ADMINISTRADORA DE RETAIL Y SERVICIOS SA con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO LA FLORIDA
- Fecha
- 14 de diciembre de 2016
- Resultado
- Acogida
- Cita
- Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 120686-2016, sentencia de 14 de diciembre de 2016
Resumen
Se acoge el recurso de protección y se deja sin efecto el oficio que declaró inadmisible la reconsideración de una multa, al haberse computado el plazo en días corridos en vez de hábiles, según la Ley de Procedimientos Administrativos.
Texto íntegro
Foja: 55 Cincuenta y Cinco C.A. de Santiago Santiago, catorce de diciembre de dos mil dieciséis.
A fojas 53 y 54 téngase presente.
Vistos y considerando:
1°) Que a fojas 17 comparece Manfred Paulmann Koepfer, abogado, en representación de Administradora de Retail y Servicios S.A., ambos domiciliados en domicilio reservado, y deduce recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de La Florida, representada por nombre reservado, en su calidad de Inspector Comunal, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien procedió a dictar el 21 de octubre de 2016 el Ordinario N° 1098, acto ilegal y arbitrario que le ha provocado una privación y perturbación en el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales de igualdad ante la ley e igual protección de la ley en ejercicio de sus derechos, establecidos en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
Expresa que el 11 de agosto de julio de 2016, se le curso la multa N° 1793/16/41, la que fue notificada el 6 de septiembre del año en curso.
Su parte solicitó reconsideración administrativa de la multa para ser resuelta por el Director del Trabajo, conforme al artículo 512 del Código del Trabajo, la que presentó el día 7 de octubre de 2016, dentro del plazo de 30 días. No obstante, mediante Ordinario N° 1098 de 21 de octubre pasado, se le comunica a la recurrida que la solicitud de reconsideración se ha declarado inadmisible pues no se presentó en el plazo de 30 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la resolución sancionatoria, lo que califica como un error.
Señala que, además, esa actuación es arbitraria e ilegal, por cuanto se le ha privado de un recurso administrativo contemplado en el Código del Trabajo, por cuanto al tratarse de un plazo que rige para una actuación administrativa, ya que nada dice en contrario al respecto el artículo 512, se aplica supletoriamente el artículo 25 de la Ley N° 19.880, disposición que contempla plazos de días hábiles, entendiendo por inhábiles los días sábados, domingos y festivos.
De esta forma, al computar erradamente el plazo de 30 días hábiles por corridos, el recurso de reconsideración fue presentado dentro del plazo legal, razón por lo cual el Ordinario 1098 citado vulnera las garantías constitucionales antes mencionadas.
Pide que se acoja el recurso en todas sus partes, dejando sin efecto el ordinario 1098 aludido por ilegal y arbitrario, y se disponga que se deja sin efecto la Resolución Ordinaria N° 1098-2016, de 21 de octubre de 2016 y admitir a tramitación la petición de reconsideración respecto de la Resolución N° 1793/16/41, de 11 de agosto de 2016, con costas.
2°) Que a fojas 41, Felipe Andrés Palma González, abogado, en representación de la Inspección Comunal del Trabajo de La Florida, informa el recurso deducido, solicitando su rechazo, por cuanto existe un procedimiento especial para reclamar de estas resoluciones que se pronuncian sobre reconsideraciones administrativas, contemplado en el mismo Código del Trabajo, lo que implica desconocer el sistema procesal vigente. En subsidio, alega la improcedencia del recurso, en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición, en particular porque el acto impugnado, esto es el Ordinario 1098 no es ilegal ni arbitrario, al haber sido dictado por el Inspector Provincial del Trabajo en uso de sus atribuciones legales, siendo además razonado y fundado. Por último, también en subsidio, alega que el rechazo de la reconsideración se debe a que fue presentado fuera de plazo, lo que se corrobora con la Circular 73 de 2010 de la dirección del Trabajo y del dictamen 64.985 de 2009 de la Contraloría General de la República. Pide el rechazo del recurso, con costas.
3°) Que, para que pueda acogerse el recurso de protección, debe existir un acto u omisión arbitrario o ilegal y que signifique privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos constitucionales asegurados y garantidos por el recurso y que esa privación, perturbación o amenaza, conculque o afecte precisamente el legítimo ejercicio de los derechos que garantiza la Constitución y el restablecimiento del imperio del derecho.
4°) Que en cuanto a la primera alegación de la recurrida, esto es que no es objeto del presente recurso pronunciarse sobre una materia que está entregado a otros medios procesales, como es la reclamación de la multa en sede jurisdiccional, conforme al artículo 20 del texto constitucional, queda claramente establecido que cualquier persona puede hacer uso de esta vía cautelar, sin perjuicio de otros medios que le franquee la ley, cuando por actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en la Carta Fundamental.
5°) Que, en la especie, lo que reclama la entidad recurrente es que se le haya denegado el derecho a reclamar de una multa, mediante un acto ilegal y arbitrario, que le infringe una lesión a sus derechos fundamentales.
En efecto, el Ordinario 1098 de la Inspección Comunal del Trabajo de La Florida deniega la reconsideración de multa ante la Dirección del Trabajo que ha interpuesto la recurrente porque estima que el plazo para deducir esa vía administrativa es de días corridos.
Sin embargo, tratándose en la especie de un recurso presentado en la etapa administrativa, y al no existir norma expresa en el referido artículo 512 del Código del Trabajo el plazo de treinta días debe ajustarse a la normativa general en esta materia, que está contenida en la Ley sobre Procedimientos Administrativos.
6°) Que, en tal virtud, el artículo 25 de este texto legal establece que el cómputo de los plazos del procedimiento administrativo es de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles para este efecto los sábados, domingos y festivos.
Por lo tanto, al haberse notificado la resolución que le impuso ambas multas a la recurrida el día 06 de septiembre de 2016, el plazo de treinta días hábiles para interponer la reconsideración ante la autoridad administrativa expiraba el día 20 de octubre, siendo presentado el formulario de reconsideración por parte de Administradora de Retail y Servicios S.A., el 7 de octubre del presente año, como aparece a fojas 35, por tanto en el plazo dispuesto por la ley.
7°) Que, de consiguiente, la actuación de la recurrida, al declarar inadmisible la reconsideración, mediante el Ord. 1098, es ilegal, toda vez que la Inspección Comunal del Trabajo de La Florida se ha negado a tramitar un recurso contemplado en la ley, presentado dentro del plazo legal, afectando con ello la garantía de igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que ante una clara interpretación en el sentido que ya se ha razonado, da al recurrente un trato discriminatorio y arbitrario.
Por los fundamentos referidos, y lo previsto en los artículos 19 N° 2 y 20 del Constitución Política de la República y Auto Acordado de la E. Corte Suprema, de 24 de junio de 1992, se acoge el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 17, por la Administradora de Retail y Servicios S.A., y se deja sin efecto el Oficio Ordinario N° 1098, de 21 de octubre de 2016, de la Inspección Comunal del Trabajo de La Florida, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración, presentado por la recurrente el día 7 de octubre de 2016, contra la Resolución de Multa N° 1793/16/41, de esa repartición.
Regístrese y archívese.
Nº Protección 120686-2016.
Pronunciada por la Cuarta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la Ministro señora María Rosa Kittsteiner Gentile y la Abogado Integrante señora Claudia Candiani Vidal.
Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.
En Santiago, a catorce de diciembre de dos mil dieciséis, notifiqué en secretaría por el estado diario la resolución precedente.