Protección contra Gendarmería de Chile

C.A. de Santiago Santiago, uno de julio de dos mil veinticuatro.

Al escrito de folio 13: a todo, no reuniéndose los requisitos establecidos en el artículo 66 del Código Orgánico de Tribunales, no ha lugar.

A los escritos de folios 14 y 15: a lo principal, primer y segundo otrosíes, téngase presente.

Al escrito de folio 16: téngase presente.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 01 de julio de 2024, comparece Ricardo Bravo Cornejo, abogado, en representación de nombre reservado, interponiendo un recurso de protección en contra de Gendarmería de Chile, por haber incurrido en una omisión negligente al no proporcionar tratamiento psicológico adecuado y en la falta de garantías para condiciones dignas de vida en el centro penitenciario. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que ha provocado un grave deterioro y depresión en el recurrente, vulnerando con ello los derechos fundamentales de integridad física y psíquica, así como la igualdad ante la ley, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas.

Expone que nombre reservado se encuentra privado de libertad en el Centro Penitenciario de Cumplimiento Colina 1, cumpliendo una condena de perpetua simple dictada por el Segundo Juzgado del Crimen de Iquique en causa Rol 73.675-2002, por los delitos reiterados de homicidio calificado. Lleva más de 23 años privado de libertad y, a la fecha, no ha recibido ningún tipo de tratamiento psicológico que le permita tratar su trastorno mental subyacente que contribuyó a su comportamiento delictivo.

Alega que la falta de intervención psicológica a lo largo de todos estos años ha tenido consecuencias devastadoras en su estado emocional, desencadenando un profundo deterioro y depresión. Además, a pesar del tiempo transcurrido, se le ha negado la oportunidad de acceder a cualquier tipo de beneficio, como la libertad condicional después de 20 años de reclusión. Este desamparo por parte de Gendarmería de Chile es especialmente desalentador y humillante, considerando su avanzada edad como adulto mayor.

Sostiene que la ausencia de atención psicológica adecuada no solo ha agravado su situación emocional, sino que también ha minado cualquier esperanza de rehabilitación o reintegración social. Es una verdadera afrenta y vejación que alguien en su condición, después de tantos años tras las rejas y en su etapa de vida, no tenga acceso a la atención psicológica que podría brindar al menos un rayo de esperanza para su eventual retorno a la sociedad.

Argumenta que la situación descrita revela una negligencia alarmante por parte de Gendarmería de Chile en el cumplimiento de su deber de proporcionar un entorno rehabilitador y digno para las personas privadas de libertad. Es inadmisible que no se haya brindado tratamiento psicológico ni oportunidades de reinserción social. La ausencia de acceso a talleres, así como la falta de espacios destinados a la reinserción dentro de los pabellones, es un claro ejemplo de cómo el sistema penitenciario ha abandonado a su suerte a los internos, sin preocupación alguna por su bienestar o futuro.

En cuanto a los argumentos jurídicos, el recurrente sostiene que la Constitución Política de la República, en su artículo 19 N°1, consagra el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Este derecho no se limita únicamente a la preservación física, sino que también abarca el bienestar psicológico de cada individuo. Asimismo, el artículo 19 N°2 establece el principio de igualdad ante la ley, señalando que en Chile no hay persona ni grupo privilegiado y que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.

Sobre este último punto, argumenta que el Tribunal Constitucional ha señalado que la igualdad ante la ley no es un derecho absoluto y queda sujeto a la posibilidad de diferenciaciones razonables entre quienes no se encuentran en una misma condición. Sin embargo, estas condiciones no podrán ser arbitrarias ni indebidas, por lo que deben fundamentarse en presupuestos razonables y objetivos, y su finalidad y consecuencias deben ser adecuadas, necesarias y proporcionadas. El análisis de razonabilidad supone determinar si hay discriminación arbitraria y trato entre personas que se encuentran en una situación similar, lo que implicaría una transgresión a la Constitución. También invoca el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual señala que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; y que toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

Agrega que, en este sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 5 numeral 6, señala que las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. Por su parte, el artículo 1º inciso cuarto de la Constitución Política prescribe que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que la Constitución establece.

Ante esta situación, estima que es evidente que se ha faltado gravemente el respeto a su persona. La falta de medidas adecuadas para prepararlo para una eventual reinserción social lo ha dejado en un estado de abandono y desamparo, llevándolo a experimentar una suerte de muerte en vida, desprovisto de toda esperanza. La omisión de proporcionarle las herramientas necesarias para su rehabilitación y reintegración en la sociedad constituye una falta de respeto flagrante hacia su dignidad humana, negándole la oportunidad de redimirse y construir una vida mejor después de cumplir su condena.

En cuanto a la vulneración de los derechos constitucionales, alega que la falta de tratamiento psicológico por parte de Gendarmería de Chile durante su privación de libertad ha afectado gravemente su derecho a la integridad física y psíquica consagrado en el artículo 19 N°1 de la Constitución. Asimismo, argumenta que se ha vulnerado su derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2, al no recibir las mismas oportunidades de rehabilitación y reinserción social que otros internos en situación similar. Esta negligencia y trato discriminatorio por parte de la institución recurrida ha provocado un profundo daño emocional y ha minado sus posibilidades de reintegrarse de manera segura y productiva a la sociedad.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene de manera inmediata la implementación de programas de atención psicológica y rehabilitación para el recurrente, garantizando así su bienestar emocional y su preparación para una eventual reintegración social. Asimismo, pide que se realice una revisión exhaustiva de las condiciones de vida en el centro penitenciario donde se encuentra, con el fin de asegurar que se cumplan los estándares mínimos de dignidad y respeto hacia los derechos humanos. Finalmente, solicita que se le otorgue acceso a todos los beneficios y recursos disponibles dentro del sistema penitenciario, incluyendo la posibilidad de solicitar la libertad condicional después de cumplir con los requisitos legales establecidos.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe solicitado, el Director Nacional de Gendarmería de Chile, don Sebastián S. Urra Palma, solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto en su contra, fundado en la falta de fundamento de la acción cautelar, la implementación de medidas por parte de la Administración Penitenciaria en favor del protegido, y la inexistencia de una actuación u omisión arbitraria o ilegal que vulnere las garantías constitucionales invocadas.

En primer término, sostiene que la acción constitucional carece de fundamento, toda vez que, si bien Gendarmería de Chile tiene el deber de contribuir a la reinserción social de las personas condenadas, la intervención psicosocial criminológica con fines de reinserción se realiza a través de un plan de intervención individual y de los programas y coberturas definidas en las orientaciones técnicas, en atención a las necesidades específicas de cada condenado y conforme a un sistema progresivo de reinserción, donde el condenado va obteniendo más espacios de libertad en la medida que demuestre avances efectivos en su proceso de reinserción social. Agrega que el mero hecho de recibir tratamiento psicosocial criminológico no se traduce en un derecho a obtener un permiso de salida o libertad condicional, puesto que el tratamiento no asegura necesariamente que se cumplan los requisitos que exige la ley para su otorgamiento, destacando la conciencia de la gravedad del delito, del mal que éste causa y de su rechazo explícito a tales delitos.

Sin perjuicio de lo anterior, informa las medidas adoptadas en favor del protegido. En primer lugar, señala que el recurrente ingresó a tratamiento en el sistema interno el día 25 de octubre de 2021, manteniendo controles regulares desde tal fecha, registrando el pasado 06 de marzo de 2024 la última atención psiquiátrica, y que el tratamiento farmacológico que el privado de libertad mantiene a la fecha es el siguiente: (i) Quetiapina 100 mg v.o.: 1 - 0- 1; (ii) Clonazepam 2 mg v.o.: 1-0-1.

En segundo lugar, señala que el recluso ingresó al C.C.P. Colina I el 17 de junio de 2015, siendo segmentado a Torre 2/B, dependencias que albergan internos de su perfil criminológico, permaneciendo en dicha dependencia sin presentar problemas de convivencia y/o habitabilidad que pongan en riesgo su integridad, registrando una calificación de conducta Muy Buena sostenida en el tiempo. Además, da cuenta que, por resolución judicial de fecha 29 de septiembre de 2019, se ordenó a la administración penitenciaria adoptar las medidas de seguridad necesarias para asegurar la integridad física y resguardo del protegido en sus traslados fuera de la unidad penal, lo que se ha cumplido disponiendo que todos los traslados al medio libre del Sr. nombre reservado sean efectuados por personal de la Unidad de Servicios Especializados Penitenciarios.

En tercer lugar, respecto al acceso a beneficios intrapenitenciarios y la libertad condicional, la institución recurrida expone que, conforme al régimen legal y reglamentario aplicable, el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para los beneficios intrapenitenciarios solo da derecho al interno a solicitar el permiso correspondiente, dependiendo su concesión fundamentalmente de las necesidades de reinserción social del interno y de la evaluación que se efectúe respecto de su participación en las actividades para la reinserción social. Asimismo, los permisos de salida sólo podrán concederse a quienes hayan demostrado avances efectivos en su proceso de reinserción social. Por su parte, conforme al artículo 3° del Decreto Ley N° 321, las personas condenadas a presidio perpetuo calificado sólo podrán postular a la libertad condicional una vez que hubieren cumplido cuarenta años de privación de libertad efectiva. En este contexto, según el cómputo de condena aprobado por el Director Regional Metropolitano, al recurrente se le fijó como fecha de cumplimiento del tiempo mínimo para postular a la libertad condicional el 06 de octubre de 2053, por lo que no ha sido postulado al proceso de libertad condicional correspondiente al primer semestre del año 2024. De igual forma, se encuentra imposibilitado de postular a cualquier tipo de beneficio intrapenitenciario, pudiendo iniciar sus procesos de intervención recién el año 2050. No obstante, la Jefa Técnica del C.C.P. Colina I manifiesta que el interno se encuentra en la actualidad en lista de espera para intervención.

A la luz de los antecedentes expuestos, la recurrida concluye que no ha existido actuación u omisión arbitraria o ilegal de su parte que signifique una vulneración de las garantías constitucionales, pues el protegido cuenta con tratamiento de salud mental vigente, y sin perjuicio de que está lejos de cumplir el tiempo mínimo para poder postular a cualquier tipo de beneficio intrapenitenciario o a un Centro de Educación y Trabajo, la administración penitenciaria sí ha considerado su caso para el despliegue de técnicas de intervención tendientes a su reinserción social en la oportunidad que corresponda.

En razón de todo lo anterior, la institución recurrida solicita tener por evacuado el informe en los términos expuestos y rechazar en todas sus partes el recurso de protección deducido en su contra, por carecer de fundamentos tanto en los hechos como en el derecho, con costas.

Para acreditar sus alegaciones, la recurrida incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1) Ficha de clasificación del protegido, Sr. nombre reservado; 2) Ficha única de condenado del protegido; 3) Informe psiquiátrico de fecha 09 de mayo de 2024, del Dr. nombre reservado, médico del Dispositivo de Salud Mental Transitorio del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1; 4) Minuta N° NUM004 de fecha 09 de mayo de 2024, de la Oficina de Clasificación y Segmentación del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I; 5) Oficio Ordinario N° NUM000 de fecha 03 de octubre de 2019, del Jefe del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I; 6) Oficio Ordinario N° NUM001 de fecha 02 de octubre de 2019, del Jefe del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I; 7) Providencia N° NUM003 de fecha 03 de diciembre de 2021, del Director Regional de Gendarmería de Chile, Región Metropolitana; 8)

Oficio Ordinario N° NUM005 de fecha 13 de mayo de 2024, del Secretario del Tribunal de Conducta del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1; y 9) Oficio Ordinario N° NUM002 de fecha 09 de mayo de 2024, de la Jefa Técnica (S) del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1.

TERCERO: Que, del mérito de los antecedentes allegados al proceso, es posible constatar que el acto que el recurrente tilda de ilegal y arbitrario es la omisión de Gendarmería de Chile de proporcionar un tratamiento psicológico adecuado al interno nombre reservado que le permita tratar su trastorno mental subyacente que contribuyó a su comportamiento delictivo, obstaculizando con ello sus expectativas de rehabilitación y reinserción social.

CUARTO: Que, para el éxito de la acción constitucional de protección, es menester que concurran copulativamente dos requisitos esenciales, a saber, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario y que, como consecuencia de éstos, se provocare una privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de alguna de las garantías constitucionales protegidas por el artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que, conforme se desprende de los antecedentes expuestos en la presente causa, en concepto de esta Corte no concurren los presupuestos que hacen procedente la acción de protección intentada, por cuanto no se vislumbra la concurrencia de un acto ilegal o arbitrario que haya privado, perturbado o amenazado el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.

SEXTO: Que, en efecto, consta en autos que la institución recurrida no ha incurrido en una omisión arbitraria en lo que respecta a brindar al recurrente un tratamiento acorde a su situación y necesidades de reinserción social. Por el contrario, se acreditó que el interno se encuentra incorporado desde el 25 de octubre de 2021 a un programa de tratamiento psiquiátrico, en el cual mantiene controles regulares, habiéndose registrado su última atención con fecha 6 de marzo de 2024.

Asimismo, se informó que actualmente se le administra un tratamiento farmacológico consistente en Quetiapina y Clonazepam.

SÉPTIMO: Que, por otra parte, no puede reprocharse como una actuación carente de razonabilidad el que al amparado no se le haya concedido aún algún beneficio intrapenitenciario o el acceso a la libertad condicional, por cuanto, conforme a su situación procesal, sólo podrá postular a este último beneficio una vez que haya cumplido 40 años de privación de libertad efectiva, plazo que se cumple recién el 6 de octubre de 2053. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido expresamente por el artículo 3° del Decreto Ley N° 321 para los condenados a la pena de presidio perpetuo calificado. Asimismo, se informó que el inicio de sus procesos de intervención con miras a la obtención de beneficios intrapenitenciarios se proyecta para el año 2050.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo razonado, es menester destacar que la recurrida informó que, no obstante el tiempo que aún resta para que el amparado pueda acceder a los mentados beneficios, su caso sí ha sido considerado por la autoridad penitenciaria para el despliegue de técnicas de intervención tendientes a su reinserción social, encontrándose actualmente en lista de espera para el inicio de dicho proceso. Lo anterior da cuenta de la preocupación de la institución por brindar al sentenciado un proceso de intervención acorde a sus necesidades criminógenas y con miras a su reintegración social.

NOVENO: Que, a mayor abundamiento, es dable señalar que la intervención psicosocial criminológica que la recurrida debe otorgar a los internos se desarrolla en el marco de planes individuales diseñados según sus necesidades específicas y conforme a los programas definidos en las orientaciones técnicas, todo ello acorde a un sistema progresivo de reinserción, en el cual los sentenciados van accediendo gradualmente a mayores espacios de libertad en la medida que demuestren avances efectivos en dicho proceso. Así las cosas, el mero hecho de recibir tratamiento psicológico o psiquiátrico no asegura por sí solo el cumplimiento de los exigentes requisitos que contempla tanto la ley como el reglamento para acceder a beneficios intrapenitenciarios o la libertad condicional.

DÉCIMO: Que, a la luz de lo razonado y los antecedentes examinados, esta Corte arriba a la convicción que la acción intentada no podrá prosperar, por cuanto no se ha acreditado en autos la concurrencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que haya conculcado las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, razón por la cual el recurso intentado será rechazado.

Por estas razones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, SE RECHAZA, sin costas, el presente recurso de protección, interpuesto en representación de nombre reservado, en contra de Gendarmería de Chile.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N° PROTECCIÓN-12.393-2024.