Recurso de protección

Santiago, dos de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, inspectora PDI, interponiendo recurso de protección contra la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), representada por su Director General Eduardo Alejandro Cerna Lozano, por el acto de impedirle el ingreso a la Escuela de Investigaciones Policiales el domingo 27 de abril de 2025, decisión comunicada “por orden superior” y bajo la afirmación de que “ya no pertenecería” a la institución, sin resolución ni notificación previa. Señala que la medida la dejó en la vía pública, junto a su padre, con medicamentos, ayudas técnicas y efectos personales dentro del recinto, afectando su salud y tratamientos, lo que vulnera las garantías fundamentales del artículo 19 N°1, N°2 y N°4 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 21 de octubre de 2019, en contexto del estallido social y cumpliendo labores institucionales, acudió por orden de CIPOL a apoyar procedimientos ante saqueos en un supermercado en, donde fue atropellada y herida a bala por un compañero policial, sufriendo traumatismo raquimedular T11–T12, quedando en silla de ruedas con discapacidad del 60%.

Indica que recibió primeras atenciones en Hospital Clínico Mutual de Seguridad y, por alta por riesgo COVID-19 en marzo de 2020, debió continuar terapias en ese centro, cercano a la Escuela PDI, por lo que, por decisión del entonces Director General Héctor Espinosa Valenzuela, se habilitó habitación para ella y otra para sus padres en la Escuela PDI (domicilio reservado) para facilitar su rehabilitación, residiendo allí de forma ininterrumpida por más de 5 años. Refiere humillaciones, presiones y amenazas de mandos durante ese período.

Refiere que, tras gestiones, en agosto de 2022 se autorizó su tratamiento y cirugía en Clínica MEDS (La Dehesa, domicilio reservado), donde mantiene controles con múltiples especialistas (psicología, psiquiatría, neuro kinesiología, masoterapia, acupuntura, nutriología, neurología, traumatología y kinesiología). Precisa que sus licencias médicas registran como domicilio la Escuela PDI, y que su transporte sanitario (“Transportes O.R.”) tiene orden de retiro y retorno a ese mismo domicilio institucional.

Señala que el 14 de marzo de 2025 su madre fue expulsada del recinto, sin permitirle retirar medicamentos, quedando ella sólo con su padre (recién operado). La madre interpuso recurso de protección Rol Corte P- 7217-2025 (Santiago), en que se pidió orden de no innovar; esta habría permitido un día de ingreso con abogados y que, con motivo del fin de semana largo de Semana Santa, la familia se retiró temporalmente, proyectando regreso el 27 de abril de 2025.

Relata que el 27 de abril de 2025, a las 19:55 horas el asistente policial de la caseta le negó el ingreso, alegando “orden de jefatura” y que “habría sido dada de baja”; ella mostró su identificación y afirmó no haber sido notificada de baja. A las 20:20 hrs, el oficial de guardia, Subcomisario nombre reservado, reiteró la negativa por instrucción del Jefe de Servicio, Subprefecto Pozo, indicando que sólo podría ingresar con orden formal. Tras más de una hora de espera, a las 21:15 hrs recibió llamado de nombre reservado, Jefe de Gabinete de la Diputada Claudia Mix, comunicando que su padre podría ingresar escoltado únicamente para retirar medicamentos y ayudas técnicas. El padre ingresó a las 21:30 hrs y salió a las 22:40 hrs, retirando, entre otros, Tapentadol, Baclofeno, Sirdalud, Clonazepam, Aloelax, Hyfiber, Diclofenaco 1% gel, Ketanor 30 mg, Ciclobenzaprina 10 mg, Esomeprazol, Sertralina 100 mg, Brevex, parches de buprenorfina, Flectane y silla de ruedas para baño.

Afirma que el 28 de abril de 2025, 15:00 hrs, no pudo asistir a neuro kinesiología en Clínica MEDS por encontrarse en Rengo, perdiendo atenciones y interrumpiendo su tratamiento; carece de medios para traslados regulares Rengo–Santiago, agravándose su salud física y mental.

Sostiene que la PDI pretende separarla y desentenderse de su situación pese a su calidad de “víctima en acto de servicio” y a que, según afirma, sigue siendo funcionaria activa, lo que a su juicio se plasma en la Resolución Exenta (R) Nº NUM000, de 09 de mayo de 2025, de la Dirección General PDI, firmada por nombre reservado, de la cual fue notificada el 16 de mayo de 2025 mientras estaba con certificado psiquiátrico.

Identifica como acto impugnado la negativa de ingreso del 27 de abril de 2025 sin acto administrativo formal y con fundamento en una supuesta baja no notificada, que la priva del acceso a medicación, ayudas técnicas y efectos personales y perturba la continuidad de su rehabilitación.

Solicita acoger el recurso de protección, y, con ello, ordenar a la PDI que cese la negativa de ingreso, respete su condición y asegure la continuidad de tratamientos, permitiéndole residir en la Escuela PDI o adoptando medidas equivalentes que garanticen su rehabilitación y acceso a medicamentos y ayudas técnicas, con costas.

Segundo: Que informando al tenor del recurso comparece nombre reservado

Wise Díaz De La Vega, abogada, en representación convencional de Eduardo Alejandro Cerna Lozano, Director General de la PDI quien respecto de la permanencia en la Escuela PDI, sostiene que fue una medida excepcional, transitoria y temporal adoptada verbalmente durante la Alerta Sanitaria (DS N° 4/2020 MINSAL) y el estado de catástrofe, para facilitar tratamientos próximos a la Escuela. Alega que, superadas esas circunstancias, la Institución gestionó alternativas habitacionales: en 2021 se aprobó presupuesto ($786.495) para rampas y seguridad en el hogar de Rengo; el 16 de noviembre de 2021 el personal de Infraestructura concurrió con la madre nombre reservado, quien aprobó verbalmente trabajos y solicitó cambio de muros de baño por cerámica; sin embargo, afirma que no fue posible ejecutar las obras, pese a comprar los materiales por $498.101, por negativa injustificada de la familia.

Expone que, dadas las limitaciones de habitabilidad de la Escuela, se acondicionaron dos inmuebles fiscales colindantes (Block D, Mapocho N° 2.551 y 2.539, Santiago) conforme exigencias de Mutual de Seguridad, por $32.910.611.- en obras y mobiliario (camas, clósets, comedor, sofás, cortinas, etc.), y que al respecto existe un informe de terapia ocupacional de Mutual de 17 de febrero de 2023, otorgando conformidad al estándar de accesibilidad.

Indica que, en reunión del 09 de febrero de 2023 con la Jefatura de Bienestar y Viviendas, con Inspección Secundaria Aeropuerto, la propiedad Mapocho N° 2.551 se ofreció para uso exclusivo de la funcionaria y familia, requiriéndose a su vez la devolución de las dependencias de la Escuela. Sin embargo, la actora y sus padres, según la recurrida, se negaron, exigiendo inmueble fiscal en sector oriente, advirtiendo que permanecerían en la Escuela el tiempo que estimaran.

En ese marco, por Resolución Exenta N° NUM001, de 19 de mayo de 2023, el jefe de la Escuela PDI, Prefecto Inspector Juan Pablo Machuca Palacios, dispuso formalmente la salida de la Subinspectora nombre reservado de las dependencias, por carecer de justificación su uso y existir inmueble fiscal adaptado a su disposición. Destaca que no se dedujeron recursos contra dicho acto y que la permanencia posterior en la Escuela fue ilegal.

Como contexto disciplinario, invoca que la Escuela es un cuartel policial (Orden General N° 874, 07 de abril de 1986), y que la actora y su familia habrían mal utilizado las instalaciones (tomar sol en traje de baño, invitar externos, fotografías en piscina, conductas contrarias a la disciplina).

Refiere incidentes del 13 de marzo de 2025 consistentes en que la madre nombre reservado habría insultado y lesionado levemente al Subcomisario nombre reservado; y la recurrente habría lesionado levemente a la Comisario nombre reservado; por lo que se presentó una denuncia penal a la Fiscalía RM Centro Norte.

Indica que, en consecuencia, con lo anterior, se prohibió el ingreso de la madre; pero por una orden de no innovar en Rol 7217–2025 se permitió ingreso puntual, pero al acogerse reposición se dejó sin efecto la misma.

Finalmente indica que el 17 de abril de 2025, a las 18:35 la familia se retiró; no ingresaron los días 18 al 20 de abril de 2025, sin embargo, el 27 de abril de 2025 la actora intentó reingresar, permitiéndose sólo al padre retirar pertenencias. Indica que la Institución ha intentado reiteradamente coordinar el retiro del resto de los objetos, con negativa de la actora.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la accióń de proteccióń la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, entonces, la acción deducida no constituye un juicio propiamente dicho, sino una instancia de emergencia frente a la conculcación, por acción u omisión, de los derechos señalados en el artículo 20 de la carta fundamental, derechos que deben tener la calidad de indubitados. En efecto, es del caso enfatizar la naturaleza esencialmente cautelar de la acción constitucional que consagra el artículo 20 de la Carta Fundamental y, particularmente, en la circunstancia que busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados. Expresado, en otros términos, tiene un propósito conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones o reconocimiento de derechos.

Quinto: Que, así las cosas, aparece en primer término que el asunto propuesto a través de esta acción constitucional, esto es, la facultad de la recurrente de residir indefinidamente junto a su grupo familiar en una dependencia policial excede los límites y propósitos de la presente acción cautelar, en la medida que, al no existir un derecho indubitado a su respecto, se requiere un pronunciamiento de carácter declarativo lo que resulta incompatible con la naturaleza de la presente acción constitucional.

En tal sentido, se debe ponderar que la institución recurrida ha adoptado medidas tendientes a facilitar la rehabilitación de la recurrente a través del acondicionamiento de dos inmuebles fiscales para uso de la recurrente y su familia que cuentan con un informe favorable emitido por la mutual de seguridad y que por otra parte, no se advierte que la residencia de ésta en la dependencia policial resulte indispensable para la recuperación de su estado de salud de acuerdo con las prescripciones médicas que se describen en el motivo primero del presente fallo, o dicho de otro modo, que el abandono del citado recinto importe para la recurrente la afectación de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

Sexto: Que, amén de lo anterior, la recurrente y su grupo familiar ya abandonaron de manera voluntaria el recinto policial que ocupaban por lo que en la especie no existe una medida urgente e inmediata que este tribunal pueda adoptar al efecto y en tal sentido se concluye que la acción constitucional ha perdido oportunidad.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Regístrese y comuníquese.

Redactó el ministro (s) señor Álvarez.

Protección 12397-2025.