nombre reservado con MINISTERIO PÚBLICO

C.A. de Santiago Santiago, nueve de junio de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Makarena García Dinamarca, abogada, en representación de nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de MINISTERIO PÚBLICO, representado por su Fiscal Nacional, por la decisión contenida en la Resolución URH/IA Nº 45/2022 de fecha 25 de agosto de 2022, en virtud del cual resuelve aplicar la medida disciplinaria de Remoción y la Resolución URH/IA Nº 47/2022 de fecha 05 de septiembre de 2022, que rechaza recurso de reposición y Resolución FN/MP N° 1315 de fecha 29 de septiembre de 2022, que rechaza recurso de apelación y confirma la sanción disciplinaria de Remoción, en la investigación administrativa ordenada instruir mediante Resolución UHR Nº 19, de fecha 29 de abril del año 2022, lo que importa la afectación de las garantías previstas en el Nº 2, 3 inciso 5 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando que las referidas resoluciones sean dejadas sin efecto y se ordene la reincorporación del recurrente a sus funciones.

Explica que el recurrente es abogado, y que previo a su ingreso al Ministerio Público se desempeñó durante 13 años en el Poder Judicial, al que renunció voluntariamente el año 2006 para ingresar al Ministerio Público, trasladándose a Quellón, cumpliendo funciones como Abogado Asistente de la Fiscalía Local de Quellón, en dicha Fiscalía se desempeñó desde el año 2006 hasta el año 2013, año en que es trasladado a la Fiscalía Local de Calbuco, desempeñando funciones en dicha Fiscalía hasta el año 2018, solicitando su traslado a la Fiscalía local de Puerto Varas, ya que desde el año 2013 se radicó con su familia en la ciudad de Puerto Varas. Así, desde el año 2013 a la fecha de su remoción desempeñó funciones en dicha Fiscalía. Hace presente que, durante sus 16 años de carrera en el Ministerio Público, siempre fue bien evaluado, acompañando sus calificaciones.

Indica que, mediante Resolución URH N°19-2022, de fecha 29 de abril de 2022, se instruye investigación administrativa, para efectos de determinar la responsabilidad administrativa del recurrente en relación a los hechos ocurridos con fecha 27 de abril de 2022, donde el funcionario es detenido por conducción en estado de ebriedad, asimismo, mediante la referida resolución se le suspende de sus funciones. El recurrente a la fecha de ocurrencia de los hechos se encontraba haciendo uso de su feriado legal y con fecha 28 de abril del año 2022, acude a su psiquiatra ya que se encontraba con un cuadro de depresión mayor agudo, ante lo cual se le otorga una licencia médica desde el día 28 de abril a la fecha, la cual fue remitida al Ministerio Público.

Afirma que el recurrente no acusó recibo de la información y fue contactado por doña nombre reservado, funcionaria de la Fiscalía Local de Los Lagos, quien le da cuenta del mencionado correo y le indica que está suspendido de sus funciones, momento en que el recurrente comunica que se encuentra con licencia médica.

A continuación, cita el artículo 20 del Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, el que indica, en síntesis, que el investigador dispondrá la inmediata notificación a la persona que tenga calidad de investigado, de acuerdo con la resolución que ordenó la investigación, informándole los hechos materia de la investigación y entregando copia de la resolución de inicio. Asimismo, indica que el investigado podrá hacer valer, durante toda, la investigación los derechos y garantías para resguardar el debido proceso Conforme lo anterior, señala que a fojas 40 y 51 del expediente investigativo consta notificación por carta certificada, la que tenía por objeto informar los hechos materia de la investigación. Sin embargo, ambas cartas no fueron recepcionadas por el recurrente, figurando una entregada a doña nombre reservado, a quien no conoce el recurrente, mientras que la otra figura en tránsito. Por su parte, en relación a la citación a prestar declaración que consta a fojas 113, figura “disponible en oficina de correos de Chile” fecha 24 de agosto de 2022, no habiendo recibido notificación de la misma previo a la citación realizada por el investigador para el día 13 de julio del año 2022.

En este orden de ideas, cita el artículo 51 del Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, el que se refiere a las notificaciones que se realicen en razón de la investigación, las que deberán tener lugar de manera personal en el domicilio laboral o en domicilio que hubiere señalado el investigado y, en caso de no ser habido, deberá ser notificado por carta certificada.

Señala que en el presente caso las notificaciones nunca fueron recepcionadas por el funcionario, cuestión que consta en los registros de correos de Chile, por tanto, no pudo ejercer sus derechos dentro del proceso. Asimismo, constaría en el expediente investigativo que el funcionario se encontraba con licencia médica desde el 28 de abril del año 2022 y que nunca fue notificado de la citación a prestar declaración y, en todo caso, no se respetó su derecho a reposo, certificando el Fiscal Investigador sin más su incomparecencia a declarar.

Así, sostiene que, el hecho que no tuviera la posibilidad de conocer los antecedentes de la investigación que se desarrolla en su contra, que no se le tomara declaración y solo se enterara del contenido de la investigación en la formulación de cargos, no resulta compatible con la exigencia constitucional de un justo y racional procedimiento.

Luego, con fecha 28 de julio del año 2022, vía correo electrónico se le remite al recurrente por doña nombre reservado la formulación de cargos y copia del expediente administrativo, haciendo presente que el recurrente no puede acceder a los archivos y solicita su reenvío, a lo que se accede con fecha 3 de agosto del año 2022, indicándosele, además, que tiene plazo hasta el 8/08 para efectuar sus descargos, esto es, 3 días hábiles, en circunstancias que el Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público señala en su artículo 26 que se tendrá un plazo de 5 días.

Posteriormente, transcribe los cargos, los que dicen relación con conducción en estado de ebriedad y usar la autoridad o cargo con fines ajenos a las funciones y mantener y llevar una vida social acorde a la dignidad del cargo. Asimismo, transcribe los descargos que efectuó en el proceso.

En ese contexto es que se le notifica la Resolución URH/IA N°45/2021, de fecha 25 de agosto de 2022 de la Fiscal Regional de Los Lagos, que le aplica la medida disciplinaria consistente en remoción, prevista en el Artículo 9° N°5 del Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, por la conducción en estado de ebriedad y por hacer valer su posición funcionaria con el objeto de obtener un beneficio, considerándose además una sanción anterior impuesta al recurrente. Sin embargo, el recurrente niega tajantemente estos hechos, pues solo indicó que era abogado y que trabajaba en la Fiscalía, luego de que se le preguntara.

En síntesis, indica que el recurrente no fue notificado de su calidad de investigado por el Fiscal Investigador, ni del contenido exacto de la investigación vulnerando expresamente lo señalado en el artículo 20 del Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, no pudiendo ejercer ningún derecho contemplado en dicha normativa, no se le toma declaración en relación a los hechos investigados, se le otorga un plazo menor al establecido en el artículo 26 del citado reglamento para evacuar sus descargos. Conforme a lo anterior existirían vicios esenciales en este procedimiento que vulneran las bases de un procedimiento racional y justo de acuerdo con el artículo 19 N° 3 de la Carta Política, los cuales no se convalidan por la contestación de los descargos, toda vez que tienen una influencia decisiva en los resultados de la presente investigación administrativa.

Agrega que el recurrente se encontraba con licencia médica y nunca se ponderó su estado de salud, no contaba con defensa letrada y nunca tuvo intervención activa en la investigación. Así, el investigador debía ponderar la patología que lo aquejaba y si ésta afectaba su posibilidad de defensa, el investigador debió adoptar los resguardos necesarios para no conculcar el descanso que implica el goce de una licencia médica y el derecho a defensa, lo que no ocurrió.

Refiere que la medida de remoción, según lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios, procede en determinados casos, y que el único por el cual se podría aplicar en este caso es por el artículo 63 letra g) de la Ley Orgánica Nº 19.640, esto es, usar su autoridad o cargo con fines ajenos a sus funciones. Y en este caso no existe prueba en la investigación que establezca como usó su cargo para fines ajenos a los institucionales, solo la referencia de que cuando fue detenido indicó ser abogado y desempeñarse en el Ministerio Público, lo que señaló solo una vez que fue consultado.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, afirma que los hechos descritos importan la afectación de las garantías establecidas en los Nº 2 y 3 inciso 5 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

En efecto, indica que se afecta el derecho a la igualdad ante la ley por las condiciones anómalas en las que se tramitó la investigación, pues la recurrente no pudo ejercer sus derechos en la investigación seguida en su contra y, además, en casos similares no se ha aplicado la sanción de remoción, siendo la sanción aplicada desproporcionada.

Luego, en lo que dice relación con el debido proceso, sostiene que en la investigación administrativa se adoptó una decisión infringiendo los derechos y garantías del investigado.

Finalmente, se afectó su derecho de propiedad sobre la estabilidad en el empleo, haciendo presente que ha prestado servicios en el Ministerio Público por más de 16 años.

Solicita, por tanto, que se acoja el presente recurso de protección y se deje efecto la resolución que aplica la medida disciplinaria de remoción y aquellas que rechazan el recurso de reposición y apelación, por ser ilegales y arbitrarias, debiendo retrotraer el proceso administrativo a la etapa investigativa y reincorporar al funcionario a su cargo o las medidas que este Tribunal estime necesarias para restablecer el imperio del derecho, con expresa condenación en con costas.

Segundo: Que comparece Juan Agustín Meléndez, abogado, Fiscal Nacional Subrogante del Ministerio Público, solicitando el rechazo del recurso de protección.

En primer lugar, aclara que los funcionarios del Ministerio Público son funcionarios públicos sujetos a un estatuto jurídico propio y especial, distinto del régimen aplicable a los trabajadores regidos por el Código del Trabajo y distinto también al estatuto que rige a los restantes funcionarios de la Administración del Estado. En esta condición y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la ley N°19.640, el personal del Ministerio Público está sujeto a responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pudiere afectarle.

En segundo lugar, indica que los vicios alegados por el recurrente no son tales y no se ha vulnerado el debido proceso, pues se han respetado las distintas etapas que reglamentariamente requiere la instrucción de una investigación administrativa, a saber: etapa investigativa o indagatoria; cierre de la investigación; formulación de cargos; defensa o formulación de descargos; prueba; informe o dictamen del instructor; resolución final de la autoridad y; etapa de investigación y/o revisión de las decisiones. Así, afirma que el recurrente pudo ejercer en la investigación todos los derechos que el sistema de responsabilidad administrativa del Ministerio Público contempla, haciendo presente que se hicieron múltiples esfuerzos para notificarlo, citarlo y comunicarle las decisiones de la investigación, no obstante lo anterior, el recurrente tomó conocimiento del juicio el 29 de abril del año 2022.

En este orden de ideas, indica que las cartas certificadas se enviaron al mismo domicilio que el recurrente indica en este recurso y mismo domicilio que informó a Carabineros al momento de su detención. Asimismo, destaca que el recurrente es abogado con larga trayectoria en el Ministerio Público, por lo que mal podría alegar desconocimiento de los efectos o consecuencias de su resistencia a colaborar con una investigación, máxime si ya fue sometido años antes a un procedimiento disciplinario.

En tercer lugar, sostiene que el recurso debe ser rechazado por no ser la acción constitucional un procedimiento idóneo para demandar la revocación de un acto administrativo dictado en el ejercicio de una potestad disciplinaria.

Señala que la ponderación de los antecedentes reunidos, especialmente el parte de Carabineros y las declaraciones prestadas por los dos funcionarios dan cuenta suficientemente de los hechos que se imputan al recurrente, mientras que éste último solo se limita a negar los hechos.

Asimismo, sobre la alegación de falta de proporcionalidad, sostiene que el actor pretende generar una nueva instancia que revise los fundamentos de la decisión, revise la prueba y efectúe una calificación jurídica de sus defectos, lo que no es propio de una acción cautelar como el recurso de protección.

En cuanto a la alegación del recurrente en orden a que existía una discriminación en su contra, desde que en otras situaciones de manejo en estado de ebriedad se ha aplicado una sanción menor a la remoción, precisa que en una de aquellas investigaciones el funcionario se sometió voluntariamente al examen de alcoholemia, se puso a disposición de los funcionarios policiales y comunicó inmediatamente a su jefatura, mientras que, en el otro caso, el funcionario se practicó alcohotest, fue conducido al Cesfam para constatar lesiones y para tomarle el examen de sangre a lo cual accedió sin inconvenientes, colaborando en todo momento con la investigación.

Por el contrario, en este caso el recurrente no permitió que se le tomara el examen de alcohotest, se negó a la toma de muestra para el examen de alcoholemia y tampoco prestó colaboración con la investigación administrativa y, adicionalmente, pretendió hacer valer su condición de abogado del Ministerio Público para obtener un mejor trato de los funcionarios policiales.

Con el mérito de lo expuesto solicita el rechazo del recurso de protección.

Tercero: Que se trajeron los autos en relación.

Cuarto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopten de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Quinto: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Sexto: Que, los actos que el recurrente estima arbitrarios e ilegales consisten en la dictación de la Resolución URH/IA Nº 45/2022 de 25 de agosto de 2022, que le aplicó la medida disciplinaria de Remoción, la Res. URH/IA Nº 47/2022 de 5 de septiembre de 2022, la Res. FN/MP N° 1315 de 29 de septiembre de 2022, que rechazaron los recursos de reposición y apelación y confirmaron la sanción disciplinaria de Remoción, y solicita que las referidas resoluciones sean dejadas sin efecto y se ordene la reincorporación del recurrente a sus funciones.

Séptimo: Que, es un hecho no discutido que por Resolución URH N°19-2022, de 29 de abril de 2022, se instruyó una investigación para efectos de determinar la responsabilidad administrativa del recurrente con motivo de su detención el día 27 de abril de 2022, por conducción en estado de ebriedad, y por la misma se le suspendió de sus funciones.

Octavo: Que el recurrente sostiene que la decisión impugnada es ilegal y arbitraria por no ajustarse a las exigencias y criterios que establece el Estatuto Administrativo.

Noveno: Que, en primer término conviene precisar que el Ministerio Público es un organismo autónomo, jerarquizado, regulado en la ley N°19.640 Organica Constitucional del Ministerio Público, que en su artículo 11, establece que “El personal del Ministerio Público estará sujeto a responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pudiere afectarle”, a su turno, el artículo 17 letra d) del mismo texto legal, señala: “Corresponderá al Fiscal Nacional: Dictar los reglamentos que correspondan en virtud de la superintendencia directiva, correccional y económica que le confiere la Constitución Política. En ejercicio de esta facultad, determinará la forma de funcionamiento de las fiscalías y demás unidades del Ministerio Público y el ejercicio de la potestad disciplinaria correspondiente.”

Décimo: Que, la resolución que afecta al recurrente tuvo en cuenta, el reglamento de responsabilidad administrativa de fiscales y funcionarios del ministerio público, el que se llevó en tiempo y forma el sumario administrativo y se tuvo presente que aquel tuvo su origen en el hecho de que el recurrente fue detenido por el delito de conducción en estado de ebriedad ocurrido el día 27 de abril a las 23:27 en la ciudad de Puerto Varas, ya que el vehículo que conducía nombre reservado se encontraba sobre la acera y en un área verde a punto de caer a un barranco, luego a la llegada de Carabineros se negó a realizar el examen de intoxilayzer. Tampoco, se hizo la prueba de alcoholemia en el Servicio de Atencion Primaria de la ciudad, sólo pudo realizarse la prueba de alcoholemia en el Hospital de Llanquihue que arrojó 1,77° de alcohol en sangre. Luego se le informan sus derechos como imputado. Para seguir con el proceso ante la justicia penal y posteriormente continuar con el sumario administrativo ante el Ministerio Público.

Undécimo: Que, sin embargo, el recurrente alega que no tuvo oportunidad de ejercer su derecho a defensa ante el Ministerio Público, pues no pudo declarar en la investigación, lo que constituiría un vicio sustancial que invalidaría todo lo obrado.

Al respecto, debe tenerse presente que, al contrario de lo señalado por el recurrente, y tal como se señala en la Resolución FN/MP N° 1315 de 29 de septiembre de 2022, “no ha existido en la presente investigación administrativa vulneración al debido proceso, ya que del análisis de los antecedentes obrantes en la investigación, es posible concluir que se han respetado en ella las distintas etapas que reglamentariamente requiere la instrucción de una investigación administrativa, a saber: i) Etapa investigativa o indagatoria propiamente tal; ii) cierre de la investigación; iii) formulación de cargos; iv)defensa o formulación de descargas; v) prueba; vi) informe o dictamen del instructor; vii) resolución final de la autoridad y viii) etapa de impugnación y/o revisión de la decisión adoptada.

Lo cierto es que durante la sustanciación de la presente investigación el recurrente tuvo la posibilidad de ejercer debidamente su derecho a defensa, declarando, acompañando diversos antecedentes y planteando cada uno de sus argumentos de defensa en las distintas etapas procedimentales, situación que se evidencia claramente en el análisis de los antecedentes que obran en la investigación; en síntesis pudo ejercer en esta investigación todos los derechos que el sistema de responsabilidad administrativa del Ministerio Público contempla.

Consta en la carpeta de investigación, que el recurrente tomó conocimiento de la investigación administrativa al menos el 29 de abril de 2022. Luego, se hicieron múltiples esfuerzos por notificarlo, citarlo, o comunicarle decisiones de la investigación, existe constancia de todas ellas en el proceso. Incluso el 27 de julio el recurrente responde a través de mensajería electrónica a la funcionaria que intentaba notificarlo formalmente.

El 28 de julio se le remiten por correo electrónico los cargos y copia de todos los antecedentes de la investigación. Correo que se vuelve a enviar el 3 de agosto ante petición del mismo recurrente.

De lo relacionado, se puede concluir que la falta de declaración del recurrente se debe a una estrategia de su defensa más que a defectos de la investigación.

Cabe señalar, que el recurrente al día siguiente de los hechos que dieron origen al sumario administrativo de marras obtuvo una licencia médica, pero siempre se le comunicaron los actos de proceso.

Lo que en caso alguno invalida lo obrado en autos.

Duodécimo: Que, el sustrato fáctico de la resolución cuestionada efectivamente se ajusta a los criterios que disponen perentoriamente el Reglamento de Personal del Ministerio Público en sus artículos 33 N°10 y 39 N°7, a saber:

-artículo 33 N°10 “Los funcionarios del Ministerio Público deberán: Observar una vida social acorde con la dignidad del cargo, mantener buenos antecedentes comerciales y actuar considerada y éticamente con sus jefes, pares y subalternos;

-artículo 39 N° 7 “Son aplicables a los funcionarios que se desempeñen en el Ministerio Público las prohibiciones establecidas en el Título V de la ley orgánica, quienes estarán afectos además a las siguientes prohibiciones: Usar su autoridad o cargo con fines ajenos a sus funciones.”

Igualmente, la resolución impugnada en cuanto a la medida disciplinaria impuesta se enmarca en la normativa que dispone el Reglamento de responsabilidad administrativa de los fiscales y funcionarios del Ministerio Público, en sus artículos 9° N°5 y 14 N°4.

Disposiciones legales y reglamentarias que expresan lo que sigue:

-artículo 9°: “Las medidas disciplinarias que podrán ser aplicadas a los funcionarios del Ministerio Público, serán únicamente las siguientes: 5) Remoción”;

-artículo 14: “La remoción es la decisión de poner término a los servicios de un funcionario, que adopta la autoridad facultada para ello, como consecuencia de una investigación administrativa.

La medida disciplinaria de remoción procederá en los siguientes casos:

1.- ser condenado por crimen o simple delito;

2.- ser condenado por alguna de las faltas contempladas en el artículo 50 de la Ley N° 20.000;

3.- cuando se infrinjan alguna de las disposiciones contenidas en las letras c), e) o g) del artículo 63 de la Ley Orgánica;

4.- en los demás casos en que la gravedad de la falta cometida haga necesario el alejamiento del funcionario, a juicio del Fiscal o funcionario facultado para imponerla. Se podrá́ considerar que el acoso sexual es una conducta de esta naturaleza.

Décimo tercero: Que, así las cosas, habiendo actuado el recurrido conforme a las exigencias que considera la ley, y en la situación que esta prevé, su comportamiento no es ilegal ni arbitrario, y por consiguiente, no existe infracción a las garantías constitucionales que el recurrente señala como infringidas. Motivo que hace innecesario emitir un pronunciamiento sobre aquellas.

Décimo cuarto: Que, en tales circunstancias, el presente recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección intentado a favor nombre reservado en contra del MINISTERIO PUBLICO.

Redactó la abogado integrante señora Herrera Fuenzalida.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Rol N°120.316-2022. Protección.