimen especial de técnicos extranjeros, pues habría acreditado su condición de tal y su afiliación a un sistema previsional extranjero mediante documentos que permiten su verificación electrónica directa en la página web del régimen de previsión de su país de origen. Destaca, además, que la propia recurrida, al señalar que la constancia de afiliación estaba vencida, admite implícitamente la afiliación, y que la ley no establece distinciones sobre la oportunidad o vigencia de dicha afiliación.

En ese sentido, precisa la imposibilidad técnica y material de obtener la legalización consular o apostilla del certificado de afiliación en el IVSS debido al quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, invocando el artículo 45 del Código Civil sobre caso fortuito o fuerza mayor, pues la exigencia indicada resulta imposible de cumplir en el contexto antes descrito.

Sostiene, en definitiva, que la exigencia de apostilla formulada por la recurrida constituye una condición no prevista en la Ley N°18.156, siendo, además, de cumplimiento imposible en el caso concreto, lo que demuestra que la negativa de la recurrida no solo carece de sustento legal, sino que además resulta arbitraria al imponer trabas formales desproporcionadas que frustran el ejercicio de un derecho reconocido expresamente por la ley, citando al respecto jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones en apoyo de su postura.

Finaliza su arbitrio argumentando que la recurrida, con su negativa, ha vulnerado su derecho de propiedad sobre sus fondos previsionales y el derecho a la igualdad ante la ley, al recibir un trato distinto respecto de otros trabajadores extranjeros en idénticas condiciones que han podido obtener la devolución de sus fondos previsionales.

Por estas razones, solicita a esta Corte declarar el actuar de la recurrida como ilegal y arbitrario y que se ordene a esta última que reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a seguir con la tramitación de su solicitud, y dentro del plazo de 5 días o en la forma que estime esta Corte, se efectúe la devolución de los fondos de pensión, acompañando asimismo los documentos que sostienen su pretensión.

SEGUNDO: Que evacuando informe la recurrida, Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por medio de su abogado don Daniel Santoni Garrido, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas. Para fundamentar su petición, la recurrida esgrime las siguientes defensas y argumentos de hecho y de derecho:

En primer lugar, alega la improcedencia de la acción cautelar de protección para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, sosteniendo que el recurso de protección fue concebido como un medio eficaz para situaciones urgentes, no para discutir la constitucionalidad del Decreto Ley N° 3.500 en sede cautelar y de emergencia, ni para resolver sobre un derecho controvertido, como es el caso de autos.

En cuanto a los hechos, la recurrida explica que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos, de fecha 20 de mayo de 2025, se debió a que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales presentada se encontraba vencida de acuerdo con las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones y adolecía de vicios al no cumplir con las exigencias legales y administrativas vigentes. Enfatiza que, por instrucciones de dicho organismo, debe observar estrictamente todas y cada una de las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero.

Respecto de los fundamentos normativos, invoca las disposiciones de la Ley N°18.156, el Decreto Ley N°3.500 y la jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, cuyo mérito es obligatorio para las administradoras de fondos de pensiones.

Expone que la devolución de fondos a técnicos extranjeros constituye un régimen de excepción legal sujeto al cumplimiento copulativo de requisitos formales y sustantivos, tales como la efectiva afiliación del solicitante a un régimen previsional extranjero y la presentación de los documentos respectivos debidamente legalizados o apostillados. Para acreditar lo señalado, acompaña copia del Oficio Ordinario N°5376 de fecha 28 de marzo de 2025 de la Superintendencia de Pensiones, donde, en un caso igual al de estos autos, se resuelve no acceder a la devolución solicitada por no cumplirse los requisitos legales y/o normativos, señalando que las constancias del IVSS no acreditan cobertura específica y deben estar apostilladas.

Adicionalmente, señala que la actora no ha recurrido a la Superintendencia de Pensiones, organismo estatal de carácter técnico que ejerce la supervigilancia de todas las Administradoras de Fondos de Pensiones, exponiendo su caso para efectos de obtener un pronunciamiento del regulador.

Finalmente, la recurrida argumenta la improcedencia del recurso de protección en la especie, ya que, según el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se requiere la concurrencia copulativa de un acto u omisión ilegal y arbitraria, un agravio consecuente, y que dicho agravio se manifieste en la privación, perturbación o amenaza de alguna de las garantías constitucionales del artículo 19. En esta perspectiva afirma que su comportamiento no ha sido ilegal ni arbitrario, ni ha carecido de razonabilidad, sino que ha significado el cumplimiento de sus obligaciones legales, razón por la que el presente recurso de protección debe ser rechazado.

Concluye finalmente que, al no existir un acto u omisión ilegal o arbitraria, es evidente que la recurrente no ha sufrido ningún agravio, ni se ha privado, perturbado ni amenazado ninguna garantía constitucional.

TERCERO: Que, con fecha 1 de octubre de 2025, para la decisión del asunto controvertido, esta Corte estimó necesario requerir informe la Superintendencia de Pensiones al tenor del recurso deducido y, en especial, en torno al cumplimiento de los requisitos legales para la devolución solicitada, ente administrativo que dio cumplimiento a lo ordenado mediante informe de fecha 26 de noviembre último.

En su informe, la Superintendencia señala que la recurrente no registra reclamo alguno ante el organismo por los hechos que motivan la acción cautelar. Reitera que la Ley N°18.156 es una norma de excepción y debe interpretarse en forma restrictiva, requiriendo el cumplimiento de todos los requisitos copulativos del artículo 1° de dicho cuerpo legal.

Respecto al requisito de afiliación a un régimen previsional extranjero, establecida en la letra a) del artículo 1° antes citado, señala que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la jurisprudencia administrativa exigen una certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada o apostillada, en la que conste específicamente la obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que el trabajador contó con dicha protección durante su servicio en Chile.

Respecto de la documentación aportada por la recurrente, la Superintendencia sostiene que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" y la declaración jurada suscrita por ella no son documentos idóneos para probar el requisito de cobertura previsional fuera de Chile. La primera, por no ser un documento idóneo, toda vez que la certificación relativa a la cobertura previsional en el extranjero debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente, y la segunda, por no estar firmada por quien emite el documento, ni apostillada o legalizada y por no especificar las coberturas con que cuenta la recurrente, limitándose a mencionar de forma genérica las coberturas del sistema venezolano, no cumpliéndose en definitiva con las exigencias de los artículos 345 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, ni con el artículo 1° de la Convención de la Haya sobre la Apostilla. Subraya que el procedimiento de la apostilla es la forma que la ley prevé para que los documentos emitidos en el extranjero surtan efectos en el territorio nacional, siendo Chile y Venezuela Estados Parte de dicha Convención.

Para sustentar su posición, la Superintendencia de Pensiones cita jurisprudencia reciente de diversas Cortes de Apelaciones y de la Excelentísima Corte Suprema, que han rechazado recursos de protección en situaciones similares, validando la exigencia de la apostilla o legalización de los certificados de afiliación extranjeros y la necesidad de que estos acrediten una cobertura específica e integral durante todo el período de servicios en Chile.

Finalmente, la Superintendencia concluye que no cuenta con antecedentes que le permitan determinar que la recurrente cumple con las exigencias de la Ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales.

CUARTO: Que el recurso de protección, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, tiene por objeto tutelar, mediante una acción expedita y eficaz, los derechos y garantías que dicha norma asegura a todas las personas, en caso de ser estas privadas, perturbadas o amenazadas en su legítimo ejercicio por actos u omisiones arbitrarios o ilegales.

Que la naturaleza cautelar y de urgencia de la acción constitucional de protección hace indispensable que el recurrente invoque la afectación de un derecho preexistente e indubitado. Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

QUINTO: Que, en la especie, el acto recurrido es el rechazo, por parte de la recurrida, de la solicitud de devolución de fondos previsionales de la recurrente, pese a haberse acompañado, a juicio de esta última, la documentación exigida por la Ley N°18.156 para acceder a dicho beneficio en su calidad de trabajadora técnica extranjera. La controversia radica, en definitiva, en la validez y suficiencia de los documentos presentados para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales de la normativa pertinente, especialmente en cuanto a la legalización o apostilla de la constancia de afiliación al régimen previsional extranjero y la especificidad de la cobertura.

SEXTO: Que la Ley N°18.156 establece un régimen de excepción a la regla general de territorialidad de las leyes previsionales chilenas, permitiendo a los trabajadores técnicos extranjeros la exención de cotizar o la devolución de fondos previsionales, siempre que cumplan copulativamente los requisitos de su artículo 1°. En particular, la letra a) de la señalada norma exige acreditar su afiliación a un régimen previsional extranjero que cubra, a lo menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que exista constancia expresa en su contrato de trabajo de la voluntad de mantener dicha afiliación.

SEPTIMO: Que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro II, Título XI, que complementa la Ley N°18.156, dispone que el cumplimiento del requisito de afiliación a un régimen previsional extranjero deberá acreditarse mediante una certificación de la institución de seguridad social correspondiente, la cual debe estar debidamente legalizada. Asimismo, la Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de su facultad de interpretación administrativa, ha instruido reiteradamente y de forma obligatoria para las AFP, que las certificaciones electrónicas sin firma por quien emite el documento o sin legalizar/apostillar, así como las declaraciones juradas del afiliado, no son medios de prueba idóneos para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil en relación con el Convenio de La Haya. Además, ha precisado que dicha certificación debe acreditar de manera “específica” la cobertura para todos los riesgos exigidos durante todo el tiempo de servicios en Chile, incluyendo prestaciones pecuniarias y médicas para el riesgo de enfermedad.

OCTAVO: Que, conforme a lo antes señalado, la documentación presentada por la recurrente en su solicitud, en particular la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y la declaración jurada que la acompaña, no satisface los requisitos legales, reglamentarios y administrativos antes expuestos.

Si bien la recurrente alega la verificabilidad en línea y la legalización de otros documentos, la constancia IVSS carece de la debida apostilla o legalización exigida por la normativa vigente para que dicho documento pueda producir plenos efectos jurídicos en nuestro país, tal como lo ha instruido reiteradamente la Superintendencia de Pensiones y ha sido refrendado por la jurisprudencia citada por la recurrida.

A mayor abundamiento, y según el informe de la Superintendencia de Pensiones, la referida Constancia Electrónica tampoco acredita de forma específica que la recurrente hubiese contado con la cobertura por todos los riesgos exigidos durante todo el período en que prestó servicios en Chile, ni que la cobertura de enfermedad comprenda prestaciones médicas y pecuniarias.

NOVENO: Que, en virtud de lo anterior, no se configura en el caso de autos un acto ilegal o arbitrario atribuible a la recurrida, sino el cumplimiento estricto de las normas legales, reglamentarias y administrativas que rigen la devolución de fondos previsionales para trabajadores técnicos extranjeros. La alegación de caso fortuito o fuerza mayor por la imposibilidad de apostillar no puede excusar a la Administradora de Fondos de Pensiones de dar cumplimiento a un mandato legal explícito y a las instrucciones obligatorias de su órgano fiscalizador, máxime cuando existen deficiencias sustantivas en la acreditación de la cobertura previsional efectiva y específica, más allá de la formalidad.

Lo anterior impide, por cierto, que se reconozca un derecho que, por la vía del recurso de protección, debe ser indubitado y plenamente acreditado en su forma y fondo.

DÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, y como se ha dicho reiteradamente, el arbitrio en análisis es una acción constitucional de urgencia destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, lo que no se avizora en el caso de autos, de manera que la tutela requerida no puede satisfacerse por esta vía, ni del modo que se pide, pues la controversia sobre la suficiencia y validez formal y sustantiva de los documentos requiere un procedimiento legal de lato conocimiento que no puede ser sustituido por esta vía cautelar. La profusa cita de jurisprudencia tanto por el recurrente como por la recurrida y la Superintendencia de Pensiones pone de manifiesto una discusión jurídica consolidada en la materia, lo que refuerza el carácter controvertido del derecho invocado.

UNDÉCIMO: Que, en atención a lo razonado precedentemente, y no existiendo un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace el ejercicio de los derechos fundamentales invocados por la recurrente, pues, en definitiva, el no cumplimiento de los requisitos legales para acceder a un beneficio de carácter excepcional no constituye una vulneración de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley o el derecho de propiedad.

Por estas consideraciones y vistos además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-12407-2025.