nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago.

Santiago, veinticinco de junio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Carla Cañón Rubio, abogada, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y deduce acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjero, formulada conforme a la Ley N°18.156, y que vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 numerales 2° y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente solicitó ante la administradora de fondos recurrida el retiro de sus fondos previsionales como técnico extranjero, al amparo de la Ley N°18.156. Indica que el 14 de abril de 2026 fue notificado del rechazo de su solicitud, sin que la recurrida precisara una causal concreta, limitándose a entregar fundamentos genéricos y carentes de motivación suficiente.

Afirma que el recurrente cumplió íntegramente con los requisitos legales exigidos para la devolución, pues acompañó certificado de filiación de su país de origen, títulos técnicos y profesionales debidamente apostillados, acreditación de su calidad de técnico extranjero, y Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Postula que la negativa de administradora recurrida importa una interpretación formalista, restrictiva y contraria a la finalidad de la Ley N°18.156, cuyo objeto sería permitir que los trabajadores extranjeros técnicos o profesionales, afiliados a un régimen previsional fuera de Chile, puedan recuperar los fondos enterados en el sistema nacional. En ese sentido, reprocha que la recurrida haya obstaculizado reiteradamente la tramitación de la solicitud, exigiendo antecedentes adicionales o desconociendo la suficiencia de documentos que, a su juicio, ya acreditaban todos los presupuestos legales.

Solicita que, acogiendo el recurso, se reconozca la documentación suministrada, se ordene realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable, o el que se estime conforme al mérito de autos, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados; y en general, se adopten las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Segundo: Que evacuando el informe la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicita el rechazo del recurso, con costas.

Expone que con fecha 10 de abril de 2026 el recurrente presentó una solicitud de devolución de sus fondos previsionales, amparándose en la exención para trabajadores técnicos extranjeros establecida en la Ley N°18.156. Para tales efectos, acompañó su título profesional, una constancia electrónica de cotizaciones y contrato de trabajo y sus anexos. Sin embargo, resolvió rechazar dicha solicitud debido a que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, acompañada por el actor, incumple la normativa vigente. Lo anterior se debe a que dicho documento electrónico señala las prestaciones de forma genérica, no está firmado por quien lo emite y carece de la respectiva legalización o apostilla. En consecuencia, la recurrida sostiene que no ha obstaculizado el proceso ni ha realizado una interpretación arbitraria, sino que se ha limitado a exigir el estricto cumplimiento de los requisitos normativos exigidos para acceder a la devolución de los fondos.

Luego, esgrime que la Ley N°18.156 consagra un régimen de excepción, motivo por el cual el cumplimiento de sus presupuestos copulativos debe acreditarse de manera rigurosa. Al respecto, señala que tanto el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones como las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones exigen de forma imperativa que la cobertura previsional en el extranjero se acredite mediante una certificación emanada de la institución de seguridad social correspondiente debidamente legalizada o apostillada, que consigne de forma específica la protección por todos los riesgos señalados en la ley (enfermedad, invalidez, vejez y muerte). Además, invoca los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, preceptos que obligan a que los instrumentos públicos otorgados en el extranjero sean sometidos al procedimiento de legalización o apostilla para tener valor probatorio en el país y resguardar la fe pública.

La administradora de fondos apoya su defensa en reiterada jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia, la cual ha resuelto unánimemente que las constancias electrónicas del seguro social venezolano que carecen de firma autorizada y apostilla resultan insuficientes para satisfacer los estándares formales exigidos.

Finalmente, argumenta que, en su calidad de sociedad anónima cuyo objeto exclusivo es la administración de fondos y que es fuertemente fiscalizada por la Superintendencia de Pensiones conforme al Decreto Ley N°3.500, se encuentra obligada a acatar las instrucciones obligatorias de dicho órgano contralor bajo apercibimiento de amonestaciones y sanciones pecuniarias. Por consiguiente, concluye que su actuar se ajusta plenamente a la legalidad y a los dictámenes vigentes, descartando la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal que amenace, prive o perturbe los derechos fundamentales del recurrente.

Tercero: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, carente de razonabilidad.

Cuarto: Que el acto que se impugna en la presente acción de cautela constitucional consiste en el rechazo, comunicado al recurrente el 14 de abril de 2026, de la solicitud de devolución de fondos previsionales realizada por éste en calidad de técnico extranjero al alero de la Ley N°18.156.

Quinto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156 consagra una situación de excepción al principio de territorialidad de la ley previsional chilena, permitiendo a los técnicos extranjeros eximirse de cotizar -y retirar sus fondos según el artículo 7°- siempre que cumplan copulativamente con: a) estar afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) expresar en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación. Al tratarse de una norma de excepción que permite el retiro de fondos destinados constitucionalmente a la seguridad social, su interpretación debe ser estricta y el cumplimiento de sus requisitos debe acreditarse de manera fehaciente.

Por otro lado, vale tener presente que corresponde a la Superintendencia de Pensiones, en virtud del artículo 3° del Decreto con Fuerza de Ley N°101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el artículo 94 del Decreto Ley N°3.500 de 1980, interpretar la legislación y reglamentación del Sistema de Pensiones, con carácter obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones, facultad que le permite fijar los criterios para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Sexto: Que, luego, respecto a la acreditación de documentos otorgados en el extranjero, rige en nuestro país el principio lex locus regit actum en cuanto a la forma, pero para que dichos instrumentos públicos o auténticos produzcan efectos probatorios en Chile, deben someterse a las reglas de legalización establecidas en el artículo 345 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, o bien, al trámite simplificado de la apostilla, conforme a la Convención de La Haya de 1961, vigente en Chile desde 2016 y de la cual Venezuela es parte.

Séptimo: Que, del mérito de los antecedentes allegados a la causa y, en especial, del informe evacuado por la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la documentación acompañada por las partes, se desprende que el recurrente no ha logrado acreditar de manera suficiente el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley N°18.156 y por la interpretación administrativa vigente, puesto que no existe constancia o certificado de afiliación vigente, debidamente legalizado o apostillado y que señale las coberturas y periodo con que cuenta el afiliado.

Octavo: Que, en consecuencia, el acto recurrido no adolece de ilegalidad, puesto que se sustenta en la normativa vigente -Ley N°18.156 y artículo 345 del Código de Procedimiento Civil- y en las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones -artículo 94 del Decreto Ley N°3.500-. Tampoco es arbitrario, toda vez que no obedece a un capricho de la Administradora, sino al cumplimiento de un deber de resguardo de los fondos previsionales, los cuales solo pueden ser devueltos cuando se acredite, con la formalidad legal correspondiente, que el trabajador cuenta con la protección social alternativa que la ley exige.

Noveno: Que, no existiendo un acto ilegal o arbitrario, y no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos legales en la forma prescrita por el derecho, no se cumple el supuesto esencial que exige el artículo 20 de la Carta Fundamental para otorgar la protección que se pretende y, en tales condiciones, el recurso debe ser necesariamente desestimado.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo preceptuado en las normas legales citadas, en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-12004-2026.