nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

C.A. de Santiago Santiago, trece de septiembre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Contraloría General de la República por la emisión del oficio N° E443088, de 2024, del Contralor Regional de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, que rechazó un recurso de reposición en contra del oficio N° E436839, de igual año, del Jefe de Unidad Jurídica (S) de la misma Sede Regional, que omitió pronunciamiento sobre el reclamo de legalidad interpuesto por la recurrente en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), por tratarse de un asunto sometido al conocimiento de los tribunales de justicia, decisión que considera ilegal y arbitraria, y vulneratoria del derecho a la igualdad ante la ley contemplado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Indica que desde el 1 de octubre de 2007 y hasta el 31 de enero de 2020, fue repetida y sucesivamente designada en JUNAEB, en calidad de contrata y en diferentes grados, siendo la última de ellas en grado 11°, asimilada a la planta profesional; luego, desde el 1 de febrero de 2020, y a través de un concurso de Alta Dirección Pública, fue nombrada en el cargo de Directora Regional, directivo grado 7°, con desempeño en la sede regional de Los Lagos del mismo servicio. Finalmente, y a solicitud del jefe de servicio, presentó su renuncia no voluntaria al último cargo, a partir del 20 de octubre de 2022.

Señala que, el 31 de diciembre de 2022, interpuso una acción de tutela laboral en contra de la JUNAEB, ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, RIT T-2332-2022, caratulada “nombre reservado con Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas”, denunciando vulneración de derechos fundamentales con ocasión de su renuncia no voluntaria al último cargo directivo -discriminatoria por razones políticas y gremiales, y lesiva de su libertad de trabajo-, razón por la que solicitó el pago de la indemnización especial que prevé al efecto el artículo 489 del Código del Trabajo, y la indemnización del lucro cesante por las remuneraciones a que habría tenido derecho hasta finalizar el período legal en el cargo de alta dirección pública en que se la cesó, con reajustes, intereses y costas. Precisa que la causa anotada fue fallada por sentencia de 6 de noviembre de 2023, encontrándose pendiente un recurso de nulidad contra esa resolución ante esta Corte, Rol N° 4085-2023.

Refiere que, junto con presentar su renuncia no voluntaria al último cargo de jefatura y en la misma carta dirigida al efecto, solicitó a la Secretaria General de la JUNAEB “se le indiquen sus nuevas funciones en la Dirección Regional”, en atención al tiempo servido anteriormente a contrata en el mismo servicio, petición de la cual no recibió respuesta.

Agrega que sobre este último asunto es que, mediante solicitud de fecha 7 de noviembre de 2022, dedujo reclamación ante la Contraloría General de la República en contra de la JUNAEB, argumentando correspondía que la JUNAEB dispusiera la renovación de su contrata en los mismos términos que tenía antes de haber asumido la jefatura a que se ha hecho mención.

Añade que la Contraloría General de la República, omitió pronunciamiento sobre dicha reclamación, sosteniendo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6°, inciso tercero, de la Ley N° 10.336, no le corresponde informar ni intervenir en asuntos que se encuentran sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia, aludiendo a la causa laboral referida.

Indica que interpuso recurso de reposición, alegando que el requerimiento formulado ante ese Organismo de Control no guarda relación con la materia planteada en sede judicial, por cuanto versa sobre un objeto y causa de pedir diverso; ya que mientras que la acción de tutela laboral en contra de la JUNAEB tuvo por objeto que se declarara la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la renuncia no voluntaria a un cargo de alta dirección pública, aquella otra reclamación tuvo por finalidad que se reconozca el principio de confianza legítima y el tiempo servido anteriormente a contrata en el mismo organismo, reclamando para ser nuevamente designada en un empleo en tal calidad.

Señala que el oficio N° E3443088/2024, de 24 de enero de 2024, del Contralor Regional de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, rechaza la reposición sosteniendo que lo planteado en esta oportunidad por el requirente incide directamente en la ejecución del fallo dictado en sede judicial, por cuanto la sentencia emitida por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, antes aludida, en su considerando décimo sexto, se habría pronunciado expresamente en relación con la confianza legítima alegada por la interesada, haciendo presente que la pérdida de esta, invocada como motivo para su terminación de contrato, no puede considerarse discriminatoria, añadiendo que, en el mismo considerando, se deja constancia que los altos directivos públicos no están sujetos a las reglas de la carrera funcionaria y no tienen una expectativa de empleo permanente basada únicamente en su desempeño.

Argumenta que el acto impugnado es arbitrario e ilegal por ignorar que el objeto y causa de pedir en la causa judicial y administrativa son distintos, así como por atentar contra el principio de inexcusabilidad, establecido en el artículo 14 de la Ley 19.880, así como contra el deber de fundamentación del artículo 11 de la misma ley.

Alega que se le dio un trato discriminatorio en relación a otros funcionarios que, en una situación jurídica equivalente, han visto tramitados, conocidos y resueltos, sus reclamos de ilegalidad.

Solicita que se ordene a la recurrida dejar sin efecto el acto recurrido, conocer y resolver el reclamo de legalidad presentado en su oportunidad por esta interesada.

Segundo: Que por su parte, la Contraloría General de la República, evacuó informe, solicitando el rechazo del recurso.

Sostiene que el acto impugnado no es ilegal ni arbitrario, dado que se basa en el artículo 6°, inciso tercero, de la Ley N° 10.336.

Señala que la recurrente no tiene un derecho indubitado que proteger, al encontrarse pendiente el recurso de nulidad interpuesto contra la sentencia de fecha 6 de noviembre de 2023 que falla la acción de tutela laboral RIT T-2332-2022, y por no ser el acto impugnado uno terminal.

Agrega que luego de haberse examinado el tenor literal de los considerandos décimo sexto y décimo séptimo de la sentencia dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en la causa RIT T-2332-2022, de fecha 6 de noviembre de 2023, se constató que ésta deja establecido, de modo expreso, que “los altos directivos públicos no están sujetos a las reglas de la carrera funcionaria y que no tienen una expectativa de empleo permanente basada únicamente en el desempeño”, y que la existencia de una prerrogativa legal para poner fin a los contratos de los actores, dada su condición de exclusiva confianza, lo que conlleva el ejercicio de un marco discrecional.

Añade que la decisión judicial necesariamente conlleva un pronunciamiento en relación con la posibilidad de que la autoridad administrativa decida acerca de la pertinencia de reintegrar a la actora en sus funciones anteriores a las que desempeñó como Directora Regional de Los Lagos de la JUNAEB, en circunstancias que la señora nombre reservado recibió la indemnización prevista en el artículo 154 del Estatuto Administrativo, por la suma de $8.780.345.-, la cual fue dispuesta mediante resolución exenta N° 3.450, de fecha 22 de noviembre de 2022.

Refiere que, de esta manera, resulta evidente que la materia examinada incide directamente en la forma en que la autoridad administrativa debe cumplir el fallo dictado en sede judicial, en cuanto se trata de su ejecución y alcance, materia que es de competencia exclusiva del órgano jurisdiccional que lo dictó.

Señala que no se atenta contra la igualdad ante la ley, dado que se ha aplicado estrictamente la ley.

Tercero: Que son antecedentes a considerar, los siguientes:

1.- La recurrente se desempeñó entre el 1 de octubre de 2007 y el 31 de enero de 2020, mediante designaciones a contrata sucesivas en JUNAEB, en diferentes grados.

2.- A partir del 1 de febrero de 2020, fue nombrada en el cargo de Directora Regional, directivo grado 7°, con desempeño en la sede regional de Los Lagos del mismo servicio.

3.- La recurrente solicitó su renuncia no voluntaria al último cargo, a partir del 20 de octubre de 2022; y en la misma misiva solicitó a la Secretaria General de la JUNAEB que se le indicaran sus nuevas funciones en la Dirección Regional, en atención al tiempo servido anteriormente a contrata en el mismo servicio.

4.- Por Resolución Exenta N°3450, de 22 de noviembre de 2022, se dispuso el pago de la suma de $8.780.345, a la actora por concepto de indemnización prevista en el artículo 154 del DFL 29 de 2005.

5.- El 31 de diciembre de 2022 interpuso una acción de tutela laboral en contra de la JUNAEB, ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, Rit T-2332-2022, caratulada “nombre reservado con Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas”, denunciando vulneración de derechos fundamentales con ocasión de su renuncia no voluntaria al último cargo directivo; proceso en el que con fecha 6 de noviembre de 2023, se dictó sentencia que rechazó la denuncia.

6.- Mediante solicitud de fecha 7 de noviembre de 2022, dedujo reclamo de ilegalidad previsto en el artículo 160 de la Ley 18.834, ante la Contraloría General de la República en contra de la JUNAEB, solicitando el reconocimiento de su derecho a mantener el cargo a contrata que tenía antes de haber asumido el cargo directivo, invocando la confianza legítima que la amparada por todo el tiempo en que se desempeñó para la referida entidad.

7.- La Contraloría General de la República mediante oficio N°E436839 de 9 de enero de 2024, señala que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 6, inciso tercero de la Ley 10.336, no le correspondía informar ni intervenir respecto de un asunto que se encontraba sometido al conocimiento de los tribunales de justicia por lo que se abstuvo de emitir el pronunciamiento requerido. Tal determinación se sustenta en la existencia de la acción sobre tutela laboral por vulneración de derechos, antes referida, por estimar que la materia allí demandada incidía directamente en la reclamación deducida, habiéndose dictado en dicho proceso judicial sentencia que rechazó la denuncia, encontrándose a esa época pendiente ante esta Corte de Apelaciones, el conocimiento y resolución del recurso de nulidad.

8.- En contra de dicho oficio y decisión la recurrente dedujo recurso de reposición, el que fue desestimado por oficio N°E443088, de 2024, por cuanto lo planteado por ésta incidía directamente en lo resuelto en el fallo dictado en sede judicial, el cual señala: “Como cuestión previa, debe recordarse el aludido oficio N° E436839, de 2024 fue emitido en el contexto del reclamo formulado por la interesada en contra de la JUNAEB, por la solicitud de renuncia voluntaria a su cargo de Directora Regional, a pesar de encontrarse amparada, en su opinión, por el principio de confianza legítima. En dicho pronunciamiento esta Entidad de Control se abstuvo de emitir el pronunciamiento requerido, luego de constatarse que la interesada interpuso, en contra de la JUNAEB, conjuntamente con el reclamo formulado ante este Organismo de Control, una acción de tutela laboral ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, RIT T-2332-2022, caratulada “nombre reservado/JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS”. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO UNIDAD JURÍDICA”. Asimismo, se constató que la señalada causa fue fallada, emitiéndose sentencia con fecha 6 de noviembre de 2023, encontrándose pendiente un recurso de nulidad contra esta resolución ante la Corte Suprema, RIT 4085-2023, en estado de tramitación. Sobre el particular, debe indicarse que lo planteado en esta oportunidad por el requirente incide directamente en la ejecución del fallo dictado en sede judicial. Lo anterior, por cuanto la sentencia emitida por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en su considerando décimo sexto, se pronuncia expresamente en relación con la confianza legítima alegada por la interesada, haciendo presente que la pérdida de esta, invocada como motivo para su terminación de contrato, no puede considerarse discriminatoria por las razones que expone. En el mismo considerando, se deja constancia que los altos directivos públicos no están sujetos a las reglas de la carrera funcionaria y no tienen una expectativa de empleo permanente basada únicamente en su desempeño. De allí que se estimó, por parte del sentenciador, que el ejercicio de la prerrogativa legal de la autoridad para poner fin a este tipo de nombramientos, dada su condición de exclusiva confianza, se ajustó a la ley y está dentro del marco discrecional con que cuenta la autoridad para esta clase especial de funcionarios. Como es posible advertir, y considerando la existencia de un recurso de nulidad interpuesto por la interesada, en contra de lo resuelto en sede judicial, resulta evidente que esta Entidad de Control debe abstenerse de pronunciarse en relación con la alegación de confianza legítima planteada por la interesada, por cuanto se trata de una materia respecto de la cual ya existe pronunciamiento de un tribunal, por lo que debe concluirse que lo planteado, en esta oportunidad, se relaciona con los efectos del fallo, incidiendo directamente en su alcance y ejecución, materia que es de exclusiva competencia del órgano jurisdiccional que la dictó (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s 78.731, de 2014 y 6.510, de 2015).

Por lo expuesto, y no existiendo más antecedentes que permitan variar el criterio planteado en el oficio N° E436839, de 2024, de este origen, debe reafirmarse la abstención de esta Entidad de Control, en la emisión del pronunciamiento requerido, por tratarse de un asunto sometido al conocimiento de los tribunales de justicia, atendido lo dispuesto en el artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336.”

Cuarto: Que, como reiteradamente se ha sostenido, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Quinto: Que al respecto, cabe señalar que la procedencia de la acción cautelar de que se trata, requiere de un actuar ilegal, esto es, contrario a la normativa por la que debe regirse, lo que también se verifica cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley. Por su parte, tal actuación es arbitraria cuando carece de razonabilidad en el actuar u omitir o bien cuando existe falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar o ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o cuando no se verifican los hechos que fundamentan un actuar. La afectación del derecho a través del acto u omisión arbitrario o ilegal debe ser directa, grave y manifiesta, pues ello es lo que justifica la naturaleza de este procedimiento breve y sumario que persigue el restablecimiento inmediato del derecho fundamental afectado.

Sexto: Que la recurrente tacha de ilegal y arbitraria la omisión en que habría incurrido la Contraloría General de la República al no emitir pronunciamiento sobre el reclamo de ilegalidad que dedujo en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas por considerar -dicho órgano contralor- que el asunto se encontraba sometido al conocimiento de los tribunales de justicia, determinación que considera ilegal y arbitraria, y vulneratoria del derecho de igualdad ante la ley contemplado en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Séptimo: Que el Órgano Contralor justifica tal proceder en que por disposición de la ley, se encontraba inhibido de emitir pronunciamiento jurídico, sobre la materia requerida por la reclamante, a través de su reclamación, tendiente a establecer sí, a su respecto, resultaba aplicable el principio de confianza legítima, en cuanto al cargo que desempeñaba en calidad de contrata, previo a la designación como Directora Regional. Tal determinación se sustenta en la existencia de la acción sobre tutela laboral por vulneración de derechos, que ha sido referida, por estimar que la materia allí demandada incidía directamente en la reclamación deducida, habiéndose dictado en dicho proceso judicial sentencia que rechazó la denuncia, encontrándose a esa época pendiente ante esta Corte de Apelaciones, el conocimiento y resolución del recurso de nulidad.

Considera que la sentencia dictada en dicho proceso, en su motivo décimo sexto, se pronunció expresamente sobre la confianza legítima alegada, en el que se hizo presente que la pérdida de ésta, que fue invocada como motivo para la terminación de su contrato, no puede considerarse discriminatoria por las razones que allí expone. Lo que confirmó el carácter litigioso de la materia reclamada y la prohibición legal de que dicho órgano emita pronunciamiento al respecto.

Octavo: Que la recurrente se opone a tal determinación, argumentando que la materia reclamada en sede administrativa versa sobre una causa y objeto de pedir diversa de aquella planteada respecto de la acción de tutela laboral que sirve de sustento a la inhibición del órgano de control. Esto por cuanto, esta última, estuvo destinada a la impugnación de la decisión de la autoridad administrativa de solicitarle su renuncia no voluntaria a un cargo directivo; la indemnización sancionatoria por despido lesivo y la indemnización por lucro cesante por razones políticas y gremiales; y la primera, no tuvo por objeto impugnar tal renuncia, sino que el restablecimiento de su empleo anterior, a su desempeño con anterioridad como Directora Regional de JUNAEB.

Noveno: Que si bien por mandato constitucional y legal la Contraloría General de la República está obligada a examinar la legalidad que dicten los órganos que forman parte de la Administración del Estado, habiéndosele conferido las potestades y facultades que contempla el ordenamiento jurídico, como se evidencia de lo dispuesto en los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República y los artículos 1, 6 y 10 de la Ley 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, este se debe ejecutar bajo y conforme a las formas prescritas por la ley.

Décimo: Que en tal sentido, no puede desconocerse que la normativa que autoriza su intervención en pos de la conservación del orden administrativo del Estado, también le impone el deber de inhibirse de abordar ciertos asuntos, cuando existe un litigio pendiente sobre la misma materia en que se le requiera su dictamen o estén sometido al conocimiento de los Tribunales de Justicia, al disponer el artículo 6 inciso 3° de la Ley 10.336 que “La Contraloría no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, que son de la competencia del Consejo de Defensa del Estado, sin perjuicio de las atribuciones que, con respecto a materias judiciales, reconoce esta ley al Contralor”.

Undécimo: Que del examen de los antecedentes y alegaciones formuladas, se concluye tal como lo determinó, el Órgano Contralor, que este se encontraba impedido de pronunciarse sobre el requerimiento impetrado por la actora en su reclamo de ilegalidad, puesto que la materia planteada en este arbitrio presenta relación con el proceso judicial de tutela laboral que la misma inició, si bien no en los extremos de identidad de objeto o causa como lo argumenta la recurrente, lo cierto es que existe una vinculación entre tales acciones que hace que opere la inhibición legal.

En efecto, aun cuando en la reclamación la recurrente pretendía la reincorporación al cargo anterior, lo cierto es que tal pretensión no es totalmente ajena a su relación vincular posterior al asumir un cargo directivo, sobre todo al haberse invocado por la propia actora el tiempo total y sucesivo de su desempeño para la Administración, fundamento que incide en el sustrato jurídico sobre el cual la recurrida de conocer de la reclamación, tendría que pronunciarse, así como la forma de terminación, extensión, efectos y cumplimiento; aspectos comprendidos en el asunto sometido al conocimiento y resolución jurisdiccional.

Duodécimo: Que, conforme a lo razonado, se concluye que el acto impugnado no es ilegal ni arbitrario, y por lo mismo, no ha podido vulnerar la garantía constitucional que la recurrente denuncia conculcada, puesto que el Órgano Contralor se encontraba legalmente inhibido y excusado del deber legal de pronunciarse sobre la materia; razones por las cuales la acción cautelar intentada será desestimada.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza la acción constitucional de protección interpuesta por nombre reservado en contra de la Contraloría General de la República.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción de la ministra Carolina Brengi Zunino.

N°Protección-1212-2024.