nombre reservado con COLEGIO DE KINESIOLOGOS DE CHILE AG

C.A. de Santiago Santiago, treinta de enero de dos mil veinticinco.

Visto y teniendo presente;

Primero: Que comparece don nombre reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra del Colegio de Kinesiólogos de Chile y de los miembros de su Tribunal de Honor señores nombre reservado, nombre reservado y doña nombre reservado, y en contra de la Sala de Ética señoras nombre reservado, nombre reservado y don nombre reservado, por haberle aplicado la sanción disciplinaria de "Censura por Escrito", actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que se realizó sin respetar las garantías de un debido proceso y extralimitándose en sus funciones, vulnerando los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, debido proceso, libertad de expresión, derecho a desarrollar cualquier actividad económica lícita y derecho a la honra, por lo que solicita que se deje sin efecto la sanción impuesta.

Expone que es miembro asociado y colegiado del Colegio de Kinesiólogos de Chile A.G., y que el 19 de junio de 2023, el presidente de dicha institución, don nombre reservado, presentó una acusación en su contra ante el Tribunal de Honor por supuestas declaraciones realizadas en una sesión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados el 6 de septiembre de 2021.

Señala que el Tribunal de Honor conformó una Comisión Investigadora Ad Hoc para revisar los hechos, la que estuvo integrada por personas que no formaban parte de ella con anterioridad a los hechos investigados. Asimismo indica que no se respetó el procedimiento establecido, ya que no se realizó la primera reunión comprometida entre las partes para recabar su testimonio y descargos.

Argumenta que el Tribunal de Honor incurrió en diversas irregularidades e ilegalidades en su proceder. En primer lugar, la Comisión Investigadora fue conformada de manera extemporánea y sin respetar la composición establecida en los estatutos del Colegio. Además alega que no existe un Reglamento de Ética y Disciplina que regule el procedimiento, como lo exige el artículo 38 de los estatutos.

Expone que el Tribunal de Honor fundamentó su decisión en hechos que no formaron parte de la acusación original, incurriendo en un vicio de ultra petita. Específicamente señala que se le atribuyó responsabilidad por la interposición de un recurso de protección por parte del Colegio de Quiroprácticos Universitarios de Chile en contra de la recurrida sin que existiera prueba de alguna vinculación.

Agrega que la actuación del Tribunal de Honor vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, específicamente en sus numerales 2° (igualdad ante la ley), 3° inciso 5° (debido proceso), 12° (libertad de expresión), 21° (derecho a desarrollar cualquier actividad económica lícita) y 4° (derecho a la honra).

Sostiene que la sanción impuesta afecta su derecho a participar como miembro activo del Colegio, amenaza la posibilidad de ocupar cargos en la organización en el futuro, y daña irreparablemente su honra y reputación.

Por estas razones, solicita que se acoja el recurso y se deje sin efecto la sanción de "Censura por Escrito" impuesta por el Tribunal de Honor, se declare su incompetencia para aplicar sanciones en este caso, y se restablezca el imperio del derecho.

Segundo: Que informa don nombre reservado, Presidente del Colegio de Kinesiólogos de Chile, señalando en primer lugar que el recurso está dirigido en contra de varias personas, incluyendo el Colegio de Kinesiólogos y los miembros del Tribunal de Honor, órgano autónomo de la institución.

Argumenta que la vía procesal correcta para impugnar las decisiones del Tribunal de Honor es la apelación civil ante la Corte de Apelaciones, según lo establecido en el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República, y no el recurso de protección (sic).

Respecto a la integración del Tribunal de Honor alega la extemporaneidad del recurso ya que el recurrente tomó conocimiento de su conformación el 26 de julio 2023, superando el plazo de 30 días establecido en el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección. Además sostiene que la figura del fiscal investigador es una práctica consuetudinaria desde 1998.

En cuanto al debido proceso afirma que el recurrente tuvo conocimiento del procedimiento ético iniciado en su contra, conoció las razones y tuvo la oportunidad de defenderse y aportar pruebas. Argumenta que el referido procedimiento no es nuevo y ha sido convalidado por el recurrente en ocasiones anteriores.

Sobre la sanción de censura indica que está contemplada en los estatutos de la Orden y fue una de las menos graves aplicadas por el Tribunal de Honor, requiriendo aprobación del Directorio. Aclara que la notificación recibida por el recurrente el 4 de abril de 2024 correspondió a la resolución del Tribunal de Honor, no del Directorio.

Finalmente, sostiene que el Tribunal de Honor es competente para sancionar conductas que ameriten reproche durante la investigación, aunque no actúe de oficio, por lo que no procede el reclamo de ultra petita.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado o de la afectada ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a).- Que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b).- Que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c).- Que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d).- Que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Cuarto: Que de conformidad con los antecedentes acompañados por las partes se tiene por establecido lo siguiente:

1°.- El 19 de junio de 2023 se presentó una denuncia por el señor nombre reservado en contra del señor nombre reservado por presuntas faltas a la ética profesional de conformidad con los artículos 4 letra e), 25 y 27 letra b), en relación con hechos ocurridos el 6 de septiembre de 2021 en el contexto de la discusión parlamentaria en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados sobre la modificación del Código Sanitario, circunstancia en la que el denunciado, sin haber sido invitado, habría efectuado una serie de afirmaciones en contra de la postura oficial del Colegio de Kinesiólogos de Chile sobre la incorporación del quiropráctico al código referido.

2°.- El 22 de junio de 2023 se efectuó una reunión del Tribunal de Honor del Colegio de Kinesiólogos de Chile, integrado por el señor nombre reservado, las señoras nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, los señores nombre reservado y nombre reservado, en la que se informó sobre la denuncia referida en el número que precede y se decidió:

2.1.- Que existe mérito para realizar una investigación.

2.2.- Se votó por los miembros que debían efectuar la investigación respecto de lo cual se dejó constancia en el acta respectiva que “tres miembros del tribunal de honor señalan que tienen conflictos de interés con el denunciado y que su participación en la investigación podría invalidar sus resultados, los colegas son nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado. Se conforma la comisión investigadora a cargo de los colegas nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, sin embargo la colega nombre reservado se desiste de participar. Al quedar sólo dos colegas, y ser ambas de la sala de disciplina, se plantea la posibilidad de que la investigación la realice un Fiscal y un Secretario Externos al Tribunal, asunto que ha sido costumbre en el Tribunal de Honor en denuncias previas. Se acuerda la conformación de una comisión investigadora externa. Se plantean nombres para la conformación de esta comisión, el primero es el colega nombre reservado, quien desiste, el otro es el colega Homero Puppo, quien también desiste, se nombra al colega nombre reservado quien acepta como fiscal y el colega nombre reservado, quien también acepta como Secretario, se acuerda que se les entreguen amplias facultades para su proceso de investigación. Finalmente se acuerda que el informe que entregue la comisión investigadora sea validado por las colegas Elbo y Pinto, quienes finalmente plantearán si se realizó la investigación adecuada, y si existe mérito, ellas plantearán la sanción correspondiente”.

3°.- El 2 de agosto de 2023 se constituyó la comisión investigadora antes referida, ocasión en la que se señaló que se procedería a enviar un cuestionario al señor nombre reservado y al señor nombre reservado. Luego se solicitó información adicional –no se señala cual- al Colegio de Kinesiólogos de Chile A.G. y a la directiva de DENAKE.

4°.- Por presentación de 7 de noviembre de 2023 don nombre reservado entregó una respuesta reservada dirigida a la comisión investigadora del tribunal de honor del Colegio de Kinesiólogos de Chile. En ella destaca, en lo pertinente, que el denunciado hizo presente que se trataba de una comisión ad hoc de un Tribunal de Honor, no compuesta por todos sus integrantes ni conformada con anterioridad al “envío y recepción de las imprecisiones que se me acusa, cuestión que vulnera la garantía establecida en el artículo 19 N° 3 inciso V de la Constitución Política de la República”.

5°.- El 30 de enero de 2024 la comisión investigadora evacuó informe que fue remitido al Tribunal de Honor para que analizara los hechos y antecedentes, y determinará “la pertinencia de algún grado de sentencia”. Se señala en lo conclusivo que “no se encontraron cargos meritorios en la demanda inicial del Sr. nombre reservado. Si los habría, en virtud de los antecedentes levantados a raíz de esta discusión y que estaría reñido con el artículo 25° del código de ética profesional vigente”. Esto último, al parecer, se refiere a la presunta constatación de que el señor nombre reservado habría tenido algún grado de participación en demandas y recursos de protección dirigidos en contra del Colegio de Kinesiólogos de Chile, de cuya individualización se desconoce todo dato.

6°.- En marzo de 2024 las señoras nombre reservado y nombre reservado, en cumplimiento de lo dispuesto en su oportunidad, proponen al Tribunal de Honor la sanción de censura por escrito respecto del señor nombre reservado por hechos que no establecen. En el informe respectivo se señala que la comisión investigadora aclaró varios puntos que decían relación con la denuncia que dio origen al procedimiento descartando su participación. En el paraje 3.f. indica “Con respecto al artículo 25 del código de ética: I. El Sr. nombre reservado se encontraba como docente de la Universidad Central de Quiropraxia. II. El Sr. nombre reservado ha representado al gremio de Kinesiólogos en muchas ocasiones incluyendo a Kinesiólogos no asociados”, luego de lo cual propone la sanción indicada agregando que “no se ven malas intenciones ni menos menoscabar a nuestro gremio”, “no se considera que sea motivo para sancionar más drásticamente, pero sí consideramos que debiera aclarar la situación y de esa manera, evitar malos entendidos y posibles roces”.

7°.- El 15 de marzo de 2024 el Tribunal de Honor del Colegio de Kinesiólogos de Chile dictó la resolución en relación con la denuncia del señor nombre reservado respecto del señor nombre reservado, sancionándolo con censura por escrito, por estimar que su conducta “se considera inadecuada y falta en defender las prerrogativas del Gremio de la Kinesiología y la defensa profesional que realiza históricamente el Colegio de Kinesiólogos”. Luego de hacer una escueta referencia a los antecedentes referidos en los números precedentes señala en el punto 3° que “la razón de dicha falta -artículo 25 del Código de Ética”- son las declaraciones del Sr. nombre reservado en reunión de la Comisión de Salud de la Honorable Cámara de Diputados con fecha 06 de septiembre de 2021, argumentando a favor del Colegio de Quiroprácticos de Chile y en contra de nuestro Colegio, lo cual generó un recurso de protección de esa Asociación hacia el Colegio de Kinesiólogos de Chile, afectando a la institución”.

8°.- En la carta por medio de la cual el presidente del Tribunal de Honor le informó al recurrente la sanción aplicada se le señaló que “Sus dichos en reunión de la Comisión de Salud de la Honorable Cámara de Diputados con fecha 06 de septiembre de 2021, argumentando a favor del Colegio de Quiroprácticos de Chile y en contra de nuestro Colegio, generó un recurso de protección de esa Asociación hacia el Colegio de Kinesiólogos de Chile, afectando a la institución”, agregando que “su actuación se considera inadecuada para la relación entre los colegas y su Colegio Profesional. Por tal motivo el Tribunal de Honor del Colegio de Kinesiólogos de Chile lo sanciona con “Censura por Escrito””. En lo pertinente se señaló que se desecharon dos denuncias, llegándose a la convicción de que existe mérito para una de ellas con relación al artículo 25° del Código de Ética de la Orden que señala “El Kinesiólogo deberá mantener en su conducta pública y funcionaria el más alto nivel moral en la defensa del prestigio, prerrogativas y dignidad de la profesión y de sus pares, procurando que se mantengan incólumes las conquistas institucionales del Colegio de Kinesiólogos de Chile””.

Quinto: Que de conformidad con los Estatutos del Colegio de Kinesiólogos de Chile, artículo 11 Título III, De los Órganos de la Administración, Ejecución y Control, el “Tribunal de Honor” forma parte de la estructura de esa entidad gremial a “Nivel Nacional”, en tanto que a “Nivel Regional” se establecen los “Tribunales de Disciplina Regional”. Por otra parte, en ese organigrama también figura un “Tribunal de Disciplina” a “Nivel Institucional”.

De acuerdo al artículo 32° del referido estatuto “Habrá un Tribunal de Honor compuesto por seis miembros en dos salas de tres integrantes cada uno, los que durarán tres años en sus funciones y podrán ser redesignados indefinidamente. La primera sala será de Ética y la segunda, de Disciplina … ”. El artículo 33° señala que “La Primera Sala, o la sala de Ética tendrá como función y atribución conocer y fallar las transgresiones a la Ética Profesional en que incurran los colegiados. La Segunda Sala deberá abocarse al conocimiento y fallo de las faltas a la disciplina de los colegiados … ”. El artículo 34° establece las sanciones que la sala correspondiente del Tribunal de Honor puede aplicar a los infractores a la ética o disciplina. El artículo 38° dispone que “Las Salas y el Tribunal de Honor referidos precedentemente funcionarán, sesionarán y adoptarán acuerdos, con la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, salvo que estos mismos estatutos establezcan un quorum distinto … Las Salas, en la primera sesión que celebren anualmente, elegirán de entre sus miembros a un Presidente y a un Secretario y determinarán los días y horas de funcionamiento. Una vez elegidos los miembros del Tribunal de Honor, éste será autónomo y sus decisiones sólo serán susceptibles de ser recurridas mediante los procedimientos que señalan estos estatutos … El Reglamento de Ética y el Reglamento de Disciplina contemplarán los procedimientos que las Salas respectivas del Tribunal de Honor deberán emplear al conocer de las materias que le sean sometidas. Estos procedimientos deberán estar informados en las normas del justo proceso considerando, entre otras materias, las notificaciones a los afectados, la oportunidad y plazos para formular descargos, la ponderación de la prueba y el contenido mínimo de la sentencia o fallo”. Por último, el artículo 49° dispone que “En cada Directorio Regional existirá, además, de la Asamblea y el Directorio Regional, un Tribunal de Disciplina autónomo, de carácter permanente, compuesto de tres miembros que durarán tres años en sus funciones y cuyos miembros serán designados por el Directorio Regional de entre los colegiados que reúnan los siguientes requisitos: … Le corresponderá al Tribunal de Disciplina, a petición del Directorio Regional o del Directorio Nacional, conocer de las infracciones a los Estatutos y reglamentos del Colegio, como también a las infracciones a la ética profesional y realizar las investigaciones pertinentes, dictando fallo y aplicando sanciones”.

Sexto: Que el “Código de Ética Profesional del Kinesiólogo” establece en su artículo 1° que “El Presente código se aplicará a todos los Kinesiólogos que tengan la calidad de asociados del Colegio de Kinesiólogos de Chile, en conformidad a sus Estatutos, y a los reglamentos y acuerdos aprobados por el Consejo General”.

Su título II se refiere a la “Actuación del Kinesiólogo ante las Autoridades y Poderes Públicos”; el Título III trata de la “Actuación del Kinesiólogo con sus Pacientes”; el Título IV regula la “Actuación del Kinesiólogo con sus Colegas”; el Título V reglamenta la “Actuación del Kinesiólogo con su Colegio Profesional”; y el Título VI establece lo relativo a la “Actuación del Kinesiólogo con la Sociedad”.

Por último, el artículo 34 dispone las sanciones que proceden ante “la transgresión a las normas de ética profesional”, en tanto que el artículo 35 indica que “Las sanciones serán aplicadas por el Directorio Regional o el Directorio Nacional, según corresponda, guardando debida proporcionalidad entre las medidas disciplinarias y las transgresiones a la ética que están llamadas a sancionar, debiendo ponderarse en cada caso las circunstancias atenuantes o agravantes que concurran a la conducta reprochada. La reincidencia se considerará siempre como agravante”.

Séptimo: Que de conformidad con el correo respuesta acompañado por el recurrente, de 26 de abril de 2024, proveniente del secretario del Tribunal de Honor del Colegio de Kinesiólogos de Chile, don Óscar Urrejola Ortiz, “tanto el Colegio como el Tribunal de Honor no posee reglamentos vigentes sobre la materia -ética y disciplina- por lo que cada caso se estudia, investiga, analiza y plantea sanciones de acuerdo a los Estatutos y Código de Ética vigentes del Colegio, teniendo como principio básico el resguardo de los derechos tanto del denunciante como del denunciado, la imparcialidad, la ponderación y el apego estricto al espíritu a esos preceptos, aspectos que fueron entregados en el documento que se le hizo llegar al momento de comunicar la sanción”.

Octavo: Que la resolución de la controversia pasa por determinar si la aplicación de la sanción disciplinaria de "Censura por Escrito" por parte de la recurrida constituye una actuación ilegal y/o arbitraria, que no respetó las garantías de un debido proceso, vulnerando los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, debido proceso, libertad de expresión, derecho a desarrollar cualquier actividad económica lícita y derecho a la honra.

Noveno: Que en relación con la alegación de improcedencia del recurso de protección por existir una acción establecida en el artículo 19 N° 16 de la carta fundamental, para su rechazo basta con considerar que tal norma consagra el derecho a la libertad de trabajo y su protección, materia ajena a la que se discute en estos autos, además de no contemplar ninguna acción e reclamo ante los tribunales como lo afirma la parte recurrida.

En cuanto a la extemporaneidad del recurso por cuanto el recurrente habría tenido conocimiento de la integración del Tribunal de Honor el 26 de julio de 2023 en tanto el arbitrio se interpuso superando con exceso el plazo establecido en el Auto acordado sobre la materia, cabe señalar que de acuerdo con lo expuesto por el recurrente, el acto que reclama es aquel que le impuso la sanción de censura por escrito el 28 de marzo de 2024, que le fue notificado el 4 de abril del mismo año, en tanto que el recurso se interpuso el 4 de mayo, esto es, dentro del plazo establecido.

Décimo: Que cabe ahora referirse a las garantías constitucionales que se denuncian amagadas. A este respecto se debe destacar que artículo 19 Nº 3 inciso quinto de la Constitución Política de la República mandata que “Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por esta"; agregando, el siguiente inciso, en su primera parte, que “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado”.

Undécimo: Que resulta importante consignar que la facultad de que es titular una asociación privada para aplicar medidas disciplinarias a sus miembros, mediante la denominada “jurisdicción doméstica”, no solo responde a la ley que la rija y estatutos que la gobiernan sino que obedece al reconocimiento constitucional que el inciso tercero del artículo 1º de la Carta Política hace de los grupos intermedios, a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad, y a los cuales se les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos, lo que a su turno debe ser relacionado con la libertad de asociación que consagra su artículo 19 Nº 15, concibiéndosela como un derecho fundamental que arranca de la naturaleza esencialmente sociable del ser humano.

Duodécimo: Que, con todo, bien apunta la doctrina que del indiscutible basamento constitucional de la llamada “jurisdicción doméstica”, no es posible deducir que las asociaciones intermedias tienen facultades jurisdiccionales ilimitadas o absolutas, “puesto que ellas siempre deben enmarcarse dentro de lo preceptuado por la propia Carta Fundamental (…). En este sentido, y por ello resulta peligroso radicar la jurisdicción doméstica sólo en la ley, omitiendo el precepto constitucional señalado, no puede interpretarse lo preceptuado en los artículos 553 y 554 del Código Civil como una autorización absoluta o ilimitada para que los estatutos definan, sin más limitación que la autoimpuesta por la autonomía de la voluntad, la competencia de los órganos de control interno, asumiendo incluso las potestades que corresponden, exclusiva y excluyentemente a los Tribunales de Justicia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 73 inciso 1° de la Ley Suprema” [actual artículo 76]. (Miguel Ángel Fernández González, “Recurso de Protección y Jurisdicción Doméstica: un principio de solución”, Revista Chilena de Derecho Vol. 26 Nº 3, p. 768.)

La misma doctrina citada subraya que “la locución sentencia debe ser entendida en sentido amplio, o sea, como sinónimo de cualquier resolución o decisión adoptada por el órgano que ejerce jurisdicción y éste es todo órgano con competencia para pronunciar el derecho aplicable al caso que se le haya planteado, sea estatal o privado y, entre los primeros, integre o no el Poder Judicial”. (Op. cit., p. 772). El mismo autor añade que “(…) comisión especial no es sólo aquel tribunal que no se ha constituido, con anterioridad, por la ley, sino que cualquiera que, de facto, se atribuye el ejercicio de la jurisdicción. Por ende, la violación de cualquier requisito, condición o garantía mínima de un procedimiento racional y justo, aun por los tribunales ordinarios oportunamente constituidos por la ley, importa erigir a dicho tribunal en comisión especial vedada por la Constitución”. (Op. cit., pp. 775 y 776).

Así las cosas, la doctrina en comentario concluye: “comisión especial es la que, de modo individual o colectivo, se arroga la facultad de tribunal sin serlo, ejerciendo de hecho la jurisdicción que la Constitución reserva a los órganos imparciales e independientes creados con carácter permanente por la ley. Conforme a dicha definición, menester resulta consignar que la locución tribunal empleada por la Constitución debe comprenderse en sentido amplio, esto es, como sinónimo de órgano jurisdiccional y no reducida al órgano judicial, incluyéndose, entonces, los órganos que ejercen jurisdicción doméstica”. (Op. cit., p. 776)

Decimotercero: Que confirmando lo expuesto es evidente que la Constitución Política de la República, al establecer el recurso de protección por vulneración de la garantía prevista en el inciso quinto del numeral 3 del artículo 19, no hizo distingo alguno en cuanto al ámbito de su aplicación. En efecto, la garantía constitucional que prohíbe ser juzgado por comisiones especiales es de aplicación amplia, extendiéndose la obligación de no atentar contra ella no solo al legislador y a cualquier autoridad, sino que también a otros particulares que actúen en la vida jurídica. Ello, desde el momento que la Carta Política constituye una fuente de Derecho cuya aplicación directa e inmediata resulta imperativa no solo para cualquier órgano público, sino que también para los gobernados en las relaciones jurídicas que los vinculen entre sí, al tenor de lo prevenido por el inciso segundo de su artículo 6º, en cuanto preceptúa que “los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo”.

Decimocuarto: Que, asimismo, es del caso recordar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece garantías mínimas en torno a esta materia, preceptuando en el N° 1 de su artículo 8 que: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

En este mismo contexto, la Corte Suprema ha resuelto que “las garantías del racional y justo procedimiento exigen que las sanciones se impongan siempre luego de desarrollado el correspondiente proceso disciplinario, que debe contar con etapas claras, donde los involucrados puedan hacer sus descargos y contrastar sus versiones con la de los otros involucrados, disponiendo de un lapso en el que, asimismo, puedan aportar sus medios de convicción en otros involucrados, disponiendo de un lapso en el que, asimismo, puedan aportar sus medios de convicción en apoyo de sus descargos, de modo tal que en definitiva la resolución que se adopte conlleve el pleno y real respeto de la dignidad de los involucrados y de los derechos que ésta supone”. (SCS Rol Nº18.453-2019)

Decimoquinto: Que, vinculado a lo ya razonado, el máximo tribunal ha señalado que “aun cuando se trate de un conflicto entre particulares que debe resolverse dentro de las reglas propias de esa asociación, se hace indispensable que las partes en disputa se encuentren en igualdad de condiciones para que dicha diferencia pueda ser resuelta a través de los medios que resulten jurídicamente adecuados, situación que no se verifica en el caso sub lite (…) Que, así las cosas, puede concluirse que la decisión adoptada por la Asamblea de Socios de la organización recurrida resultó ser caprichosa, desproporcionada y contraria a la razón o buen juicio, circunstancias que permiten calificarla de arbitraria, vulnerando la garantía constitucional del numeral 3°, inciso quinto del artículo 19 de la Carta Fundamental”. (SCS Rol Nº143-2020).

En la misma línea, se ha resuelto también por el mismo tribunal que “para que un procedimiento sancionatorio pueda ser calificado de racional y justo en los términos del artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, exige como condiciones mínimas que haya sido tramitado ante la autoridad competente y de conformidad con el procedimiento previsto en la ley o el estatuto respectivo, en las que debe garantizarse: el amplio acceso a los antecedentes en que se sustenta el procedimiento disciplinario por parte del investigado, la posibilidad de conocer de los cargos y defenderse, rendir pruebas, conocer el dictamen y la sentencia que se pronuncie a su respecto, recurrir a una instancia superior y, en todo ello, contar con la posibilidad de ser asistido por un defensor letrado, con el propósito de conocer y entender los cargos”, destacándose que si ello no ha acontecido, se configura “una arbitrariedad que priva al recurrente de la garantía del artículo 19 N°3, inciso 5°, de la Carta Fundamental”. (SCS Rol Nº3862- 2019)

Decimosexto: Que, en primer término, cabe destacar que la organización recurrida no tiene establecido un procedimiento para los efectos de conocer, juzgar y sancionar las faltas éticas y disciplinarias en las que incurran sus asociados, situación de especial gravedad si se considera que el objetivo es evitar la arbitrariedad en la imposición de sanciones por el órgano competente.

Como aparece de lo referido en el razonamiento quinto de esta sentencia, de conformidad con el artículo 38 de los Estatutos del Colegio de Kinesiólogos de Chile “El Reglamento de Ética y el Reglamento de Disciplina contemplarán los procedimientos que las Salas respectivas del Tribunal de Honor deberán emplear al conocer de las materias que le sean sometidas. Estos procedimientos deberán estar informados en las normas del justo proceso considerando, entre otras materias, las notificaciones a los afectados, la oportunidad y plazos para formular descargos, la ponderación de la prueba y el contenido mínimo de la sentencia o fallo”.

Pues bien, como se desprende del correo acompañado por el recurrente -referido en el considerando séptimo de este fallo- tales reglamentos no existen en la actualidad, de manera que el procedimiento usado por la recurrida para sancionar al señor nombre reservado es uno creado especialmente por el Tribunal de Honor para cada caso en particular, ya que no existe evidencia de que se trate de uno que se emplee siempre, en todos los casos en que ese ente ejerza sus facultades jurisdiccionales.

Tal ausencia de reglamentación no se subsana con lo dicho por la entidad recurrida en el mismo correo antes referido, en cuanto a que en “cada caso se estudia, investiga, analiza y plantea sanciones de acuerdo a los Estatutos y Código de Ética vigentes del Colegio, teniendo como principio básico el resguardo de los derechos tanto del denunciante como del denunciado, la imparcialidad, la ponderación y el apego estricto al espíritu a esos preceptos, aspectos que fueron entregados en el documento que se le hizo llegar al momento de comunicar la sanción”, por cuanto ello no resiste ningún análisis si se considera que, sin procedimiento, no hay manera de controlar al órgano que sanciona.

Decimoséptimo: Que en cuanto a la exigencia constitucional de que “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”, si bien no se discute que el Tribunal de Honor que decidió la sanción que se recurre por esta vía está contemplado en los Estatutos del Colegio de Kinesiólogos de Chile, y su conformación data del 28 de junio de 2021, fecha en la que se llevó a cabo la Asamblea Extraordinaria citada para tal efecto, en los hechos se conformó como una comisión especial.

Es así como en su oportunidad, cuando se reunió el Tribunal de Honor para analizar la denuncia presentada por el señor nombre reservado, atendida la inhabilidad que plantearon algunos de sus miembros quedó sin integrantes suficientes para los efectos de formar la comisión que efectuaría la investigación -instancia que tampoco está contemplada en los Estatutos, Código de Ética o Reglamentos- de manera que se recurrió a la figura de un “Fiscal” y un “Secretario”, justificando tal proceder en la sola circunstancia que en otras oportunidades se había actuado de esa manera -respecto de lo cual no existe ninguna evidencia en estos antecedentes-.

En el mismo sentido, previo al pronunciamiento del Tribunal de Honor que aplicó la sanción de censura por escrito al recurrente, dos de sus integrantes -señoras Elbo y Pinto- “validaron” el informe efectuado por el fiscal –instancia tampoco establecida previamente en algún reglamento- y, luego, formaron parte del aparato que en definitiva castigó al señor nombre reservado por hechos, que como se dirá no se encuentran establecidos, lo que constituye una irregularidad más en el procedimiento sancionatorio.

Esta circunstancia, por sí sola, es motivo suficiente para estimar que se configuró una vulneración a la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 3, inciso 5° de la Carta Fundamental, toda vez que el recurrente tuvo que presentar sus descargos ante un tribunal que no estaba debidamente establecido con anterioridad de los hechos investigados, irregularidad que puso en conocimiento de la recurrida al dar respuesta a las preguntas que se le formularon como una suerte de “declaración”, sin que la recurrida se haya hecho cargo de tal imputación de manera alguna.

Decimoctavo: Que en otro orden de consideraciones la “sentencia” que resolvió la aplicación de la sanción no fundamentó de manera alguna su decisión. No estableció hechos, no señaló porque se estimó que la actuación del recurrente produjo una vulneración al Código de Ética, no indicó cuales eran los antecedentes o medios probatorios que se tuvieron en vista para decidir, por cuanto la sola referencia al informe del fiscal y a la “validación” referida no son suficientes para dar por cumplida tal exigencia.

Se ha señalado por los tribunales superiores de justicia que la necesidad de motivación de las sentencias permite el control de la actividad jurisdiccional por parte de la opinión pública, cumpliendo así con el requisito de publicidad; logra el convencimiento de las partes, elimina la sensación de arbitrariedad y establece su razonabilidad, al conocer el por qué concreto de la resolución; permite la efectividad de los recursos; y pone de manifiesto la vinculación del juez a la ley. (Mosquera Ruiz, Mario y nombre reservado, Los Recursos Procesales, Editorial Jurídica de Chile, año 2010, p. 253).

El análisis se hace desde este punto de vista por cuanto, no obstante estar establecido en los estatutos que los reglamentos deben determinar las exigencias de las decisiones de los órganos correspondientes, no existen aquellos que hayan establecido la forma que deben tener las sentencias que dicte el Tribunal de Honor en el ejercicio de sus funciones.

La ausencia de motivación en la decisión del referido tribunal no permite entender por qué se aplicó la sanción si se estimó que las imputaciones que fueron motivo de la denuncia que dio inicio al procedimiento se desestimaron. Se hace alusión a que se trataría de información que surgió en el curso de la investigación y que, al parecer, se trataría de la intervención del recurrente en la interposición de un recurso de protección en contra del Colegio de Kinesiólogos de Chile, respecto de lo cual no se indica ningún antecedente, no se precisa cómo se comprobó que el señor nombre reservado participó en ello, ni menos se precisó la manera en que ello configuraba la infracción al artículo 25 del Código de Ética, que fue la norma que se estimó agredida por el actuar del recurrente respecto del cual, reiteramos, no se conoce cuál es.

Lo anterior tenía gran importancia si se considera que los hechos que motivaron el procedimiento tuvieron lugar el año 2021, en tanto que la denuncia y la investigación se inició solo el año 2023. Si bien en el acta respectiva se discutió tal circunstancia, no se dejó constancia de las razones que se estimaron para seguir con el proceso no obstante la antigüedad de lo ocurrido. Lo anterior cobra relevancia cuando se constata que en la resolución que se recurre se hace un “llamado de atención” al señor nombre reservado en relación con la oportunidad en la cual hizo la denuncia, personero que es el presidente del Colegio de Kinesiólogos de Chile, y por ende, se presume su conocimiento de la manera en que este tipo de investigaciones se debe llevar a cabo, sobre todo en cuanto a su celeridad, atendida la presunta “gravedad” de lo denunciado.

Decimonoveno: Que atendido lo reflexionado resulta palmario que en la aplicación de la medida de censura por escrito de que fue objeto el recurrente, el Tribunal de Honor actuó como una comisión especial, explícitamente repelida por el texto constitucional, con infracción a lo dispuesto en el inciso quinto del numeral 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, vulnerándose, además, la garantía de igualdad ante la ley prevista en el numeral 2 de dicho precepto, por lo que el recurso de protección deducido debe ser acogido en la forma que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección interpuesto don nombre reservado en contra del Colegio de Kinesiólogos de Chile, sólo en cuanto se deja sin efecto la medida de censura por escrito que se le aplicó.

Acordado con el voto en contra del Ministro señor Tomás Gray Gariazzo, quien al no compartir lo indicado en los fundamentos decimoséptimo a décimo noveno del fallo, estuvo por rechazar la acción constitucional deducida, estimando que el acto recurrido no es ilegal ni arbitrario, al haberse sometido la entidad recurrida a la normativa interna que le es aplicable en la especie.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese estos autos.

Redacción del ministro Rodríguez Moreno y de su disidencia, su autor.

N°Protección-12292-2024.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por el Ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno, el Ministro señor Tomás Gray Gariazzo y la Abogada Integrante señora Catalina Infante Correa. No firma el Ministro señor Rodríguez Moreno no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con feriado legal.

En Santiago, treinta de enero de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.