nombre reservado con SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS

Santiago, nueve de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que la abogada doña Ana Isabel Lagos Valenzuela, en representación de doña nombre reservado interpone recurso de protección en contra de la SUBSECRETARÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS, y el Ministerio de Defensa Nacional, servicios públicos centralizados, rol único tributario N° 61.979.970-4, representada por don nombre reservado, RUT: RUT reservado, ambos domiciliado en domicilio reservado, en razón de la dictación de la Resolución Exenta 9283 de 2024, de fecha 22 de noviembre de 2024 y del Decreto Exento Firmado electrónicamente. CVE: 31D91A60 Firmado electrónicamente. CVE: 31D91A60 2 RA N° 118406/3217/2024 actos administrativos suscritos por el Subsecretario mencionado y la Ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández Allende, RUN N° RUT reservado, por los cuales, el primero rechaza la acción de reclamación que se concedió a través de una “comunicación” en que se indicaba que se rebajaría el grado de la protegida, y el segundo, que decide no renovar la contrata, en circunstancias que los actos que le precedieron hablaban de la continuidad.

Hace presente, que respecto del decreto dictado por la Ministra el día 27 de diciembre aún no ha sido notificada, conociendo de su contenido a través de la hoja de vida funcionaria que existe en la Contraloría General de la República.

Indica que los actos impugnados vulneran diversas garantías constitucionales y legales, atentando contra el principio de confianza legítima reconocido por la jurisprudencia administrativa y judicial, e infringe los principios de legalidad y de responsabilidad, consagrados en la Constitución, en la ley N° 18.575 y en la ley N° 19.880.

Recalca que los actos recurridos, además de ser ilegales, son arbitrarios, pues carecen de una debida motivación y justificación y se adoptaron sin considerar el estándar que en derecho público se exige para los actos discrecionales y desfavorables como el de la especie, sin cumplir el debido procedimiento que establece el ordenamiento jurídico, lo que, como se verá, amenaza, lesiona y vulnera el ejercicio de las garantías fundamentales de las que mi representada es legítimo titular, esto es: el derecho a la integridad física y psíquica, el derecho a la igualdad ante la ley; el derecho al debido proceso, el derecho a la libertad de trabajo, el derecho a la honra y el derecho a la propiedad; todos derechos fundamentales que se encuentran consagrados en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Relata que la protegida tiene una destacada trayectoria en el ámbito público, habiendo trabajado desde 1982 a 2010 en el ejército para pasar en 2010 a ser parte de la División Jurídica del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y luego en el 2020 al Ministerio de Defensa Nacional, donde trabajó con distintos ministros de esa cartera, siendo siempre bien evaluada y calificada, lo cual consta en certificado emitido con fecha 10 de enero 2025 por su jefatura directa.

En 2022 fue trasladada desde el Gabinete de la Ministra a la a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, siendo renovada su contratación en las mismas condiciones los años 2022 y 2023 y 2024 esto es en la misma calidad de contrata experta con grado 7° de la EUS.

El pasado 29 de noviembre le fue notificada una “comunicación” del Subsecretario para las Fuerzas Armadas a ella, en la cual, en formato carta, sin mayor formalidad, se le indicaba que su contrata sería renovada en calidad de experta, pero rebajando en dos grados su cargo, por lo tanto, disminuyendo su remuneración considerablemente, destacando que la comunicación recibida por la protegida entrega la posibilidad de reclamar y menciona el oficio circular N° 17 de noviembre de 2024 del Ministerio de Hacienda como soporte de este procedimiento. Se hace hincapié, como se sostendrá más adelante, que dicha circular no fue cumplida en ese Ministerio por ninguna de las dos Subsecretarías, omitiendo, por ejemplo, difundirla y dar la posibilidad de que las asociaciones de funcionarios acompañaran a los afectados en estos procesos de renovaciones, rebajas y no renovaciones. Frente a dicha “comunicación” se presentó reclamación, la cual fue rechazada a través de la resolución exenta N° 9283 de 2024 en base a la misma argumentación, esto es que no está desarrollando tareas de la envergadura que justifique el grado 7° como cuando ejercía labores en el gabinete de la ministra; indicando, además, que se trataría de una facultad discrecional del Subsecretario, de conformidad al artículo 13 de del DL 1608, en efecto la resolución 9283, en su considerando N° 6, dispone: “6. Que, por medio de la resolución exenta N°9283 de fecha 13 de diciembre de 2024, se rechazó la reclamación interpuesta por la Sra. nombre reservado, toda vez que la apreciación de los elementos para asignar, aumentar o disminuir un grado a una contrata, están sujetos a una ponderación discrecional de la autoridad que está facultada para efectuar el nombramiento”. La mencionada resolución que resuelve la reclamación, como la carta que determina que se le rebajará el grado, fueron dictados por el Subsecretario, pero quien tiene la facultad para efectuar el nombramiento es la ministra de esa cartera. Es decir, según el mismo considerando N° 6 de la resolución recurrida, la apreciación de los elementos para asignar, aumentar o disminuir un grado le compete, en este caso a la ministra de Estado. En efecto, el 27 de diciembre del año 2024, se dictó por la ministra Maya Fernández el decreto 3217 el cual en su único resuelvo decide no prorrogar su contrata, señalando en los considerandos que habrá continuidad.

Aduce que lo anterior, no solo es ilegal, sino que además es incoherente, carente de razonamiento lógico, además de provocar incerteza e inseguridad jurídica a mi representada, siendo en consecuencia arbitrario.

Presenta antecedentes de derecho, explicando la normativa aplicable, incluyendo diversas sentencias de la Corte Suprema, como asimismo el Dictamen 6.400 de la Contraloría General de la República, que actualiza las Instrucciones y Criterios Complementarios fijados en el Dictamen 85.700 de 2016, los cuales señala como reiteradas y complementadas por el Oficio Circular 17 de 2024 del Ministerio de Hacienda, denunciando que los actos impugnados no cumplen con lo instruido en dicho Oficio Circular, lo que redunda en una falta de servicio manifiesto, infringiendo gravemente el principio de responsabilidad.

Señala como ilegalidades incurridas por la Subsecretaría de las FFAA las siguientes: a) infracción a las normas que regulan la carrera funcionaria, aduciendo que el Subsecretario de las FFAA no tienen la facultad de degradar sin fundamento legal a una funcionaria a contrata, sin considerar los elementos previstos en el artículo 10 y 17 del Estatuto Administrativo (Ley 18.834). Destaca que, en efecto , el resuelvo No. 1 de la Resolución Recurrida, dictada por el Subsecretario de las FFAA No. 9283/2024, la finalidad es degradar a la protegida, sin cambiarla de funciones, no siendo posible entender que tal medida sea justificada por la transitoriedad de los empleado a contrata, dado que la misma resolución resuelve que se mantiene la función, señalando que la diminución en la importancia de la funcionaria no puede ser entendida sin considerar los artículos 17 y siguientes del Estatuto Administrativo que consagra la carrera funcionaria; señalando que en este caso no existe fundamento plausible para atentar contra la carrera funcionaria de la recurrente; máxime cuando siempre fue calificada en lista 1 de distinción; b) infracción al principio de legalidad consagrado en el artículo 7 de la Constitución, indicando que el artículo 13 del DL 1608 no permite inferir que sea posible bajar el grado de acuerdo con alguna facultad discrecional del subsecretario, Señala que esta actuación es ilegal y arbitraria por carecer de fundamento y motivación suficiente, vulnerando con ello las garantías constitucionales contempladas en los números 2°, 3° inciso quinto y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que su parte ingresó al servicio el 3 de julio de 2018 como “Planta Suplente Profesional”, asimilado al grado 8° de la EUS, para desempeñar funciones como coordinador de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región de la Araucanía. Posteriormente, a contar del 15 de diciembre de 2018, continuó desempeñando las mismas funciones, pero asimilado al grado 7° de la EUS como contrata profesional, renovándose su designación por períodos anuales hasta el 31 de diciembre de cada año, completando así 6 años ininterrumpidos en el mismo cargo.

Señala que mediante Resolución N° 119516/282/2024, de 15 de julio de 2024, se dispuso que su parte: a) dejara de cumplir labores como coordinador de Administración y Finanzas para pasar a desempeñar labores como profesional de apoyo de la Unidad, y b) se lo nombrara a contrata como profesional asimilado al grado 9° de la EUS.

Argumenta que esta decisión es ilegal y arbitraria por las siguientes razones: a) en primer lugar, su parte ha ejercido el cargo por 6 años y goza de “confianza legítima”, por lo que no está sujeto a las normas que rigen la contrata en cuanto a su temporalidad y precariedad; b) en segundo lugar, la función que prestaba no tiene carácter transitorio, sino que devino en permanente, por lo que no puede ser degradado sin que medie un sumario administrativo o una baja de calificaciones que lo justifique.

Agrega que la fundamentación del acto administrativo, basada en una supuesta baja en las calificaciones, es falsa e insuficiente, ya que su parte se mantuvo en lista 1 de distinción, obteniendo nota 6,55 en el último proceso calificatorio (septiembre 2022-agosto 2023), comparado con 6,93 y 6,90 en períodos anteriores, diferencia que considera marginal y que en ningún caso justifica la decisión adoptada.

Sostiene que se ha infringido el derecho a la igualdad ante la ley al darle un trato discriminatorio respecto de otros funcionarios en situación equivalente; también, el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, al aplicar una degradación fuera de los casos previstos por la ley; y el derecho de propiedad, al implicar una merma considerable en su remuneración de $466.072 mensuales.

Solicita en definitiva que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se invalide o deje sin efecto la mencionada resolución, ordenando la reincorporación de su parte a sus funciones de coordinador de la Unidad de Administración y Finanzas, con todos sus derechos funcionarios, debiendo dictar la autoridad recurrida la respectiva resolución administrativa, restituyendo la integridad de sus remuneraciones y beneficios por el tiempo que surtió efecto la rebaja de grados.

Segundo: Que informa don nombre reservado, en representación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y solicita el rechazo del recurso de protección con costas, argumentando que el acto administrativo impugnado no es arbitrario ni ilegal y no vulnera las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.

Expone que el recurrente ingresó al servicio el 3 de julio de 2018 como “Planta Suplente”, asimilado al grado 8° EUS, para desempeñar funciones como coordinador de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEREMI de La Araucanía. Posteriormente, desde el 15 de diciembre de 2018, pasó a la modalidad contrata profesional, grado 7° EUS, manteniendo sus funciones.

Sostiene que mediante Resolución Exenta RA N° 119516/282/2024 de 15 de julio de 2024, se nombró al recurrente como profesional a contrata, asimilado a grado 9° EUS hasta el 31 de diciembre de 2024, fundamentando dicha decisión en que las funciones anteriormente asignadas eran de alta responsabilidad y complejidad, pero que durante el último periodo sus calificaciones disminuyeron respecto al periodo anterior.

Argumenta que el cambio de funciones se sustenta en una evaluación que evidenció un conocimiento insuficiente y una falta de idoneidad para el cargo que ejercía. Específicamente, señala que, tras una auditoría ordenada por la Subsecretaria de Servicios Sociales, se detectaron falencias en el conocimiento del recurrente sobre tramitación de convenios, ejecución técnica e informes financieros de programas sociales. Además, destaca que el funcionario tuvo dificultades en la implementación del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas de la Contraloría.

Sostiene que no existe infracción al principio de igualdad ante la ley, pues el acto administrativo está suficientemente motivado y fue emitido en ejercicio de potestades legales. En cuanto al derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, argumenta que la modificación del grado está justificada por la asignación de funciones de menor responsabilidad. Sobre el derecho de propiedad, señala que el recurrente no ha sido privado de su fuente laboral, sino que se modificaron sus funciones asignándole un grado acorde a ellas.

Tercero: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que, en la especie, se observa que la recurrida no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno. En efecto, de la lectura del acto impugnado se desprende que esa repartición sí fundó su actuar, contiene el acto administrativo aludido todos los razonamientos que llevó a la informante a cambiar de funciones y de grado a la recurrente, cumpliéndose entonces con lo que exige el inciso segundo del artículo 11 de la ley 19.880, sin que esta judicatura pueda reemplazar su juicio.

Quinto: Que, en efecto, lo cierto es que el acto está motivado —se puede leer en la resolución impugnada que se dan las razones para el cambio de funciones y de grado de la actora, específicamente su baja en las calificaciones y que el cargo que ostentaba es uno de alta responsabilidad y complejidad— faltándole el conocimiento idóneo respecto de aspectos sustantivos de su función, como lo son la tramitación de convenios, ejecución técnica e informes financieros de programas sociales; amén de las dificultades en la implementación del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas de la Contraloría.

Por su parte, el hecho que la recurrente no comparta los argumentos del Ministerio Defensa no torna el acto administrativo en infundado. A su turno, en nuestro ordenamiento constitucional y jurídico es claro que los tribunales no pueden revisar la fundamentación, pues en tal caso abandonarían su papel de juzgadores y se convertirían en administradores, lo que ni la Constitución Política de la República ni la ley permiten.

Sexto. Que por lo demás, se trata de un cargo a contrata, esto es, uno regulado en el artículo 10 de la Ley 18.834, que en su inciso primero consigna que “Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”, de lo que se concluye que se trata de una forma de empleo precaria y temporal, de modo que la Administración puede, perfectamente, cambiar de funciones y de grado a un funcionario contratado bajo esta modalidad, a lo que debe agregarse que el inciso cuarto del citado artículo 10 de la Ley 18.834 refiere que “En los empleos a contrata la asignación a un grado será de acuerdo con la importancia de la función que se desempeñe y con la capacidad, calificación e idoneidad personal de quien sirva dicho cargo y, en consecuencia, les corresponderá el sueldo y demás remuneraciones de ese grado, excluyendo toda discriminación que pueda alterar el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres”.

De eta manera, la Administración es de asignarle al empleado a contrata la función que crea corresponderle de acuerdo con su capacidad, calificación e idoneidad personal y, ya está dicho, precisamente ha sido la baja en su calificación lo que ha llevado a la recurrida a obrar de la manera que se conoce en estos antecedentes.

Séptimo: Que, en consecuencia, aun cuando desde el 2022 fue trasladada desde el Gabinete de la Ministra a la a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, siendo renovada su contratación en las mismas condiciones los años 2022 y 2023 y 2024 esto es en la misma calidad de contrata experta con grado 7° de la EUS si la autoridad entiende que la rebaja en las calificaciones de la recurrente no le permite seguir desempeñando dicho cargo, aquella estaba autorizada por el citado artículo 10 del Estatuto Administrativo para actuar de la forma en que lo hizo, especialmente por lo normado en los incisos primero y cuarto de dicha norma legal.

Octavo: Que, como se dijo, toda designación de funcionarios “a contrata” en la administración pública, de acuerdo a la ley 18.834, es esencialmente transitoria y no puede exceder del 31 de diciembre del año correspondiente en que la contrata empieza a regir. No se ha discutido que la recurrente fue nombrada “a contrata” para desempeñar funciones profesionales en la repartición recurrida a contar del año 2022 “y mientras sean necesarios sus servicios”, siempre que no excedan del 31 de diciembre del mismo año, dictándose, finalmente, la resolución recurrida que lo cambia de labores y de grado, siempre bajo la modalidad de “contrata”.

De esta manera, obviamente será la misma autoridad que designa al funcionario la encargada de determinar hasta cuando son necesarios los servicios del recurrente o si hay que mutarle sus funciones y sus remuneraciones, no la judicatura.

Noveno: Que, consecuentemente, si la Administración tenía facultades para hacer cesar la contrata en cualquier tiempo antes del 31 de diciembre de 2024 o de no renovarla para el año siguiente, pues con mucha mayor razón puede decidir que sus servicios sean otros y que sus remuneraciones sean acordes con estos, pues no existe en la Ley 18.834 y en ninguna otra norma legal la institución que se ha venido en denominar la “confianza legítima de conservar el empleo” y, mucho menos, la ley ha fijado un plazo para que opere tal “confianza”.

Décimo: Que no parece adecuado decidir los conflictos sometidos al conocimiento de los tribunales creando instituciones que son de lege ferenda, cuando, en verdad, la misión del juzgador es aplicar las normas de lege lata.

Undécimo: Que, en todo caso, ninguna de las garantías que se dicen amagadas merecen este adjetivo. En efecto, en cuanto a la igualdad ante la ley —N° 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República—, debería haberse acreditado que la Administración ha obrado de una manera distinta con alguna persona en iguales circunstancias que el recurrente, lo que no ha sucedido; en cuanto al inciso quinto del N° 3° del citado artículo 19 —“Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho"—, no es aplicable al caso de autos, en que el recurrente no ha sido juzgado por nadie sino que, simplemente, debido a su rebaja en sus calificaciones, se decidió su cambio de funciones y de grado; y en cuanto al N° 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental, ciertamente esta norma no se refiere a la llamada propiedad en el empleo o, consecuentemente, sobre las remuneraciones, sino al derecho real de dominio, aquel que señala el artículo 582 del Código Civil.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional deducida en estos autos, sin costas.

Redacción de la abogada integrante Bárbara Vidaurre Miller Regístrese y comuníquese.

Protección N° 1236-2025.

No firma el ministro (i) Sr. Avilés, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por haber cesado su interinato.