Protección contra Contraloría General de la República

Santiago, catorce de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que, comparece nombre reservado, funcionaria pública, quien deduce recurso de protección en contra de la Contraloría General de la República (I Contraloría Regional Metropolitana) y la Subsecretaria de Justicia, por los actos arbitrarios e ilegales de los que tomó conocimiento por correo electrónico el día 22 de febrero de 2024, los que perturban el legítimo ejercicio del derecho a la integridad psíquica, a la igualdad ante la ley y a la protección de la honra consagrados en la Constitución Política de la República fundamentalmente tutelados en el artículo 19 N°1, 2 y 4.

Indica que es funcionaria de carrera del Servicio Médico Legal, ingresando a trabajar en el año 2003 a la Institución, en la entonces Unidad Especial de Identificación de Detenidos Desaparecidos, la que el año 2010 pasó a llamarse Unidad Especial de Identificación Forense, designándola Encargada de la misma, para luego, el año 2019, denominarse Unidad de Derechos Humanos, siendo nombrada como Jefa Nacional de dicha estructura funcional.

Refiere que en el mes de diciembre del año 2022, en el Servicio Médico Legal se encontraban vacantes los cargos ADP de la Dirección Nacional y la Subdirección Médica, y se nombró Jefe de Servicio Subrogante, al entonces Subdirector Administrativo, Sr. nombre reservado, mientras que en el caso de la Subdirección Médica, se contrató y designó como coordinadora a la Dra. Marisol Prado Villegas, nombrándola inmediatamente Subdirectora Médica Subrogante, quien, con fecha 18 de julio de 2023, asumió la Dirección Nacional Titular del SML, designación mediante Decreto N°85 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Indica que la Subdirectora Médica (S), Dra. nombre reservado, expresó su molestia por las situaciones suscitadas a raíz de las acciones de la Ministra Paola Plaza, al momento de hacer pública la existencia de 89 cajas de osamentas que habían pasado desde la custodia de la Universidad de Chile a la Unidad de DDHH del SML, además de las gestiones que había realizado esa Jefatura y otros miembros del equipo pericial. Las expresiones empleadas incluyeron, términos agresivos, alzamiento de la voz, insultos, acusaciones y amenazas. Sostiene que a gritos, la Subdirectora la trató de “desleal”, “traidora”, usando términos como “engaño”, “falta de diligencia”, “incompetencia” y la amenazó con que la Unidad de DDHH sería desarmada y el equipo pericial destinado a otras funciones, sin establecer razones más que la supuesta falta de diligencia en informar la situación del caso “Cajas U. de Chile”, indicando que la suscrita debía ignorar a la Dirección de la época, además de la “lentitud” del trabajo en pandemia, imponiendo su razonamiento sobre que las normas sanitarias determinadas por el mismo SML debían haber sido ignoradas por el equipo pericial, pues ella misma nunca había faltado a sus labores presenciales durante la misma, haciendo caso omiso al hecho de que, a pesar de todas las restricciones, los funcionarios de la UDDHH ejercieron labores presenciales y remotas durante todo el periodo de restricción, retomando la normalidad en la medida de lo indicado por la autoridad sanitaria. Todo esto, siempre en un tono altísimo de voz, de manera despectiva, a vista y paciencia del Director Nacional (S), quien, a pesar de haberle solicitado intervenir, mantuvo silencio durante toda la reunión.

Sostiene que es absolutamente importante señalar que, a la fecha de esa reunión, la Dra. Prado cumplía recién 2 meses en la Institución, encontrándose como es lógico, en una etapa inicial de acercamiento a las diversas áreas de ese organismo Pericial y, respecto de la Unidad de Derechos Humanos desconocía tanto el detalles de los casos, de las pericias, los tiempos de espera, las dificultades, la situaciones del personal, los trámites administrativos de apoyo, los procedimientos internacionales, entre otros muchos aspectos determinantes, únicos que podrían respaldar algún juicio técnico al respecto. Lo anterior, porque las breves reuniones previamente sostenidas con el equipo, de lo cual no existe registro, no fueron suficientes ni se refirieron al detalle técnico de las pericias y causas judiciales en que estas se desarrollan.

Agrega que presentó una denuncia por maltrato y/o acoso laboral mediante el procedimiento interno que mantiene el Servicio Médico Legal, que arbitrariamente decidió no tramitarla. Asimismo, hizo la denuncia ante el organismo Contralor, el 13 de febrero de 2023, en virtud de la desestimación arbitraria de la efectuada por maltrato, en procedimiento interno del SML por parte del entonces Director Nacional Subrogante del SML. Ese reclamo fue desestimado sin expresión de causa, mediante el Oficio N°E343654 del Ente de Control, indicando que no investigarían la situación.

Alrededor de 6 meses después de haber vivido el maltrato expuesto, señala que se siguieron presentando hechos de denostación continúa en calidad de responsable e inculpada en investigación en curso por pericias pendientes de Derechos Humanos; cambio intempestivo y sin fundamento objetivo de la Fiscal a cargo del Sumario Administrativo; solicitud en dos ocasiones de reunión con la Dra. Prado, previa sugerencia del Subsecretario de Justicia, Sr. nombre reservado, para conocer sus apreciaciones, proyectos y sugerencias, acerca del quehacer de la Unidad, que fueron ignoradas sin siquiera acusar recibo; omisión de respuesta a correos electrónicos y documentos relevantes de trabajo; omisión de respuesta y agendamiento para reuniones de trabajo; omisión de gestión en solicitudes sobre contratos de profesionales y con Laboratorios internacionales para dar curso progresivo de trabajo fundamental en derechos humanos por cuanto sin esa prestación no era posible continuar con el desempeño pericial de la Unidad de Derechos Humanos, acusando que entre ellos los muchos emails que fueron enviados, existen algunos en que manifestó su preocupación y requirió colaboración urgente para agilizar la contratación de un equipo profesional especialmente dedicado al análisis y evaluación de las evidencias del llamado caso “Cajas”, de la Universidad de Chile, aprobado por DIPRES para el 2023, considerando la merma de profesionales desde 2019 a la fecha (de 36 a 27); prohibición a ella y a su equipo, de comunicación directa de trabajo en derechos humanos con Ministros a cargo de las causas judiciales, con los que trabajan permanentemente y personalmente, así como con las agrupaciones de familiares y otros organismos auxiliares; inhabilitación a esa jefatura y miembros del equipo pericial a realizar las gestiones habituales de su quehacer laboral, como coordinaciones de diligencias, a través del uso de medios facilitadores como correos electrónicos y conversaciones telefónicas, de las que se deja siempre registro y son informadas oportunamente a la Dirección del SML; reunión de la Dra. nombre reservado, en distintas ocasiones con el equipo pericial, en ausencia de esa Jefatura, sin levantar acta de ellas, a pesar del compromiso verbal de la Dra. Prado de elaborarlas y hacerlas llegar; intervención y minimización de su jefatura, a través del nombramiento de una Coordinadora Nacional, quien solicita de manera cotidiana información detallada de absolutamente todo, en plazos imposibles, además de revisar cada documento que se dirige tanto a Ministros de Corte como al Ministerio Público, constituyendo acoso y hostigamiento permanente por parte de la funcionaria designada.

Informa que en el legítimo ejercicio de sus derechos, con fecha 17 de agosto de 2023, junto a la Asociación de Funcionarios, presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República, en la que requirió se dispusiera un investigación, conforme a sus facultades legales, recalcando especialmente que se trataba de una agresión cometida por la entonces Subdirectora Médica Subrogante y actual Directora Nacional, Sra. Marisol Prado Villegas, quien asumió esa máxima Jefatura el 18 de julio de 2023. Mediante Oficio E387123 de 2023, resuelve no indagar los hechos denunciados.

Relata que al solicitar reconsideración a la Contraloría, dicho ente sin pronunciarse sobre el petitorio, la envía, junto a la denuncia inicial, a la Subsecretaria de Justicia, a través del Oficio N°E396444 de 2023, para que esa autoridad resolviera la pertinencia de incoar un proceso disciplinario. Por otro lado, la Subsecretaria decide no investigar. La Contraloría recibe el Ordinario N°6229/23 de la Subsecretaria Subrogante, y por medio de Oficio N°E411926/23 “Toma Conocimiento”, dando término a la intermediación realizada, notificándome por tanto, que no habría investigación de su denuncia, sin entregar ningún tipo de análisis de legalidad o de fondo, refiriéndose sólo a la potestad disciplinaria y al hecho de no haberse activado el protocolo interno sobre Maltrato y Acoso Laboral y Sexual.

Como ilegal y arbitrario, estima que el Oficio E443291 de 24 de enero de 2024 de la (I) Contraloría Regional Metropolitana se trata de un acto de término del procedimiento iniciado según Resolución Exenta N°922/23 de la Contraloría General de la República, sin pronunciarse sobre los aspectos de fondo del Recurso de Reposición. Alega que en este procedimiento, y Oficio, además de ignorar su propia normativa, el Organismo de Control, actúa como un intermediario entre su persona y la Subsecretaría de Justicia, Jefatura de la autoridad que la ha vulnerado, sin fiscalizar la actuación legal del órgano público, permitiendo, avalando, e incluso dictaminando la total indefensión de esa funcionaria pública y la completa impunidad de las jefaturas.

Agrega que la Contraloría Regional, no da cuenta de si lo obrado por la Subsecretaria de Justicia es legalmente procedente, ya que solo alude a la potestad disciplinaria, sin efectuar el análisis de rigor, esto es, la revisión de los fundamentos concretos del acto administrativo que decide no investigar, el uso en derecho de la discrecionalidad de la potestad disciplinaria, lo que constituye una grave omisión a sus deberes y no funda el Oficio que pone término definitivo a su reclamo de legalidad.

En cuanto al Ordinario OF. Red N° 1/24 de la Subsecretaría de Justicia, acusa que el acto no se encuentra motivado, da respuestas someras y remisoras, sin un análisis de fondo. Junto a lo anterior, señala que es dable hacer presente que ni la Fiscal del Servicio ni la propia Directora detentan la potestad disciplinaria respecto de los hechos de la Directora y en los que es sabido, que participa y participó activamente la Fiscal, ya que dicha Potestad tiene por base la jerarquía de los cargos públicos, por medio de la cual la autoridad facultada para disponer un proceso disciplinario lo hace respecto de las actuaciones de sus dependientes, y sobre sus propios actos lo hace su superior jerárquico.

Estima que los actos son ilegales y arbitrarios, ya que no se aplicaron las disposiciones contenidas tanto en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, como lo prescrito en los artículos 11, 16 y 41 de la Ley N° 19.880, y que de la normativa y jurisprudencia, se concluye que el acoso laboral y la falta a los deberes de respeto y probidad en el trato con los funcionarios genera responsabilidad administrativa, por lo que le corresponde a la autoridad del servicio respectivo, ejercer la potestad disciplinaria.

Refiere que el actuar ha vulnerado las garantías fundamentales de los numerales 1, 2, 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al afectar su estado de ánimo, que existe un grupo privilegiado de funcionarios públicos que no son parte del protocolo de maltrato y acoso de la Subsecretaria de Justicia, además de una afectación a su honra como profesional donde se ha sentido excluida de su trabajo.

Pide que acogiéndose el recurso de protección, se adopten las siguientes medidas: 1) Ordenar a la Contraloría General de la República que cumpla con su rol fiscalizador, pronunciándose y rechazando el acto administrativo vulneratorio de la Subsecretaría de Justicia OF.RES.N°1/24 y, por ende, se modifique y ajuste a derecho, su pronunciamiento emitido en el Oficio N°E443291, de fecha 24 de enero de 2024, instruyendo a la Subsecretaría que, incoe un proceso disciplinario en el Servicio Médico Legal, destinado a indagar los actos de maltrato y acoso laboral denunciados; 2) Ordenar derechamente a la Subsecretaría de Justicia que, incoe un proceso disciplinario en el Servicio Médico Legal, destinado a indagar los actos de maltrato y acoso laboral denunciados; y 3) Instruir a la Subsecretaría de Justicia, la modificación de su procedimiento de denuncia, investigación y sanción del maltrato y acoso laboral, a fin de que incluya a los Jefes de Servicios Públicos, como sujetos de responsabilidad administrativa sujetos al cumplimiento de las mismas obligaciones que el resto de los servidores públicos.

Segundo: Que, informando el recurso, comparece don nombre reservado, Subsecretario de Justicia, pide el rechazo del recurso de protección, ya que no existe acción u omisión arbitraria o ilegal que haya amenazado o perturbado el ejercicio de derecho de la recurrente. Señala que la acción de protección es improcedente en atención a la naturaleza cautelar, extraordinaria y excepcional de este arbitrio, pretendiéndose por esta vía revisar actos recurridos, emitiendo pronunciamiento sobre el fondo.

Junto con reconocer que la recurrente ingresó a trabajar en el año 2003 al Servicio, en la Unidad Especial de Identificación de Detenidos Desaparecidos, que en el año 2010 se pasó a llamar Unidad Especial de Identificación de Detenidos Desaparecidos, y luego en el año 2019 pasó a ser la Jefa de la Unidad de Derechos Humanos, señala que el 13 de febrero de 2023 la recurrente realizó una denuncia de maltrato conforme al procedimiento establecido, donde acusa haber sufrido maltrato por la entonces Subdirectora Médica (S) doña Marisol Prado Villegas.

Por oficio N° 3059 de 24 de abril de 2023, dirigido a la I Contraloría Regional Metropolitana, el entonces Director Nacional informó que había resuelto no instruir procedimiento disciplinario, habiendo ponderado los antecedentes de la denuncia, al no haberse configurado una conducta abusiva. Y que mediante Oficio E343654 de la I Contraloría Regional Metropolitana, respondió a la denunciante que en virtud de las facultades otorgadas al jefe superior del Servicio, este ponderó que no era pertinente iniciar un proceso disciplinario para investigar las circunstancias planteadas, lo que fue informado a la recurrente.

En cuanto a los demás hechos que califica de denostación a su quehacer profesional, reitera que dentro de las facultades que tiene la superioridad del Servicio se encuentra la de dirigir, organizar, coordinar y administrar el Servicio tomando las medidas que se estimen necesarias para la buena marcha del mismo. Y que en ese sentido, la Directora Nacional ha buscado efectuar una gestión más eficiente.

Consigna, en cuanto a la alegación que el protocolo de acoso laboral de la Subsecretaría de Justicia no considera a los Jefes de Servicios dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que el Dictamen N° 55.001 de 2013 de la Contraloría, ha señalado que frente a la denuncia de una irregularidad, la autoridad se encuentra facultada para realizar una estimación anticipada de las circunstancias de la misma, con el objeto de concluir con mayores fundamentos la pertinencia de instruir un proceso sancionatorio.

Por tratarse de una funcionaria de exclusiva confianza del Presidente de la República, la plenitud de la potestad disciplinaria se encuentra radicada en la autoridad que tiene la facultad de efectuar el nombramiento, esto es, el Presidente de la República, tal como ha concluido la Contraloría General de la República en dictamen N° 21.651 de 1996.

Así, concluye que no se ha advertido que pudiera estar comprometida la responsabilidad administrativa de la Jefa del Servicio, por lo que mantiene lo planteado en los Oficios N° 6229 de 18 de octubre de 2023 y N° 1 de 2 de enero de 2024, en cuanto a que no se estima necesario remitir los antecedentes a la Presidencia de la República.

Tercero: Que, informando el recurso de protección, la Contraloría General de la República señala que no se advirtió la necesidad de que esta Entidad de Control instruyera el procedimiento administrativo, decisión amparada en el artículo 133 de la ley N° 10.336, y considerando además que tampoco se advirtió la concurrencia de alguna de las causales previstas en el artículo 2°, de la Orden de Servicio N° 75, de 2019 de esa Contraloría General, que establece los requisitos para ordenar procedimientos disciplinarios.

Refiere que luego, la señora nombre reservado, solicitó en lo que interesa, la reconsideración del referido oficio N° E387.123, de 2023, reiterando que fuera esta Contraloría General la que llevara a cabo un procedimiento disciplinario respecto de los hechos denunciados, petición que fue nuevamente rechazada mediante el oficio N° E396.444 de 26 de septiembre de 2023, de ese año, de la I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en el que se reiteraron los razonamientos antes expuestos.

Señala que no obstante, se instruyó a la Subsecretaría de Justicia -en conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N° 20.065, que precisa que el Servicio Médico Legal es un servicio público centralizado, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-, para que evaluara, conforme a sus facultades, la procedencia de instruir un proceso disciplinario en relación con las denuncias formuladas, debiendo informar a esa Sede Regional de Fiscalización acerca de la decisión adoptada, en el plazo ahí señalado.

Sostiene que en tal contexto, dicha Subsecretaría, a través de su oficio N° 6.229, de 2023, informó que no se apreciaban elementos que pudieran involucrar la responsabilidad administrativa de la Directora del Servicio Médico Legal, por lo que determinó no dar inicio a un procedimiento disciplinario.

Agrega que por último, la recurrente interpuso un recurso de reposición en contra del oficio precedentemente citado y solicitó nuevamente la reconsideración de su similar N° E387.123, de 2023, ante lo cual, la I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, teniendo presente lo informado por la Subsecretaría de Justicia -por medio de su oficio RES. N° 1, de 2024-, a través de su oficio N° E396.444, rechazó la reconsideración -en contra del cual se recurre en autos-, por las razones que latamente allí se consignan.

Refiere que a mayor abundamiento, en los dos primeros pronunciamientos, por las razones que en ellos se indican, se remitió la denuncia de la actora -formulada en contra de la Directora Nacional del Servicio Médico Legal, por actos que, a su juicio, constituían acoso laboral-, a la Subsecretaría de Justicia, por corresponderle a esta última el ejercicio de la potestad sancionatoria atendidas las razones allí consignadas.

Alega la extemporaneidad del recurso de protección, ya que si bien la recurrente señala expresamente que el acto que supuestamente le causaría agravio es el mencionado oficio N° E443.291, de 24 de enero de 2024, de la I Contraloría Regional Metropolitana, lo cierto es que de los fundamentos que se exponen en el recurso, se desprende que la presunta vulneración de derechos fundamentales se habría configurado, por una parte, a causa de la emisión del oficio N° E387.123, de 30 de agosto de 2023, confirmado por el oficio N° E396.444, de 26 de septiembre de 2023, ambos de la I Contraloría Regional Metropolitana y, por otra, por la emisión del oficio N° 6.229, de 2023, de la Subsecretaría de Justicia, de cuyo contenido tomó conocimiento la aludida Sede Regional a través de su oficio N° E411.926, de 3 de noviembre de esa anualidad.

Sostiene que a mayor abundamiento, en los dos primeros pronunciamientos, por las razones que en ellos se indican, se remitió la denuncia de la actora -formulada en contra de la Directora Nacional del Servicio Médico Legal, por actos que, a su juicio, constituían acoso aboral-, a la Subsecretaría de Justicia, por corresponderle a esta última el ejercicio de la potestad sancionatoria atendidas las razones allí consignadas.

Expone que así, el aludido oficio N° E443.291, de 2024 fue emitido en respuesta a una segunda solicitud presentada por la recurrente sobre el referido oficio N° E387.123 de lo que se sigue que el supuesto agravio que alega la actora se produjo en la época que tomó conocimiento de ese último oficio, esto es, el 30 de agosto de 2023, o bien, del oficio N° E396.444 -que desestimó su reconsideración-, de 26 de septiembre de ese año, datas en las que se le notificó a la recurrente -en los correos indicados para tal efecto-, según consta del comprobante de despacho del correo electrónico de la Oficina General de Partes de este Órgano de Control, acompañado al presente escrito.

A lo anterior, se agrega que, a través del oficio N° E411.926, de 3 de noviembre de 2023, la I Contraloría Regional Metropolitana tomó conocimiento del citado oficio N° 6.229, de 2023, a través del cual la Subsecretaría de Justicia informo la decisión de no iniciar un procedimiento disciplinario sobre los hechos denunciados por la recurrente, oficio que fue notificado a la actora en esa data, según consta de los registros de esta Contraloría General.

Explica que de esta manera, dado que la acción de autos se interpuso recién con fecha 23 de febrero del 2024, y teniendo en consideración las épocas en las que la actora tomó conocimiento cierto de los aludidos oficios N°s. E387.123, E396.444 y E411.926, todos de 2023, se evidencia que la presente acción cautelar se interpuso luego de transcurrido el plazo fatal de 30 días corridos que establece el anotado Auto Acordado.

A su turno, alega a su respecto la falta de legitimación pasiva, ya que lo cierto es que lo verdaderamente impugnado es, por una parte, el indicado oficio N° 6.229, de 2023, de la Subsecretaría de Justicia, a través del cual la superioridad dotada de la potestad disciplinaria decidió no iniciar un proceso disciplinario acerca de la Directora Nacional del Servicio Médico Legal, y por otra, el referido oficio RES. N° 1, de 2024, de aquella repartición pública, que detalló, en lo pertinente, y en base a lo indicado por la actora en su presentación ante esa Sede Regional Contralora, los antecedentes en virtud de los cuales adoptó la referida decisión de no investigar los hechos denunciados.

Sostiene que es posible constatar una evidente contradicción entre el texto del recurso y el petitorio, por cuanto de la lectura del libelo se advierte la disconformidad de la actora con la circunstancia de que esta Entidad de Control haya determinado no instruir el sumario administrativo respecto a las conductas denunciadas, mientras que del petitorio se advierte que lo que la requirente no solicita a esta Entidad de Control la instrucción del procedimiento administrativo, sino que se ordene a la Subsecretaría de Justicia que inicie un proceso disciplinario en el Servicio Médico Legal, destinado a indagar los actos de maltrato y acoso laboral denunciados.

Descarta que exista una ilegalidad o arbitrariedad en su actuar, no advirtiendo de qué manera el impugnado oficio N° E443.291, de 2023, puede ser estimado ilegal, toda vez que, fue emitido de acuerdo con las competencias que le han sido asignadas a esta Entidad de Control en virtud de los artículos 98 y 99 de la Constitución Política; 1°, 5°, inciso 3, 6°, 9°, 10 y 16 de la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de esta Contraloría General y, en la resolución N° 1.002, de 2011, que establece la Organización y Atribuciones de las Contralorías Regionales.

Agrega que tampoco resulta arbitraria la actuación de esa Entidad de Control, por cuanto el mencionado oficio N° E443291, de 2023, no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón, sino que fue expedida precisamente en cumplimiento del mandato constitucional y legal puntualizado, en base al estudio de los antecedentes, de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia y en el ejercicio de una actuación legítima del Organismo Contralor llevada a cabo en uso de sus facultades y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones, dando lugar a un pronunciamiento motivado en derecho, emitido ante la propia solicitud de la actora.

Refiere que por otra parte, el acto que se impugna precisa que la solicitud de reconsideración del citado oficio N° E387123, ya había sido atendida por su similar N° E396.444, de 2023, ambos de la I Contraloría Regional Metropolitana, reiterando los argumentos antes expuestos para no acceder a la petición de que fuera esa Contraloría General la que llevara a cabo un procedimiento disciplinario respecto de hechos denunciados, esto es, que en virtud del artículo 133 de la ley N° 10.336, es una prerrogativa de este Organismo Fiscalizador disponer, cuando lo estime necesario, la instrucción de sumarios administrativos.

Señala que de este modo, habiéndose adoptado una determinación fundada por parte de la Subsecretaría de Justicia al respecto -autoridad en quien la ley radica la potestad disciplinaria respecto de la denunciada-, no se advirtió irregularidad en lo obrado por esa repartición ministerial en la materia, a lo que se suma que las denunciantes no aportaron antecedentes que respaldaran sus alegaciones.

Alega que resulta del todo improcedente que la actora afirme que ese Organismo de Control no ha ejercido sus facultades fiscalizadoras, pues atendió sus denuncias estudiando los antecedentes del caso, y sobre la base del mérito de los mismos y de conformidad a la normativa y jurisprudencia administrativa aplicables en la materia, remitió aquellas a la autoridad en quien la ley radica la potestad disciplinaria, a fin de que ponderara iniciar un procedimiento sumarial en torno a la materia, lo que, en definitiva, fue desestimado por la Subsecretaría de Justicia, por los argumentos que expuso.

Descarta afectación a las garantías constitucionales denunciadas como vulneradas, y que en atención a los antecedentes y consideraciones anotadas, y teniendo en cuenta las disposiciones citadas y las atribuciones que constitucional y legalmente competen a esa Contraloría General de la República, solicita que se desestime en todas sus partes el recurso de protección deducido en estos autos en contra de esa Contraloría General.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Quinto: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Sexto: Que la recurrente reclama como ilegal y arbitrario, el actuar de las recurridas, en tanto la Contraloría no habría ejercido su rol fiscalizador, actuando como mera intermediaria entre la recurrente y la Subsecretaría de Justicia; y que ésta decidió no investigar el hecho denunciado sin considerar la presentación explicativa y complementaria proporcionada con posterioridad.

Séptimo: Que la recurrente pretende entonces por esta vía, cuestionar la calificación que ambas recurridas hicieron de los hechos denunciados, la primera, remitiendo los antecedentes a la Subsecretaría de Justicia para su ponderación y análisis; y la segunda adoptando la decisión de no investigar en dos ocasiones los hechos denunciados por la recurrente, en el marco de los actos de quien había asumido en diciembre de 2022 como Subdirectora Médica Subrogante del Servicio Médico Legal, asumiendo luego como Directora Nacional del aludido Servicio, el 18 de julio de 2023.

Octavo: Que, en relación con la Contraloría General de la República, la decisión de ésta de no instruir un procedimiento administrativo, encuentra su fundamento en el artículo 133 del Decreto Nro.2.421 que fija el Texto Refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, Nro.10.836, norma que faculta a los funcionarios ahí señalados, para ordenar, cuando lo estimen necesario, la instrucción de sumarios administrativos, suspender a los Jefes de Oficina o de Servicios y a los demás funcionarios; debiendo ponderar y decidir priorizando los recursos, en atención al volumen de procedimientos sumariales que instruye ese organismo de control, según ha quedado asentado en la jurisprudencia administrativa. Se hace presente que en todo caso, si bien esto fue alegado por la recurrente en su recurso, no fue parte de sus peticiones concretas, de lo que se desprende que a través de aquél no ha pretendido insistir en que sea este órgano contralor, quien inicie el procedimiento administrativo que ella echa en falta.

Noveno: Que respecto del segundo reproche efectuado al órgano contralor, consistente en haber fallado en su rol fiscalizador, lo cierto es que pese a que el artículo 3 de la Ley 19.880, califica la toma de conocimiento como un acto administrativo al declarar: “Constituyen, también, actos administrativos los dictámenes o declaraciones de juicio, constancia o conocimiento que realicen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus competencias”, y el artículo 15, consagra la impugnabilidad de dichos actos, cuestionable resulta la posibilidad de impugnar actos que no contienen una decisión, como sucede con el que se analiza. Aun así, siendo la Subsecretaría de Justicia la autoridad llamada por la ley para ejercer la potestad disciplinaria respecto del Servicio Médica Legal, y habiendo aquélla adoptado mediante Resolución contenida en el Oficio Ordinario N°6229 de 18 de octubre de 2023, una determinación sobre los hechos denunciados, al siguiente tenor, “el desacuerdo que pueda tener la funcionaria sobre las valoraciones e instrucciones que el Director Nacional (S) o la Subdirectora Médica (S) observen respecto al funcionario de la unidad de Derechos Humanos que es el dependiente de la Dirección Nacional, si bien son legítimas y atendibles, la potestad final para dirigir y organizar el Servicio radica en su Jefatura, tal como señala el artículo 7, letra a), de la ley N°20.065.”, le impide a esta Corte visualizar la irregularidad reclamada por la recurrente al tomar conocimiento de la mencionada resolución.

Décimo: Que en lo que toca a la Subsecretaría de Justicia, el Dictamen Nro.55.001 de 2013 de la Contraloría, ha señalado que frente a la denuncia de una irregularidad, la autoridad se encuentra facultada para realizar una estimación anticipada de las circunstancias de la misma, con el objeto de concluir con mayores fundamentos la pertinencia de instruir un proceso sancionatorio. A este respecto, se hace necesario recordar que la recurrente realizó 2 denuncias, la primera ante el SML el día 13 de febrero de 2023, que según lo señalado por dicha Subsecretaría, el Director Nacional (S) de aquél, decidió “no instruir un procedimiento disciplinario habiendo ponderado y valorado los antecedentes expuestos en la denuncia al no haberse configurado una conducta abusiva que buscar atentar contra la personalidad dignidad o integridad física o síquica de la denunciante si no que se habría tratado de una reunión de trabajo donde se expusieron valoraciones y mejoras para el mejor funcionamiento de la Unidad de Derechos Humanos que dirige la recurrente labor que es potestad del jefe de servicio y su equipo”, respuesta que no habría sido aceptada por la recurrente concurriendo al Órgano Contralor quien señaló en abril de 2023, que no se evidenciaron incumplimientos de índole normativo en las imputaciones realizadas por la señora nombre reservado. Luego de dicha denuncia, se habría efectuado la segunda, por nuevos hechos, directamente ante la Contraloría, quien habría remitido los antecedentes a dicha Subsecretaría, dictando ésta la resolución aludida en el considerando anterior, el 18 de octubre de 2023.

Undécimo: A este respecto, la legislación vigente en la materia, regulada en el artículo 2° del Código del Trabajo, que rige a la Administración Pública en virtud del artículo 1° incisos 3 y 4 del mismo Código, que caracterizando el acoso laboral como contrario a la dignidad de la persona, lo define como “toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo”, quedándole expresamente vedado dicho comportamiento a los funcionarios públicos en virtud del artículo 84 letra m) de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo que prohíbe “Realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso segundo del artículo 2 del Código del Trabajo”.

Duodécimo: Que en tal sentido, la gravedad de los segundos hechos denunciados, a juicio de esta Corte, ameritaban una investigación por parte del superior jerárquico que permitiera descartar o confirmar si se trataba de simples desacuerdos entre la Dirección Nacional y la Jefa de la Unidad de Derechos Humanos, como sostuvo la Subsecretaría o si tras dichas decisiones se ocultaba el hostigamiento sancionado por el artículo 2 del Código del Trabajo precedentemente transcrito.

Décimo Tercero: Que no obstante lo anterior, la circunstancia de que dicha Resolución haya sido emitida el 18 de octubre de 2023, hace evidente que la presente acción cautelar se interpuso vencido el plazo fatal de 30 días corridos que establece el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

Décimo Cuarto: Que, atendido lo expuesto precedentemente, en relación con la Contraloría General de la República, esta Corte no advierte la existencia de ningún acto ilegal o arbitrario que haya tenido su origen en dicho Órgano de Control, que haya perturbado el ejercicio del derecho a la integridad psíquica, a la igualdad ante la ley y a la protección de la honra alegados por la recurrente.

Décimo Quinto: Que en cuanto a la Subsecretaría de Justicia, sin perjuicio de que en su calidad de superior jerárquico del Servició Médico Legal, está llamada a investigar hechos como los denunciados y que al menos en lo referente a la segunda denuncia se avizoran hechos que de ser efectivos podrían enmarcarse en el tipo del acoso laboral, la extemporaneidad del recurso intentado respecto de dicha entidad, impedirá a esta Corte acogerlo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Contraloría General de la República y de la Subsecretaría de Justicia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Abogada Integrante Catalina Infante Correa Protección Nº 1208-2024.- No firma el ministro señor Juan Manuel Muñoz Pardo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicio.