nombre reservado con INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DEL EJÉRCITO

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de octubre de dos mil veinticuatro.

Al folio 30: téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Que con fecha 03 de mayo de 2024, comparece nombre reservado y deduce acción de protección en contra del Instituto de Investigaciones y Control del Ejército de Chile (IDIC), por el acto ilegal y arbitrario consistente en la excesiva dilación en la tramitación del expediente de reliquidación de su pensión de retiro, desahucio y al otros beneficios previsionales.

Señala que tras renunciar voluntariamente a su empleo en el IDIC el 3 de febrero de 2023, solicitó la conformación y tramitación del expediente de reliquidación de su pensión, conforme a lo dispuesto en el artículo 177 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas.

Expresa que el acto administrativo de renuncia fue refrendado en el Portal Electrónico de la Dirección del Trabajo y, posteriormente, firmó su finiquito el 14 de marzo de 2023 en la 30ª Notaría de Santiago.

Indica que, a pesar de esto, el IDIC ha incumplido con los plazos legales para la tramitación del expediente, lo que le ha afectado gravemente, dejándolo en una situación de incertidumbre económica y vulnerando sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Argumenta que el IDIC ha actuado de manera ilegal y arbitraria al no cumplir con el plazo de 90 días hábiles para la tramitación del expediente, establecido en el artículo 208 del DFL N° 1 de 1997. Además, señala que el IDIC ingresó sus cotizaciones previsionales a FONASA en lugar de CAPREDENA, lo que ha causado una laguna previsional y un detrimento económico.

Refiere que la Contraloría General de la República, mediante dictamen N° 31.836 de 2014, ha precisado que tanto la Caja de Previsión de la Defensa Nacional como la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas deben cumplir con el plazo de 90 días para tramitar y pagar las pensiones de retiro, y el incumplimiento de este plazo constituye una infracción a la ley N° 18.575 y a la ley N° 19.880, que establecen el principio de celeridad en los actos de la Administración del Estado.

En consecuencia, solicita a la Corte que se acoja el presente recurso de protección y se ordene al Instituto de Investigaciones y Control del Ejército de Chile (IDIC), adoptar todas las medidas pertinentes para una pronta tramitación del expediente de reliquidación de pensión de retiro, desahucio y demás beneficios previsionales, habiéndose excedido largamente el plazo contemplado en el artículo 208 del DFL N° 1 de 1997.

Segundo: Que, comparece nombre reservado, Coronel del Ejército, Director del Instituto de Investigaciones y Control (IDIC) informando al tenor de la acción de protección interpuesta por nombre reservado, solicitando su rechazo.

En cuanto a los hechos, detalla que nombre reservado prestó servicios con contrato de trabajo en el IDIC desde el 11 de enero de 2016 hasta su renuncia el 3 de febrero de 2023. Durante su empleo, sus cotizaciones previsionales debían ser enteradas en CAPREDENA y FONASA, pero FONASA no pagó las cotizaciones correspondientes a los períodos de licencias médicas, lo que impidió la tramitación del expediente de reliquidación. A pesar de esto, el IDIC ha solicitado a FONASA que aclare y regularice la situación, y ha iniciado los trámites administrativos necesarios para la reliquidación de la pensión del recurrente.

Previo a entrar al fondo, alega la extemporaneidad del recurso de protección, ya que fue presentada el 3 de mayo de 2024, toda vez que el habría sido informado al momento de su renuncia, en el mes de febrero de 2023 que en tanto no se regularizaren esas cotizaciones previsionales enteradas en FONASA, no era posible dar inicio a la tramitación de su expediente administrativo, quedando constancia escrita de dicha situación en la respectiva carpeta de antecedentes personales de fecha 14-02-2023 Por ende, el recurrente acciona más de un año después de haber sido informado de la imposibilidad de tramitar su expediente en febrero y marzo de 2023, de modo que el recurso debe ser rechazado por extemporáneo.

Luego, el informe también aborda la improcedencia del recurso de protección en relación a la petición específica del recurrente.

Señala que no se cumplen las condiciones exigidas por el artículo 20 de la Constitución para la procedencia de esta acción, ya que no existe arbitrariedad o ilegalidad al no tramitarse el expediente de reliquidación de pensión, ya que ello se debe a la existencia de lagunas previsionales derivadas de licencias médicas no regularizadas por FONASA, lo que constituye una controversia de fondo consistente en el pago debido y por la entidad competente, de las cotizaciones previsionales por aquellos períodos en que el Sr. nombre reservado estuvo con licencia médica.

Posteriormente relata el marco normativo aplicable al presente caso, recalcando que respecto de los funcionarios estatales regidos por el Código del Trabajo que se acojan a subsidio por incapacidad laboral, el artículo 18 del decreto ley N° 3.529, de 1980, dispone que éstos tienen derecho a percibir las remuneraciones que les correspondieren, las que deben ser pagadas por el respectivo empleador; por consiguiente, los empleados del Estado, afectos al Código del Trabajo, quedan adscritos, en esta materia, también a lo dispuesto en el DFL N° 44, de 1978, cuyo artículo 19 prescribe que “El pago de los subsidios corresponde a la entidad que deba otorgarlos o al empleador, si lo ha convenido con la entidad otorgante.”

Por ende, Fonasa en su calidad de ente pagador del subsidio por incapacidad laboral, debería ser quien enterase las cotizaciones previsionales del recurrente en Capredena, conforme lo establece la Ley N°17.322.

Señala, en resumen, que, cumpliendo con la normativa, tramitó las licencias médicas del recurrente, sin embargo, Fonasa no ha enterado esas sumas a CAPREDENA, pese a que fueron descontadas.

Reitera que al momento de firmar y presentar su renuncia se le indicó expresamente al recurrente la situación, haciéndole presente que en tanto no se regularizaren esas cotizaciones previsionales correspondientes a períodos de licencias médicas y que FONASA no enteró en CAPREDENA, no era posible dar inicio a la tramitación de su expediente administrativo, quedando constancia escrita de ello.

Señala que ha solicitado a FONASA aclarar la situación, lo cual consta en Oficio IDIC SD SRHs (P) N* 1615/363000/449, de 22 de mayo de 2024.

Por último: Expresa que, a pesar de lo anterior, dará trámite a la solicitud del recurrente, para lo cual se ha realizado, formalmente, las siguientes actuaciones:

(a) Se solicitó al Departamento Cultural, Histórico y de Extensión del Ejército, mediante Oficio IDIC SD SRHs (P) N* 1610/36000/425, de 17MAY2024, el envío de las Hojas de Servicios del recurrente.

(b) Se le requirió al recurrente que firmare la respectiva solicitud de reliquidación de pensión de retiro, lo cual se materializó el 22MAY2024, según Acta respectiva.

(c) Se solicitó de CAPREDENA la emisión del respectivo Certificado de Cotizaciones Previsionales, lo cual consta en el correo electrónico de 20MAY2024.

Por último, alega que no existe vulneración de garantía alguna. Así, en relación a la Igualdad ante la ley, el recurrente no identifica un acto u omisión arbitraria o ilegal específica por parte del IDIC que conculque esta garantía, ya que solo se menciona de manera general en su recurso y; respecto al derecho de propiedad, indica que el recurrente no explica cómo se ha conculcado, limitándose a enunciar que al existir vulneración de otros derechos, también se vulnera el derecho de propiedad sobre las remuneraciones, sin embargo, el Sr. nombre reservado tendrá derecho a reliquidar su pensión una vez regularizada la situación, además, solo podrá ingresar válidamente a los beneficios de la reliquidación en la medida que exista claridad respecto de su situación previsional, lo cual no ha acontecido.

Tercero: Que, con posterioridad a evacuar su informe, con fecha 2 de julio del presente año, la recurrida amplía lo informado, señalando que el expediente de reliquidación del recurrente ya fue debidamente tramitado y remitido al escalón superior, según da cuenta el oficio IDIC SD SRHs (P)N°1620/363000/902, de 26 de junio de 2024. Por ello, indica que ya procedió a efectuar la actuación administrativa cuya omisión fue reclamada mediante la acción cautelar incoada, por lo que ha perdido oportunidad, al no existir medida alguna que pueda adoptar la corte.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que la parte recurrida ha acompañado a la causa oficio IDIC SD SRHs (P)N°1620/363000/902, de 26 de junio de 2024, de la cual se extrae que en dicha fecha se procedió a tramitar el expediente de reliquidación de pensión de retiro, cuestión que, en esencia, constituye lo pedido por la recurrente, motivo por el cual el presente recurso ha perdido oportunidad, ya que en la especie no existen medidas cautelares de carácter urgente que pueda disponer esta Corte para restablecer el imperio del derecho, por lo que el presente recurso por dicho motivo deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, el recurso deducido en contra del Instituto de Investigaciones y Control del Ejército de Chile.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunamente, archívese.

N°Protección-12.229-2024.