Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, uno de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, don nombre reservado, de nacionalidad ecuatoriana, deduce recurso de protección en su propio nombre y en representación de su grupo familiar, compuesto por su cónyuge doña nombre reservado, hijo don nombre reservado, con discapacidad intelectual del 79%, e hija doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por estimar ilegal y arbitraria la omisión de otorgar la visación de residencia temporaria prevista en el artículo 32 de la Ley N° 20.430, pese a haber cumplido las etapas iniciales del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, e impedir el ingreso de presentaciones administrativas por negativa en ventanilla y falta de habilitación de canales digitales. Pide que se declare la ilegalidad y arbitrariedad de la conducta impugnada, se ordene recibir sus presentaciones administrativas y otorgar, a la brevedad, la visación de residencia temporaria respecto del recurrente y su grupo familiar. Con posterioridad, pone en conocimiento de la Corte que, con fecha 7 de mayo de 2026, el Servicio dictó las Resoluciones Exentas N° NUM000 y N° NUM001, que tuvieron por desistidas las solicitudes de refugio de su cónyuge e hijo, pese a haber subsanado oportunamente, y sin individualizar los antecedentes estimados insuficientes ni ponderar la condición de discapacidad de este último, solicitando que tales hechos sean tenidos presentes al resolver.

SEGUNDO: Que comparece el Servicio Nacional de Migraciones, quien evacúa el informe respectivo solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes.

Expone como antecedentes que el recurrente manifestó su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, por lo que fue debidamente citado al trámite inicial y concurrió con fecha 2 de abril de 2026, entregando la información exigida por los artículos 26 y 28 de la Ley N° 20.430 y el artículo 37 del Decreto Supremo N° 837; y que, a la fecha del informe, la solicitud se encuentra en etapa de "Análisis de Informe", con estado pendiente.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario ni ilegal, por cuanto la Ley N° 21.655, publicada el 20 de febrero de 2024, modificó el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado e incorporó una etapa inicial de evaluación de admisibilidad regulada en el artículo 28 bis de la ley N° 20.430, conforme a la cual la visa de residente temporal solo puede otorgarse una vez que se haya verificado el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en los artículos 26, 28 y 37 del reglamento y determinado que la solicitud no es manifiestamente infundada, verificación que, a la fecha del informe, aún no ha concluido.

Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, toda vez que ha dado tramitación legal a la solicitud del recurrente, sustanciando el procedimiento y dándole curso progresivo conforme a la normativa vigente, sin que exista privación, perturbación ni amenaza al legítimo ejercicio de garantía constitucional alguna.

Solicita, en definitiva, el rechazo del recurso de protección en todas sus partes y el rechazo de toda condena en costas.

TERCERO: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República es una acción cautelar de carácter urgente, destinada a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado cuando, por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarios, se prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos y garantías enumerados en dicho precepto constitucional. En la especie, corresponde determinar si la conducta del Servicio Nacional de Migraciones consistente en no haber otorgado la visación de residencia temporaria al recurrente y su grupo familiar durante la tramitación del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, configura un acto u omisión ilegal o arbitrario que vulnere de manera actual alguna de las garantías cuya tutela se solicita, de modo que justifique la intervención de esta Corte por la vía excepcional que representa esta acción constitucional.

CUARTO: Que, en cuanto a la pretensión principal del recurso, esto es, el otorgamiento de la visa de residencia temporaria durante la tramitación del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, resulta necesario tener presente el marco normativo aplicable. La Ley N° 21.655, publicada con fecha 20 de febrero de 2024, introdujo modificaciones sustanciales a la Ley N° 20.430, incorporando los artículos 28 bis y 28 ter, que establecen una etapa inicial de evaluación formal de la solicitud de refugio.

Conforme al artículo 28 bis de la Ley N° 20.430, el otorgamiento de la visa de residente temporal al solicitante y a los miembros de su familia queda sujeto, de manera previa e ineludible, a que se haya verificado el cumplimiento de los requisitos formales contemplados en los artículos 26 y 28 de dicha ley y en el artículo 37 de su reglamento, y a que la solicitud no sea manifiestamente infundada en los términos del artículo 2° del mismo cuerpo legal. Solo cumplidas tales condiciones, el Director del Servicio Nacional de Migraciones se encuentra en el imperativo legal de dictar la resolución que formaliza el procedimiento y, conjuntamente, de otorgar la visa de residente temporal. De los antecedentes de la causa consta que, a la fecha de interposición del recurso, la solicitud del recurrente se encontraba en etapa de "Análisis de Informe", correspondiente precisamente a la evaluación de admisibilidad a que se refiere el artículo 28 bis, sin que dicha verificación hubiera concluido. En consecuencia, la omisión de otorgar la visa de residencia temporaria no configura una conducta ilegal ni arbitraria, sino que se ajusta al iter procedimental legalmente establecido, en tanto dicha visa solo es exigible una vez superada favorablemente la etapa de admisibilidad formal, hito que no constaba verificado al momento de deducirse el presente recurso.

QUINTO: Que, en relación con las Resoluciones Exentas N° NUM000 y N° NUM001, dictadas con fecha 7 de mayo de 2026, mediante las cuales el Servicio Nacional de Migraciones tuvo por desistidas las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado de doña nombre reservado y de don nombre reservado, corresponde precisar que dichos actos administrativos no constituyeron el objeto del presente recurso al momento de su interposición, siendo antecedentes sobrevinientes incorporados con posterioridad. Sin perjuicio de la preocupación que suscita la situación del grupo familiar — especialmente la de quien presenta discapacidad intelectual—, el análisis de la legalidad de tales resoluciones excede el marco de la presente acción cautelar, que fue deducida con un objeto específico y delimitado, debiendo el recurrente ejercer, si lo estima procedente, las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico le franquea para impugnar aquellos actos de manera autónoma.

SEXTO: Que, atendido todo lo razonado, el recurso de protección deducido no puede prosperar, pues no se ha acreditado en autos la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario imputable al Servicio Nacional de Migraciones que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales invocadas, siendo la vía intentada inadecuada para obtener el pronunciamiento que el recurrente pretende respecto de un procedimiento administrativo que se encuentra en tramitación regular conforme al estatuto legal vigente.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en su nombre y en representación de su grupo familiar, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-12049-2026.