nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. Santiago Santiago, catorce de octubre de dos mil veinticinco Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por haber efectuado descuentos excesivos y arbitrarios desde su remuneración mensual durante los meses de febrero, marzo y abril del año 2025, ascendentes a la suma total de $548.640, mientras se encuentra pendiente un juicio ejecutivo en sede civil. Actuación que considera ilegal y arbitraria, toda vez que la recurrida ejerció la cláusula de aceleración haciendo exigible la totalidad de la deuda mediante demanda ejecutiva, para luego, paralelamente, ordenar retenciones mensuales desde su remuneración por montos superiores a las cuotas originalmente pactadas, configurando un doble cobro injustificado, vulnerando con ello el derecho fundamental a la propiedad consagrado en el artículo 19 número 24 de la Carta Fundamental, por lo que solicita que se acoja el recurso ordenando el cese de los descuentos, la devolución de las sumas indebidamente retenidas y la condena en costas a la recurrida.

Expone que durante el año 2023 contrajo un mutuo de dinero con la entidad recurrida denominado "crédito social", mediante la suscripción del pagaré número 003CON104000855 por la suma de $3.720.284, pagadero en 48 cuotas iguales, mensuales y sucesivas de $139.318 cada una, con vencimiento de la primera de ellas el día 30 de septiembre de 2023 y las restantes los días 30 de cada mes subsiguiente. Dichos pagos debían efectuarse conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley número 18.833, que regula el funcionamiento de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar.

Prosigue señalando que transcurridos algunos meses desde la contratación del crédito, por causas ajenas a su voluntad fue desvinculado de su trabajo, perdiendo su única fuente de ingresos, razón por la cual incurrió en mora respecto del mutuo referido a partir de la cuota número dos. Refiere que en diversas ocasiones concurrió personalmente a sucursales de la recurrida con el objeto de intentar regularizar su situación financiera; sin embargo, la única alternativa que le fue ofrecida consistió en repactar la deuda, lo que implicaba un incremento artificial de la misma que lo dejaría en una situación económica aún más crítica. Ante su insistencia en buscar otra solución viable, la recurrida le comunicó que si no accedía a la repactación propuesta, se iniciarían las acciones judiciales que en derecho correspondieran para el cobro de la obligación pendiente.

En este contexto, manifiesta que la recurrida optó por hacer exigible la totalidad de la deuda mediante el ejercicio de la cláusula de aceleración, interponiendo demanda ejecutiva en su contra, causa que actualmente se sigue en los autos rol C-2991-2024, del Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta. Agrega que, en dicha causa opuso excepciones dilatorias las cuales se encuentran actualmente en tramitación.

No obstante lo anterior, expone que para su total sorpresa, en sus liquidaciones de sueldo correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril del presente año, figuran descuentos ordenados por la recurrida por la suma de $178.106 en el mes de febrero, y dos descuentos por la suma de $185.267 en los meses de marzo y abril respectivamente, montos significativamente superiores a la cuota originalmente pactada de $139.318, efectuándose un cobro que califica de abusivo en estos meses por la suma total de $548.640. Destaca que dichos descuentos se realizaron a pesar de existir un juicio pendiente en sede civil donde precisamente se discute la efectividad y exigibilidad de la deuda, configurando una completa arbitrariedad por parte de la entidad recurrida.

Sostiene que entonces ha sufrido un acto ilegal y arbitrario que lo privó y perturbó en su derecho de propiedad sobre la suma total de $548.640, correspondiente a descuentos efectuados en sus remuneraciones de los meses de febrero, marzo y abril del presente año 2025, por lo que solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare arbitrario e ilegal el actuar de la recurrida consistente en los descuentos efectuados en los meses ya referidos, ordenando a la recurrida abstenerse de continuar obteniendo el pago excesivo del crédito social vía descuentos de sus remuneraciones y reembolsar el monto indebidamente descontado en las liquidaciones de sueldo de los meses de febrero, marzo y abril del 2025.

Segundo: Que evacúa informe la recurrida, Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto en su contra.

En primer término, expone los antecedentes fácticos que configuran la relación crediticia existente entre las partes. En efecto, detalla que el 25 de julio de 2023, la institución otorgó al recurrente una operación de crédito identificada con el código N° 003CON104000855, por un capital inicial de $3.720.284, con una tasa de interés mensual del 2,57%, pagadero en un plazo de 48 meses, mediante cuotas mensuales de $139.318, fijándose como primer vencimiento el 30 de septiembre de 2023. Prosigue señalando el comportamiento de pago del crédito del actor, precisando que el recurrente se encuentra en mora respecto de las cuotas correspondientes a los meses de abril de 2024 a abril de 2025, esto es, desde la cuota N°7 hasta la N°20.

Atendida la constitución en mora del actor, argumenta que el artículo 22 de la Ley N°18.833 contiene un mecanismo especial de cobro en virtud del cual es el empleador quien tiene la obligación de descontar por planilla lo adeudado por prestaciones de crédito social, por lo que se trata de un mecanismo que no depende de la voluntad o decisión de las Cajas de Compensación, porque las reglas del caso lo establecen de forma perentoria u obligatoria, teniendo exactamente el mismo grado de obligatoriedad que el pago de las cotizaciones previsionales.

Lo anterior implica que se está efectuando el cobro de una deuda vigente, actualmente exigible y cuya prescripción no ha sido declarada, emanada de un contrato de mutuo de dinero celebrado entre las partes. Fundamenta que la prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, de cuya lectura se desprende con toda claridad que la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente, no operando de pleno derecho. Así, argumenta que la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones es que esta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo existe y es plenamente exigible. Agrega que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos.

Con el mérito de lo expuesto, concluye que no hay en este caso vulneración alguna a la garantía constitucional referida por el actor, toda vez que es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la Ley 18.833. Sostiene que una Caja de Compensación sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo, circunstancia que no concurre en la especie.

En consecuencia, solicita el rechazo del recurso de protección intentado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por ésta última en relación con los hechos expuestos.

Tercero: Que según consta en autos la recurrida informó el 1 de septiembre pasado que desde que se decretó orden de no innovar en esta causa mantiene suspendidos los descuentos por planilla y restituyó los montos descontados al actor.

Cuarto: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que el artículo 22 de la ley 18.833 refiere lo señalado por la Caja, a saber, que "Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales", de manera que le asiste a la recurrida el derecho a practicar el descuento que el recurrente denuncia como ilícito.

Sexto: Que, luego, si es un hecho pacífico que la Caja le dio al recurrente una determinada cantidad de dinero a título de mutuo, que no ha sido pagado en su totalidad, y que por ello el deudor se encuentra moroso en el cumplimiento de su obligación, resulta que la recurrida se ha limitado a ejercer un derecho que la legislación le concede, de manera que difícilmente puede tacharse su conducta de ilegal o arbitraria.

Séptimo: Que es cierto que la Caja acreedora ejerció en contra del recurrente, por la misma deuda, una acción ejecutiva ante el Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta, en la causa C-2991-2024, en la que se opusieron excepciones dilatorias que se encuentran actualmente en tramitación, mas ello no obsta a que el señor nombre reservado aún debe considerársele deudor de la obligación que contrajo al celebrarse el mutuo, sin que exista sentencia judicial que declare la prescripción ni de la acción cambiaria ni de la acción ordinaria emanada de este contrato real.

Octavo: Que, desde luego, lo que no puede la aludida Caja es pagarse dos veces el mismo crédito, pero le es lícito perseguir su cobro por todas las vías que la ley le permite, de modo que no existe ni ilegalidad ni arbitrariedad en su obrar, pues se encuentra amparada por lo que dispone el artículo 22 de la ley 18.833.

Y visto, además, el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Recurso de Protección, se rechaza la acción constitucional deducida en autos, sin costas.

Regístrese y comuníquese.

N° Protección-12079-2025.-