nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE

Santiago a diecisiete de septiembre del año dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, en contra de la Comunicación Electrónica Folio N°97533217, de 13 de abril de 2026, mediante la cual se le informó que no cumplía los requisitos legales para postular a carta de nacionalización, por registrar obligaciones tributarias pendientes o no haber demostrado estar exento de ellas. Expone que ingresó al país por paso habilitado, inicialmente en calidad de turista, obteniendo posteriormente residencia temporal y luego residencia definitiva, y que el 23 de septiembre de 2024 presentó su solicitud de carta de nacionalización, acompañando, según afirma, los antecedentes requeridos, entre ellos su cédula de identidad, contratos de trabajo, cotizaciones previsionales, antecedentes penales y certificado de deuda emitido por la Tesorería General de la República. Señala que entre la presentación de la solicitud y la comunicación impugnada transcurrieron aproximadamente un año, seis meses y veintiún días y que, finalmente, la autoridad resolvió no continuar su tramitación por estimar incumplido el artículo 4° del Decreto Supremo N°5.142 de 1960.

Sostiene que la decisión resulta ilegal y arbitraria, pues la obligación tributaria considerada por la recurrida correspondía a una deuda morosa de $1, monto que califica de ínfimo y que afirma haber pagado posteriormente, manteniendo, en lo demás, una correcta conducta financiera y encontrándose al día en sus obligaciones tributarias y previsionales. Alega que una deuda de dicha entidad no resulta suficiente para impedir la continuación de su solicitud y que la autoridad debió considerar la posibilidad de subsanar la observación, especialmente atendido que los organismos estatales involucrados tendrían acceso a información actualizada mediante mecanismos de interoperabilidad. Añade que acompañó al recurso el certificado de deuda que registra la obligación por $1, el comprobante de su pago y un certificado posterior de la Tesorería General de la República que señalaría que actualmente no mantiene deuda.

Argumenta, asimismo, que la decisión vulnera el debido proceso administrativo, al carecer, en su concepto, de una fundamentación suficiente y no observar los principios de objetividad, imparcialidad, juridicidad y pro homine. Señala que la Administración no puede ejercer sus atribuciones discrecionales de manera arbitraria y que la decisión de impedir la tramitación de la carta de nacionalización por una deuda de $1 carecería de racionalidad y proporcionalidad. En cuanto a la garantía constitucional afectada, invoca particularmente la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución, afirmando haber recibido un trato desigual respecto de otros solicitantes que, encontrándose en iguales circunstancias, habrían obtenido una respuesta formal respecto de sus peticiones. Agrega que una interpretación excesivamente literal y formal de los requisitos administrativos no puede traducirse en afectación de derechos fundamentales y que exigirle presentar una nueva solicitud, después del tiempo ya transcurrido desde septiembre de 2024, contrariaría los principios de economía procedimental y racionalidad administrativa. En definitiva, solicita que se acoja el recurso, se deje sin efecto la comunicación recurrida y se ordene al Servicio Nacional de Migraciones dar continuidad a la solicitud de carta de nacionalización, pronunciándose sobre ella dentro de un plazo razonable y conforme a los principios que invoca, con expresa condena en costas.

Segundo: Que informa el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, por estimar que no existe acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace alguna de las garantías protegidas por el artículo 20 de la Constitución. Como antecedentes, señala que don nombre reservado, nacional de Venezuela, ingresó a Chile el 18 de diciembre de 2017 por paso fronterizo habilitado y que, una vez cumplidos los requisitos correspondientes, mediante Resolución Exenta N°89670, de 15 de mayo de 2020, obtuvo residencia definitiva. Añade que el 23 de septiembre de 2024 presentó solicitud de carta de nacionalización, registrada bajo el ID 70934597, y que mediante Comunicación Electrónica Folio N°97533217, de 13 de abril de 2026, se le informó que no reunía los requisitos exigidos por la legislación vigente, específicamente por registrar obligaciones tributarias pendientes o no haber demostrado encontrarse exento de ellas, circunstancia que impedía continuar la tramitación, sin perjuicio de poder presentar una nueva solicitud una vez satisfechos los requisitos legales. Precisa, además, que el recurrente permanece en situación migratoria regular y mantiene vigente su residencia definitiva.

Explica que la carta de nacionalización constituye, según su naturaleza jurídica, una concesión constitucional otorgada por el Estado por gracia, previo cumplimiento de las exigencias establecidas en la normativa aplicable. Cita al efecto el artículo 10 de la Constitución Política de la República, el artículo 84 de la Ley N°21.325 y el Decreto Supremo N°5.142 de 1960. Indica que el artículo 1° de este último cuerpo normativo establece que la nacionalización es otorgada por el Presidente de la República mediante decreto refrendado por el Ministerio del Interior, mientras que la Ley N°16.436 contempla entre las materias correspondientes al Ministro del Interior el otorgamiento o denegación de cartas de nacionalización. Añade que el artículo 2° del Decreto Supremo N°5.142 contempla los requisitos mínimos que deben reunir los extranjeros para postular, entre ellos la edad, el tiempo de residencia en Chile y la titularidad de permanencia definitiva, correspondiendo a la autoridad efectuar la calificación de la respectiva solicitud.

En relación específicamente con el motivo por el cual no se dio curso a la solicitud, informa que el recurrente mantenía obligaciones tributarias pendientes o, en su defecto, no había acreditado estar exento de ellas, remitiéndose al artículo 4° del Decreto Supremo N°5.142. Explica que dicha disposición exige acompañar un certificado del Servicio de Impuestos Internos que acredite que el solicitante se encuentra al día en sus obligaciones tributarias o legalmente exento de ellas y que, para verificar este requisito, se requiere el certificado de deudas emitido por la Tesorería General de la República y la carpeta tributaria del Servicio de Impuestos Internos. Señala que, al efectuar su solicitud, el recurrente acompañó un Certificado de Deuda de la Tesorería General de la República de 29 de julio de 2024, en el cual constaba una deuda líquida, razón por la cual, a juicio del Servicio, no cumplía el requisito establecido en el referido artículo 4°.

Agrega que corresponde al Servicio Nacional de Migraciones recibir la solicitud y efectuar un examen de admisibilidad previo antes de remitir los antecedentes a la Subsecretaría del Interior, de manera que, al constatarse que el solicitante no reunía uno de los requisitos exigidos, correspondía comunicarle que la presentación no podía ser acogida a trámite. En tal sentido, sostiene que su actuación se limitó a aplicar la normativa vigente y que el interesado conserva la posibilidad de presentar una nueva solicitud cuando reúna la totalidad de las exigencias legales.

Finalmente, descarta la existencia de una actuación ilegal o arbitraria y la vulneración de la igualdad ante la ley invocada por el recurrente. Señala que éste se mantiene en situación migratoria regular, con residencia definitiva vigente, y que la presentación de una solicitud de carta de nacionalización genera únicamente una expectativa, pues su otorgamiento no es automático, sino que se encuentra sujeto al cumplimiento de los requisitos legales y a la correspondiente decisión de la autoridad. Por ello, sostiene que no se ha privado, perturbado ni amenazado ninguna de las garantías comprendidas en el artículo 20 de la Constitución y solicita, en definitiva, rechazar íntegramente el recurso de protección, así como la condena en costas solicitada en contra del Servicio.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que la presente acción constitucional se encamina a establecer la afectación a la garantía de igualdad ante la ley y el debido proceso, en razón de haberse declarado que no cumplía los requisitos legales para su solicitud de carta de nacionalización mediante la Comunicación Electrónica Folio N°97533217, de 13 de abril de 2026, en base a la existencia de una deuda tributaria asociada a la parte recurrente.

Quinto: Que, conforme dispone el artículo 84 de la Ley N°21.325, el otorgamiento de la nacionalidad chilena se rige por lo establecido en el Decreto Supremo N°5.142, de 1960, del Ministerio del Interior.

A su turno, el artículo 4° N°3 del referido Decreto Supremo establece, entre los antecedentes que deben acompañarse a la solicitud de carta de nacionalización, un certificado que acredite que el solicitante se encuentra al día en el pago de sus obligaciones tributarias o que está legalmente exento de ellas.

Sexto: Que en la especie la recurrida sostiene que, al analizar los antecedentes asociados a la parte solicitante, constató la existencia de un certificado emitido por la Tesorería General de la República que registraba deudas, circunstancia que estimó incompatible con el requisito establecido en el artículo 4° N°3 del Decreto Supremo N°5.142.

Séptimo: Que, de esta forma, la decisión impugnada aparece fundada en la constatación efectuada por el Servicio Nacional de Migraciones, a partir de los antecedentes tributarios acompañados en el procedimiento, de que la parte solicitante no acreditaba encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, requisito exigido por el artículo 4° N°3 del Decreto Supremo N°5.142 para dar curso a la solicitud de carta de nacionalización, respecto de lo cual también presentó antecedentes que lo justifican y que pudo verificar esta Corte.

En consecuencia, al verificar la autoridad la falta de uno de los requisitos previstos por la normativa que regula la materia, comunicó a la parte recurrente la imposibilidad de continuar con la tramitación de su solicitud, informándole, además, que podía presentar una nueva petición dando cumplimiento a los requisitos legales correspondientes.

Tal estado de cosas obliga a concluir que la acción de protección no es la vía idónea para resolver lo que por este arbitrio se solicita, considerando que ella no constituye una instancia declarativa de derechos, sino de tutela de aquellos que, siendo indubitados, se encuentran afectados por alguna acción ilegal y o arbitraria, presupuestos que en autos no se configuran, desde que aquello que el recurrente afirma como satisfecho, la autoridad recurrida lo niega.

Octavo: Que, por consiguiente, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad en el acto impugnado, por cuanto ha sido dictado por la autoridad competente, dentro de sus atribuciones y con estricto apego a la normativa vigente y la Ley N°19.880 de bases de los procedimientos administrativos, desde que la decisión impugnada se sustenta en el incumplimiento que la autoridad constató respecto de uno de los requisitos establecidos en la normativa aplicable a la solicitud de carta de nacionalización, por lo que la presente acción no puede prosperar.

Noveno: Que, a mayor abundamiento, no puede soslayarse que la carta de nacionalización es una gracia que concede el Estado a quienes cumplen con los requisitos para ello, constituyendo este procedimiento el ejercicio del derecho de petición de los ciudadanos, por lo que a la actora no le asiste un derecho indubitado para exigir un pronunciamiento favorable en su favor, por todo lo cual se desechará la acción a su respecto.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol 12.290-2026 Protección