nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, fundado en que ésta habría efectuado descuentos ilegales y arbitrarios sobre su remuneración. Expone que el 28 de octubre de 2022 contrató con la recurrida el crédito social código N°041CON103600555, por un monto de $9.754.224, pagadero en 48 cuotas mensuales de $327.156, cuyo pago se efectuaría mediante descuentos por planilla. Señala que en marzo de 2025 salió del país por motivos personales, permaneciendo fuera de Chile por un período prolongado, durante el cual no mantuvo vínculo laboral ni se practicaron descuentos, regresando en septiembre de ese año e iniciando una nueva relación laboral dependiente en diciembre de 2025. Refiere que en enero de 2026 no se efectuó descuento alguno, pero que el 29 de marzo siguiente advirtió en su liquidación de remuneraciones correspondiente a dicho mes un descuento por concepto de crédito social ascendente a $755.583, suma que excedería ampliamente la cuota mensual convenida.

Agrega que, al revisar sus antecedentes, tomó conocimiento de la existencia de otro crédito social, código N°208COS100183494, por un monto aproximado de $2.308.548, pactado en 24 cuotas, que manifiesta no recordar haber solicitado ni contratado. Sostiene que el descuento cuestionado resulta ilegal y arbitrario, por haberse efectuado sin acuerdo previo, información suficiente ni justificación respecto de su monto, excediendo tanto las condiciones originalmente pactadas como los límites aplicables a los créditos sociales. Invoca al efecto el artículo 22 de la Ley N°18.833, el artículo 58 del Código del Trabajo, el Dictamen N°04954-2018 y la Circular N°2824 de la Superintendencia de Seguridad Social, afirmando que el monto máximo susceptible de descontarse corresponde al 25% de la remuneración líquida mensual. Añade que su remuneración ascendía a $2.439.472 y que los $755.583 descontados representaban aproximadamente un 30,97% de ella. Estima vulneradas las garantías contempladas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República y solicita que se declare ilegal y arbitraria la actuación de la recurrida, ordenándose el cese y restitución del descuento efectuado y de aquellos practicados durante la tramitación del recurso o, subsidiariamente, la restitución de la diferencia que exceda del máximo permitido, con costas.

SEGUNDO: Que, informando la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solicita el rechazo del recurso. Expone que el recurrente mantiene dos operaciones de crédito social. La primera, código N°041CON103600555, fue otorgada el 28 de octubre de 2022 por un capital inicial de $9.754.224, a una tasa mensual de 1,83%, pagadero en 48 cuotas de $327.156, con primer vencimiento el 31 de marzo de 2023; agrega que, producto de la morosidad, el 30 de abril de 2026 el actor reprogramó dicha deuda por $7.219.216, en 46 cuotas de $267.128. La segunda operación, código N°208COS100183494, habría sido otorgada el 30 de diciembre de 2022 por un capital inicial de $2.308.548, a una tasa mensual de 2,05%, pagadero en 24 cuotas de $128.279, con primer vencimiento el 31 de marzo de 2023, y también habría sido reprogramada por el recurrente el 30 de abril de 2026, por un saldo de $1.674.845, en 22 cuotas de $103.534.

Sostiene que ambas obligaciones se encuentran vigentes y son actualmente exigibles, fundando la procedencia de los descuentos en los artículos 19, 21 y 22 de la Ley N°18.833. Explica que el descuento por planilla constituye un mecanismo legal de pago inherente al régimen de crédito social y no una gestión de cobranza extrajudicial ni una actuación discrecional de la Caja, correspondiendo al empleador deducir de la remuneración las cantidades adeudadas, retenerlas y remesarlas a la entidad acreedora. Añade que la prescripción no opera de pleno derecho y debe ser alegada y judicialmente declarada, por lo que, mientras ello no ocurra, las obligaciones continúan siendo exigibles. Niega la vulneración del derecho de propiedad, por estimar que las deducciones se encuentran legalmente autorizadas, y sostiene asimismo que la existencia de acciones judiciales de cobranza no impide el descuento por planilla, pues éste constituye un mecanismo de pago establecido directamente por el legislador. Pide, por tanto, el rechazo de la acción por no existir acto ilegal o arbitrario.

Posteriormente, mediante resolución de 25 de agosto de 2026, esta Corte, estimando indispensable contar con mayores antecedentes para una adecuada relación, ordenó a la recurrida ampliar su informe dentro de quinto día y explicar concretamente cómo se componía la suma de $755.583 descontada de la remuneración del recurrente en marzo de 2026, haciéndose cargo, igualmente, de la alegación relativa al tope máximo de descuento establecido en la normativa, y debiendo acompañar todos los documentos de que dispusiera.

En respuesta a dicho trámite, la recurrida presentó informe complementario en el que señaló que los $755.583 descontados en marzo de 2026 se componían de $219.881, correspondientes al crédito N°208COS100183494, y de $193.495 y $342.207, ambos correspondientes al crédito N°041CON103600555, solicitando tener por cumplido lo ordenado.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, en virtud de los elementos de convicción aportados, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, es posible tener por acreditados los siguientes hechos:

1) Que el recurrente mantiene con la recurrida dos operaciones de crédito social.

2) Que el primero de ellos, código N°041CON103600555, fue otorgado con fecha 28 de octubre de 2022, por un capital inicial de $9.754.224, pactado en 48 cuotas mensuales de $327.156 cada una.

3) Que el segundo, código N°208COS100183494, corresponde a un capital inicial de $2.308.548, pactado en 24 cuotas mensuales de $128.279 cada una.

4) Que de la liquidación de remuneraciones correspondiente al mes de marzo de 2026, al recurrente se le efectuó, bajo el concepto “Préstamos CCAF”, un descuento total de $755.583.

5) Que, en informe complementario, la recurrida señaló que el descuento de $755.583 se componía de $219.881 correspondientes al crédito N°208COS100183494 y de dos sumas, de $193.495 y $342.207, imputadas al crédito N°041CON103600555.

QUINTO: Que, sobre la materia que regula la presente controversia, cabe tener presente que el artículo 22 de la Ley N°18.833 dispone que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de su remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro aplicables a las cotizaciones previsionales.

Sin embargo, dicha facultad debe ejercerse con sujeción a las normas que regulan el régimen de crédito social. En particular, el numeral 3.1.10.2 del Título I del Libro III del Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, dictado por la Superintendencia de Seguridad Social, establece que la cuota mensual del o de los créditos otorgados por una Caja no podrá exceder del 25% de la remuneración líquida mensual del trabajador, cuando ésta sea igual o superior al ingreso mínimo mensual correspondiente.

Para estos efectos, el numeral 3.1.9 del mismo Compendio define como remuneración líquida el monto de la remuneración bruta mensual, deducidas únicamente las sumas correspondientes a cotizaciones previsionales y al impuesto de segunda categoría.

SEXTO: Que, además, tratándose específicamente de descuentos de cuotas de crédito social, el numeral 3.1.17.9.1 del mismo Compendio dispone que las Cajas de Compensación sólo pueden informar para descuento en la remuneración del trabajador una cuota de un mismo crédito social, la que, además, debe respetar el porcentaje máximo permitido conforme al numeral 3.1.10.2 antes referido.

Tal disposición adquiere particular relevancia en estos antecedentes, desde que la propia recurrida informó que, de los $755.583 descontados en marzo de 2026, dos sumas distintas, de $193.495 y $342.207, fueron imputadas a una misma operación de crédito, sin explicar el fundamento que justificaba tal proceder.

SÉPTIMO: Que, entonces, contrastado el descuento total de $755.583 por concepto de créditos sociales con el porcentaje máximo de descuento permitido por la normativa aplicable, se advierte que el descuento efectuado excedió el 25% de su remuneración líquida mensual.

OCTAVO: Que, en estas condiciones, si bien la existencia de los créditos sociales se encuentra suficientemente acreditada y el artículo 22 de la Ley N°18.833 autoriza su pago mediante descuentos de la remuneración del trabajador, dicha habilitación legal no faculta a la Caja para efectuar deducciones al margen de los límites que regulan ese mecanismo de pago.

Por consiguiente, el actuar de la recurrida resulta ilegal en aquella parte en que el descuento practicado excedió el 25% de la remuneración líquida mensual del recurrente, al contravenir la normativa que regula específicamente el monto máximo susceptible de ser descontado por concepto de crédito social.

Asimismo, resulta arbitrario, pues, pese a haber sido requerida expresamente por esta Corte para justificar tanto la composición de los $755.583 como su adecuación al límite máximo aplicable, la recurrida no proporcionó antecedente alguno que permita explicar razonablemente el cobro efectuado por sobre dicho porcentaje.

NOVENO: Que el descuento de una parte de la remuneración del recurrente por sobre el límite normativamente permitido importa una afectación ilegítima de su patrimonio, perturbando el legítimo ejercicio del derecho de propiedad que le asegura el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, por cuanto se le privó de una porción de su remuneración sin que la recurrida haya acreditado título normativo que la habilitara para efectuar la deducción en aquella parte que excedió el máximo permitido.

En consecuencia, el recurso será acogido únicamente en cuanto se ordenará a la recurrida restituir al actor aquella parte del descuento efectuado en marzo de 2026 que excedió el 25% de su remuneración líquida mensual, determinada conforme a las reglas previstas en el numeral 3.1.9 del Título I del Libro III del Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, restitución que deberá efectuarse dentro del plazo de treinta días contado desde la notificación de la presente sentencia.

DÉCIMO: Que, en lo demás, el recurso será desestimado, desde que la existencia de las obligaciones crediticias aparece respaldada por los antecedentes acompañados al proceso y el artículo 22 de la Ley N°18.833 contempla expresamente el descuento de las remuneraciones como mecanismo de pago de las prestaciones de crédito social, sin que corresponda, en esta sede cautelar, dejar sin efecto las obligaciones contraídas por el recurrente, sino únicamente restablecer el imperio del derecho respecto de aquella parte del descuento que excedió el límite normativamente permitido.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, únicamente en cuanto se dispone que la recurrida deberá restituir al recurrente aquella parte de la suma de $755.583 descontada de su remuneración correspondiente al mes de marzo de 2026 que exceda del 25% de su remuneración líquida mensual, determinada de conformidad con las reglas establecidas en el numeral 3.1.9 del Título I del Libro III del Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, restitución que deberá efectuarse dentro del plazo de treinta días contado desde la notificación de la presente sentencia.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunamente, archívese.

N°Protección-12.274-2026.unciada por la Novena Sala, integrada por el Ministro señora Jenny Book Reyes, el Ministro (S) señor Christian Carvajal Silva y el Abogado Integrante señor Francisca Amigo Fernandez.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veintinueve de septiembre de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.