Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, catorce de octubre de dos mil veinticinco.

Al folio 8: téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparecen los abogados Alexis Aguirre Fonseca y Tomás Pedro Greene Pinochet, y deducen recurso de protección en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber incurrido en una omisión arbitraria e ilegal, consistente en la falta de pronunciamiento respecto del inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, pese a haber comparecido el 24 de enero 2025 a dependencias de dicha institución y previa citación, y formalizado dicha solicitud, lo que, a su juicio, vulnera la garantía constitucional contenida en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el mismo día 24 de enero, mediante Resolución Exenta N° NUM000, la autoridad migratoria solicitó al recurrente hacer entrega, en el plazo de 15 días hábiles y hasta el día 14 de febrero de 2025, de antecedentes que permitieran acreditar que su solicitud de refugio fue realizada antes de 7 días contados desde su ingreso al territorio nacional, bajo el apercibimiento legal de tenerlo por desistido de la solicitud de refugio.

Agrega que el día 12 de febrero de 2025 éste hizo entrega en la página web del servicio, del acta de notificación que informa el inicio de proceso sancionatorio de expulsión, realizada por Policía de Investigaciones de Chile, Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Iquique, en Colchane, con fecha 27 de septiembre de 2024, documento que acredita que el recurrente hizo ingreso al país el día 27 de septiembre de 2024, adjuntando además una carta explicativa.

Reclama que habiendo pasado más de 3 meses desde que cumplió con lo exigido y más de 8 meses desde el día en que efectupo su solicitud, aún no se le ha permitido acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, omisión que lo mantiene en completa incertidumbre, privado de la protección internacional del Estado de Chile y del principio de no devolución, no obstante cumplir todos los requisitos para ello.

Denuncia infracción de los artículos 4° y 26 de la Ley N° 20.430 y del derecho a buscar asilo reconocidos en instrumentos internacionales vinculantes para el Estado de Chile.

Por lo anterior, pide se acoja el recurso, declarando: 1.- La ilegalidad y arbitrariedad de no permitir que el recurrente acceda al procedimiento de determinación de la condición de refugiado; y 2.- Se ordene a la recurrida que le permita el ingreso al procedimiento de determinación de la condición de refugiado. 3.- O se adopten las medidas que esta Corte estime necesarias para restablecer y resguardar el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que comparece el Servicio Nacional de Migraciones, el que informando al tenor del recurso solicita el rechazo de la acción constitucional deducida en su contra, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, y que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Indica que, de los antecedentes que obran en poder de esa institución, se desprende que el extranjero no ingresó al país por paso habilitado y que mediante Parte Policial N°NUM001, de fecha 21 de octubre de 2024, de la Policía de Investigaciones de Iquique, se puso en conocimiento de esa autoridad denuncia grave por ingreso clandestino en contra del recurrente.

Añade que el 30 de septiembre de 2024 éste manifestó su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, siendo citado al efecto para el 24 de enero de 2025, oportunidad en la que entregó la información contemplada en los artículos 26 y 28 de la Ley N° 20.430 y 37 de su Reglamento, para la presentación de su solicitud.

Narra que el mediante Resolución Exenta N° NUM002, de fecha 24 de enero de 2025, del Servicio Nacional de Migraciones, se le informó al recurrente que no era posible dar inicio a su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, al no haber cumplido con los requisitos formales establecidos en la Ley N° 20.430, relativos a: “Mantener ingreso al país por paso no habilitado, y no presentar los antecedentes que permitan acreditar cumplimiento de los plazos establecidos en el art. 8 y 35 del Decreto Supremo 837, Reglamento de la Ley 20.430; según lo establecido en el numeral 5 del artículo 26 de la ley 20.430 de 2010.”

Menciona que se le otorgó un plazo de 15 días hábiles para acompañar antecedentes que permitiesen subsanar su petición, bajo apercibimiento de tenerlo por desistida de ella, y que el 12 de febrero aquel remitió documentación adicional al procedimiento administrativo, a título de subsanación.

Precisa que desde esa fecha y hasta aquella en que se emitió informe en esta causa, la solicitud del recurrente se encuentra en trámite, en etapa de “Revisión Subsanación”.

Luego de hacer una descripción general del procedimiento al que se sujeta la petición del actor, expresa que esa parte entiende que el plazo de procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país, proveniente de diversos países, lo cual tuvo por consecuencia un aumento importante en la cantidad de solicitudes recibidas por esta autoridad, sin perjuicio de tratarse de un plazo no fatal.

TERCERO: Que, la recurrente atribuye al Servicio Nacional de Migraciones una omisión consistente en la falta de dictación del acto admnistrativo que formalemente dé inicio al procedimiento de reconocimiento de la calidad de refugiado, cuya solicitud fue presentada el 24 de enero de 2025.

CUARTO: Que, verificado que el procedimiento de reconocimiento de la calidad de refugiado corresponde a un trámite especial que exige el previo examen de la concurrrencia de una serie de requisitos para proceder a su inicio, lo que supone una evaluación individual y actualizada de los antecedentes del solicitante, lo que razonablemente demanda un análisis cuidadoso por parte de la Administración.

En este contexto, la demora alegada se explica por condiciones objetivas y sistémicas -entre ellas, la alta demanda de solicitudes de regularización- y por la necesidad de cumplir con los estándares de diligencia debida propios del procedimiento, sin que ello importe un ejercicio caprichoso, un desvío de fin o una inobservancia manifiesta de los principios de celeridad y conclusividad que permita calificar el actuar del órgano recurrido como ilegal o arbitrario.

En efecto, aun cuando el artículo 27 de la Ley N° 19.880 establece un plazo de seis meses para la conclusión de los procedimientos administrativos, dicho plazo, según jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema, no es de carácter fatal, operando únicamente como un parámetro de razonabilidad, cuyo vencimiento, por sí solo, no basta para configurar la omisión denunciada en los términos del recurso de protección.

Así las cosas, el tiempo transcurrido no aparece desproporcionado ni carente de fundamento, de modo que no se verifica la perturbación de las garantías constitucionales que la recurrente invoca.

QUINTO: Que, entonces, tras no verificarse la concurrencia de los presupuestos que hacen procedente esta acción constitucional, no cabe más que desestimarla.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado y en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección 12116-2025.