nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

C.A. de Santiago Santiago, ocho de junio de dos mil veinte.

A los folios 27 y 28: a todo, téngase presente.

Vistos:

Comparece el abogado Francisco Zambrano Meza, en representación convencional, de doña nombre reservado, psicóloga, quien deduce recurso de protección en contra del Decreto Alcaldicio N° 3320, de 18 diciembre de 2019, de la señora nombre reservado, Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Maipú que aplicó la medida de destitución a su representada.

Previamente, hace presente que la formulación de cargos fue por presuntas infracciones a los literales g) y d) del artículo 58 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, y la resolución que aplica la sanción de destitución lo hace por infracción de los literales b) y g) del mismo artículo 58, lo cual evidencia la incongruencia de la sanción.

En cuanto a sus alegaciones refiere que el Sumario Administrativo, en su etapa indagatoria, no ha podido allegar antecedentes que permitan sustentar la acusación. Advierte sobre irregularidades formales que hacen imposible estimar válida una investigación carente de todo rigor. Esencialmente, se ha infringido el derecho de su representada de comparecer y declarar puesto que no hubo un correcto emplazamiento, más aún cuando se le pretendió notificar cuando hacía uso de su licencia médica y en un domicilio que no era el de ella. De otro lado, manifiesta que hay una serie de irregularidades en el modo de llevar el expediente respecto del sistema de foliación. Señala que, en lo sustancial la investigación demuestra que todas las “pruebas” emanan del Director de Tránsito, que ellas no son coherentes sino contradictorias y que no logran respaldar los cargos de la forma que se pretende. Finalmente, no existen antecedentes conducentes a establecer los ilícitos imputados que son explícitamente negados por su representada. Es más, sólo se cuenta con declaraciones y la única prueba sobre un eventual marcaje irregular es de la co-imputada que entrega versiones contradictorias respecto del tiempo, no indica el lugar y señala tener mucho temor frente a lo que le pueda suceder. Expone que ha sido el Director de Tránsito quien dispuso un control en la oficina para controlar el marcaje que se realiza fuera de la oficina y en el período donde él sabía que la Sra. nombre reservado mantenía reuniones fuera de su escritorio y de su lugar de trabajo. De otro lado agrega que su parte acompañó prueba y solicitó diligencias no sólo para desmentir las infundadas acusaciones, sino para aportar antecedentes a la investigación que permitan aumentar la convicción de recomendar la absolución y limpiar la honra de su representada en este proceso disciplinario pero ninguna de esta documental fue recogida por la resolución impugnada, pues no se hizo cargo de su prueba, no se refirió a ella, derechamente la omitió como si ella no hubiera existido. Asimismo, solicitó diligencias esenciales que fueron rechazadas sin expresarse el motivo por el cual se rechazaban, más allá de calificarlas de innecesarias.

Manifiesta la arbitrariedad de la resolución porque sus razonamientos son insuficientes, carentes de lógica y no alcanzan a fundar la sanción.

Además advierte que los eventuales atrasos de su representada no fueron objeto de cargos y esta imputación solo aparece en la resolución sancionatoria por lo que se vulnera el derecho a la defensa al condenársele por una infracción que no se le imputó en su momento y de la cual no pudo defenderse, pues la única imputación que se le hizo fue sobre un marcaje irregular. Por último, anota que hay contradicción entre los testigos respeto a las horas de llegada de su representada, quienes indican diversos horarios. En cuanto a la valoración de la prueba sólo se señala que fue en conciencia, sin indicar qué prueba o cómo se consideró la prueba rendida.

Asimismo alega la ilegalidad de la resolución que aplica la sanción de destitución porque no puede sancionarse por infracciones que no estén acreditadas en el sumario. Tampoco se ha acreditado una infracción al principio de probidad puesto que ninguno de los elementos de dicho principio se ha esgrimido y menos argumentado para tal fin.

Estima que para que proceda la destitución, las irregularidades imputadas deben ser calificadas en el proceso como infracción grave al principio de probidad administrativa, lo que no se hizo y solo apareció en la decisión terminal.

Añade que se actuó respecto de su representa en forma discriminatoria, porque siendo el mismo supuesto de hecho que infringe las obligaciones funcionarias de ambas inculpadas, procedía aplicar la misma sanción, sin embargo a su representada se la destituye y a la co-inculpada la suspende, sin expresión de causa, sin considerar agravantes o atenuantes o derechamente sin explicar las particularidades del caso de cada una.

Finalmente, refiere que la medida de destitución aplicada la recurrente, Sra. nombre reservado afecta gravemente la vida e integridad síquica porque la pérdida del empleo supone una situación estresante que sin duda va a afectar enormemente a la persona que lo vive; la igualdad ante la ley y la interdicción de la arbitrariedad, porque se evidencia la discriminación arbitraria y el debido proceso y la proscripción de ser juzgado por comisiones especiales porque se juzga una conducta no teniendo facultades para hacerlo o sin respetar elementales principios del debido proceso; la libertad de trabajo, pues la destitución lleva asociada una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante cinco años; y derecho de propiedad sobre el cargo público y libre acceso a él, por cuanto sin mediar causales legales o constitucionales que le priven de él, con la sanción de destitución, se le priva a su representada de la propiedad sobre el cargo público que detenta en la planta municipal.

Finaliza solicitando declarar la ilegalidad y arbitrariedad de la actuación desplegada por la recurrida; declarar que la adopción de la medida disciplinaria es antijurídica y desproporcionada; disponer que la Sra. nombre reservado debe ser sobreseída en el sumario administrativo incoado; disponer que por lo tanto, debe ser restituida en el cargo de la planta y función que detentaba; disponer que se le paguen las remuneraciones completas desde la separación de sus funciones, y condenar en costas a la recurrida.

Que informando la recurrida Ilustre Municipalidad de Maipú, en primer término señala que no se vislumbra en el actuar municipal ilegalidad o arbitrariedad alguna, ni mucho menos lesión de derechos fundamentales como lo sostienen la actora. No se vislumbra ilegalidad, toda vez que el actuar municipal se apega estrictamente a las normas legales aplicables, en lo tocante al procedimiento sumarial sustanciado y a la sanción impuesta, además de gozar el Decreto que dispuso dicha sanción de la presunción de legalidad del acto administrativo el cual se ajusta a derecho y se basta a sí mismo en cuanto a que las fundamentaciones contenidas en éste, logrando formar el convencimiento de la efectividad de los hechos investigados y la necesidad de la imposición de las medidas disciplinarias ordenadas, siendo su ejecución legal y oportuna. Tampoco se vislumbra arbitrariedad, toda vez que la instrucción de sumario se basa en antecedentes que constan el Decreto que ordena tal procedimiento y en el mismo procedimiento, y la sanción impuesta se sustenta en los antecedentes del proceso sumarial, los cuales a su vez son fundamentados en el Decreto Alcaldicio respectivo, el cual se basta a sí mismo, no siendo ninguna de las actuaciones y afirmaciones efectuadas, antojadizas, caprichosas ni infundadas, no existiendo a su respecto, desviación de poder alguna que pueda eventualmente ser reprochada al ente edilicio en tanto la decisión de aplicar las medidas disciplinarias proviene de un procedimiento formal y legalmente reglado, sustanciado de manera ajustada a derecho, por un órgano previa y legalmente constituido.

Expone que la actora prescinde de hacer uso de las vías recursivas administrativas dispuestas especialmente para impugnar los actos de la administración –como lo serían el recurso de reposición, el recurso ante el Superior Jerárquico, o bien el Reclamo de ilegalidad Municipal para solicitar se deje sin efecto el acto administrativo supuestamente viciado y que se considera ilegal. Seguidamente expone que mediante Decreto Alcaldicio N° 3289, de fecha 26 de octubre de 2017, se ordenó la instrucción de sumario administrativo, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar la existencia de faltas disciplinarias de funcionarios municipales, y que dicen relación con eventuales irregularidades ocurridas a propósito del marcaje de hora de entrada y salida de funcionarios de la Dirección de Tránsito, entre ellos la recurrente nombre reservado, hechos acaecidos durante el año 2017.

Manifiesta que de conformidad a los dispuesto en el artículo 118 inciso 2° de la Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales que señala que “los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la que deberá ser acreditada mediante investigación sumaria o sumario administrativo”, y conforme al mérito del procedimiento respectivo, se verificó –en un procedimiento debida y legalmente sustanciado en todas sus etapas-, la existencia de responsabilidad administrativa en los hechos investigados respecto de la recurrente, a quien se aplicó la medida disciplinaria de destitución contemplada en la letra d) del artículo 120 y en el artículo 123 de la Ley N° 18.883, por grave infracción al principio de probidad administrativa, mediante el Decreto Alcaldicio N° 3320 de fecha 18 de diciembre de 2019, situación que por sí diluye el débil argumento de que la conducta de mi representada sería arbitraria y/o ilegal.

En cuanto a las alegaciones que el procedimiento sumarial se ha encontrado viciado por el hecho de haber sido notificado en Maipú, en un domicilio distinto al cual debiese haber sido emplazada la sumariada, por cuanto se encontraba en reposo médico en un domicilio que informó al municipio, se debe tener presente que el aludido fue para efectos de la licencia médica e inoponible para la recurrida en tanto la funcionaria no comunicó formalmente un cambio de domicilio debidamente a sus superiores a la Subdirección de Recursos Humanos. Por otro lado, mediante escrito de 12 de febrero de 2018, asumió su representación el abogado recurrente de autos, sin efectuar ninguna reclamación del algún vicio a este respecto. En cuanto a las pruebas, se acogieron las peticiones probatorias de la sumariada, sin embargo ellas no lograron desacreditar la falta administrativa objeto del sumario y todas fueron debidamente consideradas y ponderadas. La recurrente defiende que la prueba rolante en la pieza sumarial, que analiza, no sería lo suficientemente completa para llegar a la convicción de que es procedente la actual destitución, sin embargo, lo único que pretende es analizar a su conveniencia las pruebas para crear una nueva instancia de discusión; por otro lado, no considera que todos los relatos y documentos, están contestes en el hecho de que la sumariada llegaba en horarios no armónicos con el declarado en los registros, existen testimonios claros del hecho que no llegaba a la hora en que marcaba su tarjeta de asistencia. Por último, la valorización de la prueba es absolutamente conteste con lo contemplado en los artículos 35 y siguientes de la Ley N° 19.880, ampliamente descrita en los numerales 5 y siguientes del Decreto Alcaldicio objeto del presente recurso; se describió la prueba y como ésta impactaba e influía en el resultado final y resolución del sumario. Agrega que no existe imprecisión en la formulación de cargos, se encuentran delimitados claramente, luego se advierte una proporcionalidad imputaciones/sanciones, es decir existe un nexo causal y absoluta congruencia entre los hechos acaecidos, los cargos formulados, el mérito del sumario, y la medida disciplinaria que en definitiva se impuso a la actora. En concreto, se aplicó una medida proporcional a la falta grave a la probidad administrativa en el ejercicio de sus funciones dentro de esta Entidad Edilicia.

Expone que no se ha afectado ninguna de las garantías constitucionales alegadas por la recurrente, pues no se afecta su integridad física y psíquica por el solo hecho de aplicar una medida conforme a derecho que causa molestia al sancionado; tampoco existió falta de igualdad o arbitrariedad pues la actora incurrió en un fraude acreditado cuya sanción es la debida destitución; no se vislumbra como el sumario pueda corresponder a una comisión especial; por otra parte, si se ha incurrido en una falta tan grave como la que se cometió, no va a poder acceder a funciones en la Administración, pero esto no corresponde ello por lo que dispone la propia ley, motivo por el cual no se logra vislumbrar un actuar arbitrario o ilegal a este respecto.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Segundo: Que al momento de resolver el fondo, cabe tener presente que el recurso de protección se caracteriza por ser un mecanismo de emergencia rápido y eficaz frente a manifiestas violaciones de aquellos derechos básicos detallados por el constituyente, en términos que es posible afirmar que se trata de una reacción frente a situaciones anormales y evidentes que atentan contra alguna de las garantías que establece la constitución, que no puede incluir- dada su naturaleza protectiva, así como las circunstancias procesales en que se desenvuelve- situaciones o casos que dicen relación con declaraciones o constituciones de derechos, ni para solucionar conflictos que son conocidos por los organismos competentes y se encuentran sometidos a procedimientos establecidos.

Tercero: Que, en ese contexto, cabe tener presente que lo que se pretende a través de la acción intentada, es que se deje sin efecto la Resolución N° 3320 de 18 de diciembre de 2019, que aplicó a la recurrente la sanción de destitución de sus labores de funcionaria de la Ilustre Municipalidad de Maipú, y que en su reemplazo, esta Corte, dicte una que le sobresea de las imputaciones formuladas y, por lo tanto, sea restituida en el cargo de la planta y función que detentaba, disponer que se le paguen las remuneraciones completas desde la desvinculación hasta su restitución en el cargo y condenar en costas a la recurrida.

Cuarto: Así las cosas, el ámbito bajo el cual se pretende la actuación de este Tribunal, excede los márgenes de la acción cautelar que describe el artículo 20 de la Carta Fundamental, que comprende sólo situaciones inequívocas de fácil y rápida comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo, y que no se encuentran bajo el imperio del derecho.

Quinto: Que sin perjuicio de lo anterior, sólo a mayor abundamiento, cabe consignar -en relación a las garantías que se citan como vulneradas, la del numeral 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental, sólo resulta protegida por la acción constitucional que consagra el artículo 20 del referido cuerpo fundamental, en su inciso quinto, el ser juzgado por comisiones especiales, y la del numeral segundo de la misma norma requiere que ante casos similares o idénticos la interpretación de la norma no sea hecha de manera uniforme, lo que no se desprende de los antecedentes agregados a la causa, tampoco se ha acreditado la vulneración del resto de las garantías vulneradas, al no determinarse la afectación de la libertad de trabajo y el derecho de propiedad por la aplicación de una sanción conforme a un procedimiento legalmente tramitado, como ha ocurrido en la especie.

Sexto: Que en cuanto a las alegaciones de vulneración al principio de congruencia entre los cargos formulados y la sanción aplicada, debe entenderse que dicha correspondencia debe presentarse entre los presupuestos fácticos contenidos en lo cargos y los hechos acreditados por los cuales se le aplicó la sanción, al efecto, conforme el mismo actor admite, en los cargos formulados junto con indicar las normas jurídicas infringidas, esto es, el artículo 58 letra g) del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales en relación al artículo 54 de la Ley Nº 18.575 y el literal d) del Estatuto referido, se indicó como fundamentos de hecho que el Director de Tránsito y Transportes informó mediante un documento reservado al Administrador Municipal sobre la “existencia de una situación de marcaje irregular en el que se vería involucrada la funcionaria nombre reservado” y que “durante los meses de mayo a agosto de 2017, en reiteradas ocasiones el marcaje de ingreso de la inculpada había sido realizado por la señora nombre reservado”.

Los mencionados hechos se corresponden plenamente a los consignados en el decreto impugnado en el que se establece que del análisis de los medios recopilados durante la etapa indagatoria realizada por la fiscal sumariante, especialmente los informes de asistencia de personal, de las funcionarias nombre reservado y nombre reservado, se corroboró la coincidencia horaria en el registro de ingreso, en un alto número de días, concluyendo necesariamente que quien realizó los marcajes de ingreso de la funcionaria nombre reservado no fue otra que doña nombre reservado, estableciéndose un incumplimiento a las disposiciones legales contenidas en las letras g) de la Ley Nº 18.883 por parte de ambas inculpadas, además, del artículo 58 letra b) de dicho cuerpo legal.

Séptimo: Que en cuanto a la alegación de falta de adecuado emplazamiento planteada por la actora, se hace presente que la notificación realizada a la recurrente en el transcurso del sumario se verificó en el domicilio que se consigna en la hoja de vida de la funcionaria que se mantenía por la entidad edilicia, sin que pueda estimarse la designación de una residencia diversa, para todos los efectos legales, mediante la señalado en una licencia médica.

Octavo: Que, en tales condiciones, el recurso de protección no puede prosperar y debe ser desestimado, sin perjuicio de los derechos que el recurrente pueda hacer valer, como lo ha hecho, en el procedimiento administrativo correspondiente.

De conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección interpuesto por el abogado Francisco Zambrano Meza, en favor de doña nombre reservado.

Regístrese y archívese si no se apelare.

N°Protección-1222-2020.

Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por las Ministras señora Adelita Ines Ravanales Arriagada, señora Jenny Book Reyes y señora Verónica Cecilia Sabaj Escudero.