Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes

Santiago, ocho de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que a folio 1 comparecen nombre reservado e nombre reservado, quienes deducen acción constitucional de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por el acto ilegal y arbitrario de no acreditar como carga familiar de la señora nombre reservado a la señora nombre reservado, quien es su conviviente civil.

Señalan que la señora nombre reservado se desempeña como colaboradora en AFP Provida, empresa afiliada a la recurrida, donde existe un beneficio denominado “Bienestar”, el cual consiste en un beneficio complementario de salud, en el que se cuenta con una serie de prestaciones, coberturas y reembolsos de salud. A este beneficio puede acceder el grupo familiar directo de la colaboradora, quienes deben ser carga familiar del trabajador afiliado a la recurrida.

Informan que el 6 de marzo de 2024 las recurrentes celebraron un acuerdo de unión civil, por lo que consultaron al empleador de la señora nombre reservado cómo agregar a la señora nombre reservado como beneficiaria de “Bienestar”, quien le contestar que debe realizar la acreditación ante la recurrida, cuyo certificado debe enviar con posterioridad.

Exponen que el 20 de marzo de 2024 solicitaron, mediante correo electrónico, la acreditación de la señora nombre reservado como carga familiar de la señora nombre reservado, acompañando toda la documentación requerida.

Desarrollan que el día 6 de abril del año en curso la recurrida les contesta que la solicitud fue rechazada, fundado en que conforme el artículo 3 de la Circular Nº 3305 de la Superintendencia de Seguridad Social los convivientes civiles no son causantes de Asignación Familiar.

Añaden que esta negativa las deja sin la posibilidad de incorporar y hacer extensivos a la señora nombre reservado los beneficios de “Bienestar” existentes en AFP Provida, atendido a que se requiere su incorporación por parte de Caja Los Andes, quien se niega a realizarla, efectuando una interpretación errónea de la Circular Nº 3305 de la Superintendencia de Seguridad Social.

Indican como derechos vulnerados el derecho a la vida e integridad física, artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política de la República, a no poder acceder la señora nombre reservado a todos los beneficios referidos. Asimismo, señala que se vulneraría la igualdad ante la ley, 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, por cuanto le impide a la una conviviente civil gozar de todos los beneficios que significa ser carga familiar, cuando incluso la Ley Nº 21.337 lo permite.

Solicitan ordenar a la recurrida la inscripción de la señora nombre reservado como carga familiar de la señora nombre reservado en la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, con costas.

Segundo: Que comparece Inés Riquelme Arao, abogada, a informar en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicitando el rechazo de la acción constitucional.

Refiere que la circular N° 2511 indica quiénes son los causantes de Asignación Familiar, quedando fuera de esta categoría el conviviente civil, de modo que no puede causar asignación familiar y no resulta posible interpretar extensivamente las normas sobre estado civil, que son de derecho público.

Agrega que un conviviente civil podrá́ acceder a los beneficios del sistema único de prestaciones familiares en la medida que cumpla con los requisitos señalados en el D.F.L. N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en el caso en que uno de ellos sea trabajador y tenga un hijo que vive a sus expensas y que cumple con los requisitos de edad y estudio para ser causante, o si se trata del hijo del otro conviviente civil (hijastro), los podrá́ invocar como causante de asignación familiar, con todos los beneficios que ello conlleva.

Comenta que la Ley N° 20.830, que estableció́ el Acuerdo de Unión Civil, no modificó el artículo 3° del Decreto con Fuerza de Ley N°150 que define quiénes son los causantes de Asignación Familiar, por lo que los convivientes civiles no tienen esa calidad.

Solicita se rechace el recurso de protección por no existir un acto ilegal o arbitrario cometido por la recurrida.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, de acuerdo con la Ley N° 20.830, que crea el Acuerdo de Unión Civil, este es un contrato celebrado libre y espontáneamente entre dos personas, sin distinción de sexo, que comparten un hogar, que da lugar al estado civil, de conviviente civil, forjando, por tanto, una familia. Así las cosas, tal y como lo indica dicha ley, los convivientes civiles son considerados parientes para los efectos previstos en el artículo 42 del Código Civil, que dispone que se entenderán comprendidos en esa denominación el cónyuge de ésta, es decir, establece el mismo régimen jurídico en materia patrimonial al matrimonio y al acuerdo de unión civil.

Quinto: Que el artículo 4 de la Ley N° 20.830 indica que entre un conviviente civil y los consanguíneos de la persona con la que está unida por un Acuerdo de Unión Civil existirá, mientras éste se encuentre vigente, parentesco por afinidad, tal como los cónyuges.

Abunda a lo anterior, que él o la conviviente civil será heredero y concurrirá en su sucesión de la misma forma y gozará de los mismos derechos que corresponden al cónyuge sobreviviente.

Sexto: De lo razonado en los considerandos precedentes no cabe sino colegir que, en materia de régimen patrimonial, la ley asimila los efectos del matrimonio con el del Acuerdo de Unión Civil.

Refuerza esta afirmación el hecho que la historia de la Ley N° 20.830, en su Mensaje Nº 156-359, señala: “nos ocuparemos de los dos millones de chilenos que conviven en pareja sin estar casados. Por ello, protegeremos sus derechos de acceso a la salud, a la previsión, a la herencia y a otros beneficios sociales, removiendo los obstáculos que hoy les impiden ese acceso y las discriminaciones existentes, de forma de constituir una sociedad inclusiva y acogedora y no excluyente y castigadora”.

Se desprende de la historia de la referida ley que, en materia de derecho de salud, para efectos del régimen público de salud y del sistema privado contemplado en los Libros II y III, respectivamente, del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio de Salud, promulgado el año 2005 y publicado el año 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763 de 1979, y de las Leyes N° 18.933 y N° 18.469, el Acuerdo de Unión Civil celebrado en la forma establecida por la ley, permitirá a cualquiera de los convivientes civiles ser carga familiar del otro. De la misma manera, en materia previsional se entregan los mismos derechos asociado al cónyuge y al conviviente civil, conforme lo indica el artículo 5 del Decreto Ley Nº 3.500 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de 1980, que establece el nuevo sistema de pensiones.

De este modo, del espíritu de la Ley de Acuerdo de Unión Civil, cabe extender los diversos efectos jurídicos patrimoniales de los convivientes civiles a los que se aplican entre cónyuges, en virtud de la celebración del matrimonio, como los derechos hereditarios, derechos en materia de salud y beneficios previsionales.

Séptimo: Que en el ámbito constitucional, teniendo presente lo que se ha venido razonando, el actuar de la recurrida al no acreditar como carga familiar de la señora nombre reservado a la otra recurrente, señora nombre reservado, deviene en un acto ilegal y arbitrario por cuanto desconoce, conforma la normativa que señala, la aplicación igualitaria de los efectos jurídicos y patrimoniales de los cónyuges y los convivientes civiles, afectando la garantía consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, la igualdad ante la ley, al dar un trato discriminatorio a las recurrentes por el solo hecho de haber celebrado contrato de Acuerdo de Unión Civil y no uno de matrimonio.

Octavo: Que en las circunstancias particulares del caso, el actuar reprochado de la recurrida afecta el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la recurrente señora nombre reservado, consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, quien a partir del trato diferenciado que se le dio, solo por su calidad de conviviente civil, no ha podido gozar y disfrutar de los beneficios en materia de salud, como coberturas y reembolsos en salud, entre otras prestaciones, lo que repercute en su calidad de vida y salud en general.

Noveno: Que, de los hechos anotados, se advierte que la decisión de la recurrida aparece desprovista de elementos objetivos que la sustenten, por cuanto, para afirmar la exclusión de la recurrente, señora nombre reservado, como carga de familia de la señora nombre reservado, tiene como consecuencia el desconocer el principio de igualdad que, como hemos señalado, existe entre convivientes civiles y cónyuges, pues no se puede amparar su decisión en el artículo 3 del Decreto con Fuerza de Ley N° 150 de 1982 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por cuanto una ley posterior, la Ley N° 20.830 de 2021, en su texto e historia, y adecuada interpretación, estableció esta igualdad patrimonial y jurídica.

Por las razones anotadas y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se resuelve:

I.- Que SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por nombre reservado e nombre reservado, en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, ordenándose a la recurrida autorizar como carga de familia de la recurrente, señora nombre reservado, a su conviviente civil, señora nombre reservado, a fin de que ésta última pueda optar a todos los beneficios de salud y previsionales que por ley le corresponden en esa calidad.

Acordado con el voto en contra del Ministro Sr. Rivera, quien fue del parecer de rechazar el presente arbitrio cautelar, teniendo en consideración lo siguiente:

a.- Que, el recurso de protección de garantías constitucionales tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos que estén indubitados, y no de aquellos que se encuentran en discusión o que constituyan una mera expectativa. Esto es, no se trata de un juicio declarativo de derechos, como parece entenderlo la recurrente de autos, reclamando por esta vía aspectos más bien propios de discusiones de otro orden.

b.- Que, en efecto, en la especie la situación jurídica y de hecho presentada por la recurrente no ha sido demostrada fehacientemente, desde que por un lado la Ley N° 20.830, que estableció el Acuerdo de Unión Civil no alteró el artículo 3 del DFL N° 150, de 1982 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que define quienes son causantes de Asignación Familiar. A su tiempo, la recurrida ha señalado un parecer negativo a la posibilidad sugerida por la recurrente de homologar la situación y equiparar a uno de los comparecientes de un acuerdo de unión civil al concepto que permita asignarle el tratamiento de “carga familiar”, lo que, como se dijo, no contempla la normativa legal vigente.

c.- Que, revisada esa legislación, es posible advertir que no se encuentra considerado al conviviente civil dentro del listado de los causantes de asignación familiar, según se lee en el artículo 3 del DFL N° 150, de 1982 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

d.- Que, como se advierte, una controversia legal interpretativa así generada en materia de estado civil, no puede ser dilucidada por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, toda vez que ella no constituye una instancia de declaración de tales derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, cuyo no es el caso, conforme lo que se ha clarificado precedentemente.

e.- Que, de lo expuesto, se genera que el presente recurso de protección no está, a juicio del disidente, en condiciones de prosperar, ello sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la parte recurrente.

f.- Que, debe de ser desechado también, toda vez que en el presente proceso y con mérito a los argumentos esgrimidos en los apartados precedentes, fluye que la recurrente carece de un derecho indubitado y preexistente.

g.- Que, a mayor abundamiento, aunque el procedimiento sumarísimo de protección no establezca un período probatorio en contradictorio, ello no significa que el juez pueda decidir sin la existencia de pruebas que evidencien los argumentos presentados por las partes, y h.- Que, finalmente, dentro del contexto material que se viene reseñando, como ya se anticipó, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor de la recurrente, pues la situación descrita, sin duda, queda al margen de este arbitrio jurisdiccional, al no justificarse que exista un derecho indubitado que a su vez sea constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que haya sido vulnerado mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una omisión arbitraria o ilegal, lo que en el caso propuesto no se ha demostrado que así hubiera acontecido.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del ministro señor Alejandro Rivera Muñoz.

Rol N° 12392-2024 Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Jorge Zepeda Arancibia e integrada, además, por el ministro señor Alejandro Rivera Muñoz y la abogada integrante señora María Fernanda Vásquez Palma.