nombre reservado con AFP HABITAT S.A

Santiago, veintiocho de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Felipe Andrés Vallejos Lezana, abogado, en favor de nombre reservado, venezolana, interpone recurso de protección en contra de AFP Habitat S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en la comunicación de 15 de mayo de 2025, mediante la cual dicha administradora rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por la recurrente en calidad de técnica extranjera, afectando, según afirma, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica Santa Rosa de Venezuela, y titular de fondos previsionales en AFP Habitat. Sostiene que, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.156, solicitó en reiteradas ocasiones la devolución de sus fondos, siendo la última solicitud rechazada el 15 de mayo de 2025, mediante correo electrónico, fundándose dicha negativa en la ausencia de apostilla en el certificado de cotizaciones emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Alega que el requisito exigido es de imposible cumplimiento, por cuanto el cierre de la Embajada de Venezuela en Chile constituye una situación de fuerza mayor que impide la obtención de documentos apostillados. Añade que la constancia electrónica del IVSS da cuenta de su afiliación y cobertura previsional en contingencias tales como maternidad, vejez, enfermedad, invalidez, accidentes y cesantía, y cuenta con validación en línea hasta el 31 de mayo de 2025.

Sostiene que la negativa de la recurrida vulnera su derecho de igualdad ante la ley, al otorgar un trato desigual frente a otros trabajadores extranjeros en condiciones similares, y su derecho de propiedad, al privársele de acceder a fondos que forman parte de su patrimonio. Agrega que la decisión excede los requisitos legales contenidos en la Ley N° 18.156, el D.L. N° 3.500 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, citando además jurisprudencia de esta Corte que ha ordenado la restitución de fondos en situaciones análogas.

Solicita se deje sin efecto la comunicación de 15 de mayo de 2025, se ordene a la recurrida la devolución de los fondos previsionales dentro del plazo que la Corte determine, y se acoja en todas sus partes el recurso, con expresa condena en costas.

Segundo: Que Roberto Felipe Díaz Bravo, abogado, en representación de AFP Habitat S.A., expone que la devolución de fondos a técnicos extranjeros se rige por los requisitos copulativos establecidos en la Ley N° 18.156 y en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, los cuales no fueron cumplidos por la recurrente, en particular respecto a la legalización o apostilla de los certificados que acreditan su afiliación previsional en el extranjero. Indica que la recurrente presentó dos solicitudes —el 16 de octubre de 2024 y el 5 de mayo de 2025— ambas rechazadas por no acompañar documentación legalizada, y sin consignar los periodos de cobertura exigidos por el artículo 1° de la citada ley.

Afirma que la exigencia de documentación debidamente legalizada no es arbitraria, sino un mandato legal aplicable a todos los trabajadores extranjeros, y cuya omisión impide acceder a la devolución de fondos. Recalca que el beneficio invocado tiene carácter excepcional y debe interpretarse en forma restrictiva. En cuanto al cierre de la embajada venezolana, señala que dicho hecho no releva del cumplimiento de los requisitos legales, y que otros solicitantes de la misma nacionalidad han logrado acreditar válidamente la afiliación en su país de origen.

Finalmente, argumenta que no se ha producido afectación al derecho de propiedad de la recurrente, toda vez que sus fondos se mantienen en su cuenta individual, sin que exista privación, apropiación o disposición alguna por parte de la recurrida, y que el ejercicio de su derecho se encuentra supeditado al cumplimiento de los requisitos legales aplicables.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que el artículo 7° de la Ley N° 18.156, en concordancia con su artículo 1°, establece que los trabajadores extranjeros que hubieren efectuado cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones en Chile podrán solicitar la devolución de dichos fondos, únicamente si cumplen copulativamente con los requisitos exigidos por el citado artículo 1°. Dichos requisitos son: (a) que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y (b) que en el contrato de trabajo respectivo se exprese la voluntad del trabajador de mantener la afiliación a dicho régimen extranjero.

Sexto: Que el artículo 1° de la ley mencionada no deja lugar a interpretaciones amplias, toda vez que establece una exención especial y excepcional al régimen general del sistema previsional chileno, razón por la cual su aplicación debe ser estricta y restrictiva. Así ha sido reiteradamente señalado por la Superintendencia de Pensiones y confirmado por la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia.

Séptimo: Que conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, específicamente en el Libro II, Título XI, se dispone que la acreditación de la afiliación previsional extranjera debe realizarse mediante certificación de la institución correspondiente, debidamente legalizada, y en la que conste expresamente que dicha afiliación otorga cobertura en los riesgos exigidos por la ley. Esta formalidad no es meramente administrativa, sino que constituye un requisito sustancial para la procedencia del beneficio.

Octavo: Que en el caso de autos, si bien la recurrente acompañó una constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), dicho documento carece de apostilla o legalización alguna, incumpliendo con ello el requisito formal establecido tanto en la Ley N° 18.156 como en el artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que los instrumentos públicos otorgados en el extranjero deberán presentarse apostillados o legalizados para ser válidamente reconocidos en Chile. Además, dicha constancia no acredita los períodos de cobertura previsional coincidentes con los períodos respecto de los cuales se solicita la devolución, como exige expresamente la normativa aplicable.

Noveno: Que el hecho de que la recurrente invoque el cierre de la Embajada de Venezuela en Chile como impedimento para obtener la apostilla no puede eximirla del cumplimiento de un mandato legal vigente. Conforme consta en el informe rendido por AFP Habitat S.A., otros trabajadores de la misma nacionalidad han logrado cumplir con la presentación de documentación legalizada, lo cual desvirtúa la alegación de imposibilidad absoluta.

Décimo: Que, en este contexto, la negativa de la recurrida a cursar la solicitud de devolución de fondos previsionales no constituye un acto ilegal, sino el estricto cumplimiento de un deber legal y reglamentario que le impide acceder a solicitudes de devolución que no acrediten, con la documentación correspondiente, el cumplimiento íntegro de los requisitos exigidos por la normativa especial que regula esta materia.

Undécimo: Que corresponde destacar que, según lo informado por AFP Habitat S.A., los fondos previsionales de la recurrente se mantienen íntegramente en su cuenta individual, sin que se haya producido acto alguno de disposición, apropiación o afectación por parte de la Administradora. La negativa a la devolución en virtud de la Ley N° 18.156 no priva a la recurrente del derecho de propiedad sobre sus fondos, sino que limita su acceso a un mecanismo excepcional de retiro anticipado, para lo cual debe cumplir condiciones específicas que, en este caso, no se acreditaron.

Duodécimo: Que, por tanto, en el presente caso no se configura un acto ilegal en los términos requeridos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en tanto la actuación de la recurrida se encuentra debidamente justificada en el marco legal vigente, que impone condiciones precisas, objetivas y de cumplimiento obligatorio para acceder a la devolución de fondos previsionales por parte de técnicos extranjeros.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrada en favor de nombre reservado y en contra de AFP Habitat S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección N° 12114-2025 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jenny Book Reyes, conformada por el Ministro (I) señor Pablo Toledo González y la Abogada Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.