nombre reservado con POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Santiago, catorce de febrero de dos mil diecisiete.

Vistos:

A fojas 38 comparece don nombre reservado, Comisario de la Policía de Investigaciones de Chile, domiciliado en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, representada legalmente por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por estimar que la Honorable Junta de Apelaciones Institucional ha actuado arbitraria e ilegalmente al rechazar su recurso de apelación, confirmando la calificación con nota 4,82 y la clasificación en Lista 4, Mala. Decisión que fue puesta en conocimiento del actor con fecha 08 de noviembre de 2016 y que habría ponderado la medida disciplinaria de seis días de permanencia en el cuartel, aplicada mediante Dictamen (R) N° 765-2015/1-2016 de 10 de mayo de 2016, que incide en el Sumario Administrativo N° 765-2015, de la Academia Superior de Estudios Policiales. Lo anterior, dice, no obstante que la sanción señalada no se encuentra afinada, por cuanto la mencionada causa sumarial se retrotrajo a la etapa de formulación de cargos, encontrándose el proceso calificatorio realizado, en opinión del recurrente, en contravención a lo dispuesto en el artículo 4°, inciso segundo, del Reglamento de Calificaciones del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, que prescribe que "Las faltas administrativas establecidas mediante Sumario Administrativo o Investigación Sumaria, sólo podrán considerarse para la calificación, cuando exista resolución firme debidamente notificada al afectado".

En resumen, expone, la medida desproporcionada aprobada es, a todas luces absurda, si se considera que se encuentra actualmente sometido a un sumario administrativo aún pendiente, que tiene por objeto establecer fehacientemente las causas y circunstancias en que se vio envuelto en los sucesos propiciados por su ex pareja que regentaba a mujeres ligadas a la prostitución, de lo que dice nunca tuvo conocimiento. Agrega que, no obstante, para adoptar la medida cuestionada, vale decir, su calificación insuficiente y su apartamiento de la institución como secuela, se consideró por el ente recurrido que, con los antecedentes reunidos se había acreditado fehacientemente la forma en que ocurrieron los hechos. Lo anterior, esgrime, derechamente es un contrasentido, puesto que se abrió una investigación sumarial justamente para establecer la forma cómo se desarrollaron los sucesos que culminaron en primera instancia con un acto de Dictamen, donde en su condición de investigado tiene derecho a defenderse, a rendir prueba e impugnar el resultado, sumado a que la existencia de una falta administrativa corresponde hacerla al superior competente, debiendo recordarse que un hecho típico no es suficiente para ello.

Refiere que se han vulnerado sus legítimos derechos, amparados por la Constitución Política de la República de Chile, en el artículo 19 Nros. 1, 2 y 3. En cuanto al derecho a la integridad psíquica indica que al quedar clasificado el protegido en una lista deficiente, que trae como resultado su dimisión forzosa de las filas, le exhibe ante sus pares, subalternos y terceros ajenos a la institución, como un servidor corrompido, vulnerando su honra y reputación, alcanzando su autoestima por el descrédito a su imagen cimentada durante casi 23 años de servicio, en que siempre fue calificado con un desempeño sobresaliente.

A su vez, estima afectada la igualdad ante la ley, desde que la Policía de Investigaciones de Chile en su proceso calificatorio le ha otorgado un tratamiento asimétrico en comparación a cualquier otro ciudadano -y/o funcionario público en términos más estrictos- sometido a una investigación, en que ha sido sindicado como culpable dentro de una investigación de corte administrativo que a la fecha se encuentra en etapa probatoria, dando por acreditados los hechos que motivaron su instrucción para separarlo de su función pública por una calificación deficiente, sin que medie un acto terminal que establezca su responsabilidad administrativa y que, en definitiva, le permita apreciarla para los efectos calificatorios, otorgándole en consecuencia un trato discriminatorio. Afirma que su remoción sin justificación alguna por parte del administrador lesiona el contenido esencial del derecho a la no discriminación en su calidad de administrado, por cuanto la igualdad entre las personas es uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Finalmente, en relación con el artículo 19 Nro. 3 de la Carta Fundamental invocado, hace presente el recurrente que esta norma asegura el acceso a un debido proceso, el cual se hace extensivo a todos los órganos que ejerzan jurisdicción y, en la situación que nos ocupa, no ha sido respetado. Lo anterior, señala, por cuanto la Honorable Junta de Apelaciones ha procedido a pasar por alto el principio de inocencia, dándole un significado superlativo a los hechos materia del Sumario Administrativo en curso, para rechazar de plano cualquier acción destinada a demostrar lo injusto de la calificación, actuando fuera de su órbita de competencia, por cuanto no existe en el ordenamiento jurídico administrativo ningún precepto que le permita preconizar situaciones fácticas sujetas a un proceso sumarial u análogo para degradar las calificaciones del personal. Erigiéndose además como una comisión especial, ya que a pesar de existir acciones pendientes en el proceso sumarial, el que a la fecha se encuentra en etapa probatoria, y en el que jamás su parte ha reconocido los hechos, da por establecida su culpabilidad, materia que se encuentra fuera de su investidura legal, por cuanto la facultad de conocer y juzgar conductas que eventualmente importen falta, le corresponde al superior con potestad para dictar la resolución de término respectiva, desplegando por ende acciones que van en franca inobservancia a los principios de legalidad y de juridicidad estipulados en los artículos 6° y 7° de nuestra ley fundamental.

Concluye pidiendo se ordene a la recurrida celebrar una nueva sesión calificatoria, en la que se excluya de la ponderación para todos los efectos, la medida disciplinaria señalada.

Acompaña a su presentación copia del recurso de apelación direccionado a la Junta de Apelaciones de fecha 21.SEP.016; Acta de Notificación de Cargos de fecha 12.OCT.016, formulados por la Fiscalía en Comisión en Sumario Administrativo ® Nro. 765-2015; Copia de Descargos de fecha 19.OCT.016, ante la Fiscalía en Comisión; Escrito de fecha 21.OCT.016, dirigido a la Junta de Apelaciones; Acta de Notificación de Apertura de Término Probatorio en Sumario Administrativo ® Nro. 765-2015 de fecha 04.NOV.016; Recurso de Reposición de fecha 07.NOV.016, ante la Fiscalía en Comisión y Acta de Notificación de lo resuelto por la Honorable Junta de Apelaciones de fecha 08.NOV.016.

A fojas 92 comparece don nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile quien, al informar, alega en primer lugar la extemporaneidad del recurso. Esgrime que se alza en contra de la Cédula N° 30 de 07.NOV.016, de la Junta de Apelaciones, que resolvió rechazar su recurso de apelación, confirmando la calificación con nota 4,82 y la clasificación en Lista 4, Mala, notificada mediante el Acta de 08.NOV.016, lo cierto es que realmente reclama en contra de lo resuelto con fecha 05.SEP.016 por la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes, que resuelve calificar al funcionario con la nota señalada, notificándolo con fecha 14.SEP.016. Por lo anterior, indica, desde esta última fecha debió computarse el plazo para recurrir de protección, en conformidad a lo dispuesto en el Auto Acordado que regla la materia.

Seguidamente plantea la improcedencia de la acción intentada postulando primeramente que de la sola lectura del libelo de autos se colige que el recurrente pretende que esta Corte ordene a la recurrida celebrar una nueva sesión calificatoria, en la que se excluyan antecedentes de su Hoja de Vida, cuestión que es absolutamente ajena a la finalidad propia del arbitrio intentado, atendida su naturaleza cautelar. Asevera que al impugnar lo resuelto por la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes y luego por la Junta de Apelaciones, ha planteado una controversia respecto de las atribuciones de los referidos órganos colegiados, establecidas en el Decreto Supremo N° 28 de 6 de mayo de 1981, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba el Reglamento de Calificaciones del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile. En este contexto, dice, dicha acción en ningún caso puede constituir la instancia idónea para formular cuestionamientos sobre una interpretación jurídica y/o la correcta aplicación de las normas, como se pretende en la especie.

A continuación plantea la inexistencia de acto ilegal o arbitrario, toda vez que el proceso calificatorio se ha realizado conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de la República y la normativa institucional dictada al efecto. Agrega que la simple lectura de las resoluciones recurridas permite advertir que se contienen los antecedentes fácticos y jurídicos que condujeron a la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes y posteriormente a la Junta de Apelaciones a la conclusión que en ellas se expresa. El hecho de que el recurrente no comparta la interpretación jurídica no torna en arbitrario los pronunciamientos que por esta vía pretende dejar sin efecto.

Seguidamente señala que la calificación realizada por el jefe directo del actor fue un 6,23, empero, en aplicación del procedimiento calificatorio del personal de la Policía de Investigaciones de Chile, la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes, luego de conocer, estudiar y evaluar su informe de Calificación y Hoja de Vida Anual, no concordó con la calificación propuesta, notificándolo con fecha 14.SEP.016 de la Cédula (R) N° 194 de 05.SEP.016, donde se le comunica que se resolvió incluirlo en la Lista 4, Mala, calificándolo con nota 4,82. Explica que la decisión se fundó en los siguientes fundamentos: (a) La constancia en la H.V.A. de 16.NOV.015, que señala que reprobó el Curso Oficial Graduado en Investigación Criminalística promoción 2015, por obtener un promedio final de tres coma cinco "3,5" en la cátedra de "Psicología Criminal", esto es, menos que regular; (b) La labor mensual de abril, de 02MAY016, "...debe hacérsele hincapié en sus deberes como Subjefe, los cuales se encuentran establecidos en el artículo N° 13, capítulo N° 3, del Reglamento Interno de Brigadas de Investigación Criminal y Brigadas Especializadas". "...Debe procurar un manejo procedimental ante situaciones que eventualmente conllevan quejas formales por parte de particulares"; (c) La evaluación de 29.JUL.016, en el período en que el funcionario se encontraba haciendo uso de feriado legal, se pudo comprobar que existían decretos sin endosar desde antes del inicio de su feriado, por lo que se le insta a efectuar un mayor control de la distribución oportuna de los endosos en su calidad de jefe operativo, a fin de no perjudicar la carga laboral de los funcionarios; (d) La medida disciplinaria de seis días de permanencia en el cuartel, aplicada mediante Dictamen (R) N° 765-2015/1-2016, de fecha 10.MAY.016, que incide en el Sumario Administrativo N° 765-2015, de la Academia Superior de Estudios Policiales, por haber facilitado el inmueble que arrendaba, ubicado en domicilio reservado, que habitaba como residencia y donde pernoctaba en ocasiones con su pareja nombre reservado, para que esta última permitiera que en el referido inmueble amigas de ella ejercieran el comercio sexual, infringiendo gravemente con su actuar la Orden General N° 2186 de 20 de mayo de 2008, que reemplaza el Código de Ética de la Policía de Investigaciones de Chile, y del Reglamento de Disciplina del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, en el título II, "De las Faltas", los artículos 6°, numeral 1 letra g) y 30 letra f). Por otra parte, haberse expuesto imprudentemente ante los moradores del edificio donde arrendaba un departamento y con escándalo público, en su calidad de Oficial Policial y alumno en ese entonces de la Academia Superior de Estudios Policiales, al mantener una discusión con su pareja en los espacios comunes del edificio de domicilio reservado, provocando que los residentes alertaran a la conserjería, solicitando la presencia de Carabineros de Chile al lugar. Lo anterior transgrede, a su vez, la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, artículo 61, letra g), "Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo con preeminencia del interés público sobre el privado".

Explicita que los antecedentes descritos previamente se consideraron por dicha Junta como hechos graves, relevantes e importantes, a pesar que la medida disciplinaria se encontraba en proceso de tramitación. Así, se resolvió evaluar al recurrente según detalle que indica en los diversos factores.

En cuanto al recurso de apelación expone que fue rechazado por considerar que las argumentaciones que avalan su petición no aportan nuevos antecedentes a los que se tuvieron a la vista para resolver y considerando, además, que las anotaciones de los funcionarios son datos que revisten un carácter informativo y conforman los diversos antecedentes que debe ponderar la Junta Calificadora al ejercer su cometido y que, en su carácter de independiente y autónoma, le permiten apreciar el comportamiento funcionario en toda su extensión.

A continuación el informante se ocupa de describir el régimen estatutario aplicable afirmando que las actuaciones en esta materia se ajustaron estrictamente a la normativa que rige al efecto, especialmente al Reglamento de Calificaciones del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, y según lo dictaminado por la Contraloría General de la República.

Finalmente sostiene que no ha existido vulneración de las garantías constitucionales presumiblemente conculcadas, precisando que la calificación que se le realizó al Comisario nombre reservado, fue adoptada en un procedimiento administrativo reglado, por la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes, en uso de sus atribuciones legales y discrecionales, decisión que ha sido debidamente argumentada y fundada, por lo que no puede ser considerada arbitraria o ilegítima, motivos por los cuales la pretendida acción cautelar debiera ser rechazada.

Acompaña fotocopia de los siguientes documentos: (a) Informe de Calificación del Comisario; (b) Notificación de Calificación y Clasificación de la Junta de Apelaciones de 07.NOV.016; (c) Acta de Notificación de 08.NOV.016, de la Brigada de Investigación Criminal La Reina; y (d) Orden (R) N° 765 de 30.DIC.015, del Director de la Academia Superior de Estudios Policiales, que dispuso la instrucción de un sumario administrativo.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio;

Segundo: Que, como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, lo que significa que ha de ser contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él-, y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, actos u ocurrido omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado. Asimismo, es menester que concurra una relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional y que exista la posibilidad actual del órgano jurisdiccional, ante el cual se plantea la acción, de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

Es decir, son variadas las exigencias que deben rodear la presentación y, ciertamente, motivar el acogimiento de una acción de la naturaleza indicada;

Tercero: Que, la presente acción se deduce en contra de la decisión por la cual la Honorable Junta de Apelaciones de la Policía de Investigaciones rechazó el recurso de apelación deducido por el recurrente y, consecuentemente, confirmó la calificación con nota 4,82 y la clasificación en Lista 4, Mala, estimando que dicho acto es ilegal y arbitrario y atenta contra las garantías contenidas en los Nros. 1, 2 y 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por cuanto se habría considerado para arribar a tal decisión una sanción impuesta en un sumario administrativo que aún no se encuentra afinado;

Cuarto: Que, en primer lugar y en cuanto a la alegación de extemporaneidad planteada por la recurrida, basta para desestimarla con constatar que si bien es efectivo que la resolución por la cual la Junta Calificadores de Oficiales Superiores y Jefes decide calificar al funcionario con nota 4,82 y clasificarlo en lista 4 Mala fue notificada al protegido el 14 de septiembre de 2016, lo cierto es que este último deduce la presente acción constitucional no en contra de aquella sino en contra de la determinación por la cual se rechazó el recurso de apelación formulado en contra de la anterior decisión, que fuera notificada al actor el 7 de noviembre de la pasada anualidad. De suerte que, entre la data señalada y aquella en que se enderezó el presente recurso, esto es el 17 de noviembre de 2016, no ha transcurrido en exceso el término de 30 días establecido para estos efectos en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, para su formulación;

Quinto: Que, seguidamente y en lo concerniente al acto administrativo objetado, esto es, la resolución emanada de la Junta de Apelaciones de la Policía de Investigaciones de Chile, que con fecha 7 de Noviembre de 2016 dispuso mantener la calificación de 4,82 del recurrente, clasificándolo así en lista Mala, el actor cuestiona que el elemento que se tuvo en vista para determinar los factores de calificación y clasificación fue la medida disciplinaria que le fue impuesta en un proceso sumarial;

Sexto: Que, al efecto es preciso consignar que el Reglamento de Calificaciones de la institución, aprobada por Decreto Supremo N°28 de 1981, del Ministerio de Defensa Nacional, que regula el procedimiento de calificaciones, estatuye en su artículo 2° que la Calificación es la apreciación de la labor anual desarrollada por cada funcionario, en el ejercicio de su cargo o empleo. La evaluación comprenderá tanto el desempeño en el trabajo, como las condiciones personales del funcionario evidenciadas en el transcurso del período a calificar. A su vez, la clasificación corresponde a la lista de selección que acuerda la Junta respecto de un funcionario. Las listas en que pueden clasificarse a los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, son las siguientes: Lista 1, de Mérito, Lista 2, Buena, Lista 3, Regular, Lista 4, Mala.

Por su parte, en su artículo 3° dispone que la calificación abarcará el período comprendido entre el 1º de Agosto y el 31 de Julio del año siguiente. Luego, el artículo 4° señala que en la calificación, deberá considerarse la actuación que haya tenido el funcionario sólo durante el período a que ella se refiere, sin embargo, las faltas administrativas, establecidas mediante Sumario Administrativo o Investigación Sumaria, sólo podrán considerarse para la calificación, cuando exista resolución firme debidamente notificada al afectado. Enseguida, el artículo 5° prevé que los funcionarios que por cualquier causa no desempeñaren efectivamente sus empleos por un lapso superior a 6 meses en el período de calificación, no serán calificados y conservarán la clasificación del año anterior salvo, que en su Hoja de Vida Anual existan anotaciones relevantes en el período trabajado que conduzcan a la Junta Calificadora respectiva a modificar su calificación, lo que deberá hacerse mediante resolución fundada. Se entenderá por anotaciones relevantes aquellas de importancia o significativas, que se refieren a actuaciones destacadas o reprochables del funcionario, que ameriten modificar su calificación, subiendo o bajando la lista de clasificación respectiva. Asimismo, el artículo 25 establece que para el conocimiento, estudio y valorización de las calificaciones del personal de Planta, existirán Juntas Calificadoras Zonales, una Junta Calificadora de Altas reparticiones y una Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes.

A su vez, el artículo 42 dispone que habrá una Junta de Apelaciones a la cual le corresponderá conocer y resolver el Recurso de Apelación que se interponga en contra de la calificación y clasificación que efectúen las Juntas Calificadoras;

Séptimo: Que de las normas precedentes se infiere que para el proceso calificatorio del personal existe un reglamento que ha sido cumplido por la institución, existiendo recursos administrativos para impugnar las resoluciones agraviantes al personal, tal como ha sucedido en la especie, en que el recurrente apeló de la decisión de la Junta Calificadora ante la Junta de Apelaciones;

Octavo: Que, por consiguiente, no cabe sino concluir que la recurrida ha obrado en el ámbito de su potestad disciplinaria y calificatoria, regulada en la normativa reglamentaria antes citada. A la conclusión anterior se arriba si se tiene, además en cuenta, que según lo expone la informante, para resolver en la forma como lo ha hecho la Junta de Apelaciones, ésta ha tenido en consideración no sólo los antecedentes del sumario administrativo que ha conducido a la aplicación de una sanción al protegido y cuya pertinencia se cuestiona, sino también aquellos otros antecedentes que constan en relación con su conducta la última anualidad, como son la reprobación al Curso Oficial Graduado en Investigación Criminalística promoción 2015; la anotación que dice que “debe hacérsele hincapié en sus deberes como Subjefe, los cuales se encuentran establecidos en el artículo N° 13, capítulo N° 3, del Reglamento Interno de Brigadas de Investigación Criminal y Brigadas Especializadas". "...Debe procurar un manejo procedimental ante situaciones que eventualmente conllevan quejas formales por parte de particulares"; y la circunstancia de haberse constatado, en el período en que el funcionario se encontraba haciendo uso de feriado legal, que existían decretos sin endosar desde antes del inicio de su feriado, por lo que se le insta a efectuar un mayor control de la distribución oportuna de los endosos en su calidad de jefe operativo, a fin de no perjudicar la carga laboral de los funcionarios.

Así, aun cuando se sustrajera la aplicación de la medida disciplinaria aplicada –y aun no afinada– dentro de los fundamentos que sirvieron de sustento a la determinación que se reprocha, resulta que han existido otros elementos que se han considerado también al decidir la evaluación que le fuera finalmente impuesta al recurrente.

De suerte que en la especie no puede estimarse que haya existido la ilegalidad que se denuncia;

Noveno: Que, descartada que ha sido la ilegalidad del acto, procede analizar la arbitrariedad que se ha criticado. Al respecto, no es posible calificar la decisión por la cual se determinó el rechazo del recurso de apelación formulado por el actor de arbitraria o carente de razón y/o de sentido, si es que ella se adoptó sobre la base de antecedentes que eran conocidos y aceptados por el recurrente. Ciertamente, no aparece que en la situación que se examina haya mediado un proceder arbitrario, entendido éste como aquel “contrario a la justicia, la razón o las leyes, y dictado por la sola voluntad o capricho”. (Corte Suprema, rol Nº 862-2000, de fecha 21 de junio de 2001. Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo 98, sección 5ª, páginas 105 y ss.). Mucho menos aparece constatada una discriminación arbitraria, vale decir, una “distinción o diferenciación realizada por el legislador o cualquier autoridad pública que aparece como contraria a la ética elemental o a un proceso normal de análisis intelectual; en otros términos, que no tenga justificación racional o razonable, lo que equivale a decir que el legislador no puede, por ejemplo, dictar una ley que imponga distintos requisitos u obligaciones a personas distintas en iguales circunstancias.” Debe tenerse en cuenta que la Constitución acepta discriminaciones “cuando ellas obedecen a la salvaguarda o protección de bienes jurídicos superiores.” (Corte Suprema, rol Nº 16.227, con fecha 12 de julio de 1991. Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo 88, sección 5ª, páginas 179 y siguientes;

Décimo: Que, no puede dejar de apuntarse que para que pudiese alegarse la existencia de una discriminación arbitraria en el trato que se le ha dado al Sr. nombre reservado debió la parte recurrente acreditar que su situación es, en lo que corresponde, idéntica a la de otro que, pese a encontrarse en esa misma situación, recibió un trato diferenciado que lo perjudica, lo cual no se ha invocado y mucho menos justificado en el caso sub judice. Por consiguiente, no puede concluirse la ausencia de la necesaria racionalidad en el proceder de la parte recurrida. Desde que, según se ha dicho, no se advierte una manifestación del simple capricho del agente, que es lo que precisamente identifica el requisito en examen. Por el contrario, se constata que la decisión que se objeta encuentra como sustento los criterios de análisis, y valoración previamente dispuestos, aun cuando la decisión final no sea compartida por el que acciona.

Por consiguiente, no se ha acreditado en estos autos la existencia de un acto que pueda ser tachado como ilegal o arbitrario por parte de la recurrida para este caso en particular, toda vez que aquella ha obrado dentro del ejercicio de las potestades que el legislador le ha conferido;

Undécimo: Que, en atención a lo hasta aquí razonado y, por haberse constatado en el presente caso la inexistencia del elemento esencial para la procedencia de un recurso de protección, esto es, un acto o una omisión ilegal o arbitraria, resulta innecesario analizar la presunta violación de las garantías constitucionales denunciadas.

Duodécimo: Que todo lo expuesto con antelación conduce naturalmente a desestimar el arbitrio intentado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas el intentado en lo principal de fojas 38 por don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Srta. Romy Grace Rutherford Parentti.

Protección Rol N° 120018-2016.

Pronunciada por la Sexta Sala, integrada por los Ministros señora nombre reservado, señorita Romy Grace Rutherford Parentti y el Abogado Integrante señor Mauricio Decap Fernandez.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, catorce de febrero de dos mil diecisiete, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.