Protección contra Sociedad Educacional nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, uno de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

I.- En cuanto al ingreso Protección-1229-2025:

PRIMERO: Que, comparecen doña nombre reservado, por su hijo nombre reservado, y doña nombre reservado, por su hijo nombre reservado, ambos menores de edad y estudiantes del establecimiento nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Sociedad Educacional nombre reservado, representada por su rector don nombre reservado.

Solicitan dejar sin efecto la cancelación/no renovación de matrícula 2025 que —afirman— fue dispuesta en contravención de la normativa educacional y sin procedimiento racional y justo, afectando la integridad y el derecho a la educación de los niños.

En cuanto a los antecedentes que motivan el recurso, y respecto del adolescente nombre reservado, quien en el año 2024 cursaba 6° básico A; se describen “faltas leves propias de la etapa”, perfil personal positivo y compromiso familiar con el proyecto educativo.

En primer lugar, el 5 de noviembre de 2024, el Colegio comunicó por correo una “investigación interna por venta/compra de vapeadores”. En diálogo familiar, nombre reservado reconoce haber tenido un vaper en su casa y haberlo vendido fuera del Colegio meses antes, negando haberlo llevado al establecimiento. Reitera lo mismo en la reunión que sostuvo con el Colegio que el menor no participó en los hechos investigados dentro del plantel.

Afirma que no hubo notificación de apertura de protocolo, oportunidad de descargos, cierre ni medidas de resguardo; tampoco determinación clara de tipificación/gradualidad conforme al RICE.

Refiere que, pese a lo anterior, se impone la medida de condicionalidad a nombre reservado (reunión dirigida por “Head of Middle Section”); el 22 de noviembre de 2024, el padre apeló por escrito, alegando ausencia de respuesta y denuncia la desproporción de la medida.

Añade que, como consecuencia extracurricular, a su hijo se le excluyó del torneo de fútbol y de instancias del equipo, lo que se califica como doble sanción y afectación emocional.

Refiere que el Colegio, para efectos de fundar la medida disciplinaria, agregó como antecedente una foto a un docente que se habría quedado dormido; por lo que también se controvierte su relevancia y conexión con la medida extrema.

Además, describe distanciamiento con un compañero (nombre reservado) — quien sí habría estado involucrado en ventas dentro del colegio— y que no habría recibido medidas equivalentes.

Denuncia por otro lado dos increpaciones de la madre del compañero y una amenaza en redes atribuida a un tercero; lo que se informó al Colegio y se alega de su parte la inacción en activar los Protocolos y denunciar los hechos.

Hace presente que, en el último día de clases, se le comunicó la no renovación de la matrícula de nombre reservado, otorgándole 5 días para apelar al rector; y que, presentado dicho recurso; con fecha 20 de diciembre pasado se dispuso a mantener la decisión de cancelación de matrícula.

Respecto del menor nombre reservado, señala que, el 21 de noviembre de 2024, se informó a su madre que nombre reservado habría vendido vapeadores dentro del colegio y se impone condicionalidad.

Sostiene que no hubo notificación de apertura de protocolo, descargos, ni descripción precisa de hechos; cuestiona la calificación como “vendedor” y relata que encontró dos vapeadores tirados en el patio, que vendió de ocasión comprando una bebida, imputándole al Colegio una falta de cuidado del entorno.

Argumenta que el establecimiento debió activar protocolos (alcohol/drogas, accidentes escolares, PISE) frente a la presencia de vapeadores en dependencias.

Arguye un impacto en la salud mental de su hijo, por lo que solicitó el cierre del año desde 29 de noviembre de 2024, por indicación psiquiátrica.

Afirma que, pese al cierre de año, con fecha 13 de diciembre de 2024 se comunicó la cancelación de la matrícula para el año escolar 2025; justificándose dicha decisión en un “Cierre de Protocolo de Bullying” informado recién en esa entrevista.

Denuncia ausencia de apertura, descargos, prueba y oportunidad de defensa, calificó la medida como desproporcionada e irregular. Apeló de esa decisión el día 17 de diciembre del año 2024, la que se rechazó el día 26 de ese mismo mes y año.

En ambos casos, se alega la falta de debido proceso, lo que se tradujo en la inexistencia de la notificación de inicio, audiencia/descargos, determinación clara de la falta y su gradualidad; apelaciones no atendidas; tipificación confusa y disparidad en trato sancionatorio.

Por otro lado, argumenta que comunicar la medida en el mes de diciembre recién pasado, habría hecho imposible la re-matriculación, además afirma que no se observaron protocolos de bullying/maltrato, alcohol/drogas, vulneración de derechos y resguardos no activados; ausencia de plan de trabajo propio de la condicionalidad.

Denuncian como garantías afectadas las de los numerales 1 (integridad psíquica), 2 (igualdad y no discriminación), 11 (libertad de enseñanza y derecho de los padres a escoger establecimiento; conexión con derecho a educación) y 24 (propiedad sobre derechos incorporales vinculados al status de estudiante y relación educacional).

Terminan solicitando que se declare que la recurrida incurrió en acto ilegal y/o arbitrario al cancelar/no renovar la matrícula de nombre reservado y nombre reservado; que se asegure la matrícula 2025 de ambos; y que se condene en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que los abogados don Patricio de la Fuente Encina y don Rodrigo Díaz Ahumada, en representación de la recurrida, evacuaron informe, solicitando el rechazo del presente arbitrio, con costas.

Exponen, en lo pertinente, que el Colegio es un establecimiento particular pagado, con proyecto educativo valórico (católico) y que actuó dentro de sus facultades legales y reglamentarias.

Señalan que, en el marco del proyecto educativo, la condicionalidad y la no renovación se insertan en un proceso educativo y disciplinario que incluye entrevistas, actas y seguimiento; negando que en la especie se trate de un “hecho aislado” o “sorpresivo”.

Respecto de la situación del alumno nombre reservado, señalan faltas vinculadas a venta de vapeadores (junto a otros alumnos) y episodios de hostigamiento a compañeros, aludiendo a testimonios de otros alumnos sobre insultos y amenazas en recreos y redes sociales, fomentando el temor de aquellos a asistir a clases.

Hacen presente que se informó la no renovación 2025 por D-2 (agresión verbal/psicológica), entregándose una carta e indicándole que tenía un plazo de 10 días para apelar.

En lo tocante al alumno nombre reservado, manifiestan que con fecha 21 de noviembre de 2024, se entrevista a su apoderada; el Colegio afirma venta de vapeadores en el establecimiento y aplica condicionalidad. Luego, pese a estar condicional, registra nueva conducta D-2 (“agredir verbal/gestual/física/psicológicamente”), lo que gatilló la no renovación de su matrícula para el año escolar 2025.

Se destaca un historial de anotaciones que, según el colegio, imposibilita sostener el vínculo educacional.

Sostienen que el Colegio aplicó el RICE y Protocolos de Convivencia (bullying, disciplina) con debido conocimiento de los apoderados, y resolvió por los órganos internos previstos (Dirección/ “Consejo de Profesores”), no por “Comisiones Especiales”, y que la decisión descansa en hechos (actas, entrevistas, Cartas N° NUM000/NUM005/NUM006/NUM007/NUM008/NUM009, etc.) y en la protección de la Comunidad Escolar.

Agregan que, tratándose de un establecimiento particular pagado, el vínculo se rige por un contrato de Prestación de Servicios Educacionales Anual (cláusula 10: vigencia hasta fin de 2024) y por el RICE (cláusula 7: deber de cumplir PEI/RICE), por lo que la renovación no es un derecho adquirido, sino mera expectativa; ambas partes pueden no renovar conforme a la autonomía de la voluntad.

Terminan solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

TERCERO: Que, previo a la solicitud de informe, la Superintendencia de Educación remitió el ORDINARIO 13DR N° NUM001, de 8 de agosto de 2025, informando el estado de las denuncias respecto de los estudiantes nombre reservado y nombre reservado

Expone que, del referido se desprende el itinerario fiscalizador y sancionatorio: (i) 10 de abril de 2025, por Resolución Exenta N° NUM002, la Dirección Regional instruye procedimiento administrativo sancionatorio y designa fiscal instructora; (ii) 5 de junio de 2025, la fiscal formula cargos por “Sostenedor no aplica correctamente su Reglamento Interno y/o protocolos” (Acto Adm. N° NUM003), otorgando plazo de descargos; (iii) 7 de agosto de 2025, por Resolución Exenta N° NUM004, se aprueba el proceso, se confirman cargos y se aplica sanción de 70 UTM a beneficio fiscal.

Sostiene que, en lo fáctico del cargo formulado por la SIE (folio 47, 1229-2025), se hace constar que en noviembre–diciembre de 2024, el establecimiento impuso condicionalidades (cartas N° NUM000/NUM005/NUM006) y no renovaciones (cartas N° NUM007/NUM008/NUM009) sin acreditar notificación de inicio del proceso sancionatorio ni oportunidad real de descargos; las apelaciones no registran respuesta formal —más allá de las cartas N° NUM010/NUM011/NUM012, sin respaldo de envío—; se consignan actas del Comité de Convivencia (13.11.2024) por indagación sobre “vaper” y activación de protocolo de bullying (09.12.2024) con entrevistas incompletas, y disparidad sancionatoria entre involucrados, todo ello vinculado a eventuales infracciones al DFL N° 2/2009 (art. 46 letra D), REX SIE N° 482/2018 (debido proceso/proporcionalidad) y Dcto. N° 315/2010.

II.- En cuanto al ingreso Protección-1278-2025:

CUARTO: Que, el 17 de enero de 2025, comparece doña nombre reservado, por sí y en representación de su de hijo de 12 años nombre reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Sociedad Educacional nombre reservado y del director del establecimiento educacional nombre reservado, don nombre reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Carta N° NUM011 de 20 de diciembre de 2024, a través de la cual se determina mantener la medida de no renovación de la matrícula para el año 2025 de su hijo, lo que perturba y amenaza el legítimo ejercicio de las garantías consagradas en el artículo 19 N°s 1, 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que su hijo fue sancionado durante noviembre del año 2024, con la condicionalidad de su matrícula por una falta que involucró a varios alumnos, en la que nunca se estableció su participación con pruebas, sanción que intentó impugnar sin éxito al no concedérsele una reunión al respecto.

Refiere que, posteriormente, se le atribuyó a su hijo otra infracción gravísima, que es el fundamento para la cancelación de la matrícula, consistente en “agredir verbal, gestual, física o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad escolar”, basada en una denuncia constitutiva de “bullying” formulada por la familia de otro estudiante nombre reservado, decisión en contra de la cual apeló el 18 de diciembre de 2024, en la cual aporta una serie de antecedentes que permiten determinar la improcedencia de la medida adoptada, que no fueron considerados, dictándose en consecuencia la carta N°NUM011, de 20 de diciembre de 2024, que rechazó la referida apelación.

Sostiene que, en definitiva, el establecimiento educacional aplicó la sanción referida sin cumplir con las normas y procedimientos establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, por cuanto no basta la mera afirmación de que el estudiante ha cometido una falta gravísima, sino que la decisión debe ser la conclusión de un procedimiento que otorgue garantías mínimas.

A este respecto, afirma que la condicionalidad que afectaba a su hijo nunca quedó asentada, por cuanto nunca se concretó la reunión que a dicho respecto solicitó, lo que implica una vulneración al debido proceso.

Agrega que la supuesta agresión que sirve de fundamento para la cancelación de matrícula no es efectiva, y que ningún error conductual de su hijo ha tenido la magnitud ni proporcionalidad de ser calificado como “bullying”, lo que es confirmado por el propio reglamento al indicar que “no toda conducta violenta es bullying o acoso escolar; es por esto que contamos con un protocolo que permite identificar y especificar a qué tipo de situación nos estamos enfrentando”, sin embargo, el establecimiento educacional no ha hecho nada para identificar y especificar la situación en concreto.

Asegura que el recurrido no dio cumplimiento al procedimiento contemplado en el Protocolo, y enuncia, entre otras: (i) se citó inicialmente a los apoderados para notificarlos de un eventual procedimiento, sin indicar respecto a qué hechos se trataba y donde nunca se realizó una reunión; (ii) no hay constancia de entrevistas con los alumnos involucrados, ni derivación de estos a otros profesionales (psicólogo escolar, encargado de convivencia, etc.); (iii) luego de recopilada la información, no se investigó ni se pidieron más antecedentes en la línea de que los acusados pudieran ser los victimarios; (iv) no hay constancia de un acta de comunicación e información a los alumnos sobre las consecuencias de sus actos conforme al RICE; (v) no hay constancia de reuniones ni informes del Comité de Convivencia Escolar o, de existir, no se hicieron llegar a los apoderados; (vi) no existe un razonamiento debidamente fundado que explique por qué y cómo se llega a la decisión de no renovación de la matrícula; (vii) si los hechos fueron catalogados como graves o gravísimos, no se hizo la denuncia correspondiente a los Tribunales de Familia, Fiscalía, Carabineros o PDI de acuerdo a la ley vigente N°20.536 de la Superintendencia de Educación; (viii) nunca se remitió por el Colegio carta de notificación de la determinación de falta gravísima y; (ix) la investigación fue parcial, al no considerar ni investigar los antecedentes aportados por su parte respecto a amenazas que habría sufrido su hijo.

Agrega que, a la fecha del recurso, desconoce si el Colegio cumplió con su obligación de poner en conocimiento de la autoridad educacional la decisión de cancelación de matrícula.

De otra parte, sostiene que la sanción también es desproporcionada, por cuanto no se condice con el hecho que le sirve de fundamento, máxime considerando que fue adoptada el 13 de diciembre de 2024 y confirmada el día 20 del mismo mes y año, en contravención al artículo 6° letra d) del Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 1998 del Ministerio de Educación, que dispone que “no se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un período del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional”.

Previa referencia a las garantías que entiende afectadas y a jurisprudencia, pide ordenar que se deje sin efecto la cancelación de matrícula del niño nombre reservado y que se le permita completar su proceso de matrícula para el periodo escolar 2025, o bien, que la cancelación de matrícula sólo sea efectiva a contar del año 2026, con costas.

QUINTO: Que, la recurrida evacuó informe solicitando rechazo del recurso con costas, invocando: (a) la naturaleza contractual del vínculo en establecimientos particulares pagados; (b) que la renovación de matrícula constituye mera expectativa y no derecho adquirido; (c) que eventuales incumplimientos contractuales deben ventilarse ante la justicia ordinaria, no por vía cautelar de protección. Cita jurisprudencia (Rol 894-2003) en tal sentido.

En cuanto a los hechos y evidencias, sostiene que actuó conforme al RICE y Protocolos, y que la decisión final obedeció a procesos de Convivencia Escolar (incluido bullying) y Consejo de Profesores, acompañando: Acta convivencia bullying diciembre del año 2024; acta evidencia bullying noviembre del año 2024; entrevistas a apoderada y estudiantes; carta de condicionalidad (noviembre del año 2024); y cartas de no renovación, entre otros.

Solicita el rechazo del recurso en todas sus partes con costas SEXTO: Que, informando la Superintendencia de Educación, en primer lugar, hace referencia a su competencia y normativa sectorial, señalando a su respecto que, conforme a Ley N° 20.529 (SAC), fiscaliza el ajuste a normativa educacional y atiende denuncias; respecto de particulares pagados, fiscaliza en caso de denuncia.

Aclara que no tiene facultad para ordenar la reincorporación de estudiantes, pero sí para instruir procedimiento sancionatorio si constata infracciones, de conformidad a los artículos 66 a 86 de la Ley 20.529, sobre Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación y su Fiscalización.

Señala que se presentó de denuncia respecto del alumno nombre reservado, la que quedó signada bajo el folio NUM013, ingresada el 29 de enero de 2025, la que cuestiona condicionalidad y posterior cancelación/no renovación, por falta de debido proceso, proporcionalidad y desatención de bullying.

Entre las gestiones de la Superintendencia, refiere que, con fecha 17 de marzo de 2025: la Unidad de Protección de Derechos Educacionales - UPDE- determinó presuntas transgresiones a normativa educacional y lo derivó a Fiscalización, por lo que el 28 de marzo de 2025 se agendó fiscalización y se constataron infracciones relativas a debido proceso.

Sostiene que, el 10 de abril de 2025, se instruyó un proceso administrativo sancionatorio derivándolo a la Fiscalía de la Superintendencia, encontrándose actualmente asignado a un Fiscal Instructor para decidir sobre la formulación de cargos.

Afirma que, según el Sistema de Información General de Estudiantes -SIGE-, el alumno no figura matriculado como alumno regular en ningún establecimiento a esa fecha.

III.- En cuanto a ambos ingresos:

SÉPTIMO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

OCTAVO: Que es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

NOVENO: Que los actos que se tildan como arbitrarios e ilegales y vulneratorio de garantías constitucionales amparados del artículo 20 del Constitución Política de la República, lo constituyen las decisiones del Colegio recurrido de no renovar la matrícula para el año 2025 de los NNA nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

DECIMO: Que son hechos que pueden darse por acreditados con los documentos proporcionados por las partes, los que son apreciados de acuerdo con la sana critica:

I.- EN CUANTO AL NNA nombre reservado a) con fecha 21 de noviembre del año 2024, se le notifica la condicionalidad por faltas que dicen relación con la venta de vaper. b) con fecha 22 de noviembre del año 2024, apela de dicha medida. c) con fecha 6 de diciembre el año 2024, los padres del menor denuncian los hostigamientos que sufre su hijo de parte de otro compañero del colegio. d) el día 13 de diciembre del año 2024, se entrevista a los padres y se les comunica que, a su hijo, se la sanciona con la no renovación de matrícula para el año 2025, por agresión verbal y sicologica. e) con fecha 16 de diciembre del año 2024, los padres del menor dedujeron recurso de apelación contra la medida anterior. f) con fecha 20 de diciembre del año 2024, el Colegio desestima el recurso de apelación. g) El día 9 de enero del año en curso, se le comunica a los padres que se deja sin efecto la matricula del NNA y deben retirar el dinero que pagaron por aquélla. h) El día 10 de enero del año 2025, los padres presentan la denuncia ante la Superintendencia de Educación, por la situación que se produjo con el Colegio y la sanción disciplinaria. i) El informe psicológico realizado al menor señala que, a raíz de los hechos que se vio involucrado y la decisión de apartarlo del Colegio, lo pone en grave riesgo por su estado y bienestar emocional.

II.- EN CUANTO AL NNA nombre reservado: j) Con fecha 18 de noviembre del año 2024, se le notifica por Carta N° NUM005 que queda en situación de condicionalidad por infracción al D14, esto es, “cualquier acción que atente en contra de la dignidad, integridad y seguridad de las personas” k) el día 21 de noviembre del año 2024, se registra una entrevista con los padres del menor. l) el día 13 de diciembre del año 2024, se registra entrevista con los padres y además por Carta N° NUM007 se le comunica la no renovación de la matricula por “agresión verbal sicologica”, informándole de la posibilidad de deducir recurso de apelación. m) el día 17 de diciembre del año 2024, se dedujo recurso de apelación por los padres. n) el día 16 de diciembre del año 2024, se rechazó por el Colegio, el recurso de apelación. ñ) el día 10 de enero del año 2025, se presentó por los padres, una denuncia ante la Superintendencia de Educación. o) El menor sufre de trastornos de carácter psicológico.

II.- EN CUANTO AL NNA nombre reservado p) Por Carta de N°NUM006 de 18 de noviembre del año 2024, se le comunica la condicionalidad del menor a sus padres por estar relacionado con la venta de vaper. q) el día 13 de diciembre del año 2024 por Carta N ° NUM009, se le comunica que se decidió no renovar la matrícula por falta grave al Reglamento. s) el día 18 de diciembre del año 2024, se dedujo recurso de apelación. t) el día 26 de diciembre del año 2024, por Carta N° NUM011, se comunicó el rechazo del recurso apelación. u) el día 21 de enero del año 2025, la madre del menor se presenta ante la PDI de Lo Barnechea una denuncia por las publicaciones que afectan su hijo de parte de nombre reservado realizada en redes sociales. t) La madre del menor presentó una denuncia ante la Superintendencia de Educación en conta del Colegio, por las graves infracciones que habría incurrido al decidir no renovar la matrícula de su hijo, proceso que se encuentra pendiente.

UNDECIMO: Que, en primer lugar, debe tenerse presente que, de acuerdo con la Ley General De Educación y con la modificación introducida por la ley N°20.536, el legislador se ha preocupado de regular las relaciones de convivencia entre los distintos miembros de la Comunidad Escolar, estableciendo ciertos principios básicos necesarios para el desarrollo integral de sus estudiantes, así como también regula lo que es el acoso escolar y las obligaciones de las autoridades educativas en cuanto a su investigación como también las sanciones que deben contemplarse en el Reglamento Interno. Así se lee del artículo 16, en sus letras A,B,C y D de la ley antes citada.

DUODECIMO: Que acorde con lo anterior, el articulo 46 letra f) de la ley en comento, contempla expresamente que es obligación de los Establecimientos Educacionales: “Contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar. Dicho reglamento, en materia de convivencia escolar, deberá incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan falta a la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. De igual forma, establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. En todo caso, en la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el justo procedimiento, el cual deberá estar establecido en el reglamento.”

DECIMO TERCERO: Que la aplicación práctica de lo que se viene exponiendo es, en primer lugar, que cada Establecimiento Educacional, debe contar con un Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) el que debe ponerse en conocimiento de todos los miembros de la Comunidad Educativa, el que debe contemplar, entre otros, procedimientos en caso de faltas a las conductas de buena convivencia y sanciones acordes a las infracciones que deben encontrarse debidamente descritas.

DECIMO CUARTO: Que, desde esta perspectiva, dichos procesos disciplinarios deben contemplar normas mínimas que garanticen los derechos y deberes de cada uno de los miembros de dicha Comunidad Escolar, tales como, la comunicación del inicio de un procedimiento disciplinario, los cargos que se le imputan, la posibilidad de efectuar descargos y de acompañar los antecedentes necesarios para el resguardo de sus derechos. También que las medidas disciplinarias que se apliquen estén acordes a las infracciones y la existencia de recursos que permitan impugnar la decisión.

DECIMO QUINTO: Que de todo lo que se viene exponiendo aparece con nitidez que, a cada uno de los alumnos en favor de quienes se recurre, el Colegio nombre reservado le impuso dos medidas disciplinarias en un lapso no superior a 30 días- la condicionalidad y posterior no renovación de matrícula-, sin que pueda advertirse que, para llegar a tal decisión, el recurrido haya cumplido con las garantías mínimas que se ha hecho alusión precedentemente, aun cuando se alega un apego estricto al Protocolo y Reglamento del Colegio, no hubo, en la especie, un procedimiento sancionatorio, salvo que se le permitió impugnar las medidas disciplinarias impuestas mediante un recurso de apelación, siendo esta claramente insuficiente por la falta de claridad de quien resuelve y los fundamentos que se tiene en vista para resolver el recurso.

DECIMO SEXTO: Que, en efecto, si bien el Colegio recurrido acompañó el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), de su lectura, aparece que contempla las diversas medidas que puede adoptar el Colegio, las infracciones en las que se puede incurrir; la descripción de los hechos constitutivos de alguna infracción que amerite una sanción, pero carece- como ya se explicitó- de un procedimiento que garantice los derechos mínimos sobre todo si se tiene en consideración que, en la especie, se adoptó una de aquellas más graves como es la no renovación de matrícula de los recurrentes para el año 2025, considerando además que, en la fecha de esta decisión - en el mes de diciembre del año 2024-, las posibilidades de encontrar un nuevo establecimiento educacional eran mínimas, pues es un hecho público y notorio que los procesos de admisión de estos, a esa fecha ya se encuentran concluidos.

DECIMO SEPTIMO: Que, a lo que se viene señalando, deben agregarse dos hechos que no dejan de ser relevantes. El primero que, no obstante, la denuncia que se hizo ante el Colegio por el acoso que eran objeto los hijos de los recurrentes por parte de otro alumno, mediante redes sociales, no hay constancia que este- teniendo obligación de hacerlo- haya realizado una investigación al respecto como tampoco si se consideró este hecho al momento de adoptar las sanciones en contra de los NNA recurrentes. El segundo que, al poner en conocimiento los hechos ante el ente fiscalizador- la Superintendencia de Educación-, se iniciaron dos procesos sancionatorios en contra del Colegio; y, en el caso de la denuncia por las medidas adoptadas respecto de los alumnos nombre reservado y de nombre reservado, luego de concluido el proceso, se dictó con fecha 7 de agosto del año en curso, la Resolución Exenta N° NUM002, que sancionó al recurrido con el pago de una multa, a beneficio fiscal de 70 UTM, por infracción al artículo 46 letra D) del DFL N°2 del año 2009, el que todavía está pendiente el conocimiento de los recursos que contempla la ley. En el caso de la denuncia en el caso del menor nombre reservado, este procedimiento todavía se encuentra en fase de investigación.

DECIMO OCTAVO: Que en consecuencia, no cabe sino concluir que la medida disciplinaria que se ha objetado de parte de las recurrentes, ha sido adoptada en contravención a la normativa de educación, pues no ha habido un proceso que haya resguardado las garantías mínimas de defensa de parte de estos, lo que ha llevado a que se ha privado a los NNA a mantenerse en su Establecimiento Educacional y la decisión-la más grave que se contemple en el RICE-, carece de sustento y excediendo los parámetros previstos por el legislador, provocando en estos, una clara y evidente afectación a su integridad psíquica y sicológica ya que frente a una situación de esta naturaleza, se han visto desprotegidos e impedidos de resguardar y defender sus derechos.

DECIMO NOVENO: Que por todo lo que se ha razonado, este arbitrio será acogido, por lo que se adoptarán las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, como se expondrá en la parte resolutiva.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGEN, CON COSTAS, las acciones de protección deducidas en contra del Colegio nombre reservado y en favor de los NNA nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.; y, en consecuencia, se deja sin efecto la medida disciplinaria de no renovación de matrícula para el presente año 2025, debiendo procederse a la reincorporación de estos, en calidad de alumnos regulares de dicho Colegio.

Redacción de la ministra señora Marisol Andrea Rojas Moya.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

No firma la ministra (S) señora Carolina Bustamante, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado su suplencia.

N° Protección-1229-2025 (Acum. Protección-1278-2025).