Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, tres de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 27 de mayo de 2025, comparecen los abogados Franco Aldo Brunetti Arredondo y Óscar Andrés Fielbaum Villegas, en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien deduce acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en la negativa a la debida tramitación de la solicitud de refugio de la recurrente, vulnerando así las garantías consagradas en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, referida a la igualdad ante la ley.

Menciona como antecedentes de su recurso que la representada se vio forzada a escapar de su país de origen e ingresar a Chile por un paso inhabilitado, debido a que su libertad y seguridad fueron amenazadas por la violencia, los conflictos internos, la violación de derechos humanos y otras circunstancias que han perturbado gravemente el orden público en Venezuela. Precisa que las razones para huir de su país se relacionan con el grave deterioro económico, político y social, y el hecho de que el padre de sus hijos, don nombre reservado, quien trabajaba con el gobierno, fue asesinado el 12 de julio de 2013, después de negarse a participar en actos de corrupción. A causa de esta situación, la recurrente, temiendo por su vida, tuvo que huir de Venezuela el 18 de septiembre de 2020, ingresando a Chile diez días después, el 28 de septiembre de 2020.

Expone que en Chile ha logrado encontrar bienestar económico y que tiene un hijo de tres años de edad de nacionalidad chilena.

Asimismo, señala que con fecha 23 de octubre de 2024, doña nombre reservado se presentó ante la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones para solicitar el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiada, entregando el formulario correspondiente y recibiendo su declaración.

Sin embargo, precisa que hasta la fecha de interposición del recurso no ha vuelto a ser contactada ni se le ha otorgado la visación de residente temporario, a pesar de estar prescrita en el artículo 32, inciso primero, de la Ley N°20.430, lo que considera un trato discriminatorio en comparación con otros extranjeros.

Cita, para respaldar su acción, las normas contenidas en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 5° de la Constitución Política de la República, y el artículo 4° de la Ley N°20.430 que establece el principio de No Devolución. Adicionalmente, invoca los artículos 32 y 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de las Naciones Unidas.

Pide en definitiva, que se tenga por interpuesto el recurso, se admita a tramitación y, en definitiva, se acoja. Solicita que se declare que la autoridad ha actuado de manera arbitraria e ilegal y que se le ordene concluir el procedimiento de solicitud de refugio, otorgándole la visación temporaria mientras se evalúa su caso.

SEGUNDO: Que, con fecha 1 de julio de 2025, comparece el abogado Javier Muñoz Reyes, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, quien evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo de la presente acción.

Expone como antecedentes que, revisados los registros, no consta que la recurrente haya ingresado por pasos habilitados, por lo que su ingreso al país fue de forma clandestina, lo que se corrobora con un parte policial de fecha 21 de enero de 2021. Menciona que no cuenta con registros de que la recurrente haya solicitado refugio en la frontera.

Precisa que el 18 de junio de 2024, la recurrente manifestó su intención de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, siendo citada para el 23 de octubre de 2024, fecha en la que concurrió y se le entregó el formulario.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal, ya que la solicitud de la señora nombre reservado no cumplía con los requisitos formales mínimos establecidos en la Ley N°20.430 y su reglamento, por exceder el plazo de 7 días desde el ingreso para presentarse ante el Servicio y por mantener un ingreso por paso no habilitado, sin presentar los antecedentes que acrediten los plazos establecidos en el Decreto Supremo N°837. Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, puesto que, al no haber cumplido la recurrente con los requisitos formales, se le otorgó un plazo de 15 días hábiles para subsanar la falta, mediante Resolución Exenta N°NUM000 de fecha 23 de octubre de 2024. Al no subsanar la documentación requerida, se dio por concluida la tramitación, resolviendo el desistimiento de su solicitud a través de la Resolución Exenta N°NUM001 de fecha 5 de noviembre de 2024.

Solicita, en definitiva, que se tenga por evacuado el informe y se rechace la acción de protección en todas sus partes, por considerar que no existe ni ha existido una acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de la autoridad administrativa, y que, al estar resuelto el procedimiento administrativo, la acción ha perdido toda oportunidad.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, analizados los antecedentes que obran en la causa, en especial el informe evacuado por el Servicio Nacional de Migraciones y los documentos acompañados por ambas partes, queda acreditado que la Resolución Exenta N° NUM001, mediante la cual se tuvo por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la amparada, fue dictada por la autoridad competente conforme a la normativa aplicable. En particular, se observa que la recurrente ingresó de manera irregular el 28 de septiembre de 2020 y manifestó formalmente su intención de solicitar refugio ante el Servicio Nacional de Migraciones recién el 23 de octubre de 2024, excediendo con creces los plazos establecidos en el artículo 26, inciso 5° de la Ley N° 20.430 (7 días hábiles desde el ingreso al país) y el artículo 8 y 35 del Decreto Supremo N° 837 (referido a la presentación ante la autoridad para quienes ingresan irregularmente).

Asimismo, consta que, a pesar de que la solicitud inicial no cumplía con los requisitos formales mínimos, la autoridad recurrida otorgó un plazo de 15 días hábiles a la recurrente, mediante Resolución Exenta N° NUM000 de fecha 23 de octubre de 2024, para subsanar las observaciones formuladas, bajo apercibimiento de tenerla por desistida, de conformidad con el artículo 28 bis inciso 3° de la Ley N° 20.430 y el artículo 31 de la Ley N° 19.880. Sin embargo, la documentación presentada por la amparada no permitió subsanar las deficiencias formales detectadas, en especial el incumplimiento de los plazos legales para la presentación de su solicitud.

QUINTO: Que, en tales condiciones, debe concluirse que el acto que se impugna se ajusta a derecho, dado que fue dispuesto como consecuencia de la tramitación de un procedimiento administrativo sujeto, formal y sustantivamente, a las disposiciones normativas aplicables. La autoridad actuó dentro de sus facultades al constatar el incumplimiento de requisitos formales y, posteriormente, al conceder un plazo para su subsanación. Ante la falta de subsanación efectiva por parte de la recurrente, el desistimiento de la solicitud se produjo en estricta aplicación de la ley.

SEXTO: Que, en definitiva, no existe actuación ilegal o arbitraria por parte del Servicio Nacional de Migraciones que cause privación, perturbe o amenace la igualdad ante la ley o cualquier otra garantía constitucional de la recurrente. La autoridad migratoria actuó en conformidad con la legislación vigente, y la conclusión del procedimiento mediante el desistimiento fue una consecuencia directa de la inobservancia de los requisitos legales y plazos por parte de la solicitante. De ello se sigue que no se configura en la especie la vulneración de la garantía constitucional invocada del artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, razón por la cual la presente acción constitucional no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional de protección interpuesta en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-12279-2025.