nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de julio de dos mil veinticuatro.

Al escrito folio 35: a lo principal, téngase presente. Al otrosí, a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que doña Andrea Judith Villegas Contreras, abogada, interpone recurso de protección en favor de doña nombre reservado, y en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana y de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en efectuar descuentos desde su remuneración, vulnerando de este modo las garantías que le asegura el artículo 19 Nº 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Funda el recurso expresando que la protegida es trabajadora dependiente de la empresa Resiter Industrial S.A., en virtud de contrato de trabajo de 17 de octubre de 2022. Indica que desde el mes de febrero hasta septiembre de 2022; y posteriormente desde el mes de enero de 2023 hasta la fecha (con su empleador actual) ha aparecido un descuento bajo la nomenclatura “DESCUENTO CRÉDITO PERSONAL CCAF” por la suma mensual de $120.296. Refiere que el descuento obedece a una deuda contraída el 22 de febrero de 2017 con Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Afirma que, consultado con su empleador, se le indicó que ello se producía porque la empresa recibía mes a mes instrucciones por parte de la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, que, a través de una “nómina mensual de retenciones”, indicaba expresamente a qué trabajadores debían efectuarse los correspondientes descuentos a raíz de una deuda con las Cajas de Compensación. Atendida la de la deuda, considera que le pretende cobrar extrajudicialmente mediante descuentos ilegales efectuados en sus remuneraciones, en forma directa, sin previo aviso ni autorización. Añade que la deuda se encuentra prescrita, que no se le ha notificado de acción judicial tendiente a su cobro, y que las recurridas presuntamente se amparan en la Ley N° 18.833. Afirma que de este modo, la recurrida Caja La Araucana pretende corregir la desidia y negligencia con que ha procedido en el ejercicio de gestiones tendientes al cobro del crédito, pretendiendo satisfacerlo mediante autotutela, sin título ejecutivo, mientras que las acciones ejecutivas y cambiaria se encuentran prescritas.

Adiciona que las retenciones han sido efectuadas por Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, entidad con la que no ha contratado. De tal modo, Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana ha instruido a la primera que efectúe los descuentos por planillas, lo que ha sido comunicado a su empleador, en febrero de 2022, hasta septiembre de ese año, y nuevamente desde enero del presente año hasta el tiempo del recurso; de manera que la cifra total descontada ascendería a la suma de $1.082.664.- pesos.

En cuanto a las garantías invocadas, aduce que las recurridas han vulnerado la de igualdad ante la ley, pues, sin fundamento legal, han puesto a la recurrente en una situación desventajosa, distinta y precaria en relación con otros deudores civiles, a quienes, para obtener el pago de un crédito, se los debe demandar ante los tribunales ordinarios, de lo que las recurridas han prescindido, supuestamente amparadas en una norma de la ley de cajas de compensación, con la finalidad de proceder al cobro ilegal, abusivo y extemporáneo de una eventual deuda. En cuanto a la propiedad, afirma que se ha vulnerado su libertad contractual al vincularla con las recurridas, resultando arbitraria su conducta, privándola de parte de la retribución económica por su trabajo, contradiciendo en este ámbito la invariabilidad de los términos de su contrato de trabajo.

A su vez, arguye que “en el trabajo actual mi representada jamás firmó una afiliación voluntaria con la recurrida caja los Andes, por lo que no procede el descuento por planilla realizado vía “RESITER INDUSTRIAL S.A.”, afectando con ello lo establecido de esa manera en el inciso primero y segundo del Artículo 19 Nº 16 de la Constitución Política de la República ampara el derecho a la libre contratación y a la libre elección de trabajo con una justa retribución”. Continúa afirmando que se incurre en un ejercicio abusivo por parte de las recurridas de la facultad establecida en la Ley N° 18.833 sobre Cajas de Compensación, contexto en que afirma que el proceder extemporáneo y sorpresivo de las Cajas de Compensación carece de racionalidad y fundamento, no ha ejercido ni le ha dado a conocer los antecedentes judiciales permiten justificar los descuentos, ni se fundamentan contractualmente.

Finalmente, solicita acoger el recurso, “adoptando las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, ordenando a las recurridas: 1. Abstenerse de realizar por sí y/u ordenar que se realicen por terceros, especialmente por parte de “RESITER INDUSTRIAL S.A”., o por cualquier otro empleador que tenga o tuviere en el futuro, o por cualquier otro organismo público o privado, descuentos de las remuneraciones del señor nombre reservado; y 2. El reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas de las remuneraciones del recurrente, con los intereses que legalmente correspondan y debidamente reajustadas hasta el momento de dicha devolución. 3. Todo ello con expresa condena en costas.”

Segundo: Que informa doña Inés Riquelme Arao, abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, quien solicita el rechazo del recurso.

Expone que, según su base de datos, la protegida presenta cotizaciones como afiliado trabajador por la empresa Resister Industrial S.A. En cuanto al descuento que efectúa CCAF la Araucana por cuenta de CCAF de Los Andes, refiere que, a partir de abril de 2014, las Cajas de Compensación en su conjunto utilizan un sistema integrado de recaudación de Créditos Sociales, el que permite a la Caja de Compensación en que el trabajador se encuentra actualmente afiliado, pueda recaudar deudas pendientes, morosas, o vigentes contraídas con otra Caja de Compensación. En relación al procedimiento, el sistema permite, en el caso que exista una nueva afiliación, que sea la Caja de Compensación de la última afiliación la que recaude las mencionadas deudas contraídas con anterioridad.

Añade que, en este contexto y de acuerdo a los compromisos contraídos, Caja los Andes, a través de la nómina de retenciones de crédito social, informó al empleador de la señora nombre reservado, un descuento, cuyos montos fueron recaudados según el detalle que adjunta, que se compone de descuentos por un monto idéntico ($120.296), durante los siguientes periodos: febrero a abril de 2022, enero a diciembre de 2023 y enero de 2024. Indica que dichos montos fueron transferidos a la “contraparte” y que la “titular” no registra deuda directa con representada.

Luego, expone consideraciones relativas al “proyecto intercajas” que tiene origen en la celebración de un contrato de mandato y prestación de servicios, celebrado por las Cajas de Compensación con fecha 15 de abril de 2023, en el que es también parte la Asociación Gremial de Cajas de Compensación de Asignación Familiar y ha sido acordado conforme a lo dispuesto en el art. 19 Nº 7 de la Ley 18.833 que autoriza expresamente a las Cajas de Compensación para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social, cual es precisamente el objeto de estas entidades de previsión social, conforme al art. 1 de la Ley 18.833. En este contexto, detalla que Caja Los Andes, a requerimiento de Caja de Compensación La Araucana, y como diputada para recibir el pago del crédito social otorgado al recurrente, ha informado a su empleador la existencia de esta deuda, y ha requerido su descuento en la remuneración, en los términos del art. 22 de la Ley 18.833.

Finalmente, solicita rechazar el recurso de protección intentado en contra de Caja Los Andes, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por esta última en relación con los hechos expuestos.

Tercero: Que informa doña Yasna Vukic Z., abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, quien solicita el rechazo del recurso.

Expone que su representada le otorgó a la protegida, el 22 de febrero de 2017, un crédito social por un monto de $3.412.637, pactado en 60 cuotas, cada una por la suma de $120.296, del que se pagaron en forma continua 8 cuotas, esta última en noviembre de 2017, mientras que pagó la cuota N°9 en agosto de 2019, no existiendo más pagos, por se habrían realizado gestiones extrajudiciales que resultaron infructuosas, procediéndose, atendida la obligación legal que tienen las Cajas de Compensación de protección del fondo social, a remitir la información al Sistema Intercajas, siendo posible ubicarla en enero de 2022 por encontrarse trabajando en una empresa afiliada a C.C.A.F. Los Andes, remitiéndose nómina para descuento a partir de febrero del 2022, recibiéndose en el 2022, 3 remesas, correspondientes a los descuentos efectuados en febrero, marzo y abril 2022, lo que sirvió para el pago de las cuotas N°10 a N°12, no recibiendo más descuentos, hasta que nuevamente se empiezan a recibir desde enero de 2023 a febrero 2024, lo que sirvió para el pago de las cuotas N°13 a N°26 de las 60 cuotas pactadas.

Afirma que el descuento practicado a la recurrente, dice relación con el pago de la cuota del crédito social folio 005-000464165, cuya obligación, no se ha extinguido por alguno de los modos contemplados en el artículo 1567 del Código Civil y tampoco las acciones derivadas del mutuo y del pagaré han sido declaradas prescritas, por ende, ambas son vigentes y su pago exigible, mediante el mecanismo consagrado en el artículo 22 de la Ley N°18.833.

En cuanto al fondo, se refiere a la normativa aplicable a las Cajas de Compensación, sus funciones, al crédito social y sus finalidades, contexto en que destaca que el descuento realizado no obedece a un mero capricho de la institución, ni tiene que ver con un supuesto actuar antojadizo, caprichoso o ilegal, sino que únicamente se debe al cabal cumplimiento del mandato legal de resguardo del Fondo Social, a partir del cual se financian los regímenes de prestaciones otorgadas por las Cajas de Compensación de Asignación Familiar y cuyos descuentos se van imputando a la deuda contraída.

Citando el artículo 1.546 del Código Civil, aduce que la deuda existe y puede ser cobrada como en derecho corresponde a menos que haya prescrito el derecho de cobrarla, lo cual no ha acontecido, ni ha sido demostrado por la recurrente. De tal modo, descarta arbitrariedad de su parte, sin que la obligación se haya extinguido o se haya declarado judicialmente la prescripción de las acciones que emanan de estas, no el recurso de protección la vía idónea para indicar que esta ha operado. Agrega que la deuda junto con la forma en que le iba a ser descontada era de pleno conocimiento de la recurrente y respecto de la cual la única que dio señales de desinterés para solucionar su acreencia fue la propia recurrente ya que conforme se señala en los numerales precedentes, se le aplicaron descuentos para el pago de su obligación en el 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 y 2024, por lo que la recurrente al recibir sus remuneraciones reconoció la existencia de la deuda.

Luego, afirma que es un hecho inconcuso que el crédito aún puede cobrarse, dado que la obligación de pago se mantiene vigente, por lo que en ningún caso se ha revivido y/o forzado unilateralmente un descuento a través del beneficio contemplado en el artículo 22 de la Ley N°18.833. A su vez, aduce que no ha privado, perturbado, o amenazado los derechos y garantías constitucionales de la actora, ya que, en todo momento, ha obrado conforme a derecho y salvaguardando las garantías constitucionales en especial la contemplada en el artículo 19 N°24 de la Constitución, relativo al derecho de propiedad, por cuanto en este caso no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de su remuneración, por cuanto el cobro de lo adeudado tiene fuente normativa, mientras que todo medio de extinción de la obligación debe invocarse y acreditarse, más aún al tratarse de una obligación libremente contraída y que la recurrente ha realizado el pago de lo adeudado, no acompañando algún antecedente como prueba de que su obligación se ha extinguido o la acción declarada prescrita.

Cuarto: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección, establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

Sexto: Que, asimismo, aparece pertinente también recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Séptimo: Que, en el presente arbitrio, la recurrente considera que las recurridas han incurrido en un acto ilegal y arbitrario, consistente en efectuar descuentos desde sus remuneraciones, por concepto de crédito social, cuyas acciones considera prescritas, ejecutando actos de autotutela, sin encontrarse legalmente facultadas para ello.

Octavo: Que, por su parte, Caja de Compensación Los Andes, ha expresado que, a requerimiento de Caja de Compensación La Araucana, ha actuado como diputada para recibir el pago del crédito social otorgado a la recurrente, ha informado a su empleador la existencia de esta deuda, y ha requerido su descuento en la remuneración, en los términos del artículo 22 de la Ley 18.833. Lo anterior, el contexto del convenio denominado “Inter Cajas”.

En tanto, la Caja de Compensación La Araucana, considera que los descuentos son del todo procedentes, atendido que no se ha alegado ni declarado la prescripción que pretende el actor, justificando los descuentos, entre otras consideraciones, en lo previsto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, ya citado.

Noveno: Que, el artículo 22 de la Ley N° 18.833, dispone: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas (…)”.

Décimo: Que, al respecto, cabe considerar que las Cajas de Compensación utilizan un sistema integrado de recaudación, denominado “Intercajas”, que opera a través de un mandato de las Cajas firmantes, que faculta al Sistema Nacional de Comunicación Financiera (SINACOFI) para gestionar la información y recaudación de aquellos créditos tomados por ex afiliados a ellas; sistema que se funda en un acuerdo entre las CCAF, consistente en que la Caja de actual afiliación debe informar y descontar las deudas que los afiliados mantengan vigentes con aquellas Cajas donde originalmente solicitaron los créditos, para luego remesar dichas recaudaciones a estas últimas.

Undécimo: Que, la actuación antes referida excede con creces las facultades otorgadas en el artículo 22 antes transcrito, norma que faculta a las Cajas de Compensación que han otorgado un crédito de carácter social a efectuar los descuentos para su pago desde la remuneración de un trabajador, para lo cual debe informar al empleador la existencia de la deuda, debiendo este descontar la cuota respectiva de las remuneraciones del trabajador, para enterarlas en arcas de la Caja que, como señaló, otorgó el crédito social.

En efecto, la norma no regula la aplicación del acuerdo denominado “Intercajas”, que, en definitiva, corresponde al medio que permite materializar, en el caso de autos, el acto impugnado.

Lo anterior es relevante, toda vez que la Caja de Compensación Los Andes, que realiza los descuentos, quien no otorgó el crédito que se cobra, ha pretendido asilar su acción en el referido acuerdo “Intercajas”, que la deja en la posición de diputada para el pago, el que, a su turno, sería legítimo, toda vez que se funda en la normativa que le aplica el régimen de cobro de cotizaciones previsionales por parte del empleador, cuestión que esta Corte no comparte, en la medida que el señalado artículo 22 establece un régimen de cobro de los préstamos, dado su carácter social, estableciendo un procedimiento excepcional, que permite proceder al descuento directo desde la planilla de remuneraciones, norma que debe ser interpretada restrictivamente.

En este aspecto, se debe enfatizar que si bien la caja de compensación que otorgó el crédito al recurrente –Caja de Compensación La Araucana-, puede perseguir su pago con indiferencia del cambio de empleador, lo cierto es que, conforme a la ley es ella quien debe informar al nuevo empleador la necesidad de realizar los descuentos, para que éste los remita directamente, sin que pueda otra Caja de Compensación, que tiene convenio con ese nuevo empleador, informar el descuento, asilándose en un convenio que la deja como diputada para el pago, que no tiene respaldo en la ley.

Lo anterior aparece refrendado con la circunstancia que incluso, ante el Congreso nacional se presentó en el año 2020 un proyecto de modificación de la Ley N° 18.833, que tenía por objeto introducir modificaciones legales para permitir el funcionamiento del denominado sistema “Intercajas” a través del Sistema Nacional de Comunicación Financiera SINACCAF, Boletín 13472-03, que es, en los hechos, el sistema que ocuparon las recurridas, para realizar los descuentos.

Décimo segundo: Que, conforme a lo anterior, cabe colegir que los descuentos que ha ordenado efectuar Caja Los Andes, a fin de remitir las respectivas sumas de dinero a Caja La Araucana, no tiene asidero normativo, más allá de la convención que vincula a dichas instituciones, pero que no puede alcanzar a la protegida, de modo que los descuentos efectuados desde su remuneración, en tal contexto (febrero, marzo y abril 2022; enero de 2023 a febrero 2024) deben ser considerados como ilegales, en la medida que la actuación en exceso de las facultades entregadas por el artículo 22 de la Ley N° 18.833, elude el cobro mediante el ejercicio de acciones ordinarias y ejecutivas, que permiten materializar el derecho de defensa del deudor.

Décimo tercero: Que, en cuanto a las garantías invocadas, aparece que el acto impugnado resulta inconcusa la vulneración del derecho de propiedad de la protegida, pues se le ha privado ilegalmente de parte de remuneración.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se decide:

Que se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, y en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana y de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solo en cuanto se dispone:

I. Que las recurridas deberán, en lo sucesivo, abstenerse de efectuar descuentos de la remuneración de la señora nombre reservado, conforme al proyecto “Inter Cajas”.

II. Que se rechaza en lo demás la acción deducida Se previene que el Ministro señor Zepeda fue del parecer de acoger íntegramente el recurso de protección, teniendo presente para ello que, al haber sido declarada la ilegalidad de los descuentos materia del presente arbitrio, resulta procedente que se ordene la restitución de las respectivas sumas de dinero, tal como fue solicitado.

Acordada con el voto en contra de la abogada integrante señora Vásquez Palma, quien fue del parecer de rechazar el recurso íntegramente, en virtud de los siguientes fundamentos:

1° Que, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 22, de la Ley Nº 18.833, en relación con el inciso primero, del artículo 11, del D.S. N° 91, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social - que contiene el Reglamento General del Régimen de Crédito Social -, lo adeudado por prestaciones de crédito social a una C.C.A.F. por un trabajador afiliado, debe ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales, por lo que el procedimiento seguido por la C.C.A.F. Los Andes, para llevar a cabo el referido cobro, forma parte del acuerdo intercajas, consistente en que la Caja de actual afiliación debe informar y descontar las deudas que sus afiliados mantengan vigentes con otras Cajas de Compensación donde originalmente solicitaron los créditos sociales, para luego remesar dichas recaudaciones a las respectivas entidades acreedoras.

2° Que, en consecuencia y con el mérito de las consideraciones que anteceden, mientras los tribunales de justicia no declaren prescrita la deuda que, por concepto de crédito social se mantiene con una C.C.A.F., resulta correcto su descuento.

3° Que, en efecto, el artículo 1° de la Ley N°18.833, las C.C.A.F. son entidades de previsión social, por lo que las deudas de crédito social contraídas con ellas, constituyen obligaciones con instituciones de previsión social, las que de acuerdo con el artículo 58 del Código del Trabajo deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores, no obstante, la C.C.A.F. La Araucana, se encuentra en condiciones de otorgarle las facilidades que le permitan cumplir con su compromiso, debiendo, para dicho efecto, acercarse a cualquiera de sus oficinas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-1218-2024.