Protección contra Contraloría de BancoEstado y de los integrantes de la Comisión de Casos Especial

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

I.- En cuanto al ingreso Protección N° 1238-2025:

Primero: Comparece nombre reservado, contador auditor e ingeniero comercial, quien interpone recurso de protección en contra de la Contraloría de BancoEstado y de los integrantes de la Comisión de Casos Especiales, en adelante COCAE, las recurridas nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, por haber iniciado una investigación por supuestos incumplimientos contractuales y normativa interna del Banco, aplicando posteriormente una sanción disciplinaria consistente en amonestación escrita con copia a su carpeta de vida, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que se desarrolló mediante un procedimiento viciado que careció de imparcialidad, congruencia entre los cargos imputados y la sanción aplicada, además de una adecuada fundamentación, vulnerando con ello los derechos fundamentales a un justo y racional procedimiento, a la propiedad y a la honra, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se declare nulo el procedimiento llevado en su contra y se elimine la sanción impuesta injustamente.

Expone la recurrente que se desempeña como jefa de Desarrollo de Proyectos en la Gerencia de Contabilidad de BancoEstado, cargo que ha ejercido desde el año 2020, luego de una destacada trayectoria de quince años en la Contraloría del mismo Banco. Durante sus diecinueve años de servicios en la institución financiera, ha mantenido evaluaciones de desempeño sobresalientes, obteniendo consistentemente calificaciones entre 40 y 45 puntos de un máximo de 50, lo que según el Manual de Evaluación de Desempeño de BancoEstado corresponde a quien "destaca frente al equipo por la calidad y oportunidad con que demuestra la competencia".

En cuanto a la investigación que motiva el presente recurso encuentra su origen en un fraude informático de considerable magnitud que afectó a BancoEstado entre los años 2021 y 2024, perpetrado por funcionarios de la institución en colusión con personas externas. Dicho fraude se ejecutó mediante la manipulación del sistema informático del Banco, específicamente a través de un proceso denominado "inyector", utilizado para procesar abonos y cargos masivos mediante archivos de texto. Los responsables insertaron abonos fraudulentos en cuentas bancarias sin respaldo ni justificación legítima, operaciones que se realizaron principalmente entre los meses de junio de 2023 y julio de 2024, causando un perjuicio patrimonial de aproximadamente $ 5.648.000.000.- a la institución (cinco mil seiscientos cuarenta y ocho millones de pesos).

Como consecuencia de la magnitud de estos hechos delictuales, la Contraloría de BancoEstado inició un proceso de investigación interno destinado a identificar las vulnerabilidades que permitieron la comisión del fraude. En este marco, se procedió a investigar a la Gerencia de Contabilidad, específicamente en el área de Gestión Contable que lideraba la recurrente en su calidad de Jefa de Desarrollo de Proyectos, imputándosele responsabilidad en las supuestas vulneraciones de los controles que habrían facilitado la perpetración del ilícito.

El proceso disciplinario se formalizó mediante correo electrónico de fecha 4 de septiembre de 2024, emitido por don nombre reservado, Investigador de la Contraloría de BancoEstado, quien notificó a la recurrente los cargos que se le imputaban. Estos cargos consistían, en primer lugar, en la infracción del numeral quinto del Contrato de Trabajo, específicamente la letra c), que establece el deber del trabajador de "obedecer las órdenes superiores, cumplir con interés, diligencia y honradez, las funciones de su cargo". En segundo término, se le imputó la infracción de la norma vigente en el SUN denominada "nombre reservado del proceso contable descentralizado BancoEstado", particularmente en lo relativo a dar directrices operativas contables, atender errores en la contabilidad de los sistemas productos, y capacitar o asesorar a los Gestores Contables. Finalmente, se le atribuyó la transgresión del Informativo N°7.092, norma contenida en el "nombre reservado: nombre reservado de control", especialmente en cuanto al control de descuadres diarios y la revisión del informe CTBD2651.

La fundamentación de estos cargos se basó en que la Gerencia Operaciones Banca Minorista habría mantenido desde junio de 2023 hasta julio de 2024 la cuenta de control contable "Operaciones pendientes deudoras – Cuadratura sistema cuentas corrientes N°[cuenta reservada]" con una diferencia reiterada e importante, situación de la cual la recurrente habría tomado conocimiento a través de diversos correos electrónicos, sin que hubiera adoptado acciones proactivas para solucionar la situación, derivando en el perjuicio patrimonial ya mencionado.

Ante la formulación de estos cargos, la recurrente procedió a ejercer su derecho de defensa mediante descargos presentados el 9 de septiembre de 2024, en los cuales rechazó categóricamente las imputaciones y solicitó su completa absolución. En sus alegaciones defensivas, la recurrente cuestionó tanto la efectividad de los cargos como el supuesto conocimiento que habría tenido sobre los hechos constitutivos de la investigación, argumentando la ausencia de una base fáctica suficiente para acreditar la veracidad de las imputaciones. Asimismo, alegó que no existía responsabilidad de su parte sobre los hechos que se le atribuían, por no formar parte de sus funciones conforme al cargo que detentaba, y denunció la falta de precisión y claridad en los cargos formulados.

Enfatiza que un aspecto de sus descargos se refiere al período temporal en que supuestamente ocurrieron los hechos investigados. Según constató, durante el lapso comprendido entre junio de 2023 y julio de 2024, se encontraba mayoritariamente ausente de sus funciones laborales debido a descanso de maternidad que rigió desde el 18 de julio de 2023 hasta el 8 de febrero de 2024, seguido de licencia médica por enfermedad grave de hija menor de un año desde el 9 al 22 de febrero de 2024, y posteriormente feriado legal desde el 23 de febrero al 11 de marzo de 2024, retomando recién sus responsabilidades el 12 de marzo de 2024. Esta circunstancia temporal tornaba ilógica su responsabilización por hechos acaecidos durante un período en que no ejercía efectivamente sus funciones.

Adicionalmente, fundó su defensa en las propias políticas institucionales de BancoEstado, particularmente en la Política Contable aprobada por el Comité Ejecutivo, que establece que el proceso contable es descentralizado, significando que los registros contables se realizan de manera independiente según el tipo de proceso que origina los hechos económicos. Conforme a esta política y a la descripción de su cargo, sus responsabilidades se centran en analizar y establecer criterios contables aplicables, difundir la normativa pertinente y elaborar estados financieros, pero no incluyen la detección de fraudes, función que no forma parte de las tareas inherentes a su posición.

No obstante lo anterior, con fecha 5 de noviembre de 2024 se notificó a la recurrente la resolución que aplicaba medidas disciplinarias en su contra, conforme a lo concluido en el Acta del COCAE N° 9-24. La sanción impuesta consistió en amonestación escrita con copia a la respectiva Inspección Comunal del Trabajo y a su carpeta de vida, fundamentada en antecedentes que difieren sustancialmente de los cargos originalmente formulados.

En efecto, la carta sancionatoria establece como fundamentos de hecho que la Subgerencia de Gestión de Proveedores, Contratos y Pagos informó el 9 de julio de 2024 a Contraloría sobre un descuadre contable por $ 5.647.624.225, proveniente de abonos sin respaldo efectuados mediante proceso de inyección entre junio 2023 y julio 2024. Se atribuye a la recurrente no haber realizado gestiones desde marzo de 2024 para identificar y evitar nuevas diferencias, permitiendo que la irregularidad continuara. Adicionalmente, se le reprocha no haber incorporado en la normativa que participó en elaborar actividades o controles con perspectiva de riesgo de fraude, considerando insuficientes las actividades existentes por no apuntar al origen y cuestionamiento de las cifras que presentan descuadres en las cuentas de control.

Esta incongruencia entre los cargos formulados y los fundamentos de la sanción motivó que la recurrente interpusiera recurso de apelación, denunciando precisamente la falta de congruencia entre ambos documentos y la consiguiente vulneración de su derecho de defensa. En su apelación, reiteró que, respecto a la omisión de gestiones para identificar y evitar nuevas diferencias contables, por temas de volumetría resulta imposible realizar análisis detallado de cada operación pendiente, considerando que se generan aproximadamente 6.500 diarias conformadas por más de 15.000 eventos contables diarios, y que tampoco es posible identificar el origen de las operaciones a partir de la información del sistema contable.

La respuesta a la apelación, notificada el 20 de diciembre de 2024 por la Gerencia de nombre reservado, aceptó parcialmente el recurso, modificando la sanción para eliminar únicamente la copia a la Inspección Comunal del Trabajo, manteniendo la amonestación escrita con copia a la carpeta de vida. Sin embargo, la resolución no proporcionó fundamentos específicos para mantener la sanción, limitándose a señalar genéricamente que "los antecedentes proporcionados no permiten eliminar la responsabilidad en el proceso investigado", sin explicación fundada de los motivos para continuar con la medida disciplinaria.

En atención a lo anterior recurrente alega múltiples vulneraciones a sus derechos fundamentales. En primer lugar, denuncia la transgresión del derecho a un justo y racional procedimiento, específicamente en lo concerniente al derecho a un juez independiente e imparcial. Argumenta que la Contraloría de BancoEstado y la COCAE, ambas encabezadas por la misma persona, se convirtieron de facto en juez y parte durante toda la investigación, violando tanto la imparcialidad objetiva como subjetiva. Esta situación se agravó porque según la normativa interna, en la sesión de COCAE que analizó su caso debía participar el Gerente Divisional de quien depende la Gerencia de Contabilidad para representarla, participación que no implicó defensa alguna a pesar de que dicho funcionario conocía previamente la información relacionada con la investigación.

Asimismo, denuncia la falta de motivación de la decisión sancionatoria, señalando que no existe análisis de la prueba rendida, individualización de hechos probados y no probados, ni razonamiento que conduzca a las conclusiones adoptadas. Tampoco se aprecia análisis lógico de subsunción de los hechos imputados en la norma aplicable, situación que le generó completa indefensión al impedirle criticar adecuadamente la decisión y lograr nuevo examen ante instancias superiores.

Sostiene que particular relevancia reviste la denuncia de inconsistencias entre lo imputado en la formulación de cargos y lo finalmente resuelto en la amonestación. Esta incongruencia resulta especialmente grave porque la sanción se fundamenta en aspectos no contemplados en los cargos originales, como la supuesta omisión de incorporar controles con mirada de riesgo de fraude en la normativa, materia sobre la cual no pudo ejercer defensa en la oportunidad procesal correspondiente. Además, se le atribuyen infracciones al Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad sin especificar cuál obligación habría incumplido ni en qué artículo específico del extenso reglamento de 114 artículos se encontraría la supuesta transgresión.

En segundo término, alega vulneración de su derecho de propiedad, manifestada en la privación de ingresos económicos correspondientes al bono de incentivo anual que habría percibido de no mediar la sanción injustamente aplicada. Esta afectación patrimonial se extiende también a la imposibilidad de optar a ascensos dentro de la institución y las consiguientes oportunidades económicas, así como la restricción para postular a concursos internos, financiamiento compartido y otros beneficios institucionales durante la vigencia de la amonestación.

Finalmente, denuncia la vulneración de su derecho a la honra, considerando que la anotación en su hoja de vida por un acto arbitrario e injusto menoscaba su dignidad personal y daña su reputación intachable dentro de la institución. Esta afectación resulta particularmente gravosa considerando sus diecinueve años de servicios con desempeño sobresaliente y evaluaciones consistentemente destacadas.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare ilegal el procedimiento llevado por la Contraloría de BancoEstado en su contra, ordenando eliminar la sanción establecida consistente en amonestación escrita con copia a su carpeta de vida, por haber sido resuelta en un proceso viciado, arbitrario e injusto que vulneró sus derechos fundamentales. Igualmente solicita se le otorguen el bono corporativo así como el máximo bono de desempeño conforme a la metodología de ranking establecida por la institución, considerando los resultados de su evaluación obtenida durante 2024.

Segundo: Por la entidad recurrida, BancoEstado, comparece el abogado Andrés Acevedo Léniz, evacuando informe y solicitando el rechazo de la acción constitucional en todas sus partes, con costas.

En primer término, contextualiza los antecedentes de la investigación interna, explicando que la institución bancaria es una empresa autónoma del Estado que integra la Administración del Estado, conforme al D.F.L. N° 1-19.653 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, desarrollando un papel fundamental en el fomento del crecimiento económico y estabilidad financiera del país. La investigación interna se produjo en el contexto de un fraude interno de importancia que afectó al Banco tanto en términos patrimoniales como reputacionales, noticia que se hizo pública el 4 de septiembre de 2024 y fue ampliamente recogida por los medios de comunicación.

Sostiene que la investigación se inició por haberse detectado por la Subgerencia de Gestión de Proveedores, Contratos y Pagos del Banco un descuadre de una cuenta contable interna proveniente de abonos efectuados, lo que fue comunicado a la Contraloría interna del Banco. El órgano contralor interno dispuso una investigación que permitió detectar que, entre los años 2021 y 2024, se efectuaron millonarios depósitos a las cuentas asociadas a una empresa y a una persona natural, a través del mecanismo de inyección automático de fondos, sin justificación.

En lo que respecta específicamente a la recurrente, en su calidad de jefa de Desarrollo de Proyectos de la Gerencia de Contabilidad de BancoEstado, la investigación cuestionó no haber observado deberes tipificados en su contrato de trabajo, así como haber infringido la norma interna denominada "Manual del Proceso Contable Descentralizado BancoEstado". Asimismo, se detectó una infracción a sus deberes provenientes del "nombre reservado de Control", con ocasión de que la Gerencia de Operaciones Banca Minorista mantuvo entre junio de 2023 hasta julio de 2024 una diferencia reiterada e importante en la cuadratura de cuentas contables, constatándose la pasividad de la recurrente para dar solución a tal descuadre en el ejercicio de sus funciones.

En cuanto a los motivos por los que debe ser rechazado el recurso, precisa que, según la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, el recurso requiere la concurrencia copulativa de cuatro presupuestos: una conducta ilegal o arbitraria, la afectación del legítimo ejercicio de determinados derechos constitucionales, relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio, y la posibilidad del órgano jurisdiccional de adoptar medidas de protección adecuadas.

En dicho sentido, sostiene que hay ausencia de ilegalidad o arbitrariedad en la conducta desplegada por la recurrida.

Esgrime que la sanción disciplinaria laboral aplicada se enmarca en el legítimo ejercicio del poder disciplinario empresarial, reconocido al empleador por el ordenamiento jurídico constitucional y laboral como derecho potestativo, conforme al artículo 19 N° 21 y N° 24 de la Constitución Política y por los artículos 154 N° 10, 157 inciso 1° y 160 del Código del Trabajo.

Agrega que con arreglo al artículo 154 N° 10 del Código del Trabajo, el reglamento interno debe contener las sanciones que podrán aplicarse por infracción a las obligaciones, las que sólo podrán consistir en amonestación verbal o escrita y multa de hasta el veinticinco por ciento de la remuneración diaria. En dicho sentido, título séptimo del RIOHS, contempla en su artículo 20 las obligaciones de los trabajadores del banco y el contrato de trabajo contempla en su numeral quinto los deberes de la trabajadora.

Estima que existe debida graduación entre la infracción y la medida disciplinaria, la recurrida actuó con inmediatez frente al hecho infraccional, y la medida no infringió el principio del non bis in ídem.

Además afirma que el procedimiento de investigación interna otorga las garantías mínimas del debido proceso y el derecho a defensa, por cuanto este contempla una primera etapa indagatoria o de investigación para el estudio de información, documentación y elementos disponibles; una segunda etapa de desarrollo para realizar entrevistas indagatorias, definir nuevas diligencias, formular cargos, una etapa acusatoria y de defensa con formulación y notificación de cargos al trabajador y plazo para formular descargos; y finalmente la etapa de informe de la investigación con descripción detallada de hechos, diligencias realizadas, conclusiones y proposición de sanciones.

Así, concluye respecto de este punto que su procedimiento de investigaciones internas satisface las exigencias básicas que caracterizan un debido proceso.

Respecto de la supuesta vulneración de las garantías constitucionales invocadas indica que en lo relativo al derecho a un justo y racional procedimiento del artículo 19 N° 3 inciso sexto, el catálogo de derechos protegidos por el recurso de protección se refiere única y exclusivamente al inciso quinto del número 3° del artículo 19, esto es, solo la igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por el juez legítimo, prohibiéndose el juicio por comisiones especiales. Por ende, no se advierte vulneración de la preceptiva constitucional del debido proceso, la que además no se encuentra dentro de las garantías cubiertas por el recurso de protección salvo en su inciso quinto.

Frente a la alegación de que el Banco actúa como "juez y parte", la recurrida cita la doctrina del profesor nombre reservado, quien sostiene que efectivamente el empleador es juez y parte, pero el déficit de imparcialidad se reequilibra a través del orden público laboral (leyes imperativas) y la autonomía colectiva (libertad sindical).

En cuanto al supuesto menoscabo del derecho a la honra, la recurrida argumenta que este derecho se afecta cuando se atribuye una conducta basada en hechos falsos, situación que no ocurre en la especie, pues la trabajadora efectivamente incurrió en un incumplimiento acreditado en el procedimiento de investigación interna. Además, tanto en la investigación como en su resultado, el Banco guardó estricta reserva, aplicando la sanción menos gravosa establecida en el RIOHS, sin que se haya ventilado su aplicación salvo que ello haya sido puesto en conocimiento de terceros por la propia recurrente.

Respecto de la alegada vulneración del derecho de propiedad privada, precisa que la recurrente carece de un derecho adquirido al bono antes de que este se concrete, teniendo solo una mera expectativa de derecho cuya materialización puede exigirse cuando se cumplan las condiciones establecidas en el "Sistema de Incentivos BancoEstado".

Además, enfatiza en la inexistencia de un derecho indiscutido o indubitado que cautelar. Sostiene que para la procedencia del recurso debe constatarse el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado, condición que no se verifica en la especie porque el derecho cuya protección se busca no tiene calidad de indubitado.

Finalmente, sostiene que los hechos descritos en el arbitrio constitucional exceden las materias que deben ser conocidas por la acción de protección, atendida su naturaleza cautelar, no siendo la vía procesal idónea para dar solución al conflicto planteado. Argumenta categóricamente que el recurso de protección no es la vía procesal idónea para resolver la controversia surgida, la que trasciende los fines de la acción constitucional y no se condice con su carácter extraordinario y de tramitación breve. Los hechos descritos y las peticiones exceden las materias cautelares, denunciándose un conflicto que reclama derechos que deben ser debatidos y probados en el procedimiento judicial correspondiente, en particular conforme al artículo 420 del Código del Trabajo, pues lo discutido es de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo.

Concluye la recurrida que los diversos cuestionamientos formulados por la actora están enderezados a que la Corte revise la investigación empresarial y la decisión final adoptada, el informe del investigador y la medida disciplinaria impuesta, lo cual excede el control propio del recurso de protección, el cual no está destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en una investigación interna corporativa, por lo que solicita rechazar la acción constitucional de protección deducida por nombre reservado en contra del Banco del Estado de Chile, con costas.

II.- En cuanto al ingreso Protección-1239-2025:

Tercero: Se ordenó la acumulación del recurso de protección interpuesto por nombre reservado, contador auditor e ingeniero comercial, también en contra de la Contraloría de BancoEstado y de los integrantes de la Comisión de Casos Especiales o COCAE, antes individualizados, fundado en los mismos hechos ya reseñados, esto es, haberse iniciado una investigación por supuestos incumplimientos contractuales y a la normativa interna del Banco, que derivó en la aplicación posterior de una sanción disciplinaria consistente en amonestación escrita con copia a su carpeta de vida, lo que considera ilegal y arbitrario, ya que se desarrolló mediante un procedimiento viciado que careció de imparcialidad, congruencia entre los cargos imputados y la sanción aplicada, además de una adecuada fundamentación, vulnerando con ello los derechos fundamentales a un justo y racional procedimiento, a la propiedad y a la honra, que la Constitución Política de la República garantiza, por lo que solicita se declare nulo el procedimiento llevado en su contra y se elimine la sanción impuesta injustamente.

Sostiene su acción en idénticos antecedentes fácticos que los ya relatados, diferenciándose solamente con la otra recurrente, en que su cargo en el Banco Estado es el de Analista de Control de Calidad de la Información, perteneciente a la Gerencia de Contabilidad.

Agrega que lleva trabajando para la recurrida 19 años, destacándose por cumplir sus labores de manera íntegra, considerando 16 años de trayectoria en la misma Contraloría del banco. Expone que el año 2021 asumió el cargo que detenta actualmente siendo merecedora incluso de una anotación de mérito, lo que demuestra su aporte a contribuir en las mejoras del banco.

Expresa también que sus calificaciones siempre corresponden entre 39 a 45 de un máximo de 50 puntos, lo que revela su compromiso con la institución y su capacidad de trabajo.

Cuarto: Al evacuar el informe respecto de esta acción constitucional, Banco Estado reitera los mismos argumentos fácticos y jurídicos del informe señalado en el motivo segundo.

Quinto: El recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Sexto: El asunto sometido a conocimiento de esta Corte consiste en la sustanciación de un procedimiento disciplinario, dirigido en contra de las recurrentes, que culminó con la aplicación de una sanción, que, de acuerdo a lo expuesto por las actoras, se desarrolló mediante un procedimiento viciado que careció de imparcialidad, congruencia entre los cargos imputados y la sanción aplicada, además de una adecuada fundamentación, vulnerando con ello los derechos fundamentales a un justo y racional procedimiento, a la propiedad y a la honra, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se declare nulo el procedimiento llevado en su contra y se elimine la sanción impuesta injustamente.

Séptimo: Que, con el objeto de abordar las acciones constitucionales enderezadas por ambas recurrentes, es necesario dar por establecidos los siguientes hechos:

1°.- Que las actoras se desempeñan y cumplen sus funciones en la Gerencia de Contabilidad de BancoEstado.

2°.- Entre los años 2021 y 2024, BancoEstado fue víctima de un fraude informático de considerable magnitud perpetrado por funcionarios de la institución en colusión con personas externas, mediante la manipulación del sistema informático del Banco a través del proceso denominado "inyector".

3°.- Por correo electrónico de fecha 4 de septiembre de 2024, la Contraloría de BancoEstado notificó a las recurrentes los cargos que se les imputaban, consistentes en infracciones al Contrato de Trabajo, al "nombre reservado del proceso contable descentralizado BancoEstado" y al "nombre reservado: nombre reservado de control".

4°.- Con fecha 5 de noviembre de 2024 se notificó a las recurrentes la resolución que aplicaba amonestación escrita con copia a su carpeta de vida, producto de la investigación sumaria realizada.

5°.- Ambas recurrentes dedujeron sendos recursos de apelación, denunciando la incongruencia entre los cargos formulados y los fundamentos de la sanción, el cual fue acogido parcialmente el 20 de diciembre de 2024, eliminándose únicamente como sanción la copia a la Inspección Comunal del Trabajo, manteniéndose la amonestación escrita en la Hoja de Vida.

Octavo: En lo que respecta a si la sanción impuesta a las actoras e ilegal o arbitraria, cabe señalar que los artículos 154 N° 10, 157 y 160 del Código del Trabajo contemplan lo que se ha denominado poder disciplinario empresarial, reconocido en nuestra legislación dentro de la facultad de dirección que compete al empleador en la empresa, en consonancia con el artículo 40 de la Ley Orgánica del Banco del Estado de Chile, D.L. N° 2.079 de 1977.

De esa normativa, en consecuencia, fluye que la recurrida cuenta con suficientes atribuciones para sancionar disciplinariamente a sus trabajadores, máxime si cuenta con un Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad (RIOHS) que así lo regula. La sanción impuesta a las actoras se encuentra establecida en los Artículos 23 y 25 del mentado Reglamento.

Respecto de las infracciones constatadas, estas se encuentran contempladas en el artículo 20 del Reglamento y cláusula quinta de los contratos de trabajo.

Noveno: Ahora bien, en lo que concierne a cómo se desarrolló la investigación, cabe referir, en primer lugar, que la presente acción constitucional no es una nueva instancia para revisar los hechos o proporcionalidad de la sanción aplicada a las actoras, pues aquello no queda comprendido en el objetivo de un recurso de protección, toda vez que la eventual infracción a la garantía fundamental del debido proceso solo queda restringida a la existencia de una Comisión Especial, lo que no acontece en la especie, desde que la COCAE tiene una regulación prevista en el mentado Reglamento (RIOHS).

Por otra parte, en cuanto al desarrollo de la mentada investigación, esta también cumplió sus distintas etapas, en las cuales las actoras pudieron formular sus descargos e incluso recurrir contra la sanción impuesta, siendo la resolución objeto de este recurso debidamente fundada, como se colige del documento acompañado al recurso.

En tal virtud, no es posible inferir de lo que se ha venido razonando que tanto la investigación incoada contra las recurrentes como la sanción impuesta a ambas haya sido producto de un acto ilegal o arbitrario, motivo suficiente para desestimar las acciones cautelares deducidas.

Décimo: Sin perjuicio que al concluir lo anterior, en lo que atañe a la pérdida de los bonos, aquello configuraba para las ocurrentes una mera expectativa, ya que para acceder a esos beneficios debían cumplir los requisitos exigidos, entre los que destaca no haber sido sancionada con una medida disciplinaria, como fluye del documento de carácter interno denominado “Sistema de Incentivos Banco del Estado”, citado en el informe.

Undécimo: A mayor abundamiento, siempre en el entendido que las presentes acciones constitucionales no pueden prosperar, es claro que lo pretendido excede el ámbito de un recurso de protección, ya que esta materia debe ser conocida y resuelta por la justicia laboral, toda vez que lo que motiva a las recurrentes en sí representa un supuesto acoso laboral y el rechazo a percibir determinados estipendios laborales, materias que corresponde conocer a los tribunales del trabajo, a través de las acciones competentes.

Duodécimo: En consecuencia, los recursos de protección deben ser rechazados, por lo que se torna inoficioso ponderar la eventual infracción a las garantías constitucionales referidas por las actoras.

Por estas consideraciones y con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y artículos 40 del D.L. N° 2.079 de 1977, Ley Orgánica del Banco del Estado de Chile y 154 N° 10, 157, 160 y 420 del Código del Trabajo, se rechaza, sin costas, los recursos de protección deducidos por nombre reservado y por nombre reservado en contra del Banco del Estado de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Tomás Gray.

N°Protección-1238-2025 ( y acum. 1239-2025)

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno e integrada por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo y por el abogado integrante señor Jorge Benítez Urrutia. No firma el abogado integrante señor Benítez por encontrarse ausente.