nombre reservado con SUBSECRETARÍA DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

C.A. de Santiago Santiago, diez de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 28 de abril de 2026, comparece nombre reservado, periodista, interponiendo recurso de protección en contra de la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género, por haber dictado la Resolución Exenta número 397, de 26 de marzo de 2026, mediante la cual se dispuso el término anticipado de su designación a contrata, acto administrativo que le fuera notificado el día 31 de marzo del mismo año.

Actuación que considera ilegal y arbitraria, pues a su parecer, carece de una fundamentación fáctica y jurídica real, aludiendo a una supuesta reorganización institucional inexistente y omitiendo la ponderación del desempeño sobresaliente de la funcionaria, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, libertad de trabajo y derecho de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se deje sin efecto el acto impugnado, se ordene su reincorporación inmediata y el pago de las remuneraciones debidas por todo el periodo de la vigencia de su nombramiento.

Expone, como antecedentes de hecho, que ingresó a prestar servicios en la institución recurrida tras ser seleccionada en un concurso público para el cargo de profesional grado 13° de la Escala Única de Sueldos, habiendo obtenido el puntaje más alto en dicho proceso concursal.

Refiere que su vínculo fue prorrogado sucesivamente hasta el 31 de diciembre de 2026, según consta en la Resolución Exenta RA número 121583/330/2025, y que durante su trayectoria funcionaria mantuvo un desempeño intachable, siendo calificada con el puntaje máximo en lista de distinción y recibiendo múltiples anotaciones de mérito por su profesionalismo en campañas comunicacionales de alta relevancia nacional.

No obstante, señala que la autoridad mediante el acto que por esta vía se impugna, decidió prescindir de sus servicios invocando un genérico reordenamiento de funciones y prioridades de gestión que, a juicio de la actora, resulta falaz, toda vez que de manera simultánea se procedió a la desvinculación masiva de otros 14 funcionarios mediante resoluciones de idéntico tenor, y paralelamente se incorporó nuevo personal para ejecutar labores análogas a las que ella desempeñaba.

En lo que respecta a los fundamentos de derecho, sostiene que la resolución recurrida constituye una manifestación de arbitrariedad al carecer de un sustento racional y proporcional, infringiendo el estándar de motivación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley número 19.880, en relación con el artículo 8° de la Carta Fundamental.

Aduce que la sola mención de las necesidades del servicio o de una reestructuración interna, sin que se acrediten hechos objetivos y verificables que la sustenten, torna el acto en ilegal por vulneración del principio de juridicidad y del artículo 10 de la Ley número 18.834.

Argumenta que la potestad discrecional de la administración para poner término anticipado a una contrata no es absoluta, sino que debe ejercerse con pleno respeto a la estabilidad que otorga un nombramiento vigente, especialmente cuando no median razones de desempeño o sanciones disciplinarias que lo justifiquen.

Explica la recurrente que los derechos fundamentales invocados se han visto vulnerados por cuanto el acto impugnado establece una diferencia arbitraria en su contra respecto de otros funcionarios en igual situación jurídica, privándole de su medio de sustento y de la legítima retribución por un cargo para el cual fue idóneamente seleccionada, afectando así la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 número 2, la libertad de trabajo y la prohibición de discriminación contenida en el artículo 19 número 16, y el derecho de propiedad sobre su empleo y remuneraciones, incluyendo el pago de horas extraordinarias ya devengadas, conforme al artículo 19 número 24, todos de la Constitución Política de la República.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene dejar sin efecto la Resolución Exenta número 397 de 2026, disponiéndose su reincorporación por todo el periodo correspondiente hasta el 31 de diciembre de 2026, con el pago de todas las remuneraciones y estipendios que le corresponden de manera retroactiva y reajustada, con expresa condena en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que, informando la recurrida Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género, solicitando el rechazo íntegro de la acción de protección deducida, con expresa condena en costas.

En cuanto a los fundamentos de su defensa, sostiene que la Resolución Exenta número 397, de 26 de marzo de 2026, que dispuso el término anticipado de la designación a contrata de la recurrente, se ajusta estrictamente a la normativa legal vigente, en particular al Estatuto Administrativo y a los principios de probidad, eficiencia y buena administración.

Arguye que dicho acto no es fruto del arbitrio, sino que obedece a una reorganización interna real y efectiva del Departamento de Comunicaciones, enmarcada en el cumplimiento obligatorio del Oficio Circular número 12 del Ministerio de Hacienda, de 13 de marzo de 2026, que instruye un Plan de Ajuste Fiscal permanente para todos los órganos de la Administración del Estado.

Enfatiza que la legitimidad de la decisión se ve refrendada por el hecho de no haberse designado a otra persona en reemplazo de la actora, confirmándose así la supresión de la necesidad funcional invocada.

Respecto de las garantías constitucionales invocadas, niega la existencia de discriminación arbitraria por cuanto la medida descansa en criterios técnicos y presupuestarios objetivos; descarta la vulneración de la libertad de trabajo atendida la naturaleza esencialmente precaria y transitoria del vínculo a contrata; y rechaza la infracción al derecho de propiedad, toda vez que no existe un derecho adquirido a la permanencia en cargos de tal naturaleza.

Concluye afirmando que el acto impugnado cumple con el estándar de motivación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley número 19.880, careciendo de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye una acción cautelar de urgencia destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en dicha disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, el acto impugnado mediante el presente recurso de protección es la Resolución Exenta número 397, de 26 de marzo de 2026, mediante la cual se dispuso el término anticipado de designación a contrata de la actora.

QUINTO: Que, en lo que atañe a la presunta ilegalidad del acto recurrido, cabe hacer presente que la cláusula incorporada en la designación de “mientras sus servicios sean necesarios”, está en armonía con el carácter transitorio que tienen los empleos a contrata o a honorarios. En efecto, la Ley número 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en su artículo 3º, luego de definir la planta del personal de un servicio público como el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución, al tratar los empleos a contrata señala precisamente que son aquellos de carácter temporal que se consultan en la dotación de una institución.

Enseguida, el mismo texto legal determina en su artículo 10, en relación con la permanencia de esta última clase de cargos, que los empleos a contrata durarán, como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley.

Por otra parte, la determinación que la persona nombrada prestará sus labores mientras sus servicios sean necesarios entrega a la Administración la facultad de poner término a sus prestaciones con anterioridad al cumplimiento del periodo establecido. Es una habilitación consignada en su nombramiento, que guarda relación con el carácter temporal del mismo.

Que, lo expuesto anteriormente, permite desechar la alegación de ilegalidad.

SEXTO: Que en lo que dice relación con la arbitrariedad reprochada, el examen de la resolución permite afirmar que la recurrida motivó su decisión aludiendo a la normativa referida en el considerando precedente, y a la circunstancia que las tareas propias de la recurrente, periodista del departamento de comunicaciones del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, se hizo superflua, en tanto se procedió a la revisión de la distribución interna de tareas y dotación de tal unidad.

Que, asimismo, a la recurrente no le asiste el principio de confianza legítima y, en consecuencia, la Administración se encontraba en posición de poner término a su contrata de forma anticipada, haciendo uso de la facultad que la Ley le confiere.

Así las cosas, tal motivación aparece como suficiente en el acto recurrido.

SEPTIMO: Que, finalmente, no se observa que ninguno de los derechos constitucionales que se dicen amagados hayan sufrido perjuicio.

Respecto a las remuneraciones de la recurrente no se ha alegado ni su falta de pago o desmedro y por lo demás el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República protege el derecho real de dominio a que se refiere el artículo 582 del Código Civil, y no lo que se denomina “la propiedad en el empleo”.

Tampoco se observa vulneración al numeral 2 del artículo 19 de la carta fundamental, pues no se ha dado cuenta o establecido que la recurrida haya dispensado diferencia de trato hacia el recurrente, ni a la libertad de trabajo de aquella, en tanto el acto impugnado en nada afecta su derecho a desarrollar cualquier actividad productiva licita.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrado por nombre reservado, en contra de la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redactó el ministro (S) señor Hernán López.

Protección N° 12.352-2026.