Protección contra Servicio Nacional de Migraciones por haber dictado el Oficio Ordinario NUM000 de

C.A. de Santiago Santiago, uno de junio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 15 de enero de 2026, comparece Osvaldo Llinás, abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones por haber dictado el Oficio Ordinario NUM000 de 18 de diciembre de 2025, la Resolución Exenta NUM001 de 18 de noviembre de 2024 y la Resolución Exenta NUM002 de 6 de agosto de 2021, que lo tuvieron por desistido de su solicitud de reconocimiento de la calidad de refugiado y ordenaron el abandono del país, actuaciones que considera ilegales y arbitrarias, atendido a que dichos actos amenazan la libertad, la integridad física y la unidad familiar del recurrente, vulnerando con ello los derechos fundamentales consagrados en los artículos 19 N° 1, 2, 7 y 10 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se declaren ilegales y arbitrarios los actos impugnados, se deje sin efecto la orden de abandono y se ordene recurrida reabrir el procedimiento de reconocimiento de su calidad de refugiado.

Señala que el recurrente formalizó el 29 de octubre de 2024 su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, declarando ser víctima de persecución política en Venezuela por su pertenencia al movimiento opositor "Fuerza Armada Patriota de Venezuela", habiendo sufrido detenciones arbitrarias y torturas por parte del gobierno, constando en el expediente una certificación de riesgo vital en caso de retorno.

Expone que, no obstante lo anterior, mediante Resolución Exenta NUM001 de 18 de noviembre de 2024, la recurrida declaró desistida su solicitud de refugio, sin que el recurrente hubiere manifestado voluntad alguna en ese sentido, careciendo el acto de la declaración individual, expresa e informada exigida por la Ley N° 19.880 y la Resolución Exenta N° 6.009/2024.

Añade que el recurrente tiene su vida plenamente establecida en Chile, siendo su cónyuge titular de Residencia Definitiva, y estando sus hijos plenamente integrados al país.

Agrega que una de sus hijas presenta una discapacidad mental y psíquica del 55% (TEA/TDA), certificada por COMPIN e inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad.

Argumenta que la autoridad incurre en ilegalidad al declarar un desistimiento inexistente, vulnerando el carácter irrenunciable tácitamente del procedimiento de protección internacional. También al omitir la evaluación de oficio de la Protección Complementaria, obligación impuesta por el artículo 10 de la Ley N° 21.325 y la Resolución N° 6.009, infringiendo el principio de no devolución.

Finalmente, al ignorar que el recurrente constituye el apoyo fundamental de una menor con discapacidad severa, contraviniendo el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 16 de la Ley N° 21.325.

Sostiene que los actos impugnados vulneran el derecho a la vida e integridad física y psíquica del artículo 19 N° 1, por el riesgo de retorno a un país donde es perseguido; la igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2, al prescindirse de los procedimientos legales vigentes; la libertad personal y seguridad individual del artículo 19 N° 7, ante la amenaza inminente de expulsión basada en actos viciados; y el derecho a la protección de la familia consagrado en el artículo 1 N° 5 en relación con el artículo 19 N° 10, al pretenderse la ruptura del núcleo familiar establecido.

Para acreditar sus alegaciones, la parte recurrente incorporó al proceso los siguientes documentos: 1) Copia del Oficio NUM000, la Resolución Exenta NUM001 y la Resolución Exenta NUM002; 2)

Expediente de refugio y certificación de riesgo vital; 3) Documentos de arraigo familiar y laboral, certificados de Residencia Definitiva de la cónyuge, documentos de los hijos y Certificado de Discapacidad COMPIN de la menor; y 4) Copia de la Resolución N° 6.009/2024.

Solicita que se se declare la ilegalidad y arbitrariedad del Oficio NUM000, de la Resolución Exenta NUM001 y de la Resolución Exenta NUM002; se deje sin efecto la orden de abandono y cualquier medida de expulsión; y se ordene al SERMIG reabrir el procedimiento de refugio y tramitar de oficio la Protección Complementaria conforme a la Resolución N° 6.009/2024, manteniendo al recurrente en situación migratoria regular mientras dure dicha tramitación.

Segundo: Que el Servicio Nacional de Migraciones evacúa su informe formulando, en lo principal, una excepción de extemporaneidad y, en subsidio, solicitando el rechazo de la acción constitucional en todas sus partes.

Alega que la acción constitucional de protección fue interpuesta el 15 de enero de 2026, en circunstancias en que el acto administrativo impugnado —Resolución Exenta NUM001— fue dictada el 18 de noviembre de 2024, por lo que, al momento de la interposición del recurso, el plazo fatal de 30 días corridos establecido en el artículo 1 del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección se encontraba ampliamente vencido, resultando el recurso manifiestamente extemporáneo.

Expone, en subsidio, que el recurrente ingresó al país el 21 de abril de 2019 por el paso habilitado Carretera Chacalluta y que el 27 de junio de 2019 solicitó una visa de residencia sujeta a contrato, requerimiento que fue rechazado mediante Resolución Exenta NUM002 de 6 de agosto de 2021, por haber efectuado declaraciones falsas con el fin de obtener un beneficio migratorio, según lo informado por la Policía de Investigaciones.

Indica que el 25 de julio de 2024,el recurrente manifestó su intención de solicitar refugio, requerimiento registrado bajo ID NUM003, siendo citado al Departamento de Refugio y Protección Internacional.

Añade que mediante Resolución Exenta NUM004 de 29 de octubre de 2024 se le informó que no era posible dar inicio al procedimiento por haber excedido el plazo de 7 días hábiles desde su ingreso al país, establecido en el artículo 26 de la Ley N°20.430, otorgándosele un plazo de 15 días para subsanar, bajo apercibimiento de tener por desistida su solicitud conforme al artículo 28 bis de dicha ley.

Refiere que el 8 de noviembre de 2024, el recurrente acompañó documentación a título de subsanación, incluyendo una carta explicativa, sin que esta permitiese acreditar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos. Por lo anterior, mediante Resolución Exenta NUM001 de 18 de noviembre de 2024, se declaró desistida la solicitud, reservándose los recursos procedentes, sin que conste que el recurrente haya interpuesto recurso administrativo alguno dentro del plazo otorgado.

Sostiene, en el plano jurídico, que el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado se encuentra regulado por la Ley N° 20.430, modificada por la Ley N° 21.655, vigente desde el 20 de febrero de 2024, la cual establece requisitos estrictos de oportunidad, forma y admisibilidad que el recurrente no satisfizo, toda vez que su solicitud fue presentada casi 5 años después de su ingreso al país, sin documentación que justificase tal demora. Argumenta, además, que el Servicio no ha dictado orden de abandono ni sanción migratoria alguna en contra del recurrente.

Concluye que no existe acto u omisión ilegal o arbitrario de su parte que haya amenazado, perturbado o privado al recurrente del ejercicio legítimo de garantía constitucional alguna, habiendo actuado en todo momento dentro del marco legal que le es aplicable.

Solicita que se tenga por evacuado el informe y que se rechace en todas sus partes la presente acción constitucional, declarando la extemporaneidad de esta o, en subsidio, que se rechace por no existir acto u omisión ilegal o arbitrario de la recurrida que afecte las garantías constitucionales invocadas.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes allegados al proceso, se puede establecer que el fundamento de las alegaciones vertidas en autos se basa en que la decisión de tener por desistido al recurrente de su solicitud de reconocimiento como refugiado fundado en que el recurrente nunca manifestó su voluntad en ese sentido.

Quinto: Que del mérito del proceso se desprende que la Resolución Exenta NUM001, que tiene por desistido al recurrente de su solicitud de reconocimiento de la calidad de refugiado se funda en el hecho que la recurrente no cumplió con los plazos de los artículos 26 de la Ley N°20.430.

Sexto: Que, si bien, se le ha reprochado el hecho de no haber presentado ante la autoridad migratoria, dentro de séptimo día, conforme lo prescribe el actual artículo 26 de la Ley N°20.430, lo cierto es además se allegaron al proceso antecedentes que con anterioridad solicitó la residencia temporal con motivos laborales, la que fue rechaza por una de las resoluciones que se encuentran recurridas por la presente acción constitucional y solo que esta fue rechazada y habiendo transcurrido Séptimo: Que, de esta manera, junto con entender esta Corte que las normas sobre los plazos para solicitar el reconocimiento de calidad de refugiado y a dar conocimiento de su situación a la autoridad migratoria competente son las vigentes al momento de realizar la referida de solicitud, no es menos cierto que el recurrente, con el petitorio de su acción busca que se dejen sin efecto resoluciones exentas firmes que rechazaron su solicitud de residencia temporal y un recurso de reposición extemporáneo.

Además, si bien no lo menciona la recurrente, del mérito de los antecedentes se desprende que la recurrente presentó una acción constitucional en contra la resolución NUM002 de 6 de agosto de 2021, la cual fue rechazada por la Corte Suprema, quedando la misma firme.

Octavo: Que, por lo anteriormente razonado, esta Corte no ve en la Resolución Exenta NUM001 de 18 de noviembre de 2024, ningún acto ilegal que perturbe la garantía constitucional denunciada, por lo que no corresponde ordenar medida alguna para restablecer el imperio del Derecho, atendido a que la decisión de archivo de la solicitud de refugio se funda en la normativa vigente y con sustento en los hechos establecidos en el presente proceso.

Noveno: Que, en cuanto a la Resolución Exenta NUM002 de 6 de agosto de 2021 y el Oficio Ordinario NUM000 de 18 de diciembre de 2025, que dicen relación con el rechazo de su solicitud de residencia temporal, se encuentran firmes, por lo que no corresponde a esta Corte volver a pronunciarse sobre las mismas.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-1231-2026.