Protección contra Ministerio del Interior

C.A. de Santiago Santiago, nueve de septiembre de dos mil veintiséis.

A los folios 18, téngase presente.

Al folio 19: a lo principal, téngase presente y a sus antecedentes.

Al folio 20: a lo principal y segundo otrosí, téngase presente.

Al primer otrosí, téngase presente y a sus antecedentes.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Ministerio del Interior, Servicio de Gobierno Interior, representado legalmente por su ministro, Claudio Alvarado Andrade; contra la Subsecretaría del Interior, representada legalmente por su Subsecretario, Juan Ramón Salazar Cespedes; y contra el Servicio Nacional de Migraciones, representado por su director nombre reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en haber dictado este último servicio la Resolución Exenta RA N°NUM000, de 27 de marzo de 2026, por la que se puso término anticipado a la contrata de la recurrente, lo que a su juicio vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se restablezca el imperio del derecho, ordenando esta Corte a la recurrida dejar sin efecto el acto recurrido, como asimismo a pagar la actora la totalidad de las remuneraciones, bonos y demás beneficios devengados y no percibidos durante el tiempo de separación del servicio, con costas.

Relata que ingresó al Servicio Nacional de Migraciones el 2 de septiembre de 2024 a honorarios, siendo posteriormente traspasada a la planta de profesionales a contrata, grado 15°, cargo que fue objeto de sucesivas prórrogas, siendo la última la dispuesta por Resolución Exenta RA N°NUM001, de 14 de enero de 2026, vigente hasta el 31 de diciembre del mismo año, agregando que se desempeñó en el Departamento de Comunicaciones, cumpliendo labores de gestión comunicacional interna y externa, elaboración de contenidos, coordinación con Direcciones Regionales y desarrollo de proyectos institucionales, con una calificación de desempeño de 94,50%, integrando la lista 1 de distinción.

Refiere que, tras la asunción de nuevas autoridades en marzo de 2026, le fue notificado el término anticipado de su contrata por el acto impugnado en el presente arbitrio, fundado en una reestructuración orgánica del Servicio, de 26 de marzo de 2026, aprobada por Resolución Exenta N°NUM002, en el marco de un ajuste fiscal presupuestario, puntualizando que se dispuso el término anticipado de su contrata por considerarse sus servicios como no necesarios en el marco de la nueva estructura funcional y presupuestaria del recurrido.

Alega, sin embargo, que la antedicha resolución no modificó sustancialmente el Departamento de Comunicaciones ni suprimió sus funciones y que, coetáneamente a su desvinculación, ingresaron a dicho departamento nuevos funcionarios, entre ellos un periodista con grado 10° en el escalafón profesional, y otro periodista a contar del 1 de abril de 2026, circunstancia que a juicio de la actora evidencia que sus servicios continuaban siendo necesarios, y que la supuesta reestructuración y las razones presupuestarias no existieron, puesto que incluso se contrataron nuevos funcionarios en el Departamento de Comunicaciones con mayor remuneración.

Argumenta en estas circunstancias la ilegalidad y arbitrariedad de la Resolución Exenta impugnada, al no existir fundamentos fácticos que permitan sostener la necesidad de terminar la contrata de la recurrente antes del cumplimiento de la anualidad respectiva, y que pudieren justificar que sus servicios ya no eran necesarios, especialmente considerando que la fundamentación relativa a una reestructuración se encuentra desprovista de sustentos objetivos verificables al tenor de lo antes mencionado y por conservar el Departamento de Comunicaciones idénticas funciones a las que tenía la recurrente al momento de asumir su cargo, lo que da cuenta de una motivación deficiente y contradictoria.

Expresa que lo anterior se basa en lo dispuesto en el artículo 11 inciso segundo de la Ley N°19.880, que impone a la Administración el deber de expresar los hechos y fundamentos de derecho en los actos que afecten derechos de los particulares, y que se ve reforzado con un especial exigencia de motivación tratándose del término anticipado de una contrata. En este sentido, sostiene que la cláusula "mientras sean necesarios sus servicios", propia de los empleos a contrata regulados en el artículo 10 de la Ley N°18.834, no exime a la autoridad de motivar fundadamente su decisión, no pudiendo ser la discrecionalidad sinónimo de arbitrariedad.

Puntualiza que el acto impugnado ha vulnerado sus derechos fundamentales, particularmente el de igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y su protección, y derecho de propiedad, por lo que solicita en definitiva a esta Corte se acoja el presente arbitrio, y con su mérito, se restablezca el imperio del derecho, en los términos antes mencionados.

SEGUNDO: Que, informa la abogada Fernanda Saavedra Guajardo, en representación del Ministerio del Interior y Subsecretaría del Interior, al tenor de la acción deducida, refiriendo que el organismo competente para informar sobre la materia es el Servicio Nacional de Migraciones, atendido lo dispuesto en los artículos 156 y 178 de la Ley N°21.325, como asimismo el DFL N°1 – 21.325, de 19 de agosto de 2021.

TERCERO: Que, informa la abogada María Paz Fuenzalida García, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, quien solicitó el rechazo en todas sus partes de la acción deducida.

Expone en cuanto a los hechos que la recurrente ingresó a prestar servicios como personal a contrata al citado Servicio con fecha 1 de diciembre de 2024, en calidad de funcionaria asimilada al Estamento Profesional, Grado 15° E.U.S., según Resolución Exenta N°NUM003, acto administrativo que estableció expresamente que su designación se mantendría solo "mientras sean necesarios sus servicios", condición aceptada formalmente por la recurrente, agregando que dicha designación fue objeto de sucesivas prórrogas anuales, reiterándose en cada una la referida cláusula de vigencia, dictándose el 26 de marzo de 2026 se dictó la Resolución Exenta N°NUM002, que aprobó la actualización del organigrama institucional del Servicio, lo que trajo consigo una reorganización interna y la redistribución de tareas y prioridades, determinándose que las funciones desempeñadas por la recurrente, carentes de una destinación específica, no resultaban indispensables en la nueva estructura, motivo por el cual se dispuso el término anticipado de su contrata mediante la Resolución Exenta N°NUM000, de 27 de marzo de 2026, que constituye el acto impugnado.

En cuanto al derecho, plantea, en primer término, la improcedencia de la acción de protección, por tratarse de una vía cautelar de naturaleza excepcional, que exige la concurrencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria, respecto de un derecho de carácter indubitado, que a su juicio no concurre en la especie, sin que tampoco exista en autos un acto ilegal o arbitrario de parte del Servicio Nacional de Migraciones que vulnere derechos de la parte recurrente.

A continuación, y tras citar el marco legal aplicable en relación con las disposiciones de la Ley N°21.325, sostiene que el empleo a contrata no constituye un derecho de propiedad para el funcionario, sino un vínculo estatutario de carácter esencialmente transitorio y precario, conforme a lo dispuesto en los artículos 3 letra c) y 9 del Estatuto Administrativo, contando la Administración con una potestad organizativa que la faculta para poner término a dicho vínculo mediante acto fundado.

Hace presente que el acto impugnado se encuentra debidamente motivado, por cuanto se enmarca en un proceso de modernización institucional materializado mediante Resolución Exenta N°NUM002, que creó la Dirección de Fiscalización y Expulsiones, extinguiendo con ello la necesidad del perfil administrativo que ejercía la recurrente, todo ello en cumplimiento del estándar de eficiencia y eficacia consagrado en el artículo 53 de la Ley N°18.575 y de los requisitos de motivación previstos en la Ley N°19.880, todo lo cual dota a la resolución cuestionada de sustento en antecedentes objetivos, verificables y jurídicamente atendibles, consistentes en la actualización formal del organigrama institucional y en la consecuente pérdida de necesidad de determinadas funciones dentro de la nueva estructura del Servicio, no pudiendo calificarse de arbitraria o ilegal.

Detalla además que la recurrente tampoco cuenta con el principio de confianza legítima respecto de su empleo, toda vez que según la jurisprudencia de la Corte Suprema exige para su configuración un presupuesto temporal objetivo de cinco años de servicio continuo bajo la modalidad a contrata, que no se cumple en este caso, al contar la actora con una antigüedad inferior a dos años.

Finalmente, manifiesta la inexistencia de vulneración a las garantías invocadas por la contraria, por cuanto la decisión del recurrido no importaría discriminación arbitraria, no impediría el ejercicio de actividad laboral alguna, y tampoco afectaría un derecho de propiedad sobre el cargo que desempeñaba, por lo que solicita en definitiva a esta Corte el rechazo de la acción deducida en todas sus partes.

CUARTO: Que, a folio 19 de estos autos, el Servicio Nacional de Migraciones amplió el informe evacuado a esta Corte, precisando, en síntesis, que los fundamentos que sustentan la decisión adoptada en la Resolución Impugnada resultan concordantes con el criterio recientemente sostenido por la Contraloría General de la República respecto del término anticipado de designaciones a contrata en el propio Servicio Nacional de Migraciones, precisando que el órgano contralor expresó que el término anticipado de una designación a contrata sujeta a dicha condición resulta jurídicamente procedente cuando se materializa mediante un acto administrativo debidamente fundado, en el cual se expresen los motivos, razonamientos y antecedentes de hecho y de derecho que sirven de sustento a la decisión.

Puntualiza a este respecto que en la Resolución Exenta N°NUM004, de 28 de julio de 2026, se consideró ajustado a derecho el término anticipado de una contrata del Servicio Nacional de Migraciones que había sido dispuesto en atención a un proceso de reorganización interna formalizado mediante la Resolución Exenta N°NUM002, de 26 de marzo de 2026, junto con la necesidad de redistribuir tareas y prioridades, la absorción de determinadas funciones por otras Direcciones, Departamentos y Unidades, y consideraciones vinculadas al ajuste fiscal y a la rebaja presupuestaria, lo que a su juicio reafirma la potestad organizativa que detenta.

QUINTO: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

SEXTO: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de haber dictado el Servicio Nacional de Migraciones la Resolución Exenta N°NUM000, de 27 de marzo de 2026, por la que se puso término anticipado a la contrata de la recurrente, lo que a su juicio vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, correspondiendo a esta Corte determinar si dicha actuación se ajusta o no a derecho.

SÉPTIMO: Que, en lo que respecta al Ministerio del Interior, el arbitrio debe ser desestimado, toda vez que el referido servicio carece de legitimación pasiva, en la medida que la designación a contrata de la actora fue dispuesta y prevista para prestar servicios en el Servicio Nacional de Migraciones, servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encontrándose sometido, únicamente, a la supervigilancia del Presidente de la República por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

OCTAVO: Que, sobre el particular, el artículo 3 letra c) del DFL N°29, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, dispone que el empleo a contrata “es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”, agregando el inciso primero del artículo 10 del mismo cuerpo normativo que aquellos “durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”.

NOVENO: Que, conforme aparece de los antecedentes acompañados, la recurrente ingresó a prestar servicios en el Servicio Nacional de Migraciones en calidad de funcionaria a contrata, Planta Profesionales, grado 15°, mediante Resolución Exenta RA N° NUM003, de 29 de enero de 2025, vínculo que fue posteriormente prorrogado, en lo que interesa, por la Resolución Exenta RA N°NUM005, de 14 de enero de 2026, desde 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2026.

Sin embargo, dicha designación no fue dispuesta de manera pura y simple por todo el período señalado, pues expresamente quedó sujeta a la condición de que sus servicios continuaran siendo necesarios, circunstancia que resulta relevante para determinar el estatuto jurídico aplicable a su permanencia en el cargo y las facultades de la autoridad municipal a su respecto.

DÉCIMO: Que la incorporación de la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios” importa que la duración de la contrata se encuentra sometida no sólo al límite temporal máximo establecido en el respectivo acto de nombramiento, sino también a la subsistencia de la necesidad de contar con los servicios del funcionario, cuya apreciación corresponde a la autoridad administrativa dentro del ámbito de las atribuciones que el ordenamiento jurídico le confiere.

De esta manera, la fijación del 31 de diciembre de 2026 como fecha máxima de vigencia de la contrata no puede entenderse, por sí sola, como fuente de un derecho incondicionado a permanecer en el cargo hasta aquella data.

A lo anterior cabe agregar que la expectativa de permanencia derivada del principio de confianza legítima supone un desempeño continuo y prolongado en el tiempo, amparado en sucesivas renovaciones, presupuesto que no concurre en la especie, desde que la recurrente ingresó a prestar servicios el 1 de diciembre de 2024 y cesó en ellos el 26 de marzo de 2026.

En consecuencia, la autoridad conservaba la potestad de revisar la subsistencia de la necesidad de sus servicios, con la sola exigencia de hacerlo mediante un acto administrativo suficientemente motivado, criterio que ha reiterado la Excma. Corte Suprema en sentencia de 12 de marzo de 2026, dictada en los autos Rol N° 33.184-2025.

UNDÉCIMO: Que los artículos 11, inciso segundo, y 41, inciso cuarto, de la Ley N°19.880 imponen el deber de expresar los hechos y fundamentos de derecho de aquellos actos administrativos que afecten los derechos de los particulares, exigencia que debe apreciarse atendiendo al contenido del acto y a los antecedentes que le sirven de sustento.

DUODÉCIMO: Que, así las cosas, examinada la Resolución Exenta impugnada, de 27 de marzo de 2026, a la luz de las exigencias antes señaladas, no se advierte la ilegalidad o arbitrariedad que le atribuye la recurrente, toda vez que la decisión de poner término anticipado a su contrata no aparece sustentada en la sola invocación formal de la cláusula “mientras fuesen necesarios sus servicios”, sino que se inserta en antecedentes concretos y objetivos relacionados con la organización y funcionamiento interno del servicio y con la necesidad que la autoridad estimó existente respecto de la continuidad de sus servicios.

En efecto, de los antecedentes tenidos a la vista aparece que el Servicio Nacional de Migraciones estimó necesario realizar un cambio en la reorganización interna del Departamento de Comunicaciones, lo que supone un reordenamiento de funciones, materias y prioridades de gestión, según la estructura definida por la jefatura de dicha unidad.

De este modo, la motivación del acto impugnado no se reduce a una fórmula genérica ni a la mera reiteración de la cláusula de necesidad del servicio, pues expresa razones de hecho verificables que permiten comprender por qué la autoridad estimó que los servicios de la recurrente habían dejado de ser necesarios, satisfaciendo de ese modo la exigencia del artículo 11, inciso segundo, de la Ley N°19.880, que no impone una fundamentación extensa, sino suficiente.

DÉCIMO TERCERO: Que, adicionalmente, el Oficio Circular N°12, de 13 de marzo del presente año, que invoca la recurrida como fundamento de su decisión, dispone un “Plan de ajuste fiscal”, emanado del Ministerio de Hacienda, que instruye a los servicios públicos a implementar medidas de eficacia del gasto y a optimizar el uso de los recursos institucionales.

En este aspecto, se debe tener presente que la Circular N°12 dispuso un plan de ajuste fiscal, consignando que existiría un primera fase se llevará a cabo durante el mes de marzo de 2026.

Este plan contempla reducciones de gasto provenientes de tres fuentes: i) combate a los abusos y las malas prácticas: ii) mayor eficiencia del gasto y; iii) austeridad fiscal.

Entre las medidas que contempla dispone que: “1. La primera fase del Plan de Ajuste Fiscal contempla una reducción en el límite de gasto definido para el año 2026 de USD 3.000 millones, en adición a lo recientemente informado por el Ministerio de Hacienda en cuanto a reducir el gasto bruto en USD 800 millones. 2. El ajuste tiene carácter permanente. En consecuencia, su análisis deberá considerar tanto el efecto en el año 2026, como sus efectos en el mediano plazo. 3. La gestión para que el ajuste presupuestario se traduzca en una reducción efectiva del gasto público es responsabilidad de cada ministerio, subsecretaría y servicio, sin perjuicio que la función del seguimiento y asesoramiento esté radicada en la Dirección de Presupuestos. Luego propone una estructura de ajuste, que contempla una rebaja transversal de 3,0% del Gasto Bruto de cada Partida y una Rebaja adicional a la anterior, a nivel del Sector Público, por USD 1.000 millones, focalizado por cada ministerio individualmente. Finalmente propone una serie de lineamientos para lograr las rebaja del gasto público”.

Así, se expone en la Resolución recurrida que puso término anticipado a la contrata de la actora que, con motivo del ajuste fiscal decretado por el Ministerio de Hacienda, y las respectivas rebajas presupuestarias que afectan al Servicio, existen programas que se verán reducidos considerablemente en su ejecución, lo que implica que las tareas desarrolladas por algunos funcionarios a contrata adscritos al área responsable de dichos programas, ya no serán requeridos, puesto que disminuirá sustancialmente su financiamiento.

Agrega el acto administrativo que, en la situación expuesta y, de conformidad con lo señalado precedentemente, las labores desempeñadas por la funcionaria designada a contrata se considerarán como no necesarias en el marco de estas nuevas estructuras funcional presupuestaria. En este aspecto concluye que, el proceso de reorganización interna del Servicio afecta a las labores específicas para las cuales fue contratada la funcionaria, cuyos servicios han dejado de ser necesarios en los términos originalmente previstos, configurándose así una circunstancia objetiva que justifica el ejercicio de la facultad para poner término anticipado a su designación a contrata.

DÉCIMO CUARTO: Que, como se observa, la Resolución impugnada cumple las exigencias de motivación, toda vez que el servicio recurrido entrega fundamentos para poner término anticipado de la contrata de la actora, los que cumplen el estándar establecido en el artículo 11 y 41 de la Ley N°19.880, puesto que entrega razones objetivas y verificables, por las que los servicios de la actora no eran necesarias, los que se vinculan con la reestructuración del servicio, acompañándose antecedentes que dan cuenta de que aquella tuvo su origen en el plan de ajuste fiscal que emanó del Ministerio de Hacienda –Circular N°12–, que da cuenta de la necesidad de bajar el gasto público, estableciendo un porcentaje de rebaja presupuestaria transversal de un 3%, lo que debía ser materializado por los servicios públicos, cuestión que, el servicio recurrido materializó con la reestructuración ordenada por la Resolución N°NUM002, procediendo posteriormente a poner término a los servicios a contratas que, conforme al nuevo diseño, ya no fueran necesarios, entre los que se encontraban aquellos prestados por la actora.

DÉCIMO QUINTO: Que por último, en cuanto a las alegaciones formuladas por la recurrente en orden a no constar evaluaciones negativas anteriores o de haberse dispuesto previamente la prórroga de la contrata hasta el año 2026 tampoco determina, por sí misma, la ilegalidad del acto posterior, desde que aquella prórroga mantuvo la condición relativa a la necesidad de los servicios y, por consiguiente, no privó a la autoridad de la posibilidad de revisar posteriormente dicha necesidad sobre la base de nuevos antecedentes relativos al funcionamiento y organización del Servicio.

DÉCIMO SEXTO: Que, en consecuencia, al no existir un acto que pueda ser catalogado de ilegal o arbitrario, toda vez que la resolución impugnada fue dictada por la autoridad competente, en usos de sus facultades legales, aplicando la normativa que rige la materia, correspondiendo a un acto administrativo debidamente motivado, el arbitrio en estudio debe ser desestimado, siendo innecesario emitir pronunciamiento sobre las garantías constitucionales invocadas.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción deducida por doña nombre reservado, en contra del Ministerio del Interior, Subsecretaría del Interior, y contra el Servicio Nacional de Migraciones.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-12155-2026.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Jenny Book Reyes, el Ministro (S) señor Christian Carvajal Silva y el Abogado Integrante señor Jorge Gómez Oyarzo.

En Santiago, nueve de septiembre de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.