nombre reservado con AFP HABITAT

Foja: 76 Setenta y Seis C.A. de Santiago Santiago, cinco de marzo de dos mil catorce.

Vistos:

En lo principal de fojas 40, comparece doña nombre reservado, dependiente, domiciliada en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de la AFP HABITAT S.A., representada por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en ingresar, incluir y declarar en su sistema una remuneración más alta de la que realmente percibe, atendido el trabajo que desempeña, lo que le ha significado variados problemas y perjuicios, según los antecedentes que expone.

Indica que se desempeña como personal de higiene en la empresa Videocorp Ingeniería y Telecomunicaciones, percibiendo una remuneración de $250.000, por lo cual siempre ha pertenecido en el sistema FONASA B. Añade, que padeció cáncer y -dados los errores que denuncia- debió pagar más de lo debido por las prestaciones médicas que recibía, figurando en el sistema como FONASA C y D.

Agrega que , cuando concurrió -después de un tiempo -a cobrar el pago de sus 3 cargas familiares se enteró que estaban retenidas desde junio de 2012 por lo que se dirigió a la Caja de Compensación Los Andes, donde le informaron que por sus altas remuneraciones ya no tenía derecho a ese beneficio, oportunidad en que se enteró que sus ingresos declarados por el sistema en las cotizaciones de noviembre de 2011 ascendían a $1.466.086, en enero de 2012 a $1.510.323 y en abril de 2012 a $1.522.648 y finalmente le aclararon que existía una anomalía en las cotizaciones, por lo cual acudió a las oficinas de la recurrida, donde le indicaron que el problema se solucionaría en un mes. Sin embargo, después de dos meses le seguían rechazando el pago de las cargas familiares y al consultar nuevamente a la recurrida se le indicó que el problema provenía de su empleador que habría digitado mal en su certificado de cotizaciones previsionales. Ante dicha situación la recurrente acudió a recursos humanos de VideoCorp, quienes le proporcionaron un certificado de cotizaciones donde se advierte que no cometieron error alguno, sino que el error fue de la AFP, y señala que en dicha entidad se le informó que mediante solución de reclamo HA 377675 se había resuelto el problema.

Agrega que pese a lo expuesto, su solicitud de pago de cargas familiares fue nuevamente rechazada y, consultada la recurrida, esta vez culpó a FONASA, diciendo que ellos debían haber digitado mal la información; sin embargo, en dicha institución le entregaron un certificado donde aparece que nada tenían que ver con el tema.

Da cuenta que, ante lo señalado, la recurrida le indicó que la responsable era PREVIRED, una empresa externa que les presta servicios- pero sin solucionar el problema- por lo que se dirigió a la Superintendencia de Pensiones, entidad que tampoco le ha dado una solución.

Hace presente que la última solución que le ofrece la recurrida es entregarle un certificado manual para ver si con ello puede solucionar su problema, pero éste no tiene valor alguno púes en el sistema éste sigue apareciendo, lo que en definitiva le ha significado figurar en el fondo FONASA D- que es el más costoso y que no le corresponde- tener más de 1 año 6 meses sin poder cobrar sus 3 cargas familiares y perder los beneficios que da el gobierno, como son el Bono Marzo, Bono invierno, Bono Base Familiar, Bono al Trabajo de la Mujer y Bono Asistencia Escolar, asimismo, ha debido soportar mayores costos por su enfermedad y no ha podido postular a beneficios municipales en razón de aparecer en el sistema con una remuneración mayor a la que realmente percibe.

Refiere que el acto arbitrario e ilegal denunciado ha vulnerado las garantías constitucionales contempladas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se declare que:

a) el acto cometido en su contra por la recurrida consistente en ingresar, incluir y declarar en su sistema una remuneración más alta que la que realmente percibe atendido el trabajo que desempeña es arbitrario e ilegal;

b) debe restablecerse el imperio del derecho sobre la base de dejar sin efecto el error cometido por la AFP, debiendo rectificarse en el lugar, sistema y por quien corresponda el correcto monto de sus ingresos, para que se ponga fin al menoscabo de sus derechos y se oficie a las entidades relacionadas de dicho error y rectificación, en la oportunidad procesal correspondiente.

c) se condena en costas a la recurrida.

A fojas 51 evacua informe la recurrida, quien alega-en primer término- la extemporaneidad del recurso. Señala que la propia recurrente indica llevar más de un año y medio sin poder cobrar sus cargas familiares y del relato puede advertirse que se trata de un problema de larga data, por lo que el recurso ha sido presentado fuera de plazo legal de 30 días corridos que dispone el Auto Acordado respectivo.

En cuanto al fondo del recurso, da cuenta que con fecha 8 de mayo de 2013 recibió desde la Superintendencia de Pensiones la consulta electrónica N°C201302281, que fue respondida con fecha 13 de mayo de este año, en la cual la recurrente solicitaba regularizar las cotizaciones informadas para los períodos de noviembre 2001, enero y abril de 2012, dado que fueron acreditados con una remuneración errónea. Ante ello, la AFP informó que con fecha 30 de agosto de 2012 ya se había suscrito un reclamo normativo N° HA-177675, el cual con fecha 5 de septiembre de 2012 dictaminó e instruyó regularizar los períodos ya mencionados. En consecuencia, asevera, que la situación ya había sido regularizada por la recurrida y además se le hizo presente a la recurrente que las cotizaciones históricas en las cuentas individuales no pueden ser eliminadas del sistema, motivo por el cual al emitir el certificado este detalla ambos registros. También hace presente que con fecha 14 de agosto de este año la recurrente nuevamente solicita regularizar las cotizaciones ya indicadas, por cuanto no puede concurrir a la sucursal a obtener un certificado manual cada vez que necesite un certificado de cotizaciones correcto, ante lo cual le reitero que no es posible eliminar las cotizaciones históricas del sistema y le entregó alternativas para facilitar la solicitud y entrega de certificación manual.

Reitera que la AFP corrigió en septiembre de 2012 el problema, y agrega que sin perjuicio de ello enviará un certificado y carta aclaratoria a la Caja de Compensación Los Andes y a FONASA, a fin de que estas entidades tomen las medidas pertinentes para otorgar a la recurrente los beneficios que correspondan.

Hace presente que la recurrida ante las instrucciones de la Superintendencia corrigió el error denunciado, proporcionándole a la recurrente los certificados que así lo acreditan, por lo que estima ha actuado en conformidad a lo dispuesto en el Decreto ley 3.500 y la normativa previsional dictada por la Superintendencia de Pensiones al efecto, por lo que no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, ni ha vulnerado derechos o garantías constitucionales de la recurrente.

Pide que se rechace el recurso en todas sus partes, por haberse interpuesto fuera de plazo legal y por carecer de fundamentos legales, con costas Luego, cumpliendo lo ordenado por esta Corte, la recurrida amplía su informe, a fojas 63, y señala que la distorsión denunciada se produjo desde el 12 de diciembre de 2011, la cual se regularizó el 5 de septiembre de 2012. Añade que la inconsistencia se produjo porque la planilla informada por el empleador indicaba como monto de la remuneración $0 y un monto cotizado de seguro de invalidez y sobrevivencia de $6.651.- ante lo cual el sistema recalculó en forma errónea la remuneración imponible, ya que el cálculo determinado daba un monto superior al tope imponible y el sistema lo registró con el tope imponible correspondiente a esa fecha. Acerca de la imposibilidad de corregir los datos, enfatiza que no es posible eliminar de los registros históricos de las cuentas de los afiliados por razones de cierres contables, informes que dan origen a los estados financieros de los fondos de pensiones y de control de movimientos; agrega que conforme a los Procedimientos para el proceso de Gestión de reclamos, el sistema debe mantener la trazabilidad del proceso de gestión del reclamo y mantener un respaldo auditable de todas las etapas del proceso de gestión de reclamos, y que si bien se encuentra impedida de generarle a la recurrente un certificado de renta en forma automática, no lo está para emitirle un certificado correcto generado manualmente.

A fojas 67 evacúa informe la señora Fiscal de la Superintendencia de Pensiones, dando cuenta que con fecha 29 de abril del año en curso la recurrente reclamó en contra de la recurrida, por cuanto al entidad emitió certificados de cotizaciones correspondientes a noviembre de 2011, enero y abril de 2012, en los que figuran montos de remuneración superiores a los que ella percibe, situación que le ha traído problemas en la protección de su salud ya que, al estar afiliada a FONASA, la cambiaron de nivel, lo que implicó un mayor costo de su cobertura de salud y que pese a que en la AFP le informaron que su situación ya había sido regularizada el 9 de septiembre de 2012, seguía figurando con montos de remuneración errónea en su certificado de cotizaciones. Da cuenta que solicitó el respectivo informe a la AFP, la cual remitió copia de carta GO N° 453230-1/13 que le enviara a la recurrente con fecha 13 de mayo último, señalándole que el 30 de agosto de 2012 ella suscribió reclamo normativo, dictaminando e instruyendo el 5 de septiembre de ese año (la Superintendencia), que se regularizarían los períodos impositivos correspondientes y haciéndole presente que ya le informó que las cartolas históricas no puedes ser eliminadas del sistema.

Da cuenta que el 3 de julio de los corrientes la recurrente realizó una nueva presentación en similares términos, señalando que no consideraba la emisión de un certificado manual una real solución, ya que no se encuentra en condiciones físicas de salud para trasladarse a una sucursal de la recurrida cada vez que necesite un certificado, por lo que solicitó se corrigiera tal situación a fin de poder obtener sus certificados corregidos vía internet.

Hace presente que atendida la consulta instruyó nuevamente a la AFP para que informara al efecto, la cual evacuó respuesta a través de carta de 21 de mayo de este año, reiterando que no es posible eliminar las cotizaciones históricas del sistema, haciendo presente que la recurrente podía ingresar directamente al sitio web de la administradora o comunicarse telefónicamente, debiendo especificar el problema por el cual el documento no puede ser obtenido directamente del sistema y solicitar su remisión vía correo certificado.

Refiere que atendidas las presentaciones de la señora nombre reservado esa entidad consideró solucionado el problema planteado por ella, e indica que la información previsional de los registros históricos de los cotizantes no resulta factible de ser modificada de las bases de datos, permitiéndose a las Administradoras de Fondos de Pensiones sólo aclarar a los afiliados las eventuales inconsistencias o errores detectados en sus movimientos y efectuar las correcciones correspondientes a través de los procedimientos de reclamo normados por la Superintendencia.

Da cuenta que las AFP están obligadas a proporcionar diariamente la información referente al total de las operaciones contabilizadas en el día, de modo que si bien se hubiere ingresado información incorrecta y esta es corregida, el movimiento histórico de la cuenta de capitalización individual de la afiliada debe registrar todo el historial de lo sucedido, manteniéndose la consistencia con la información contable correspondiente a los informes diarios de las fechas en que los movimientos fueron registrados, pues lo contrario implica altera información esencial para un adecuado seguimiento del historial del respectivo fondo. Concluye que el objetivo de esta restricción es salvaguardar la información de los fondos de pensiones.

A fojas 55 se trajeron los autos en relación, el que volvió a regir a fojas 70, luego de los trámites decretados por esta Corte.

Considerando:

Primero: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Segundo: Que con el mérito de los antecedentes, resulta acreditado que en el certificado histórico de imposiciones obligatorias de la recurrente en AFP Habitat aparece los meses de Noviembre de 2011 y enero y abril de 2012, con remuneraciones muy superiores a las que percibió, toda vez que registra cifras cercanas al $ 1.500.000.- cuando su remuneración imponible promedio era de $ 359.755, lo que, etre otros aspectos, incide en el tramo de Fonasa en que debe atenderse como en el derecho al pago de sus cargas familiares, por tratarse de beneficios directamente relacionados con su renta .

Tercero: De la situación antes descrita, con fecha 13 de marzo de 2013, el empleador de la recurrente suscribió reclamo normativo, caratulado HA 385087, en que solicitó regularizar la renta imponible errónea de los periodos indicados, dictaminado la AFP, el 1 de abril de 2013, como “Solución” : “Cumplir con la función de AFP regularizadora en favor del trabajador afectado de acuerdo al Compendio Libro I, título VII, letra A”.

Cuarto: Por su parte la afectada reclamó ante la Superintendencia en relación a la misma situación en los meses de mayo y julio, respondiendo la AFP que no le era posible eliminar las cotizaciones históricas del sistema, no obstante continuar trabajando para solucionar el inconveniente puntual en sus registros, ofreciéndole dos alternativas para el caso de no poder concurrir a las sucursales de la AFP, debiendo en ambos casos especificar ella el problema por el cual el documento no podía ser obtenido del sistema y solicitar su envío por correo electrónico o certificado.

Quinto: Así las cosas, para desestimar la extemporaneidad alegada por la recurrida, basta tener presente que, de acuerdo a su propio informe la situación denunciada se ha mantenido en el tiempo y si bien ellos han informado su solución, ello no ha producido efectos en la recurrente, toda vez que debe obtener un certificado manual, respecto del cual si bien se le pueden haber dado “ciertas facilidades” para su obtención, se pone de su carga la misma, ya que debe dar ella las explicaciones y solicitar su envió, sin poder contar con el inmediatamente, de modo no es posible contabilizar el plazo como se pretende, toda vez que- en los hechos- la situación se ha mantenido en el tiempo.

Sexto: Que el registro histórico de información de cada trabajador dispuesto en el Compendio de normas de la Superintendencia, no puede perjudicar patrimonialmente ni en sus derechos a los afiliados, en términos de imponerles mayores cargas en salud y privarle de beneficios sociales, toda vez que con ello se afecta su derecho de propiedad y se le discrimina en relación al resto de los afiliados que en la misma situación tienen acceso a sus certificados en forma expedita y clara, para diversos fines, entre otros, la obtención de los beneficios sociales establecidos en la Ley.

Séptimo: Cabe destacar que del mérito de los autos por lo demás no aparece que la situación provenga de un error de la recurrente ni de su empleadora, en términos que, además, ha de responder por errores de terceros.

Octavo: Que a mayor abundamiento, es el propio compendio de normas aludidas por la AFP, derivadas del mandato contenido en el DL 3500, el que prescribe que sus normas tienen por objetivo simplificar la solución de los reclamos relativos a la administración de las cuentas personales de los afiliados y trabajadores, así como aquéllos originados en la solicitud y entrega de los beneficios establecidos en la ley, asignando a la Administradora de Fondos de Pensiones la responsabilidad de entregar una oportuna solución a aquéllos, en el mejor interés de los afiliados y trabajadores, añadiendo que el Gerente General de la Administradora es el responsable de asignar oportuna y adecuadamente los recursos necesarios para el cumplimiento de esta normativa, así como para la permanente capacitación, dirección y control del personal encargado de cumplirla, mandándole de otro lado a la AFP el registro de las acciones regularizadoras, nada de lo cual se advierte en el caso de autos donde se ha informado la solución del error, cuando el mismo se mantiene imponiéndole a la afiliada mayores cargas que al resto de los trabajadores, todo lo cual conduce a acoger el recurso de autos, disponiendo que la recurrida deberá adoptar medidas eficaces y oportunas para que la recurrente cuente sin dificultades con el correcto certificado de sus cotizaciones previsionales.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República 19 N° 2 y 24 del mismo texto y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, con costas el recurso de protección de lo principal de fojas 40, disponiendo que la AFP Habitat, deberá arbitrar todas las medidas para que doña nombre reservado obtenga su certificado de cotizaciones previsionales con la información fidedigna, de manera expedita y oportuna.

Regístrese y archívense.

Redacción de la Ministro Ravanales.

N° Protección-121.707-2013 Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Dobra Lusic Nadal e integrada por la Ministra señora Adelita Ravanales Arriagada y por el abogado integrante señor Rodrigo Asenjo Zegers, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, cinco de marzo de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.