ALVAREZ RECURSO HUMANOS LTDA. con INSPECCION PROVINCIA DEL TRABAJO DE SANTIAGO

Santiago, cuatro de enero de dos mil diecisiete Vistos y considerando:

Primero: Que, a fojas 36, comparece doña Macarena Undurraga Jara, abogada, en representación de “Álvarez Recursos Humanos Ltda.”, sociedad del giro de subcontratación, y recurre de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la resolución N° 474, notificada a su parte con fecha 20 de octubre del actual, por el cual se rechaza su recurso de reconsideración administrativa, confirmando una multa de 60 unidades tributarias mensuales, que fuera cursada a su parte por una fiscalizadora de la institución recurrida, con lo cual se vulnerarían las garantías constitucionales establecidas en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el 07 de marzo de 2016, la fiscalizadora Patricia Henríquez Toro, mediante Resolución N°4487/16/11 le cursó una multa de 60 unidades tributarias mensuales por no haberle otorgado los 7 días de descanso semanal adicional durante cada año de vigencia del contrato de 4 trabajadores, 3 de ellos reponedores de supermercado y una última que desempañaba funciones de consultora de belleza.

Señala que de aquellos, la última no trabaja los días domingo y los tres que ejercen como reponedores, atendido lo específico de sus labores, no atienden directamente al público, por lo que a su respecto resulta inaplicable la Ley N°20.823 y no pueden tampoco considerarse dentro de los supuestos del artículo 38 N° 7 del Código del Trabajo, que son precisamente las normas en que se fundó la aplicación de la multa.

Reclama que el acto impugnado es ilegal, por cuanto no respeta el principio de legalidad de la Administración, consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República y el artículo 2 de la Ley N°18.575, arguyendo para ello que la Inspección del Trabajo se habría apartado del marco legal de sus competencias, al avocarse a una materia que conforme al artículo 420 a) del Código del Trabajo es de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo.

Explica que ello ocurrió al interpretar erradamente la legislación laboral y calificar arbitrariamente a los trabajadores en una determinada situación, otorgando una mayor amplitud a las normas en cuestión.

Reclama también la arbitrariedad del acto por carecer de razonabilidad o fundamentación suficiente, señalando que el ordinario en cuestión excede las atribuciones que tiene la Dirección del Trabajo para interpretar la ley, incumpliendo la regla del artículo 19 del Código Civil en relación a los artículos 38 y 38 bis del código del ramo, realizando en definitiva una interpretación inconstitucional, ilegal e ilegítima de dicha normativa.

Estima como vulnerada la garantía consagrada en el numeral tercero del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental que proscribe el juzgamiento por comisiones especiales, por cuanto el actuar del fiscalizador al imponer la multa reclamada no realizó una mera constatación de hechos o una interpretación legal, sino que lisa y llanamente interpretó la norma en una forma que no se ajusta a derecho, declarando un derecho en favor de los trabajadores e imponiendo una obligación en su contra, careciendo de facultades para ello.

Sostiene que la Inspección del Trabajo y sus fiscalizadores no pueden ejercer sus atribuciones cuando ellas impliquen un pronunciamiento o calificación jurídica acerca de la existencia de convenciones entre empleadores y trabajadores, a lo que agrega que la imposición de una multa debe obedecer a una infracción laboral indubitada, no pudiendo aplicarse cuando los requisitos exigidos por la ley no se reúnen de manera exacta, concreta y clara, de lo que colige que la Inspección, al asumir funciones propiamente jurisdiccionales, ha ejercido una función que no le corresponde.

Reclama como vulnerado también su derecho de propiedad, por cuanto la imposición de la multa reclamada afecta directamente su patrimonio, y para los efectos de seguir ejerciendo su giro se vio obligada a pagarla.

Pide en definitiva que se restablezca el imperio del derecho y se deje sin efecto la Resolución de Multas N°4487/16/11 dictada por la Inspección recurrida.

Segundo: Que, a fojas 82, informa la recurrida, solicitando el rechazo del recurso, con costas; alegando en primer término la improcedencia del mismo, atendida la naturaleza del acto recurrido; y en segundo lugar, por no haberse cometido ilegalidad o arbitrariedad alguna en la resolución reclamada.

Señala que este arbitrio constitucional constituye un remedio o solución urgente ante la vulneración real y efectiva de un derecho indubitado, por lo que no puede utilizarse como un sustituto procesal de los procedimientos específicos contemplados en la ley, que es justamente lo que ocurre en la especie, al existir los procedimientos de reconsideración administrativa y reclamación judicial de multas como medios de impugnación en contra de la resolución recurrida.

Sostiene que los artículos 503, 504, 511 y 512 del Código del Trabajo permiten reclamar judicialmente las multas administrativas aplicadas por los fiscalizadores, o bien solicitar la reconsideración administrativa de las mismas, y en este último caso, reclamar judicialmente de la resolución que resuelve la solicitud de reconsideración.

Expresa que la recurrente pese a haber utilizado la vía de la reconsideración administrativa, en virtud de la cual el acto impugnado mediante este recurso es susceptible de reclamación judicial conforme al precitado artículo 512, decidió utilizar esta acción constitucional como un mero sustituto de la acción judicial que debió haber entablado, la que no garantiza la debida resolución de una materia destinada a ser conocida naturalmente por los Tribunales Ordinarios del Trabajo.

En cuanto al fondo, defiende la legalidad tanto de la actuación de la Inspectora Provincial del Trabajo como de la Resolución impugnada.

Señala que la multa se impuso luego de un procedimiento de fiscalización iniciado por la denuncia de un trabajador dependiente de la recurrente, por el no otorgamiento de los 7 días de descanso establecidos en la Ley, y que luego de la debida investigación se constató la infracción al artículo 38 bis del Código del Trabajo, aplicando la correspondiente sanción.

Refiere que contra la imposición de la multa la recurrente solicitó reconsideración administrativa, la que fue desestimada mediante la resolución que ahora impugna, por cuanto no logró demostrar la existencia de un error de hecho en el procedimiento, ni la corrección de la contravención sancionada respecto de los trabajadores que se desempeñaban como reponedores.

A ello agrega que la interpretación que ha dado la Dirección del Trabajo a la normativa en cuestión, es que aquella rige para todos los trabajadores que laboran en empresas de comercio y de servicios, sea que la labor que desarrollan se relacione o no con la atención directa al público, explicando los fundamentos que sostienen tal interpretación, y que justifican la proscripción de una interpretación restrictiva en dicha materia, de lo que colige que ha actuado ajustándose íntegramente a la legalidad laboral vigente.

Sostiene finalmente que no concurren los requisitos constitucionales que sustenten la interposición del recurso por la ausencia de un acto arbitrario e ilegal, como se deduce de los asertos precedentes y la inexistencia de vulneración de garantías constitucionales de la recurrente.

En cuanto al derecho de dominio expone que en caso alguno la aplicación de una multa puede considerarse una vulneración de dicha garantía, toda vez que la sanción por la infracción de la normativa laboral no puede considerarse un acto expropiatorio a su respecto, sino una sanción a los actos ilícitos cometidos en dicha materia; a lo que agrega que es la propia Constitución la que dispone que la ley podrá establecer limitaciones y obligaciones al dominio, que se deriven de su función social, cuestión que ampara justamente todo el ordenamiento jurídico laboral.

En lo concerniente a la garantía del numeral tercero del artículo 19 de la Constitución Política de la República, sostiene que no se ha señalado la forma en que aquella se habría vulnerado y agrega que no ejerció funciones jurisdiccionales propias de los tribunales ordinarios de justicia, por lo que no ha actuado como una comisión especial, lo que se refrenda con la posibilidad del recurrente de haber impugnado dicha actuación a través de la correspondiente reclamación judicial.

Tercero: Que, como se ha dicho reiteradamente por este Tribunal, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

Cuarto: Que de acuerdo con lo antes expuesto, son requisito indispensables de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque algunas de las situaciones o consecuencias que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales preexistentes, protegidas por la norma antes citada y que el recurso mediante el que se impugna tal acto u omisión arbitraria sea deducido dentro del plazo de treinta días corridos desde la ejecución de dicho acto u omisión, conforme lo dispone el N°1del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia.

Quinto: Que, previo a hacerse cargo del fondo de la cuestión planteada, y sin que ello importe compartir los planteamientos hechos por las partes en este procedimiento, conviene tener en cuenta que la tutela pedida por la actora descansa en la concurrencia de una cierta situación de hecho, cual es que los trabajadores concernidos en la multa aplicada por la recurrida se hallaban en la hipótesis prevista en el artículo 38 N° 7 del Código del Trabajo, cuestión que debe ser objeto de prueba y que es propia de un juicio de lato conocimiento en que existan amplias facultades probatorias para las partes, y -por ende- ajena a esta vía cautelar, en la que únicamente puede pretenderse se restablezca el imperio de un derecho cierto e indubitado, caracteres que no concurren en la especie.

Sexto: Que, atendido lo razonado en los considerandos precedentes, habrá de desestimarse el recurso de protección de que se trata, resultando innecesario hacerse cargo en forma pormenorizada de las garantías constitucionales que se denuncian como vulnerada.

Por estas consideraciones, y teniendo presente, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20, ambos de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto a fojas 36 por la empresa Álvarez Recursos Humanos Ltda., en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago.

Acordado con el voto en contra del Ministro señor Mera quien estuvo por acoger el recurso de protección y dejar sin efecto tanto la Resolución 474 de 15 de octubre de 2016 de la Dirección del Trabajo, cuanto la multa N°1301.4487.16.11. Tuvo presente para ello:

a) Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República señala que la acción constitucional de protección se puede ejercer “sin perjuicio de otros derechos”, de manera que si bien es efectivo que al recurrente le asistía el derecho a impugnar judicialmente la Resolución 474 de 15 de octubre de 2016, ello no lo priva de su prerrogativa constitucional de solicitar protección a los Tribunales Superiores de Justicia.

b) Que aclarado lo anterior, la ilegalidad y arbitrariedad de la Administración parece evidente pues ha decidido la Dirección del Trabajo, por sí y ante sí, que una norma legal que expresamente se aplica sólo a los trabajadores de establecimiento de comercio y servicios que atiendan directamente al público, se aplique a operarios cuyas funciones no comprenden dicha atención, como los reponedores, entregando incluso razones de “razonabilidad” para realizar tal interpretación, con lo que abiertamente la entidad recurrida ha invadido las funciones legislativas, que ciertamente no le son propias.

c) Que en estas circunstancias entiende el disidente que el acto claramente ilegal de la recurrida conculca la garantía del N°24 del artículo 19 de la Carta Fundamental respecto del recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Nº Protección 120761-2016.