Protección contra Zona de Carabineros Santiago Oeste

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 1°) Que comparece don nombre reservado, excarabinero, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Zona de Carabineros Santiago Oeste, representada por el general de Carabineros don nombre reservado, en su calidad de Jefe de esa Zona y de resolutor del Sumario Administrativo N°NUM000. Funda la acción en que la recurrida habría incurrido en una omisión ilegal y arbitraria al no declarar la prescripción de la acción disciplinaria ni el decaimiento del referido procedimiento, instruido a raíz de la Resolución Exenta N°NUM001, de 6 de julio de 2020, de la Prefectura de Carabineros Santiago Rinconada, que dispuso su baja de las filas institucionales por la causal de “conducta mala”, con efectos inmediatos. Sostiene que dicha omisión vulnera las garantías consagradas en los numerales 1° y 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la baja se dispuso con motivo de hechos acaecidos el 6 de julio de 2020, ocasión en que fue controlado junto al entonces cabo 2° nombre reservado, quien conducía un vehículo particular sin sus placas patentes visibles, a raíz de una denuncia formulada por un tercero. Tales hechos dieron origen a una investigación penal por un delito contra la salud pública, tramitada bajo el RIT O-891-2021, en la cual el Juzgado de Garantía de San Fernando tuvo presente, el 23 de diciembre de 2021, la decisión del Ministerio Público de no perseverar. En sede administrativa, mediante Orden de Sumario N°NUM000, de 6 de julio de 2020, se decidió instruir el procedimiento disciplinario correspondiente. Luego de diversas actuaciones y revisiones jurídicas, y de la invalidación de un primer pronunciamiento sancionatorio, se emitió el Dictamen N°NUM000 de 12 de agosto de 2025, que mantuvo la sanción de baja por conducta mala.

Añade que el 16 de febrero de 2026 solicitó que se declarara la prescripción de la acción disciplinaria, sin que, a la fecha de interposición del recurso, se hubiera resuelto esa petición ni la impugnación deducida contra el dictamen. Estima que dicha omisión, unida a la duración del sumario —cinco años, nueve meses y veinte días a la fecha del recurso—, configura la ilegalidad y arbitrariedad denunciadas.

Afirma que, al haber transcurrido más de dos períodos calificatorios sin que fuera sancionado, se alzó la suspensión del plazo de prescripción prevista en el inciso final del artículo 36 bis de la Ley 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, vigente a la época de los hechos, por lo que el término de cuatro años debe computarse como si nunca se hubiese suspendido. En subsidio, sostiene que la prolongación del sumario por casi seis años, sin una decisión firme, determinó el decaimiento del procedimiento sancionatorio.

Pide acoger su recurso y dejar sin efecto la resolución impugnada. 2°) Que, al informar, el general de Carabineros don nombre reservado, en su calidad de Jefe de la Zona de Carabineros Santiago Oeste, solicitó el rechazo del recurso, con costas. Expresó, en síntesis, que la Administración no ha dejado transcurrir injustificadamente el tiempo, pues el sumario se ha sustanciado mediante las declaraciones, la prueba documental y las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y resguardar el derecho de defensa de los inculpados. En ese contexto, mediante Resolución Exenta N°NUM002 de 21 de febrero de 2025, se invalidó de oficio un primer dictamen sancionatorio, por no haber individualizado separadamente la responsabilidad de los dos funcionarios involucrados. Agregó que el plazo de prescripción se suspendió con la Orden de Sumario de 6 de julio de 2020 y que, conforme al artículo 86 del Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile N°15, el recurrente debe entenderse sancionado con la dictación del Dictamen N°NUM000, de 12 de agosto de 2025, de modo que la acción disciplinaria no se encuentra prescrita. En cuanto al decaimiento, indicó que los plazos fijados para los trámites y decisiones de la Administración no son fatales y que su vencimiento no produce, por sí solo, la caducidad o invalidez del acto. Finalmente, negó la existencia de un trato diferenciado respecto de otros funcionarios y de una afectación real y actual del derecho a la vida o a la integridad física y psíquica del recurrente. 3°) Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. 4°) Que el artículo 36 bis de la Ley 18.961, vigente al 6 de julio de 2020, fecha de los hechos que originaron el sumario, disponía que la acción disciplinaria prescribiría en cuatro años, contados desde el día en que se hubiese incurrido en la acción u omisión respectiva —hoy se regula igual situación en los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 84 ter de la Ley 18.961—. La misma norma establecía que ese término se suspendería desde la resolución que ordenara instruir el procedimiento disciplinario y que continuaría corriendo como si no se hubiese suspendido si el proceso se paralizaba por más de dos años o transcurrían dos calificaciones funcionarias sin que el inculpado fuera sancionado. 5°) Que no se discute que la Orden de Sumario N°NUM000 fue dictada el mismo día en que ocurrieron los hechos, esto es, el 6 de julio de 2020, por lo que, en principio, desde esa fecha quedó suspendido el término de prescripción. Sin embargo, la propia norma establecía un límite a tal efecto: si el proceso se paralizaba por más de dos años o transcurrían dos calificaciones funcionarias sin que el inculpado fuese sancionado, el plazo continuaría corriendo como si nunca se hubiese suspendido. Esta última expresión no permite entender que el término se reanuda únicamente por el tiempo que reste a partir del segundo período calificatorio, sino que obliga a computarlo desde la fecha de la conducta investigada, privando retroactivamente de efecto a la suspensión. Una interpretación diversa haría inoperante la frase “como si no se hubiese suspendido” y permitiría mantener indefinidamente abierta la potestad disciplinaria, resultado contrario a la finalidad de certeza y seguridad jurídica que informa la prescripción. 6°) Que de la cronología expuesta por ambas partes aparece que, antes de dictarse un acto sancionatorio válido, transcurrieron sobradamente dos períodos calificatorios. En efecto, el procedimiento se inició en julio de 2020 y el Dictamen N°NUM000 que actualmente sustenta la decisión disciplinaria fue emitido recién el 12 de agosto de 2025. Se verificó, por consiguiente, el supuesto previsto en el inciso final del antiguo artículo 36 bis de la Ley 18.961 y el término de cuatro años continuó corriendo como si la suspensión no se hubiese producido, completándose el 6 de julio de 2024. 7°) Que no altera lo anterior la existencia de un primer dictamen, de 12 de junio de 2024, pues este fue invalidado de oficio mediante Resolución Exenta N°NUM002, de 21 de febrero de 2025, y el procedimiento se retrotrajo para corregir el vicio advertido. La invalidación privó de eficacia jurídica a ese pronunciamiento, que no puede ser invocado para tener por ejercida válidamente la potestad sancionatoria ni para impedir una prescripción que, al dictarse el nuevo acto, ya se había consumado. Admitir lo contrario importaría atribuir efectos permanentes a un acto que la propia Administración retiró del ordenamiento jurídico por ser contrario a derecho. 8°) Que aun si se estimara aplicable la regla especial conforme a la cual, cuando los hechos pudieren ser constitutivos de delito, la acción disciplinaria prescribe conjuntamente con la acción penal, la conclusión no varía. La investigación penal se refirió a un ilícito sancionado como simple delito, cuya acción prescribe en cinco años, término que, contado desde el 6 de julio de 2020, venció el 6 de julio de 2025. El Dictamen N°NUM000 fue emitido el 12 de agosto de ese año, cuando también había transcurrido íntegramente dicho plazo. En todo caso, la decisión del Ministerio Público de no perseverar, tenida presente por el Juzgado de Garantía de San Fernando el 23 de diciembre de 2021, no permite aplicar el plazo de cinco años que se viene comentando. 9°) Que la prescripción extingue la responsabilidad administrativa y, por ende, impide continuar ejerciendo la potestad disciplinaria respecto de los mismos hechos. Se trata de una consecuencia sustantiva que opera por el cumplimiento del plazo legal y no queda supeditada a que la decisión sancionatoria adquiera firmeza con posterioridad. De este modo, la recurrida carecía de habilitación para dictar, el 12 de agosto de 2025, un nuevo pronunciamiento sancionatorio fundado en hechos respecto de los cuales la acción disciplinaria ya se encontraba prescrita. 10°) Que la circunstancia de que los plazos generales de tramitación de los procedimientos administrativos no sean fatales no incide en lo decidido. Una cosa es que el vencimiento del término previsto para sustanciar un procedimiento no produzca, por sí solo, su caducidad, y otra distinta es que se complete el plazo de prescripción expresamente fijado por el legislador para el ejercicio de la potestad sancionatoria. En este último caso, la Administración pierde la facultad de perseguir y sancionar la responsabilidad disciplinaria, sin que pueda ampararse en el carácter no fatal de los plazos procedimentales para desconocer ese efecto extintivo. 11°) Que, en consecuencia, la omisión de reconocer la prescripción y la mantención de un procedimiento disciplinario cuando la potestad para sancionar se encontraba extinguida constituyen una actuación ilegal. Es también arbitraria, pues somete al recurrente a las consecuencias de un sumario que ya no puede concluir válidamente con una sanción, prolongando sin fundamento jurídico la situación de incertidumbre derivada de su baja inmediata. 12°) Que tal actuación vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2° de la Constitución Política de la República, desde que pone al recurrente en una situación desmejorada respecto de toda persona sometida a un procedimiento disciplinario a quien deben aplicarse las reglas legales sobre extinción de la responsabilidad administrativa, sin que exista una razón que justifique ese trato diverso. 13°) Que, establecida la vulneración señalada, resulta innecesario emitir pronunciamiento acerca de la afectación de la garantía contemplada en el artículo 19 N°1° de la Carta Fundamental.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Zona de Carabineros Santiago Oeste y, en consecuencia a) se declara prescrita la acción disciplinaria derivada de los hechos ocurridos el 6 de julio de 2020, investigados en el Sumario Administrativo N°NUM000 de la Prefectura de Carabineros Santiago Rinconada; b) se deja sin efecto el Dictamen N°NUM000, de 12 de agosto de 2025, y todo acto posterior que se sustente en él; c) la recurrida deberá poner término al referido procedimiento disciplinario y adoptar, dentro de vigésimo día desde que esta sentencia quede ejecutoriada, las medidas administrativas y reglamentarias necesarias para dejar sin efecto las consecuencias de la baja inmediata dispuesta mediante Resolución Exenta N°NUM001 de 6 de julio de 2020, incluido el reintegro del recurrente en los términos previstos por la normativa institucional aplicable, sin perjuicio de los demás derechos que este pueda hacer valer ante la autoridad o por la vía correspondiente.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Redacción del ministro señor Mera.

No firma el abogado integrante señor Stitchkin, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por no encontrarse integrando.

N° Protección-12235-2026.