PATRICIO HIDALGO S.A con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO SANTIAGO PONIENTE

Foja: 55 Cincuenta y Cinco C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de febrero de dos mil dieciséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Eduardo Carlos Zarhi Hasbún, abogado, en representación de la empresa Patricio Hidalgo S.A., sociedad del rubro automotriz, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Ord. N° 0078, por doña nombre reservado, Inspectora Comunal del Trabajo Santiago Poniente, el 14 de enero de 2016, la que denegó la tramitación de la reconsideración administrativa presentada por su parte, pese a encontrarse dentro del plazo legal, lo que vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Solicita se ordene a la recurrida conocer y resolver la reclamación administrativa presentada, por haber sido interpuesta dentro de plazo legal, Explica que el 27 de noviembre de 2015, concurrió a las instalaciones de la recurrente, la fiscalizadora de la recurrida, doña nombre reservado. Producto de dicha fiscalización, cursó dos multas, bajo la Resolución Multa 1733/15/47-1 y 2, por 40 y 30 UTM, respectivamente; las que fueron notificadas el día 11 de diciembre de 2015.

Refiere que amparados en lo dispuesto en el artículo 511 del Código del Trabajo, se optó por presentar recurso administrativo de reconsideración, el que es ingresado el 11 de enero de 2016, esto es, dentro de 30 días hábiles desde la fecha en que se cursa la multa.

Sin embargo, señala que el 14 de enero del año en curso, la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Poniente, a través de su Inspectora Comunal doña nombre reservado, dicta la resolución que constituye el acto arbitrario e ilegal, que por este recurso se impugna, la N° 0078, en virtud de la cual rechaza realizar la tramitación del recurso de reconsideración presentado por su parte, por considerar que la presentación ha sido extemporánea por no haber sido presentada dentro de 30 días corridos, en circunstancias que de conformidad al artículo 25 de la Ley N° 19.880, que se refiere al cómputo de los plazos en el procedimiento administrativo, éstos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

Agrega que la dilucidación de la controversia de cómo debe computarse el plazo señalado no se agota con el solo contenido del artículo 512 del Código del Trabajo, ya que este no precisa si dicho término es de días hábiles o corridos, por lo que debe tenerse presente que la solicitud de reconsideración presentada ante la Inspección del Trabajo es un recurso que se presenta en el trámite de la etapa administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880.

Segundo: Que a fojas 42, informa la recurrida solicitando el rechazo del recurso por improcedente, atendida la naturaleza del acto recurrido. Sostiene que si bien es cierto el artículo 20 de la Carta Fundamental expresa que este recurso puede deducirse sin perjuicio de los demás derechos que se pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, ello no significa que pueda transformarse o utilizarse esta acción de protección como un sustituto procesal de los procedimientos específicos contemplados en la ley -procedimiento de reconsideración de multa y reclamación judicial de multas-como medios de impugnación en contra de la resolución recurrida. En apoyo de su petición cita la jurisprudencia que indica.

Agrega que, en estas condiciones, el recurso de protección está siendo utilizado por la recurrente como un sustituto de procedimientos específicos, contemplados en la legislación de manera expresa, y en nada se justifica la utilización de esta vía extraordinaria para resolver conflictos que tienen previstas vías ordinarias para su discusión y resolución.

Por lo anterior, estima que es necesario ponderar adecuadamente los efectos de acoger el presente recurso, en los términos en que ha sido interpuesto, dado que todo empleador al cual se le notifique una multa, se encontraría, sin exigencia alguna, habilitado para impugnar aquella resolución a través del presente recurso de protección, tratándose de una materia destinada naturalmente a ser conocida por los Tribunales Ordinarios del Trabajo.

En subsidio, alega la improcedencia del recurso, en atención a la falta de requisitos constitucionales para su interposición. En efecto, estima que no se ha incurrido en ningún acto ilegal y arbitrario, ya que el Ordinario recurrido está dictado en atención a las facultades expresamente conferidas a la Inspectora Comunal del Trabajo por los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo y, por otra parte, el acto impugnado es razonado, argumentado y fundado conforme a derecho y cualquier alegación a su respecto debiera haberse interpuesto ante el juez de fondo competente, de conformidad al artículo 512 del Código del Trabajo.

En subsidio, informa las circunstancias del recurso y expresa que la multa se cursó por exceso en el máximo de horas semanales y por no pago de horas extraordinarias, notificándose la multa el 11 de diciembre de 2015 y solicitándose reconsideración el 11 de enero de 2016.

Expone que la reconsideración no cumplió con el requisito de admisibilidad del artículo 512 inciso 1° del Código del Trabajo, ya que no fue presentada dentro del plazo de 30 días corridos desde notificada, es decir, debió ser presentada, a más tardar el 10 de enero de 2016, lo que implicó que el 14 de enero de 2016 no se acogiera a tramitación la solicitud de reconsideración.

Manifiesta que cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles lo ha dicho expresamente, así en los artículos 162 inciso 2° y 7°, artículo 168 inciso 1°, artículo 201 inciso 4° y 503 inciso 3°, entre otros, éste último sobre reclamación judicial de multas. Sin embargo, en el caso de la especie nada dijo y sólo estableció que el plazo era de 30 días, por lo que debe entenderse, en su opinión, que es de días corridos. Precisa que la tesis sostenida por dicha Dirección del Trabajo se ajusta plenamente a lo sostenido por la Contraloría General de la República. En apoyo de su postura cita además la disposición del artículo 22 del Código Civil.

En consecuencia, en su concepto, queda más que demostrado que el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos, resultando el Ordinario impugnado plenamente ajustado a derecho, no procediendo que sea dejado sin efecto.

De todo lo antes expuesto, concluye, no se divisa de qué manera su actuar ha vulnerado la garantía prevista en el artículo 19 N° 2 y 24, ni cómo ello habría afectado a la recurrente. Por todo ello, solicita el completo rechazo de la acción impetrada, con costas.

Tercero: Que el acto impugnado de ilegal y arbitrario lo constituye la Resolución Ord. N° 0078 de 14 de enero de 2016, emanado de la Inspectora Comunal del Trabajo Santiago Poniente, que rechazó, por extemporáneo, el recurso administrativo de reconsideración de multa interpuesto por la empresa Patricio Hidalgo S.A.

Para estimarlo así la autoridad administrativa consideró que el plazo de 30 días para interponer la reclamación que se establece en el artículo 511 del Código del Trabajo es de días corridos, en tanto que el recurrente estima que debió aplicarse el artículo 25 de la Ley N° 19.880 conforme a la cual el señalado plazo es de días hábiles.

Cuarto: Que como lo han sostenido reiteradamente nuestros tribunales superiores de justicia, el recurso de protección constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar y de emergencia destinada a restablecer el imperio del derecho ante un acto u omisión ilegal o arbitrario que vulnere derechos o garantías protegidas constitucionalmente. No está destinado, como en este caso se pretende, a declarar derechos cuya titularidad se controvierte y para cuya determinación debe procederse a un ejercicio de interpretación de normas jurídicas. La procedencia de esta acción cautelar exige la titularidad de un derecho indubitado de parte de quien la ejerce, situación que en este caso no concurre.

Quinto: Que, según lo expuesto, la controversia planteada en el presente recurso excede el ámbito de la acción de protección y, además, se refiere a materias respecto de las cuales la ley ha establecido un procedimiento especial al cual debe ser sometido su conocimiento, no constituyendo la acción ejercida un sustituto procesal de dicho procedimiento.

Sexto: Que las razones expuestas precedentemente conducen al rechazo del presente recurso y permiten omitir el análisis de las garantías constitucionales que el recurrente invoca como vulneradas.

Por estas consideraciones, y .de conformidad con lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección deducido a fojas 9 en favor de Patricio Hidalgo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-12061-2016.

Pronunciada por la Primera Sala de Febrero de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Miguel Vázquez Plaza e integrada, además, por los ministros señor Hernán Crisosto Greisse y señor Alejandro Rivera Muñoz.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.