Protección contra Contraloría General de la República

Santiago, veintiuno de junio de dos mil diecinueve.- Al folio N° 227063: A sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que comparece don Christopher Gotschlich Vázquez, abogado, funcionario municipal, domiciliado en domicilio reservado, en representación de la I. Municipalidad de Santiago, deduce recurso de protección en contra de la Contraloría General de la República, representada por don nombre reservado, abogado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en el Oficio N° 1810 de 6 de febrero del año en curso, que establece que en la desvinculación de doña nombre reservado no resulta aplicable el artículo 149 de la Ley 18.883, ordenando a su representada regularizar el término de la relación laboral, pagar las indemnizaciones si procediere.

Indica que doña nombre reservado, celebró contrato de trabajo el 20 de junio de 1994, con su representada para que ejerciera funciones en el Liceo Javiera Carrera, contrato que pasó a ser indefinido a contar del 31 de mayo de 1995. Luego, el 8 de junio de 2018 la Superintendencia de Pensiones a través de la Comisión Médica Central, emitió resolución que otorgó invalidez total y definitiva, la que quedó ejecutoriada el 29 de junio del año recién pasado. Añade que en virtud de lo resuelto por la autoridad referida, y en virtud de lo dispuesto en la Ley 18.883 y, en atención a que la salud de la funcionaria fue declarada irrecuperable, debe retirarse de la Municipalidad dentro del plazo de seis meses, manteniéndose su remuneración hasta el 23 de enero del año en curso, fecha en la cual se extinguió su relación laboral con su representada. Frente a una presentación que hiciera la funcionaria, la Contraloría General de la República, el 6 de febrero del año en curso, mediante Oficio N° 1.810 dispuso que la Municipalidad de Santiago debe adoptar a la brevedad las medidas necesarias por la desvinculación de la Sra. nombre reservado precisando que en la especie no es aplicable el artículo 149 de la citada ley.

Refiere que el acto de la recurrida de declarar improcedente la causal del artículo 149 de la Ley 18.883 para efectos de desvincular a la asistente de la educación y además ordenar el pago de las indemnizaciones de acuerdo a lo estipulado en el artículo 161 bis del Código del Trabajo, específicamente el artículo 420 del mismo cuerpo normativo. Añade que declarar la causal de despido por salud irrecuperable es improcedente por no estar contemplada para los asistentes de la educación y además ordenar el pago de las indemnizaciones legales del artículo 161 bis del Código del Trabajo, sin que esto haya sido declarado por un órgano que ejerza jurisdicción, es a todas luces, un actuar que invade atribuciones de otros órganos del Estado, como son los Tribunales del Trabajo, según lo dispuesto en el artículo 420 del citado cuerpo normativo.

Estima que se han vulnerado las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N° 3 inciso 4°, derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y, 24 de la Constitución Política de la República, esto es el derecho de propiedad; por lo que solicita se acoja en recurso de protección y en consecuencia se deje sin efecto el Oficio N° 1.810.

2°) Que informando el recurso la recurrida solicita el rechazo del mismo, por no haber incurrido en acto ilegal ni arbitrario. Sostiene primeramente que el presente conflicto es ajeno a la naturaleza del recurso de protección, pues se trata de un asunto donde no existe un derecho indubitado, garantizado constitucionalmente y que no admite cuestionamiento sobre puntos de interpretación jurídica, ya que ello implicaría dilucidar en esta sede discusiones normativas acerca del alcance y sentido de las normas. Lo que se pretende por esta vía, es discutir la interpretación realizada por la Contraloría, respecto de las normas que rigen al personal de la Administración del Estado, lo que ha realizado dentro del marco jurídico de sus atribuciones. De esta forma, agrega que informar sobre los asuntos que se relacionan con las normas estatutarias que rigen al os funcionarios públicos es una atribución de la Contraloría. En tal sentido el oficio que se impugna constituye el resultado de un estudio de los antecedentes en torno a la situación planteada, de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia y el ejercicio de una actuación legítima del ente contralor, en virtud de las facultades constitucionales y legales. Indica que la circunstancia que el recurrente no comparta la decisión de su representada, en ningún caso transforma en arbitrario el aludido Oficio N° 1.810, porque en definitiva lo que pretende éste, es eludir la jurisprudencia de este ente contralor.

Agrega respecto de la presunta naturaleza litigiosa de la materia planteada por el actor, como éste sugiere, que deviene del hecho de tratarse de un aspecto susceptible de ser debatido en sede judicial, señala que ello no constituye motivo plausible para atribuirle tal carácter, pues comoquiera que sea, toda cuestión puede ser objeto, eventualmente de discusión en el ámbito jurisdiccional. Por lo que el acto en que se funda el recurso, no infringe los dispuesto en el artículo 6°, inciso tercero, de la Ley 10.336. Razones por las cuales, solicita el rechazo del recurso de protección.

3°) Que informando doña nombre reservado, solicita el rechazo del recurso, por estimar que la Contraloría General de la República, en suma explica que el órgano recurrido después de una exhaustiva relación de los hechos que dieron origen al Oficio N° 1.810, precisamente por la reclamación que ella interpuso el 4 de septiembre del año recién pasado, por la modalidad de desvinculación que pretendía su empleadora, tras la jubilación por incapacidad. Explica que la recurrente dado su estado de salud, declarado irrecuperable, entiende que es aplicable lo previsto en el artículo 149 de la Ley 18.883, debiendo retirarse de la Municipalidad dentro del plazo de seis meses; en razón de lo cual estima no procede la indemnización requerida, pues la causal de término de su relación laboral no es la contemplada en el artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa. En este escenario la recurrida, estimó que las causales de desvinculación laboral de este personal – asistente de la educación - son las previstas en los artículos 155, 160 y 161 del Código del Trabajo, además de aquella establecida en el artículo 149 de la Ley 18.883. Fue justamente dicho análisis el que recoge el Oficio N° 1.810. Luego señala que hace suyo los argumentos de la Contraloría General de la República.

4°) Que en este arbitrio de naturaleza cautelar, cobra especial importancia determinar si ha existido un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque una privación, perturbación o amenaza que afecte a una o más garantías preexistentes protegidas por la Constitución Política de la República.

5°) Que el artículo 76 de la Carta Fundamental establece que: “La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.

Por su parte el artículo 5° del Código Orgánico de Tribunales dispone: “los tribunales mencionados en este artículo corresponderá el conocimiento de todos los asuntos judiciales que se promuevan dentro del territorio de la República, cualquiera que sea su naturaleza o la calidad de las personas que en ellos intervengan, sin perjuicio de las excepciones que establezcan la Constitución y las leyes”.

A su vez el artículo 420 del Código del Trabajo establece: “Serán de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo: a) las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo o de las convenciones y fallos arbitrales en materia laboral.”

Por su parte la Constitución Política de la República, en sus artículos 98 y siguientes determina la competencia de la Contraloría: “Un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes; examinará y juzgará las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades; llevará la contabilidad general de la Nación y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva”.

Luego el artículo 99 de la Carta Fundamental establece: “En el ejercicio de la función de control de legalidad, el Contralor General tomará razón de los decretos y resoluciones que, en conformidad a la ley, deben tramitarse por la Contraloría o representará la ilegalidad de que puedan adolecer; pero deberá darles curso y cuando, a pesar de su representación, el Presidente de la República insista con la firma de todos sus Ministros, caso en el cual deberá enviar copia de los respectivos decretos a la Cámara de Diputados. En ningún caso dará curso a los decretos de gastos que excedan el límite señalado en la Constitución y remitirá copia íntegra de los antecedentes a la misma Cámara”. El inciso 3° prescribe: “En los demás, la organización, el funcionamiento y las atribuciones de la Contraloría General de la República serán materia de una ley orgánica constitucional”.

A su vez el inciso 1° del artículo 1° de la Ley 10.336, Orgánica del ente contralor dispone: “La Contraloría General de la República, independiente de todos los Ministerios, autoridades y oficinas del Estado, tendrá por objeto fiscalizar el debido ingreso e inversión de los fondos del Fisco, de las Municipalidades, de la Beneficencia Pública y de los otros Servicios que determinen las leyes; verificar el examen y juzgamiento de las cuentas que deben rendir las personas o entidades que tengan a su cargo fondos o bienes de esas instituciones y de los demás Servicios o entidades sometidos por ley a su fiscalización, y la inspección de las oficinas correspondientes; llevar la contabilidad general de la Nación; pronunciarse sobre la constitucionalidad y legalidad de los decretos supremos y de las resoluciones de los Jefes de Servicios, que deben tramitarse por la Contraloría General; vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Administrativo y desempeñar, finalmente, todas las otras funciones que le encomiende esta ley y los demás preceptos vigentes o que se dicten en el futuro, que le den intervención”.

6°) Que, el tenor del Oficio N° 1.810 al establecer que las causales de desvinculación laboral de los asistentes de la educación, son las previstas en los artículos 159, 160 y 161 del Código del Trabajo – además aquella prevista en el artículo 148 de la ley 18.883, por declaración de salud incompatible – entre las que no se contempla la declaración de salud irrecuperable, materia respecto de la cual el artículo 161 bis del referido código, previene que la invalidez, total o parcial, no es justa causa para el término del contrato de trabajo, y en el evento que el trabajador fuere separado de sus funciones, tendrá derecho a la indemnización de los incisos 1° o 2° del artículo 163 del citado cuerpo normativo, sin lugar a dudas emite un pronunciamiento respecto de un conflicto de naturaleza laboral, decide la procedencia de causales de término de un contrato del trabajo, y al sostener la procedencia de la indemnización contemplada en el precepto citado – el órgano contralor – está interpretando normas laborales y, lo que es aún más relevante, decidiendo un conflicto de naturaleza laboral, lo que está entregado única y exclusivamente a los Tribunales del Trabajo.

7°) Que el referido Oficio, en suma constituye un acto jurisdiccional, que como ya se dijo propio de los Tribunales del Trabajo, facultad radicada exclusivamente en aquellos órganos que establecen la Constitución Política de la República y las leyes y, que evidentemente tiene un efecto directo en el patrimonio de la recurrente, y en dicha medida vulnera la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, tal como se expresa en el presente arbitrio.

8°) Que en estas condiciones, ha quedado de manifiesto que el acto impugnado, no está apoyado en motivaciones suficientes, como asimismo no se encuentra dotado de legitimidad, por lo que la acción de protección será acogida.

Por estas consideraciones y de acuerdo lo disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido por la I. Municipalidad de Santiago y, en consecuencia, se deja sin efecto el Oficio N° 1.810 de fecha 6 de febrero de este año.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministra Sra. Book.

Protección Rol N° 12.112 – 2019.