Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, quince de octubre de dos mil veinticinco.

Al folio 9; a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparecen nombre reservado y Óscar Andrés Fielbaum Villegas, abogados, en favor de nombre reservado, pasaporte NUM000 (Venezuela), de nacionalidad venezolana, e interponen acción de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la negativa a recibir la solicitud de refugio con sus respectivos antecedentes y el envío de los mismos a la Secretaría Técnica Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, lo regulado en el artículo 26 y siguientes de la Ley sobre Protección de Refugiados Nº20.430.

Exponen que ingresó al territorio nacional por un paso no habilitado, entre la frontera entre Perú y Chile el 13 de enero del 2025, huyendo de su país, el tratante se trasladó a Santiago; posteriormente, el 10 de febrero de 2025, concurrió a las dependencias de la Policía de Investigaciones de Chile, para realizar su autodenuncia por ingreso clandestino, sin recibir su tarjeta de extranjero infractor.

Refieren que con fecha 28 de abril de 2025, la recurrente de autos recibió la Resolución Exenta NUM001, que lo tuvo por desistida de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, presentada con fecha 1 de abril de 2025, sin haber realizado de manera previa la correspondiente derivación de los antecedentes del caso a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, omisión con la que sólo se consigue entrampar el proceso iniciado por ella.

Lo anterior, fundado en que excedió el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones, según lo establecido en el artículo 26 de la ley 20.430; no obstante, afirma que posteriormente, subsanó su solicitud el 16 de abril del año en curso.

Sostienen que en la especie, no ha habido efectivo desistimiento de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, por cuanto la actora no ha manifestado de manera expresa, en ningún momento del proceso, su intención o voluntad de abandonar efectivamente la pretensión que le motiva a haber realizado su solicitud. De hecho, agrega que la interposición de la presente acción constitucional por parte de la solicitante- recurrente de autos, en defensa de su garantía conculcada, es prueba más que evidente del aserto anterior.

Arguyen que tampoco puede inferirse del caso de autos que ella se ha “desistido” tácitamente de la solicitud ingresada a la autoridad migratoria recurrida, por cuanto no existe norma legal alguna que consagre dicha alternativa o posibilidad.

Aducen que se vulnera el principio de proporcionalidad, dado que constituye claramente un despropósito administrativo y jurídico la medida adoptada por el Servicio Nacional de Migraciones, al tener por desistida la solicitud de la recurrente -vulnerando abiertamente el artículo 52 del Decreto N° 837, norma que expresamente refiere que el desistimiento debe ser individual, expreso y voluntario, junto con realizar una torcida interpretación de los artículos 6° de la Ley N° 20.430 y 8° del Decreto N° 837-, otorgando a dicha medida mayor importancia que a la específica realidad humanitaria y Migratoria de ella, que incluye la grave falta de impedir el reconocimiento de su evidente condición de refugiado.

Alegan que tampoco le ha sido aún otorgada a la actora la visación de residente temporario, prescrita bajo el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N° 20.430 Citan como garantía constitucional conculcada la igualdad ante la ley, consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, puesto que la autoridad administrativa ha realizado un acto arbitrario que no está contemplado en la ley, negándose sin fundamento alguno y de forma arbitraria a la posibilidad de realizar la manifestación de la intención de obtener el refugio. Este proceder importa una discriminación en relación con el trato dispensado a otros extranjeros que, en situación jurídica equivalente, habían podido tramitar regularmente al menos, hasta junio de 2018 sus solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados. Cita jurisprudencia en el sentido que indica.

Solicitan se acoja el recurso, y en consecuencia, se deje sin efecto la Resolución Exenta NUM001, de fecha 28 de abril 2025, que la tuvo por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la recurrente de autos, resolviendo también que se ordene la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio, prescrita bajo el artículo 32, inciso 1° de la Ley N° 20.430, mientras se espera la evaluación, por parte de una comisión calificada, de la recurrente.

SEGUNDO: Que evacúa informe el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción de protección.

Señala que, en sus registros, consta que la recurrente habría ingresado por paso fronterizo no habilitado Colchane, con fecha 13 de enero de 2025; no constando que ella hubiese manifestado, a la autoridad contralora, su intención de solicitar refugio en frontera, pese a que dicha posibilidad se encuentra contemplada en el artículo 36 del Decreto N°837, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que establece disposiciones sobre protección de refugiados.

No obstante, afirma que la actora el 10 de febrero de 2025, solicitó a esa autoridad la condición migratoria de refugiado en solicitud ID NUM002, siendo citada a su correo electrónico que debía concurrir a la oficina del Departamento de Refugio y Protección Internacional ubicada en San Antonio N°580, comuna de Santiago, el día 1 de abril de 2025, a las 09:00 horas, para poder dar inicio a su solicitud.

Asevera que, en esa fecha, ella concurrió a la oficina señalada anteriormente, para iniciar su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. En dicha atención, el funcionario habilitado que atiende al extranjero levanta un acta en donde la recurrente acompañó copia de correo electrónico de Policía de Investigaciones de Chile, de fecha 20 de enero de 2025, en el cual se señala que la declaración voluntaria de ingreso clandestino habría sido recibida correctamente para revisión.

Indica que esa data se le realizó a la extranjera la entrevista de admisibilidad; y realizada la primera revisión de los documentos aportados por ella, mediante Resolución Exenta NUM003, de 1 de abril de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones le informó que no se ha podido dar lugar a la solicitud, toda vez que no ha cumplido con los requisitos formales mínimos de la Ley y Reglamento de Refugio, por exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante dicho Servicio, según lo establecido en el artículo 26 de la ley 20.430.

Añade que se le otorgó un plazo de 15 días hábiles, bajo el apercibimiento de tener por desistida la solicitud; acompañando el 16 de abril del año en curso, una serie de documentos que indica, pero, mediante Resolución Exenta NUM001, de fecha 28 de abril de 2025, se hizo efectivo el apercibimiento teniéndose por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, toda vez que la extranjera no presentó documentación que permitiera entender por subsanados los requisitos formales faltantes mencionados con anterioridad.

Destaca que la actora señala en su solicitud que el motivo por el cual solicita que se le reconozca la condición de refugiado en Chile es por motivos económicos, en búsqueda de mejores oportunidades y por reunificación familiar, señalando además señala que en ningún momento vivieron alguna situación de discriminación, violencia o de amenazas.

Hace presente que esa autoridad migratoria no ha dictado sanción migratoria alguna en contra de la parte recurrente.

Indica que, el 20 de febrero de 2024, se publicó y entró en vigencia la Ley N° 21.655, que modifica la Ley Nº20.430, para establecer una etapa inicial del procedimiento de determinación de la condición de refugiado, que realizó importantes modificaciones a la tramitación del procedimiento, estableciendo nuevos requisitos para la admisibilidad y formalización de una solicitud de refugio, en especial con la modificación de los artículos 2, 3, 6, 26 y 32, junto con la incorporación de los artículos 28 bis y 28 ter.

Indica que, con relación al procedimiento administrativo vigente, se encuentra regulado principalmente por la Ley N°20.430, la Ley N°21.665 que la modificó, el Decreto N°837 que fija su Reglamento, y algunas normas de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería. Detalla que la presentación de una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado se encuentra especialmente regulada en el artículo 26 de la Ley N°20.430, conforme al cual toda persona se encuentra habilitada para solicitar en Chile el reconocimiento de la condición de refugiado, con independencia de su condición migratoria, siempre que se encuentre en territorio nacional.

A continuación, precisa que, si un extranjero ha realizado entrada al territorio nacional por paso no habilitado y desea solicitar refugio en Chile, deberá previamente presentarse ante la autoridad migratoria para informar de su ingreso irregular al país, ello conforme lo establecido en el artículo 8 del Decreto N°837, de 2011, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; además agrega que dicha autoridad competente corresponde a la Policía de Investigaciones.

Sumado a lo anterior expresa que se comunicó a la recurrente que previo a formalizar su solicitud de ingreso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiada, debía concurrir ante la entidad contralora referida, con el objeto de poner en conocimiento de su ingreso y estancia en el territorio nacional a la autoridad mandatada por la propia ley especial a controlar el ingreso y egreso de los extranjeros al país, y de estimarse pertinente, la adopción de alguna medida de control.

Finaliza solicitando el rechazo del recurso, y en su caso, que esa parte no sea condenada en costas.

TERCERO: Que esta Corte ha señalado reiteradamente que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio..

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

CUARTO: Que en primer término, debe tenerse presente que lo denunciado mediante esta acción cautelar es la Resolución Exenta NUM001, de fecha 28 de abril 2025, que resolvió tener por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la recurrente de autos.

QUINTO: Que, el artículo 26 inciso quinto de la ley 20.430, dispone: “La solicitud de reconocimiento deberá ser presentada en el plazo de siete días hábiles, contado desde el ingreso del solicitante al territorio nacional”.

Por su parte el artículo 35 de decreto 837 que establece el reglamento de la Ley 20.430, dispone: “Los extranjeros que hubiesen ingresado en forma clandestina, indocumentada o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona podrán solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 bis, habiendo cumplido previamente con lo establecido en el artículo 8°, inciso primero, de este reglamento”. Por su parte, el artículo 8° inciso primero señala: “Los extranjeros que hubieren ingresado irregularmente al país o cuya residencia actual fuere irregular y deseen formalizar una solicitud de refugio, deberán presentarse ante la autoridad migratoria correspondiente, dentro de los 10 días siguientes de producida la infracción, alegando una razón justificada para ello”.

SEXTO: Que, no siendo un hecho discutido que el extranjero ingresó al país por paso no habilitado el 13 de enero de 2025, y que manifestó ante la autoridad migratoria su intención de acceder a refugio el 10 de febrero de 2025, es posible concluir que resulta aplicable lo dispuesto en las normas indicadas en el artículo anterior, y no habiéndose acreditado el cumplimiento de la autodenuncia ante la autoridad policial respectiva, de esta manera, el proceder del recurrido se encuentra debidamente ajustado a las disposiciones de la Ley 20.430 y su Reglamento, atendido que el actor no dio cumplimiento a lo requerido en el plazo que le fue concedido, sin que se advierta que la actuación del recurrido sea ilegal o arbitraria, motivo por el cual el presente arbitrio será desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Nº Protección-12.278-2025.

Se deja constancia que esta sentencia reúne los presupuestos para ser anonimizada, de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 44-2020 de la Excma. Corte Suprema.