Protección contra Contraloría General de la República

Santiago, catorce de agosto de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece nombre reservado, funcionaria pública, quien deduce recurso de protección en contra de la Contraloría General de la República (I Contraloría Regional Metropolitana) y de la Subsecretaria de Justicia, por los actos arbitrarios e ilegales de los que tomó conocimiento por correo electrónico el día 24 de enero de 2024, los que perturban el legítimo ejercicio del derecho a la integridad psíquica, a la igualdad ante la ley y a la protección de la honra consagrados en la Constitución Política de la República, fundamentalmente tutelados en el artículo 19 Nros.1, 2 y 4.

Explica que por Decreto Nro.85 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el día 18 de julio del año 2023 asumió como Directora Nacional del Servicio Médico Legal (SML), la médica cirujana, Dra. nombre reservado y, por motivos desconocidos, el día 19 de julio, a través de Resolución Exenta Nro.1.590, creó una Fiscalía y dejó sin efecto el Departamento de Asesoría Jurídica en el que se desempeñaba como secretaria, función a la que postuló por concurso público el año 2018.

Refiere que seguidamente, la Directora Prado, el día 24 de julio, por Resolución Exenta Nro.1.606, nombró como Fiscal a la Sra. Nora Bravo Zúñiga y esta nueva autoridad nacional le informó verbalmente, que continuaría como secretaria de la Fiscalía. Agrega que no hubo en ese momento, ninguna notificación ni asignación de nuevas funciones, no hubo certeza de su situación en general, pero sí era patente que tendría más carga laboral, porque la Fiscalía, además de la unidad de sumarios, agrupó bajo su dependencia unidades de otras áreas como la de compras públicas y transparencia y creó una nueva, de nombre “control de legalidad”. Todas ellas formarían parte de sus nuevas labores como secretaria.

Acusa que el 2 de agosto de 2023 sufrió violencia verbal y psicológica por parte de la Directora Nacional entrante, ante diversos testigos, uno de ellos, su nueva jefatura, la Fiscal Sra. Nora Bravo, quien lejos de solidarizar con lo que había experimentado, le pidió que se quedara tranquila, y justificó la conducta de la Dra. Prado, señalando que “ella se encontraba nerviosa con todo lo que estaba pasando”.

Indica que el 14 de agosto de 2023 presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República, en que solicitó que conforme a sus facultades legales, dispusiera una investigación, haciendo hincapié en que se trataba de una agresión por parte la Directora Nacional del Servicio, enfatizando en que se trataba de la misma autoridad que debía resolver sobre sus propios hechos, si ella activaba el procedimiento interno de acoso. Agrega que luego de haberse recibido en el Servicio Médico Legal el Oficio N°E385915/23 de Contraloría, que pedía informe al nombre reservado sobre su denuncia, la Fiscal Sra. Bravo la citó a su oficina y le informó que no podía seguir en sus nuevas funciones de secretaria de Fiscalía, siendo trasladada inmediatamente a la Unidad de Transparencia, pero no en calidad de secretaria, sino en una figura mixta que excede lo dispuesto en su contrata del estamento administrativo.

Afirma que realizó una presentación explicativa y complementaria al nombre reservado, la que no fue contestada, y que en paralelo solicitó a la Contraloría la reconsideración de su oficio N°E385915/23, en cuanto a objetar su solicitud por no haber activado el protocolo interno de Acoso Laboral del Servicio Médico Legal, pidiendo que, en su lugar, empleara el inciso final del artículo 8 de su propia Resolución Nro.922/23 sobre el procedimiento de reclamaciones, que en materia de maltrato/acoso, exime de ese requisito, si se tratase de “hechos (en que) pudieren estar involucrados el jefe de servicio altos directivos o alguno de los funcionarios que deban tramitar las denuncias”. Refiere que la reconsideración no fue contestada por la Contraloría.

Informa que en respuesta al citado Oficio Nro.385915/23 de la Contraloría, la Subsecretaría, mediante ordinario Nro.6229/23, omitiendo referirse a su presentación complementaria, comunica que no se indagará la denuncia, en base a un “Informe Técnico” elaborado por la Fiscal del Servicio Médico Legal, Sra. Bravo, que en síntesis, reconoce el maltrato a su persona, pero lo califica como una situación ocasional y aislada según una de las hipótesis que forman parte del Procedimiento de Maltrato del Servicio, pero que sin duda, no correspondía aplicar al caso concreto.

Señala que la Contraloría recibe el Ordinario Nro.6229/23 de la Subsecretaria Subrogante, y por medio de Oficio N°E411926/23 de “Toma Conocimiento”, da término a la intermediación realizada, notificándola de que no habría investigación de su denuncia, sin entregar ningún tipo de análisis de legalidad o de fondo.

Relata que al ser notificada del oficio N°E411926/23 de la Contraloría, aumentó su impotencia ante la total injusticia y abuso de poder, ya que por una parte, la Subsecretaría no había incorporado un estudio objetivo de los hechos y el complemento de los mismos sobre la represalia sufrida al presentar la denuncia; y por otra, la Contraloría no ejercía su rol esencial de fiscalizador, como tampoco observaba su propia normativa interna sobre procedimiento de reclamación, ni el espíritu de equidad consagrado en las últimas leyes vigentes que regulan estas materias, como son la Ley Nro.21.595 publicada en el Diario Oficial el 21 de agosto de 2023 sobre protección al denunciante, y la Ley Nro.21.643 publicada en el Diario Oficial, este 14 de enero 2024 sobre prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, presentando en plazo ante la Contraloría, un Recurso de Reposición en el que solicitaba dejar sin efecto lo obrado en el oficio N° E411926/23 y hacer la revisión del Ord. Nro.6229, en virtud del cual, el órgano contralor luego de solicitarle un nuevo informe a la Subsecretaría de Justicia -que se concreta en el Ordinario OF.RES.Nro.1/24, reiterando que no habrá investigación sumaria ni sumario administrativo-, dicta el oficio E443291 de 24 de enero de 2024, que constituye el acto recurrido.

Expresa que se trata de un acto de término del procedimiento iniciado según Resolución Exenta Nro.922/23 de la Contraloría General de la República, sin pronunciarse sobre los aspectos de fondo del recurso de reposición y que en este procedimiento y oficio, además de ignorar su propia normativa, el organismo de control, actuó como un intermediario entre su persona y la Subsecretaría de Justicia, que es la Jefatura de la autoridad que la ha vulnerado, sin fiscalizar la actuación legal del órgano público, permitiendo, avalando, e incluso dictaminando su total indefensión y la completa impunidad de las jefaturas.

Expone que fuera de toda lógica de equidad, el Ente Contralor se refiere al artículo 8 de su Resolución Exenta Nro.922/23 que regula el “procedimiento de reclamaciones” que en materia de maltrato/acoso, en su primer inciso exige la activación del protocolo interno de maltrato laboral, pero que, en su inciso segundo, como se hizo presente en la Reconsideración y en la Reposición: exime de ese requisito, cuando se tratase de “hechos (en que) pudieren estar involucrados el jefe de servicio altos directivos o alguno de los funcionarios que deban tramitar las denuncias”. Sin embargo, nuevamente la Contraloría no considera el eximente y tampoco justifica el porqué de esa exclusión, y ni siquiera menciona la petición expresa de considerarla en la Reposición presentada.

Refiere que la Contraloría Regional, no da cuenta de si lo obrado por la Subsecretaria de Justicia es legalmente procedente, ya que solo alude a la potestad disciplinaria, sin efectuar el análisis de rigor, esto es, la revisión de los fundamentos concretos del acto administrativo que decide no investigar, el uso en derecho de la discrecionalidad de la potestad disciplinaria, lo que constituye una grave omisión a sus deberes y no funda el oficio que pone término definitivo a su reclamo de legalidad, más bien, solo lo referencia, actuando como intermediaria y no de acuerdo a lo prescrito en el artículo 98 de la Constitución Política, en cuanto a ejercer el control de la legalidad de los actos de la Administración.

Acusa que esta actuación de la Contraloría Regional, que desconoce el procedimiento especialmente reglado para reclamos normativos y de derechos laborales, genera incerteza jurídica, no obstante se trata del órgano constitucionalmente mandatado para todo lo contrario, esto es, brindar y propender a la seguridad de la legalidad de las actuaciones de los organismos de la Administración, y dar cuenta del uso indebido y arbitrario del poder discrecional. Agrega que esto ocurre a sabiendas de que es una Entidad no controlada por ningún otro aparato estatal.

A propósito del Ordinario OF. Res. Nro.1/24 de la Subsecretaría de Justicia, acusa que ésta sostiene sin ningún vínculo racional, que los hechos de su denuncia se refieren a circunstancias ocasionales, críticas aisladas, que no perduran en el tiempo, y que la autoridad ha definido no investigar porque “por ahora” no se evidenciaría que las circunstancias puedan ser calificadas como acoso o maltrato laboral.

Reprocha que en esta calificación a priori, de que lo denunciado no constituye maltrato ni acoso -habiendo explicado previamente la Subsecretaría que se trataba de conflictos ocasionales o conflictos incipientes, el estrés derivado del exceso de trabajo, amonestación de la jefatura directa, criticas aisladas- no aparece el análisis de la expresión “conflictos”: enfrentamientos, controversias, litigios, agregando que el contenido de estos conceptos no puede ser más alejado de lo vivido y relatado, declarando que ella no tuvo una discusión, una diferencia, o un conflicto con la Directora Nacional, que fue víctima de una explosión de ira incontrolable, por quien no tuvo ninguna consideración con su trabajo, su posición jerárquica respecto de ella, ni el aumento del temor que ya estaba generando con sus actitudes previas, de las que estimó no era del caso comentar.

Reclama que asimismo, no se abordó el gravamen en su desarrollo laboral, al ser contratada para labores de secretaria, y desempeñar labores más exigentes en la Unidad de Transparencia, y el hecho de haber sido trasladada a esa unidad.

Pide, tener por interpuesto el recurso de protección, y que acogiéndolo en contra de las recurridas: 1) Se ordene a la Contraloría General de la República que cumpla con su rol fiscalizador, pronunciándose y rechazando el acto administrativo vulneratorio de la Subsecretaría de Justicia OF.RES.N°1/24 y, por ende, se modifique y ajuste a derecho su pronunciamiento emitido en el Oficio N°E443291, de fecha 24 de enero de 2024, instruyendo a la Subsecretaría que, incoe un proceso disciplinario en el Servicio Médico Legal, destinado a indagar los actos de maltrato y acoso laboral denunciados; 2) Se ordene derechamente a la Subsecretaría de Justicia que, incoe un proceso disciplinario en el Servicio Médico Legal, destinado a indagar los actos de maltrato y acoso laboral denunciados; 3) Se instruya a la Subsecretaría de Justicia, la modificación de su procedimiento de denuncia, investigación y sanción del maltrato y acoso laboral, a fin de que incluya a los Jefes de Servicios Públicos, como sujetos de responsabilidad administrativa sometidos al cumplimiento de las mismas obligaciones que el resto de los servidores públicos.

Segundo: Que, informando el recurso de protección, la Contraloría General de la República aporta como antecedente general que en virtud del artículo 133 de la Ley Nro.10.336, es una prerrogativa del Contralor General o cualquier otro funcionario de ese órgano especialmente facultado por aquel, disponer, cuando lo estime necesario, la instrucción de sumarios administrativos y que la jurisprudencia administrativa ha manifestado que la pertinencia de incoar tales procesos es un aspecto entregado a la ponderación y determinación de esa entidad de control, teniendo presente la necesidad de priorizar los recursos, en atención al volumen de procedimientos sumariales que instruye ese organismo de control, precisando a modo ilustrativo, que en el año 2023 se iniciaron por parte de ese ente fiscalizador 164 sumarios administrativos a nivel nacional, que se sumaron a otros 335 procedimientos disciplinarios en trámite previo.

Agrega que en el presente caso no se advirtió la necesidad de que esa entidad de control instruyera el procedimiento administrativo, decisión amparada en el artículo 133 de la Ley Nro.10.336, y considerando además que tampoco se advirtió la concurrencia de alguna de las causales previstas en el artículo 2°, de la Orden de Servicio Nro.75, de 2019, de esta Contraloría General, que establece los requisitos para ordenar procedimientos disciplinarios.

Explica que no obstante se instruyó a la Subsecretaría de Justicia -en conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley Nro.20.065, que precisa que el Servicio Médico Legal es un servicio público centralizado, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-, para que evaluara, conforme a sus facultades, la procedencia de instruir un proceso disciplinario en relación con las denuncias formuladas, debiendo informar a esa Sede Regional de Fiscalización acerca de la decisión adoptada, en el plazo ahí señalado.

Refiere que en tal contexto, dicha Subsecretaría, a través de su Oficio Nro.6.229, de 2023, informó que no se apreciaban elementos que pudieran involucrar la responsabilidad administrativa de la Directora del Servicio Médico Legal, por lo que determinó no dar inicio al procedimiento disciplinario y que la Contraloría a través de su oficio N°E411.926, de 2023, acusó recibo del precitado informe de la Subsecretaría, tomando conocimiento de aquél.

Indica que posteriormente, la recurrente requirió la reconsideración del mencionado Oficio N°E411.926 de 2023, solicitando además la del Oficio N°E385.915 del mismo año, impugnaciones que, luego de tener presente lo informado nuevamente por la Subsecretaría de Justicia -por medio de su oficio Res. Nro.1, de 2024-, fueron desestimadas por la I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, a través del Oficio N°E443.291, de 24 de enero de 2024 -en contra del cual se recurre en autos-, por las razones que latamente allí se consignan.

Agrega que en dicho contexto, la recurrente interpuso la presente acción cautelar, por estimar que el citado Oficio N° E443.291, de 2024, es arbitrario e ilegal, por cuanto esta Entidad Fiscalizadora no se habría pronunciado sobre el fondo del asunto, y supuestamente habría omitido ejercer sus facultades.

Alega la extemporaneidad del recurso de protección, ya que si bien la recurrente señala expresamente que el acto que supuestamente le causaría agravio es el mencionado Oficio N°E443.291, de 24 de enero de 2024 de la I Contraloría Regional Metropolitana, lo cierto es que de los fundamentos que se exponen en el recurso, se desprende que la presunta vulneración de derechos fundamentales se habría configurado, por una parte, a causa de la emisión del oficio N°E385.915, de 28 de agosto de 2023, confirmado por su similar N°E396.444, de 26 de septiembre de ese año, ambos de ese origen y, por otra, por la emisión del oficio Nro.6.229, de 2023, de la Subsecretaría de Justicia, de cuyo contenido tomó conocimiento la aludida Sede Regional a través su oficio N°E411.926, de 3 de noviembre de esa anualidad.

Sostiene que a mayor abundamiento, en los dos primeros pronunciamientos, por las razones que en ellos se indican, se remitió la denuncia de la actora -formulada en contra de la Directora Nacional del Servicio Médico Legal, por actos que, a su juicio, constituían acoso laboral-, a la Subsecretaría de Justicia, por corresponderle a esta última el ejercicio de la potestad sancionatoria, atendidas las razones allí consignadas.

Refiere que así, el aludido oficio N°E443.291, de 2024 fue emitido en respuesta a una segunda solicitud presentada por la recurrente sobre el referido oficio N°E385.915, de 2023, de lo que se sigue que el supuesto agravio que alega la actora se produjo en la época que tomó conocimiento de ese último oficio, esto es, el 28 de agosto de 2023, o bien, del oficio N°E396.444 -que desestimó su reconsideración-, de 26 de septiembre de ese año, datas en las que se le notificó a la recurrente, según consta del comprobante de despacho del correo electrónico de la Oficina General de Partes de ese órgano de control, acompañado al informe presentado.

Agrega a lo anterior, que a través del oficio N° E411.926, de 3 de noviembre de 2023, la I Contraloría Regional Metropolitana tomó conocimiento del citado oficio Nro.6.229, de 2023, mediante el cual la Subsecretaría de Justicia informó la decisión de no iniciar un procedimiento disciplinario sobre los hechos denunciados por la recurrente, oficio que fue notificado a la actora en esa data, según consta de los registros de esa Contraloría General.

Sintetiza señalando que de esta manera, dado que la acción de autos se interpuso recién con fecha 23 de febrero del 2024, y teniendo en consideración las épocas en las que la actora tomó conocimiento cierto de los aludidos oficios Nos.E385.915, E396.444 y E411.926, todos de 2023, se evidencia que la presente acción cautelar se interpuso luego de transcurrido el plazo fatal de 30 días corridos que establece el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

A su turno, alega a su respecto la falta de legitimación pasiva, ya que lo cierto es que lo verdaderamente impugnado es, por una parte, el indicado oficio Nro.6.229, de 2023, de la Subsecretaría de Justicia, a través del cual la superioridad, dotada de la potestad disciplinaria decidió no iniciar un proceso disciplinario acerca de la Directora Nacional del Servicio Médico Legal, y por otra, el referido oficio Res. N° 1, de 2024, de aquella repartición pública, que detalló, en lo pertinente, y en base a lo indicado por la actora en su presentación ante esa Sede Regional Contralora, los antecedentes en virtud de los cuales adoptó la referida decisión de no investigar los hechos denunciados.

Asevera que es posible constatar una evidente contradicción entre el texto del recurso y el petitorio, por cuanto de la lectura del libelo se advierte la disconformidad de la actora con la circunstancia de que esta entidad de control haya determinado no instruir el sumario administrativo respecto a las conductas denunciadas, mientras que del petitorio se advierte que la requirente no solicita a esta entidad de control la instrucción del procedimiento administrativo, sino que se ordene a la Subsecretaría de Justicia que inicie un proceso disciplinario en el Servicio Médico Legal, destinado a indagar los actos de maltrato y acoso laboral denunciados.

Descarta que exista una ilegalidad o arbitrariedad en su actuar, y que en la especie y en cumplimiento de los citados oficios Nos. E385.915 y E396.444, de la I Contraloría Regional, dicha ponderación fue efectuada por la Subsecretaría de Justicia, autoridad que, en el ejercicio de sus facultades privativas, determinó, sobre la base de los argumentos que latamente expuso, no iniciar un procedimiento disciplinario.

Sostiene que de este modo, habiéndose adoptado una determinación fundada por parte de la Subsecretaría de Justicia al respecto -autoridad en quien la ley radica la potestad disciplinaria respecto de la denunciada-, no se advirtió irregularidad en lo obrado por esa repartición ministerial en la materia, a lo que se suma que la denunciante no aportó antecedentes que respaldaran sus alegaciones.

Agrega que sobre esto último, es del caso destacar que esa entidad de control pudo advertir que esa Subsecretaría se sustentó, entre otras razones, en que la actora, a raíz de los hechos denunciados, recurrió al Instituto de Seguridad del Trabajo para una evaluación y calificación de su puesto de trabajo, a fin de determinar si presentaba alguna enfermedad de índole laboral, frente a lo cual se concluyó que la enfermedad que padecía era de origen común y no profesional.

Descarta una afectación a las garantías constitucionales denunciadas como vulneradas, y que en atención a los antecedentes y consideraciones anotadas, y teniendo en cuenta las disposiciones citadas y las atribuciones que constitucional y legalmente competen a esa Contraloría General de la República, solicita que se desestime en todas sus partes el recurso de protección deducido en estos autos en contra de esa Contraloría General.

Tercero: Que, evacuando el informe el señor nombre reservado, pide el rechazo del recurso de protección, señalando que no existe acción u omisión arbitraria o ilegal que haya amenazado o perturbado el ejercicio de derecho de la recurrente. Señala que la acción de protección es improcedente en atención a la naturaleza cautelar, extraordinaria y excepcional de este arbitrio, pretendiéndose por esta vía revisar actos recurridos, emitiendo pronunciamiento sobre el fondo.

Señala que tras la designación como Directora Nacional del Servicio Médico Legal de la Dra. nombre reservado, se tomaron medidas de reorganización funcional del servicio, por lo que la creación de la Unidad de Fiscalía, corresponde al ejercicio de potestades de dirección y organización asignadas por la ley y el reglamento a la Dirección Nacional del Servicio Médico Legal, aludiendo específicamente al artículo 5 de la Ley N° 20.065 de Modernización, Regulación Orgánica y Planta del Personal del Servicio Médico Legal.

Agrega que el Servicio cuenta con un procedimiento de denuncia, investigación y sanción del Maltrato, Acoso Laboral y Acoso Sexual aprobado por Resolución Exenta N° 2.256 de 18 de julio de 2019 de la Dirección Nacional, que regula el procedimiento, la oportunidad, las formalidades que se deben observar para realizar las denuncias. Define el acoso y maltrato laboral, e indica las situaciones que no serían constitutivas de estas prácticas, como por ejemplo, los conflictos ocasionales o conflictos incipientes; el estrés derivado del exceso de trabajo; la amonestación de la jefatura directa; críticas aisladas; conflictos menores que no perduran en el tiempo; amonestaciones de la jefatura directa producto de faltas u errores en el trabajo, entre otras.

Refiere que, de acuerdo a los antecedentes, no se ha activado ninguna denuncia al interior del Servicio Médico Legal recayendo la carga procesal en la denunciante. Sostiene que mediante Oficio Nro.7991 de 2023 la Dirección Nacional del Servicio Médico Legal no niega la ocurrencia de los hechos expuestos por la recurrente, sino que los pondera al tenor de la Resolución Exenta Nro.2256 de 18 de julio de 2019. Agrega que efectuado un análisis global de los antecedentes expuestos, la recurrida comparte la conclusión del Servicio, en cuanto a que aun cuando los hechos se hayan desarrollado del modo que indica la denunciante, ello no permite concluir la existencia de maltrato o acoso laboral.

Indica que no se aprecia que el cambio de unidad de desempeño haya significado un incremento en su carga laboral, ni que constituya un acto de represalia o amedrentamiento. Informa además que la funcionaria habría acudido al Instituto de Seguridad del Trabajo, que realizó una evaluación y calificación de su puesto de trabajo, concluyendo dicha entidad que la enfermedad que padecería la funcionaria sería de tipo común.

Consigna, en cuanto a la alegación que el protocolo de acoso laboral de la Subsecretaría de Justicia no considera a los Jefes de Servicios dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que el Dictamen Nro.55.001 de 2013 de la Contraloría, ha señalado que frente a la denuncia de una irregularidad, la autoridad se encuentra facultada para realizar una estimación anticipada de las circunstancias de la misma, con el objeto de concluir con mayores fundamentos la pertinencia de instruir un proceso sancionatorio.

Agrega que por tratarse de una funcionaria de exclusiva confianza del Presidente de la República, la plenitud de la potestad disciplinaria se encuentra radicada en la autoridad que tiene la facultad de efectuar el nombramiento, esto es, el Presidente de la República, tal como ha concluido la Contraloría General de la República en Dictamen Nro.21.651 de 1996.

Así, concluye que no se ha advertido que pudiera estar comprometida la responsabilidad administrativa de la Jefa del Servicio, por lo que mantiene lo planteado en los Oficios Nro.6229 de 18 de octubre de 2023 y Nro.1 de 2 de enero de 2024, en cuanto a que no se estima necesario remitir los antecedentes a la Presidencia de la República.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Quinto: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Sexto: Que la recurrente reclama como ilegal y arbitrario, el actuar de las recurridas, en tanto la Contraloría no habría ejercido su rol fiscalizador, actuando como mera intermediaria entre la recurrente y la Subsecretaría de Justicia; y que ésta decidió no investigar el hecho denunciado sin considerar la presentación explicativa y complementaria proporcionada con posterioridad.

Séptimo: Que la recurrente pretende entonces por esta vía, cuestionar la calificación que ambas recurridas hicieron de los hechos denunciados, la primera, remitiendo los antecedentes a la Subsecretaría de Justicia para su ponderación y análisis; y la segunda adoptando la decisión de no investigar el hecho ocurrido el 2 de agosto de 2023 con la Directora Nacional del Servicio Médico Legal en el marco de la creación de una nueva Unidad, y del posterior traslado de la funcionaria, a otro estamento.

Octavo: Que antes de efectuar un análisis del hecho denunciado, esta Corte estima necesario, despejar los cuestionamientos efectuados por la recurrente a las decisiones de organización llevadas a cabo por la Directora Nacional del Servicio Médico Legal, que la Subsecretaría de Justicia no habría considerado. Al respecto, se hace necesario tener presente que el artículo 5 de la Ley Nro.20.065 de Modernización, Regulación Orgánica y Planta del Personal del Servicio Médico Legal, si bien le impone a la Dirección Nacional del Servicio Médico Legal una mínima estructura, estableciendo en su inciso segundo que “La Dirección Nacional organizará su trabajo a través de la Subdirección Médica, la Subdirección Administrativa y la unidad de docencia, investigación y extensión denominada "Instituto Médico Legal Dr. Carlos Ybar"”, procede en su inciso cuarto a señalar que “El Director Nacional, con sujeción a la planta y dotación máxima de personal que se fije al Servicio, establecerá la restante organización interna del mismo y asignará las tareas específicas que le correspondan a cada unidad” , lo que efectivamente le permitía a la Directora Nacional del Servicio Médico Legal adoptar las medidas de reorganización funcional del servicio, que estimara conducentes y que fue lo que sucedió con la creación de la Unidad de Fiscalía, y con el posterior traslado de la funcionaria a otro estamento, decisión respecto del cual, la Contraloría ya ha sentado jurisprudencia con el dictamen N° E262231/2022 que señala que “a los jefes de servicio les corresponderá dirigir, organizar y administrar el correspondiente servicio; controlarlo y velar por el cumplimiento de sus objetivos y responder a su gestión; lo que implica que la superioridad está facultada para trasladar a los empleados al lugar en que deben desarrollar sus labores y asignarle funciones según las necesidades de la institución”, todo lo cual lleva a desestimar el reproche que la recurrente le efectúa en este sentido a la Subsecretaría de Justicia - máxime si no se aprecia, ni ha sido acreditado que el cambio de unidad de desempeño haya significado un incremento en su carga laboral-, pues se trata de facultades que posee la Directora Nacional del Servicio Médico Legal y malamente podría su superior jerárquico cuestionar los actos ejecutados en virtud de ellas.

Noveno: Que, ahora bien, en relación con el hecho específico denunciado, acaecido el 2 de agosto de 2023, la decisión de la Contraloría General de la República de no instruir un procedimiento administrativo, encuentra su fundamento en el artículo 133 del Decreto Nro.2.421 que fija el Texto Refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, Nro.10.836, norma que faculta a los funcionarios ahí señalados, para ordenar, cuando lo estimen necesario, la instrucción de sumarios administrativos, suspender a los Jefes de Oficina o de Servicios y a los demás funcionarios; debiendo ponderar y decidir priorizando los recursos, en atención al volumen de procedimientos sumariales que instruye ese organismo de control, según ha quedado asentado en la jurisprudencia administrativa. Se hace presente que en todo caso, si bien esto fue alegado por la recurrente en su recurso, no fue parte de sus peticiones concretas, de lo que se desprende que a través de aquél no ha pretendido insistir en que sea este órgano contralor, quien inicie el procedimiento administrativo que echa en falta.

Décimo: Que respecto del segundo reproche efectuado a ella, consistente en haber fallado en su rol fiscalizador y sin perjuicio de lo que después se dirá en cuanto al fondo, lo cierto es que siendo la Subsecretaría de Justicia la autoridad llamada por la ley para ejercer la potestad disciplinaria respecto del Servicio Médica Legal, y habiendo ésta adoptado una determinación fundada, esta Corte no visualiza la irregularidad reclamada por la recurrente.

Undécimo: Que en lo que toca a la Subsecretaría de Justicia, el Dictamen Nro.55.001 de 2013 de la Contraloría, ha señalado que frente a la denuncia de una irregularidad, la autoridad se encuentra facultada para realizar una estimación anticipada de las circunstancias de la misma, con el objeto de concluir con mayores fundamentos la pertinencia de instruir un proceso sancionatorio, que fue precisamente lo realizado por aquélla, al solicitar previamente informe al Servicio Médico Legal de donde pudo recabar, además de información proporcionada por la propia recurrente, que la Dirección Nacional de aquel servicio, no negó la ocurrencia de los hechos expuestos por la recurrente, sino que los ponderó al tenor de la Resolución Exenta Nro.2,256, de 18 de 2019 de la Dirección Nacional del Servicio Médico Legal, sobre Procedimiento de Denuncia, Investigación y Sanción del Maltrato, Acoso Laboral y Acoso Sexual.

Duodécimo: Que avala la decisión adoptada por el Servicio Médico Legal, refrendada luego por la Subsecretaría de Justicia y la de ésta por la Contraloría General de la República, la legislación vigente en la materia, regulada en el artículo 2° del Código del Trabajo, que rige a la Administración Pública en virtud del artículo 1° incisos 3 y 4 del mismo Código, que caracterizando el acoso laboral como contrario a la dignidad de la persona, lo define como “toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo”, quedándole expresamente vedado dicho comportamiento a los funcionarios públicos en virtud del artículo 84 letra m) de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo que prohíbe “Realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso segundo del artículo 2 del Código del Trabajo”.

Décimo Tercero: Que como es posible apreciar, la legislación vigente actualmente y a la época de sucedidos los hechos y de las decisiones que se impugnan, expresamente exige para la existencia de acoso laboral la reiteración de la agresión u hostigamiento, constituyendo ello, una razón suficiente para que las instituciones recurridas pudieran descartar en forma previa y anticipada la infracción denunciada, debiendo rechazarse la invocación por parte de la recurrente de la Ley Nro.21.643, que contempla la posibilidad de que el acoso laboral pueda estar constituido por un solo hecho -en la medida que concurran los demás requisitos del mismo- por no encontrarse vigente, toda vez que habiendo sido publicada el 15 de enero de 2024, recién entró a regir el 1° de agosto del presente año.

Décimo Cuarto: Que a mayor abundamiento, desprendiéndose que la presunta vulneración de derechos fundamentales se habría configurado, a causa de la emisión del oficio N° E385.915, de 28 de agosto de 2023 de la Contraloría de la Región Metropolitana, de su similar N° E396.444 de 26 de septiembre de ese año -que resolvió desfavorablemente la reconsideración presentada- y del oficio N° 6.229, de 2023, de la Subsecretaría de Justicia, de cuyo contenido tomó conocimiento la aludida entidad a través su oficio N° E411.926, de 3 de noviembre de 2023; e interponiéndose la presente acción recién con fecha 23 de febrero del 2024, se evidencia que la presente acción cautelar se interpuso luego de transcurrido el plazo fatal de 30 días corridos que establece el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

Décimo Quinto: Que, atendido lo expuesto precedentemente, esta Corte no advierte la existencia de ningún acto ilegal o arbitrario que haya perturbado el ejercicio del derecho a la integridad psíquica, a la igualdad ante la ley y a la protección de la honra alegados por la recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Contraloría General de la República y de la Subsecretaría de Justicia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Abogada Integrante Catalina Infante Correa Protección Nº1207-2024.- No firma el ministro señor Juan Manuel Muñoz Pardo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicio.