EULEN CHILE S.A. con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE PROVIDENCIA

Santiago, veinticinco de febrero de dos mil dieciséis.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que a fojas 8 comparece el abogado don Aníbal Carlos Rogel Sepúlveda, por la empresa Eulén Chile S.A., representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado y deduce acción constitucional de protección contra el Inspector Comunal del Trabajo de Providencia, don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por la actuación que califica de ilegal, consistente en rechazar la solicitud de reconsideración administrativa de multa impuesta a su parte, por extemporánea, siendo ésta absolutamente procedente.

Señala que por resolución de multa que singulariza, de 6 de noviembre de 2015, notificada a su parte el 6 del mismo mes y año, la recurrida aplicó a su representada una multa de 60 U.T.M., solicitando reconsideración administrativa, fundado en la existencia de un error de hecho en la aplicación de la sanción con fecha 4 de diciembre pasado, sin embargo, la reconsideración fue rechazada de plano, por no haberse deducido en el plazo de 30 días corridos contados desde su notificación.

Como fundamento jurídico de la acción, cita los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y argumenta que la acción ilegal está dada por la actuación del Inspector Comunal del Trabajo de Providencia, quien se aparta del claro tenor de la Ley - artículo 512 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 25 de la ley 19.880- y destaca que el plazo de 30 días que establece la primera norma citada, es de día hábiles y no corridos, criterio que también ha sostenido la Excma. Corte Suprema en las sentencias que menciona. Concluye que la reconsideración ha sido presentada dentro de plazo, pues su parte fue notificada el 6 de noviembre, por lo que la presentación de su parte del día 4 de diciembre es oportuna y, al no decidirlo así, la recurrida incurre en la ilegalidad que denuncia afectando su derecho a la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 y al mismo tiempo la garantía del inciso primero del N° 3 del mismo texto legal, por impedir el ejercicio de sus derechos ante la autoridad administrativa.

Finaliza solicitando que se deje sin efecto la resolución que no acogió a tramitación la reconsideración administrativa de su parte, ordenando que se conozca de ella, con costas.

SEGUNDO: Que a fojas 26 rola informe de la recurrida solicitando, en primer lugar, el rechazo de la acción intentada por improcedente en atención a la naturaleza del acto impugnado, el que debe ser objeto de reclamación judicial en conformidad al artículo 512 del Código del Trabajo y no por esta vía excepcional. En segundo lugar, argumenta la inexistencia de un acto ilegal o arbitrario de su parte por cuanto el ordinario ha sido dictado en virtud de las facultades conferidas a la Inspección del Trabajo por los artículos 511 y 512 del Código Laboral y tampoco puede ser calificado de arbitrario en tanto expone las razones que motivan su dictación.

En tercer lugar, y en cuanto al fondo del asunto, sostiene que el 6 de noviembre de 2015, se notificó personalmente la multa N° 3070/2015/23 y el 7 de diciembre del mismo año la recurrente solicitó reconsideración, la que resulta extemporánea por cuanto el plazo de 30 días, según la doctrina vigente del servicio venció el día 6, por tratarse de un término de días corridos y así lo ha señalado la Contraloría General de la República en los Dictámenes N° 49.126 de 20 de octubre de 2008 y N° 51.137 de 12 de agosto de 2011.

TERCERO: Que la acción cautelar deducida en estos autos protege a los individuos mediante la adopción de ciertos resguardos que eviten los efectos de un acto arbitrario o ilegal que haya afectado el ejercicio de un derecho indiscutido. Si bien el recurso de protección es procedente sin perjuicio de otras vías jurisdiccionales, en este caso, se hace necesario traer a colación lo previsto en el artículo 512 del Código del Trabajo, en orden a que la resolución sobre reconsideración de multa, sea que la autoridad la acoja o rechace, es “reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo, dentro de quince días de notificada…”. Por otro lado, resulta indiscutible que la recurrida al emitir la resolución que se cuestiona se atuvo a la interpretación que sobre la materia realizó la Contraloría General de la República –vinculante para la administración- y a las Circulares impartidas por el Servicio, de manera que no se advierte conflicto de orden constitucional susceptible de ser resuelto por esta vía cautelar. En efecto, la naturaleza y finalidad de la institución, unido a las circunstancias procesales en que ella debe desenvolverse lleva a concluir que este arbitrio resulta procedente únicamente para la adopción de medidas urgentes de seguridad y tutela.

CUARTO: Que cuestionándose la recta interpretación de una norma legal y existiendo un procedimiento especial previsto en el Código del Trabajo, la situación específica de que se trata debe ser dirimida conforme a las normas del estatuto laboral, pues en dicha instancia las partes pueden exponer y debatir sus argumentos. Por consiguiente, no existe medida de protección que esta Corte pueda adoptar al respecto, debido a que lo pretendido escapa al marco de este recurso, por no constituir la vía adecuada para decidir la declaración que acá se pretende, esto es, si el plazo del artículo 512 del Código del ramo es de días corridos o hábiles.

QUINTO: Que por lo antes razonado, la acción cautelar debe ser desestimada, sin perjuicio de los derechos que la recurrente pueda hacer valer a través del procedimiento que la normativa le reconoce para la adecuada discusión de la materia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fojas 8, sin costas.

Acordado lo anterior contra el voto de la ministra señora González Troncoso, quien estuvo por acoger el recurso de que se trata, por estimar que la autoridad recurrida, al dictar el Ordinario N° 1684, de 11 de diciembre de 2015, incurrió en un acto ilegal, afectando la igualdad ante la ley garantizada constitucionalmente.

Para la disidente la reconsideración del 07 de diciembre de 2015, es un recurso que se interpone ante la autoridad administrativa y, por tanto, para determinar la naturaleza del plazo que para tal efecto prevé el artículo 512 del Código del Trabajo, al no existir declaración en su texto, es dable recurrir en forma supletoria a la ley 19.880, la que en su artículo 25 dispone que los plazos en los procedimientos administrativos, salvo norma expresa en contrario, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos. A lo anterior se debe agregar que la negativa a tramitar la oportuna presentación del recurrente, conforme al criterio interpretativo de la autoridad de control, no resulta vinculante para el análisis que ha de realizarse en esta sede, no siendo ello un obstáculo para concluir la ilegalidad del acto y brindar el amparo que se pretende, si como se advierte de autos, se ha desconocido a la empresa recurrente un derecho que le asiste y que ejerció oportunamente conforme a la ley.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redactó la ministra señora Jessica González Troncoso.

No firma el ministro señor Silva, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por hacer uso de su feriado legal.

Rol N° 121-2016.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mauricio Silva Cancino e integrada por el Ministro señor Mario Rojas González y por la Ministra señora Jessica González Troncoso.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, notifiqué en secretaría por el estado diario la resolución precedente.