nombre reservado con INSPECCION DEL TRABAJO SANTIAGO ORIENTE

Santiago, veintiuno de abril de dos mil dieciséis.

Vistos y teniendo presente:

1°.- Que a fojas 7 comparece don Pedro Matamala Souper, abogado, en representación de la empresa Du Pont Chile S.A., domiciliada en domicilio reservado, e interpone recurso de protección contra la Inspección Comunal del Trabajo, representada por doña nombre reservado y en particular contra el funcionario don nombre reservado, fiscalizador, ambos domiciliados en domicilio reservado, a fin de que respetando las garantías constitucionales que esgrime, se restablezca el imperio del derecho disponiendo que se suspenden todos los efectos de los actos impugnados en forma completa, ordenando a la recurrida que se inhiba de seguir conociendo del asunto, dejando sin efecto la visita de fiscalización fijada para el 15 de febrero de 2016, como asimismo que se abstenga de requerir la reincorporación de la trabajadora señora nombre reservado, bajo amenaza de cursar multas en relación a los mismos hechos o se adopte cualquier otra medida que este tribunal estime procedente, con costas.

Señala que el 21 de enero de 2016 fue desvinculada la trabajadora nombre reservado por la causal de necesidades de la empresa y que al suscribir el respectivo finiquito, con fecha 22 del mismo mes y año, ésta renunció al fuero, por lo que entre las partes existió un acuerdo de voluntades que tiene pleno poder liberatorio. Sin embargo, con fecha 10 de febrero del año en curso, el fiscalizador don nombre reservado, se constituyó en las dependencias de la recurrente por una supuesta denuncia de la trabajadora, quien gozaría de fuero laboral conforme al artículo 201 del Código del Trabajo, lo que se acredita con un certificado médico, comunicándole a la empresa la imposibilidad de separar a la trabajadora, sin autorización judicial y, en consecuencia, el carácter ilegal de la separación que le afectaba, amenazando a su parte de ser sancionada en el curso de la fiscalización si no se allana a poner término a la separación indebida, desconociendo que las partes suscribieron el respectivo finiquito. Ante la negativa a reincorporar a la trabajadora, se citó a su parte a “revisita de fiscalización” para el 15 de febrero a las 9,45 hrs., advirtiéndole que si no se ha corregido la infracción se le aplicaría sanción administrativa.

Señala que la recurrida excedió el ámbito de sus facultades, por lo que debió abstenerse de intervenir en la especie, por cuanto la trabajadora no goza de fuero maternal por haber renunciado a él en forma libre y voluntaria y así consta en el finiquito legalmente tramitado. No se ha limitado a constatar un hecho sino que ha procedido a la interpretación de la ley laboral calificando jurídicamente una situación de fondo, sin que exista fundamento alguno que justifique la actuación de la recurrida.

En un segundo capítulo, la recurrente reclama por el requerimiento de reincorporar a la trabajadora bajo amenaza de sanción administrativa. Como normas conculcadas cita los artículos 201, 174 y 177 del Código del Trabajo, señalando que el finiquito otorgado con las formalidades legales tiene poder liberatorio, constituye un equivalente jurisdiccional que debe ser respetado.

Indica que con su actuación la Inspección Comunal del Trabajo, se ha alejado de los márgenes del principio de juridicidad, ha desconocido la facultad de dirección del empleador, incumpliendo su deber de abstenerse de intervenir respecto de cuestiones que deben ser conocidas y resueltas por un juzgado de letras del trabajo, siendo en consecuencia sus actos nulos por infringir los artículos 6, 7 y 8 de la Carta Fundamental.

En cuanto a las garantías conculcadas, señala las de los números 2, 3 incisos quinto y sexto y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, la falta de un procedimiento racional y justo y el derecho a la libre contratación.

Segundo: Que a fojas 100 informa la recurrida, Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente, pidiendo el rechazo del recurso, con costas. Alega en primer lugar, la improcedencia del recurso en atención a la naturaleza del acto recurrido, pues no se comprende si lo reclamado es la orden de reincorporar a la trabajadora o, tal vez, la supuesta amenaza de imponer sanción administrativa o bien el procedimiento de fiscalización N° 572. Si es la orden de reincorporar señala que tiene facultades para ello -artículos 505 del Código del Trabajo y DFL N° 2 de 1967, Ministerio del Trabajo-, pues tomó conocimiento por medio de una denuncia de una supuesta infracción de las normas del fuero maternal. Agrega que no ha existido la “amenaza” que refiere la recurrente, se trata de una imputación falsa, sin fundamentos serios y, por el contrario de conformidad a lo que disponen los artículos 207 y 208 del Estatuto Laboral, tiene facultades para fiscalizar precisamente cuestiones relacionadas con la protección a la maternidad imponiendo sanciones en conformidad a la ley, por lo que mal podría el fiscalizador amenazar con una multa que en la especie se encuentra en una disposición legal. Luego, si la amenaza fuera la propia fiscalización, añade que el procedimiento se efectuó respetando el marco legal nacional.

Indica que la ley contempla un recurso especial contra las resoluciones emanadas de la recurrida y que, en la especie, la recurrente reclamó judicialmente contra la Resolución de Multa administrativa N° 1698/16/4, de 15 de febrero de 2016, procedimiento que se encuentra en tramitación, por lo que mal puede usar este mecanismo como mero sustituto procesal de acciones judiciales ordinarias, establecidas en procedimientos específicos y reglados.

En segundo lugar, alega la improcedencia del recurso en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición, por cuanto se ha llevado a cabo el procedimiento de fiscalización en atención a las facultades conferidas a dicho servicio por el Código del Trabajo y demás leyes complementarias. No existe tampoco arbitrariedad por cuanto se inició el procedimiento en base a una denuncia de la trabajadora afectada, presentando antecedentes que exigen la fiscalización del servicio.

En subsidio de lo anterior, señala que la trabajadora denunció el 3 de febrero de 2016 la separación ilegal de sus funciones amparada por fuero maternal. Detalla las etapas de tramitación, los hechos constatados en la fiscalización y la Resolución de Multa de 15 de febrero de 2016, mediante la cual se sanciona al recurrente por no reponer en sus funciones a la trabajadora doña nombre reservado, separada el 21 de enero de 2016 por ignorancia del estado de embarazo según consta en el respectivo certificado médico del doctor nombre reservado, quien certifica que la paciente cursa un embarazo de 6+3 semanas con fecha posible de concepción 29 de diciembre de 2015.

Finalmente, expone que las garantías mencionadas en el recurso no han sido conculcadas con el actuar de su representada, por cuanto no se explica en el recurso de qué forma se violenta el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental. En su concepto lo actuado se enmarca dentro de la competencia que la ley claramente entrega a la recurrida y el procedimiento de fiscalización se ajusta a derecho, razón por la cual no se advierte infracción al artículo 19 N° 3 incisos quinto y sexto del mismo texto legal. Prueba de lo anterior es la existencia de una reclamación judicial en causa seguida ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, mediante la cual pide se deje sin efecto la multa impuesta.

Tercero: Que la acción cautelar deducida en estos autos protege a los individuos mediante la adopción de ciertos resguardos que eviten los efectos de un acto arbitrario o ilegal que haya afectado el ejercicio de un derecho indiscutido.

En el caso de autos no existe discusión acerca de la existencia de un procedimiento de fiscalización que culmina con la imposición de una sanción administrativa a la empresa Du Pont Chile S.A. La controversia se presenta por cuanto el recurrente el 11 de febrero de 2016 y, por ende, con anterioridad a la fecha fijada por el funcionario actuante para constatar si la empresa había corregido la infracción constatada -15 de febrero del mismo año- interpone el presente arbitrio constitucional a fin de impedir la continuación del procedimiento y evitar, en consecuencia, la imposición de una sanción administrativa, pues en su concepto la autoridad carecería de facultades para intervenir en un asunto legalmente finiquitado por las partes, según documento suscrito el 22 de enero de 2016, en el cual la trabajadora voluntariamente habría renunciado al fuero maternal.

Cuarto: Que es un hecho acreditado en autos que la negativa de la empresa a reincorporar a la trabajadora -verificada el día señalado- motiva la dictación de la Resolución de Multa N° 1698/16/4, de 15 de febrero del año en curso, por “no reponer en sus funciones a trabajadora separada de su trabajo por ignorancia del estado de embarazo”, hechos que constituirían infracción a lo previsto en los artículo 201, inciso cuarto, en relación con los artículo 174, 208 y 506 inciso quinto, todos del Código del Trabajo. Asimismo, es un hecho de la causa que el recurrente contra aquella sanción administrativa interpuso ante tribunal competente la acción de reclamación prevista en la legislación laboral, la que se encuentra en tramitación.

Quinto: Que en el contexto antes descrito, habiendo acontecido lo que con este recurso intentaba evitar el recurrente y, por otro lado, encontrándose pendiente de resolución el fondo del conflicto reclamado por esta vía, cual es, la legalidad de la sanción impuesta, no puede sino concluirse la inexistencia de un litigio del orden constitucional que amerite una respuesta por este mecanismo de cautela. A lo anterior se agrega que si lo reprochado a los recurridos es la supuesta “amenaza” de imponer una sanción de multa, ha de recordarse que precisamente la Inspección del Trabajo goza de facultades para fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral y eventualmente cursar multas en ejercicio de la potestad sancionatoria que le concede su Ley Orgánica.

Sexto: Que la situación específica de que se trata debe ser dirimida en el juicio laboral, pues en dicha instancia las partes pueden exponer sus argumentos y probar los hechos controvertidos. Por consiguiente, considerando los términos del recurso, no existe medida de protección que esta Corte pueda adoptar al respecto, sin perjuicio de lo que se decida sobre el particular en la acción de reclamación de multa.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fojas 7, sin costas.

Regístrese y archívese.

Redacción de la Ministro señora González Troncoso.

Rol N° 12.075-2016.- Pronunciada por la Novena Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora nombre reservado González Troncoso, e integrada por la Ministra señora Romy Grace Rutherford Parentti y el Abogado Integrante señor Mauricio Decap Fernández.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veintiuno de abril de dos mil dieciséis, autoriza la resolución que antecede, la que se notifica por el estado diario con esta fecha.