Recurso de protección

Santiago, veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, por sí, quien interpone acción constitucional de protección en contra de don nombre reservado, por los actos que estima ilegales y arbitrarios consistentes en hostigamiento, difusión de información e imágenes de carácter personal y difamatorio, amenazas a través de cuentas falsas y la creación de un sitio web de contenido pornográfico para denostarlo, lo que vulnera, en su concepto, las garantías consagradas en los números 1° y 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Expone que ha sido objeto de ataques a su honra a través de una “cuenta falsa” en la red social Instagram y de publicaciones con amenazas y acoso y atribuye estas acciones directamente a don nombre reservado, sosteniendo que sólo él podría conocer la información difundida y que la cuenta fue creada con el único propósito de difamarlo.

Refiere que el recurrido, o su hijo nombre reservado, han inundado su blog personal (DIRECCION000) con comentarios ofensivos y amenazas, utilizando diferentes direcciones IP para ocultar su identidad. Sostiene que el señor nombre reservado ha creado y mantiene un sitio web de contenido pornográfico específicamente diseñado para ofenderlo o denostarlo.

Manifiesta que él es una persona con discapacidad acreditada por el Estado, conforme da cuenta la credencial de discapacidad de 25 de septiembre de 2024, con 50% de grado global de discapacidad mental psíquica, y que las acciones denunciadas agravan su estado de salud.

Previa referencia a la normativa y jurisprudencia que estima pertinente, solicita dejar sin efecto los actos denunciados y ordenar el cese de tales conductas, con costas.

SEGUNDO: Que las abogadas señoras Ariana Alexsa Barros Escorza y Francisca Andrea Ortiz Vergara, en representación de don nombre reservado, evacuaron el informe que le fue requerido, a través del cual solicitan el rechazo del recurso, con costas, por no existir acto ilegal o arbitrario de su parte.

Niegan la autoría de los actos que se le atribuyen, tales como la creación de cuentas falsas, la publicación de contenido difamatorio o pornográfico o las amenazas. Contextualiza la relación con el recurrente señalando que contrajeron matrimonio el 22 de enero de 2024 bajo separación total de bienes, tras una relación de amistad y apoyo económico de su parte al recurrente, quien es migrante cubano y que no ha revalidado su título de abogado en Chile. En este sentido, menciona que le ha hecho préstamos por $5.000.000 y le ha arrendado un inmueble de su hijo, adeudándole el señor nombre reservado ocho meses de renta y que no ha pagado el dinero prestado. Sostiene que el matrimonio fue bajo presión y amenazas por parte del recurrente, con la expectativa de que este cumpliera sus deudas. Detalla el deterioro de la relación por infidelidades del recurrente y su actitud extorsiva, lo que le causó malestar psicológico y físico.

Revela que el señor nombre reservado nunca le informó sobre su diagnóstico de Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) o historial de infecciones de transmisión sexual, de los cuales se enteró durante los procesos judiciales.

Afirma que el recurrente utiliza su salud mental para mostrar un “estado de necesidad” en diversas causas judiciales, mientras que, contradictoriamente, mantiene una página web (DIRECCION000) donde ofrece servicios legales y difunde información de causas judiciales.

Informa sobre múltiples causas judiciales cruzadas, incluyendo una denuncia de violencia intrafamiliar interpuesta por su parte en contra del señor nombre reservado (RIT F-1364-2025), y otra del señor nombre reservado en su contra (RIT F-1393-2025), así como una demanda de alimentos mayores del mismo señor nombre reservado en contra de su parte (RIT C-1022-2025) y de una acción de nulidad de matrimonio/divorcio por culpa interpuesta por él —el señor nombre reservado— en contra del señor nombre reservado (RIT C-2737-2025).

Destaca que el recurrente, don nombre reservado, ha mal utilizado información obtenida en juicio para publicar blogs difamatorios en su propio sitio web (DIRECCION000) en su contra y de una juez, exhibiendo imágenes y ventilando detalles privados. Sostiene que, como adulto mayor, no posee conocimientos avanzados de informática para crear las páginas o cuentas falsas que se le atribuyen y que las acusaciones del recurrente son infundadas y que es posible que el señor nombre reservado las haya creado él mismo, dada su condición (trastorno limítrofe de personalidad) y su patrón de conducta impulsiva y difamatoria documentada.

Pide el rechazo de la acción deducida, con costas.

TERCERO: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que tratándose del cada vez más común tema de las publicaciones injuriosas o difamatorias a través de lo que ahora se ha venido en denominar “redes sociales” o de páginas web, es cierto que se ha dicho por los tribunales superiores de justicia que se produce una colisión entre el derecho a la honra del que recurre y la libertad de expresión del recurrido, concluyéndose que la libertad de expresión no tiene un carácter absoluto y que nunca este derecho puede amparar la injuria o el insulto.

QUINTO: Que, empero, en el caso sub lite, no hay ninguna evidencia de que el recurrido haya efectivamente hecho las publicaciones que el recurrente le imputa. La acción contemplada en el artículo 20 de nuestra carta fundamental no constituye un juicio propiamente dicho, sino, como se dijo en el motivo segundo, una acción de emergencia ante graves e indubitados atentados ilegales o arbitrarios, a través de una acción o una omisión, a los derechos señalados en la última norma citada. En la especie, si el recurrente señala que las publicaciones que indica son de autoría del recurrido y este lo niega y añade que posiblemente provienen del propio recurrente, se está en presencia de una controversia que no puede elucidarse a través de un recurso de protección, desde que no existe, entonces, un derecho indubitado por parte del que acciona.

SEXTO: Que luego, les asiste a las partes, ciertamente, el derecho a accionar por la vía penal, si es que se entiende que se ha podido configurar un delito de acción penal pública o privada; o de perseguir la responsabilidad extracontractual por la culpa aquiliana de quien corresponda, al hacerse tales publicaciones, juicios todos estos —de carácter penal o civil— donde deben demostrarse los asertos manifestados en la denuncia, querella o demanda, más la acción deducida en estos antecedentes, al no ser un juicio y no estar la judicatura, en esta sede, en posición de resolver la controversia, no puede ser acogida.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en estos antecedentes.

Redacción del ministro señor Mera.

Regístrese y comuníquese.

Protección N° 12.070-2025.

No firma el ministro señor Mera, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar integrando en la Excma. Corte Suprema.