Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, once de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparecen nombre reservado y Óscar Andrés Fielbaum Villegas, abogados, en favor de don nombre reservado, de nacionalidad ecuatoriana, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la negativa a la debida tramitación de la solicitud de refugio del recurrente y el envío de los antecedentes respectivos a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado.

Argumentan que don nombre reservado es un ciudadano ecuatoriano que se vio forzado a escapar de su país de origen debido a la violencia generalizada, los conflictos internos y la violación masiva de los derechos humanos, saliendo de su país el 5 de julio de 2022 e ingresando a Chile el 8 de julio de 2022. Si bien en el recurso original se indicó ingreso por pasos no habilitados, posteriormente la parte recurrente aclaró que el ingreso fue en calidad de turista, por paso habilitado (Chacalluta), lo que consta en el formulario de solicitud de refugio.

Una vez en territorio nacional, con fecha 07 de marzo de 2025, el recurrente acudió a las dependencias del Servicio Nacional de Migraciones para solicitar el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Sin embargo, no ha vuelto a ser contactado por la autoridad migratoria recurrida y tampoco le ha sido aún otorgada la visación de residente temporario, prescrita en el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N° 20.430.

Sostienen que la omisión del Servicio ha causado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República. Citan el derecho a buscar y recibir asilo como derecho humano fundamental (artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 5° de la Constitución Política de la República), el principio de No Devolución (artículo 4° Ley N° 20.430) y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

Finalizan solicitando que se acoja el recurso y, en su mérito, se ordene al Servicio Nacional de Migraciones la conclusión del procedimiento administrativo de reconocimiento de la condición de refugiado de la parte recurrente, dándole curso, y se conceda la correspondiente visa temporaria de refugio.

SEGUNDO: Que, el Servicio Nacional de Migraciones, al evacuar su informe, solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, alegando que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal. Expone que don nombre reservado, de nacionalidad ecuatoriana, registra como única fecha de ingreso al país el día 8 de julio de 2022, a través del paso fronterizo Paso de la Concordia. Agrega que, al formalizar su solicitud de refugio, el extranjero señaló que su ingreso a Chile ocurrió por medio de paso fronterizo no habilitado.

Indica que, con fecha 29 de octubre de 2024, el recurrente manifestó ante la autoridad migratoria su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado.

Verificados los requisitos formales, con fecha 7 de marzo de 2025, mediante Resolución Exenta N° NUM000, el Servicio Nacional de Migraciones comunicó al extranjero que no fue posible dar curso a su solicitud, toda vez que no cumplía con uno de los requisitos formales establecidos en la Ley N° 20.430, relativo a exceder el plazo de 7 días desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG (artículo 26, inciso quinto, de la Ley N° 20.430). Ante ello, el Servicio otorgó un plazo de 15 días hábiles al recurrente para acompañar antecedentes que permitiesen subsanar la situación.

Expresa que, con fecha 20 de marzo de 2025, el extranjero recurrente acompañó documentación adicional, la cual no resultó suficiente. Por lo anterior, mediante Resolución Exenta N° NUM001, de fecha 27 de marzo de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones tuvo por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado debido al incumplimiento de los requisitos formales. En consecuencia, afirma la autoridad que la solicitud de refugio se encuentra finalizada, por lo cual alega que la acción de protección carece de oportunidad y eficacia, al no existir actualmente un acto u omisión arbitrario o ilegal que vulnere garantías constitucionales.

TERCERO: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aun inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, la omisión que se califica de ilegal y arbitraria por el recurrente lo constituye la negativa, por parte del Servicio Nacional de Migraciones, a la debida tramitación de la solicitud de refugio de don nombre reservado y el envío de los mismos a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado.

QUINTO: Que, conforme con lo anteriormente expuesto y razonado, y el mérito de los antecedentes tenidos a la vista, aparece que el recurso no puede prosperar, habiendo perdido su oportunidad y fundamento. En efecto, de los informes y documentos acompañados por la recurrida, consta que el Servicio Nacional de Migraciones sí dio curso a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de don nombre reservado. Específicamente, se verificó el cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud, identificándose una omisión del plazo legal establecido en el artículo 26, inciso quinto, de la Ley N° 20.430, respecto de la presentación de la solicitud dentro de los siete días hábiles siguientes al ingreso al país.

Asimismo, consta que mediante Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 07 de marzo de 2025, el Servicio informó al recurrente esta situación, otorgándole un plazo de quince días hábiles para subsanar dicha falta. Posteriormente, tras la presentación de antecedentes adicionales por parte del recurrente con fecha 20 de marzo de 2025, y la evaluación de los mismos, se concluyó que no eran suficientes para subsanar los requisitos formales.

En consecuencia, a través de la Resolución Exenta N° NUM001, de fecha 27 de marzo de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones tuvo por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. De lo anterior se desprende que no existió una "negativa a la debida tramitación" ni una "omisión" por parte de la autoridad recurrida, sino que, por el contrario, se llevó a cabo un procedimiento administrativo que culminó con una resolución fundada en el incumplimiento de requisitos formales legalmente establecidos. En esta perspectiva, el Servicio Nacional de Migraciones actuó conforme a sus atribuciones y la normativa aplicable, evaluando la solicitud y emitiendo pronunciamientos administrativos en las distintas etapas del proceso. El hecho de que la decisión final no sea favorable al recurrente no implica que haya existido un acto u omisión arbitrario o ilegal en la tramitación misma.

Por lo tanto, al haberse sustanciado el procedimiento administrativo de reconocimiento de la condición de refugiado y haberse emitido una resolución final por parte de la autoridad competente, la pretensión principal del recurso, consistente en ordenar la debida tramitación y conclusión del procedimiento, ha dejado de tener un objeto actual, pues el procedimiento ya se tramitó y concluyó administrativamente. En este contexto, la presente acción constitucional ha perdido su oportunidad, pues el hecho fundante que motivó su interposición, esto es, la alegada omisión en la tramitación, ha desaparecido.

SEXTO: Que, habiendo perdido oportunidad el presente recurso, procede su rechazo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA la acción deducida en favor de don nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-12281-2025.