nombre reservado con LICEO POLITECNICO PARTICULAR PAULINA VON MALLINCKRODT Y OTRA

Santiago, veinte de enero de dos mil diecisiete.

Vistos y Teniendo presente:

1°) Que, a fojas 08, comparece doña nombre reservado, actuando en representación legal de su hija menor de edad, nombre reservado, de actuales 16 años, ambas domiciliadas en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra del Liceo Politécnico Particular Paulina Von Mallinnckrodt, y de su Directora, doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, fundado en las acciones ilegales y arbitrarias que expone, las que vulnerarían de manera continua los derechos y libertades fundamentales que la Constitución Política de la República reconoce a todos los habitantes del territorio en el artículo 19 N° 3 y 24.

Expone que, con fecha 19 de octubre de 2016, recibió una carta de notificación, comunicándole que la apelación presentada al Liceo Politécnico Particular Paulina Von Mallinckrodt, por la cancelación de matrícula de su hija, había sido rechazada por la dirección del colegio y por el consejo de profesores del mismo, explicitando que ésta se hace efectiva para el año 2017, mencionando sólo el reglamento de convivencia interno del establecimiento, sin hacer mención a la real causa de la cancelación de la matrícula, y sin antecedentes que puedan justificarla de forma clara, dejando dudas sobre la transparencia del proceso.

Agrega que la suscrita agotó las instancias internas del establecimiento, al hacer uso del derecho a apelación que confiere el artículo 20 del Manual de Convivencia Escolar del Liceo ya mencionado, que establece que este derecho puede impetrarse siempre que: a) se realice en un plazo de 15 días hábiles; b) por escrito; y, c) dirigida a la dirección del establecimiento, requisitos en su concepto satisfechos a cabalidad, no habiendo recibido respuesta satisfactoria por la real causa de la cancelación de matrícula por parte de la Dirección del establecimiento, por lo que decide recurrir de protección.

Sostiene que la sanción impuesta por la recurrida constituye una actuación arbitraria, por ser ésta contraria a la razón, y ser fruto de una voluntad carente de fundamento racional, obedeciendo, en definitiva, a caprichos, en que se ha hecho uso abusivo de la autoridad escolar, distorsionando la validez de la sanción, además de perjudicar gravemente a su hija nombre reservado, porque a estas alturas del año, encontrar un colegio con las características de impartir la carrera de Contabilidad, donde los procesos se encuentran ya cerrados, y más aún para 4° año de educación media, resulta casi imposible.

Afirma que se ha vulnerado el Manual de Convivencia Escolar, que en su artículo 18.2, en el apartado de “Procedimientos a faltas graves”, señala que “Frente a una falta de este tipo la alumna recibirá una amonestación por escrito y aplicación de medida pedagógica y/o formativa”, trabajo que no se realizó, por lo que hay una seria omisión procedimental, que atenta, nuevamente, contra la garantía del debido proceso, y al derecho a ser oído.

Alega, además, que la expulsión de la afectada ha vulnerado el artículo 19 N° 24, inciso primero, de la Constitución Política de la República, que garantiza “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales”, norma que establece un único estatuto para ambas clases de bienes, corporales e incorporales, tal y como los define el artículo 583 del Código Civil, de acuerdo a los cuales los derechos de los estudiantes son bienes incorporales.

Solicita se acoja la presente acción cautelar y se declare que los actos de la recurrida son arbitrarios e ilegales, que afectan las garantías constitucionales ya mencionadas, y, en consecuencia, se ordene cesar la medida de cancelación de matrícula de su hija Montserrat, permitiendo que ésta pueda ser matriculada para su último año de educación media, y se instruya a la recurrida en orden a que sus facultades disciplinarias no pueden ser ejercidas en términos que vulneren las garantías constitucionales de los alumnos del colegio, imponiendo sanciones ilegales y arbitrarias, reestableciendo de esta forma el imperio del derecho.

2°) Que, evacuando informe, a fojas 27, doña nombre reservado, Directora del Liceo Politécnico Paulina Von Mallinckrodt, de la comuna de Providencia, Santiago, señala que la medida de cancelación de matrícula y no renovación del contrato de prestación de servicios educacionales para el año 2017 de la alumna nombre reservado se ajusta a proceso, según la normativa del Establecimiento Educacional, y se fundamenta en el incumplimiento de las Normas de Convivencia que rigen al Liceo, a la falta de adhesión al Proyecto Educativo Institucional, y al incumplimiento por parte de la alumna y su apoderada a los compromisos adquiridos para favorecer el cambio conductual.

Expone que, el año 2015, la alumna termina su año escolar con una condicionalidad, producto de acusación de bulling a una compañera de su curso, grave acusación frente a la cual la encargada de normas de convivencia, señora nombre reservado, procede a investigar, comprobando que la señorita nombre reservado sí realizaba maltrato a su compañera, tratándola de “chancha”, “pelota”, “foca”, etcétera; que, una vez que se lleva a cabo la investigación por parte de la encargada de normas de convivencia, la que acredita el bulling a su compañera, se cita al apoderado para informar los resultados de ésta, y la medida a tomar, dándole una oportunidad para el año 2016, y entendiendo que una cancelación de matrícula era perjudicial para la alumna, ya que estaba terminando el año lectivo, se decide que permanezca en el liceo, en calidad de alumna condicional, es decir, asumiendo compromisos de mejorar su conducta, ausencia de faltas graves, y debiendo iniciar terapia psicológica en el verano, para controlar la frustración y agresividad, y presentar el informe psicológico al inicio del año escolar.

Indica que, al iniciar el año 2016, el apoderado es citado en dos oportunidades por la orientadora, para iniciar el proceso de apoyo y seguimiento a nombre reservado, y verificar que el acuerdo pactado con la madre y apoderado en diciembre de 2015 se había ejecutado, pero la madre no asiste, siendo nuevamente citada por la Coordinadora de Convivencia, y tampoco se presenta ni justifica el motivo de su ausencia. Posteriormente el día 04 de abril, la apoderada se presenta a entrevista con la Coordinadora, manifestando que extravió la derivación entregada por orientación, y que nombre reservado no quiere hacer el tratamiento, entregándose nueva derivación, y dejándose claro que no se cumplió con el compromiso de hacer el tratamiento en verano.

Así, el día 17 de mayo se realiza entrevista a la alumna y la madre, producto de la falta de respeto de nombre reservado hacia el profesor Ronald Araujo, entrevista en que se solicita a nombre reservado, delante de su madre, reflexionar sobre su actuar y la falta de respeto cometida (medida pedagógica), haciéndosele ver que este valor es fundamental para el proyecto educativo y para la buena convivencia de la comunidad, siendo la alumna es suspendida por un día, y se le indica que, al regreso, debe completar pauta de reflexión, no habiendo realizado, hasta esa fecha, tratamiento psicológico; que, el 22 de junio, nuevamente la Coordinadora de Convivencia cita a la apoderado, para ver el avance del tratamiento psicológico, pero la apoderada no se presenta, siendo citada por el profesor jefe para el día 24 de junio, fecha en la que tampoco se presenta ni justifica insistencia; que, el día 21 de septiembre, se conversa con la madre vía telefónica, informando situación acontecida ese día, ya que la alumna ingresa al colegio sin justificativo, a la 11:30 horas, lo que da cuenta que el Liceo busca los medios para comunicarse con el apoderado y mantenerlo informado e, incluso, se ha debido usar el sistema de carta certificada; que, debido a que, a esa fecha, no había llegado información de tratamiento psicológico por parte de la alumna, se cita nuevamente a la apoderada, vía telefónica, para el día 28 de septiembre, día en que ésta tampoco se presenta ni se justifica; se le trata de ubicar vía telefónica, y no contesta.

Con fecha 03 de octubre, se reitera citación ya que el día 04 del mismo mes estaba programado el Consejo de Profesores, donde se vería la situación de la alumna, al igual que la de otras alumnas del establecimiento, pero la madre de nombre reservado no concurrió ni justificó, dejándose constancia que la madre no muestra interés en la situación de su hija y, con sus reiteradas ausencias a las citaciones, no presta apoyo al liceo para que en conjunto, puedan sacar adelante a nombre reservado, quien, a esa altura del año, también presenta problemas de asistencia.

Así el día 04 de octubre, el Consejo de Profesores, en pleno, determina la cancelación de matrícula, informada el día 05 de octubre a la señora nombre reservado, madre de la alumna, por la directora del liceo, doña nombre reservado, y la Encargada de Normas de Convivencia Escolar, doña nombre reservado.

Posteriormente el día 18 de octubre, es convocado el Consejo de Profesores de curso, más la orientadora, la inspectora de nivel, la encargada de normas de convivencia, y la directora, para revisar la apelación de la alumna, y tomar la decisión final, la que finalmente, le fue notificada el 19 de octubre, por el profesor jefe y la encargada de normas de convivencia, al apoderado la decisión del Consejo de Profesores del curso, quienes ratifican la medida de cancelación de matrícula para el año 2017.

Que, en relación a las medidas formativas o pedagógicas adoptadas por el establecimiento para lograr un cambio a la conducta de la estudiante, refiere entrevista de la alumna con el profesor jefe, señor nombre reservado, con el objeto de conocerla, interiorizarse de situación, poder apoyarla y monitorear su conducta; entrevista con orientadora del Liceo, señora nombre reservado, quien desde el año 2015 (noviembre) ha derivado a la alumna al psicólogo, con carta desde el establecimiento, con el fin de que este profesional de las pautas para apoyar su proceso de cambio de actitud, atención que no se lleva a efecto por falta de compromiso de familia y alumna; entrevista y monitoreo con encargada de normas de convivencia, para ayudarla a reflexionar acerca de su comportamiento, incluso ante un acontecimiento con el profesor Ronald Araujo, debió ser suspendida para que reflexionara y asumiera compromiso de reparación, que la alumna no cumplió.

Expone que el cuerpo docente ha tenido la capacidad de atender los requerimientos de nombre reservado, a pesar de su actitud agresiva y confrontacional en clases, lo que, en muchas ocasiones, como lo manifestaron los docentes, generaba un ambiente tenso y no propicio para la buena convivencia y el aprendizaje; derivación al centro de salud “Cristo Vive”, por segunda vez; trabajo de análisis de normas de convivencia durante el año, ya sea con las alumnas o los apoderados, en reuniones de padres y apoderados, dejando como indicación que la madre de la alumna, señora nombre reservado no asiste a ninguna reunión de microcentro para analizar rendimiento, conducta y asistencia, reuniones que se realizan mes por medio, no justificando dicha ausencia ni antes ni después de las reuniones, por lo que el compromiso de ella por saber y conocer la situación escolar de su hija no se aprecia, asistiendo sólo a la última de tales reuniones, en el mes de noviembre, según consta del libro de clases.

Que, en cuanto al procedimiento racional y justo, señala que el día 05 de octubre, cuando se le notifica la cancelación de matrícula, con la directora presente, la señora nombre reservado hace sus descargos en forma verbal, indicando, por ejemplo, que los profesores “le tienen mala” a su hija, que por qué se le cancela la matrícula a su hija y no a otras alumnas, que no la llevó al psicólogo porque se demoraban mucho en darle hora, y que si bien en ese momento estaba asistiendo, no quiere seguir; se le indica a la apoderada su derecho a apelar a fin de que se reconsidere la medida, a través de una carta donde presente sus descargos y argumentos al Consejo de Profesores del curso, la que se recepciona el día 12 de octubre, y se le da curso para convocar a Consejo de Profesores, el que tiene lugar el día 18 de octubre, los que, junto a la Directora, escuchan la lectura de la carta de apelación, expresan opiniones, y resuelven mantener la cancelación de matrícula para el año 2017, informándose a la apoderada de la alumna, a través de entrevista personal y por escrito, el día 19 de octubre la resolución adoptada por el Consejo de Profesores.

Agrega que, el día 20 de octubre se procedió a enviar informe a la Superintendencia de Educación, sobre la cancelación de matrícula de la alumna, el que no fue recibido, por estar en paro de funcionarios; que, con fecha 25 de octubre, ingresa a la oficina de partes de la Unidad Regional de Resguardo y Promoción de Derechos, el Oficio N° 35/2016, que informa la no renovación de matrícula para el año 2017 a la alumna antes mencionada, y con fecha 25 de noviembre, se envía a la Superintendencia, ingresando a la oficina de partes documento que interpone recurso Art. 59 Ley 19.880, del que aún no se tiene respuesta.

Añade que, luego de la notificación de la cancelación de la matrícula a la apoderada, la alumna ha cometido dos faltas graves más, la primera no entregar una prueba de lenguaje en el tiempo indicado para dicha actividad, sino que a las horas después y, además, usurpar el nombre de una compañera para no registrar otro atraso (falta gravísima).

Solicita se tenga por evacuado el informe, y se resuelva el más completo rechazo del recurso interpuesto, con costas de la causa.

3°) Que, como cuestión previa, ha de dejarse sentado que para que proceda el recurso de protección, es menester que se hayan realizado actos o incurrido en omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de un derecho indubitado del reclamante que se encuentra garantizado y amparado por el texto constitucional.

4º) Que, la recurrente ha reclamado se le han vulnerado sus derechos al debido proceso legal, y el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, consagrados en los numerales 3° y 24°, del artículo N° 19 de la Carta fundamental, respectivamente, al estimar haber sido víctima de una medida exagerada, y carente de fundamento como lo fue la cancelación de la matrícula de su hija menor, nombre reservado, vulnerando además el Manual de Convivencia Escolar, en lo que al procedimiento de Faltas Graves se refiere, al haberse omitido las medidas de amonestación por escrito y la aplicación de alguna medida pedagógica y/o formativa, y el derecho de la menor en su calidad de estudiante, que califica bajo la forma de un bien incorporal.

5°) Que, con la documentación acompañada tanto por la recurrente de autos, a fojas 01 y siguientes, así como por la recurrida, según consta en custodia N° 454-16, ha quedado establecido que por decisión del Consejo de Profesores del Liceo Politécnico Particular Paulina Von Mallinckrodt, llevado a cabo con fecha 04 de octubre de 2016, se resuelve la cancelación de la matrícula correspondiente a la alumna de dicho establecimiento educacional, doña nombre reservado, y consecuencialmente, la no renovación del contrato de prestación de servicios educacionales respectivo, para el período educacional 2017, la que le fuera notificada a la recurrente, con fecha 05 de octubre de 2016, apelada por ésta, y ratificada por el señalado Consejo de Profesores con fecha 18 de octubre del mismo año, centrándose entonces la controversia a dilucidar si aquel acto infringió el debido proceso, en cuanto a la falta de aplicación de la normativa educacional respectiva, y si éste carece de fundamento o razonabilidad.

6) Que, para dar respuesta a ello cabe señalar primeramente que la alumna, se encontraba sujeta, para el período escolar 2016, a una situación de condicionalidad, al haber ejercido durante el año 2015 acciones de violencia psicológica, denominadas bulling, en perjuicio de una de sus compañeras de curso, relacionadas con el exceso de peso de esta última, que denunciadas e investigadas por el establecimiento educacional, derivaron en la exigencia hacia la responsable y su apoderada, la recurrente de autos, de someter a la primera a un tratamiento psicológico que le permitiera superar las situaciones de frustración y agresividad que la aquejaban, tratamiento que debía iniciar durante el período de vacaciones del año 2016.

Que, en tal sentido, consta correo electrónico emanado del Centro de Salud Familiar “Cristo Vive”, fechado el día 28 de noviembre de 2016, que da cuenta que la alumna sólo se presentó a dicho centro de salud con fecha 03 de agosto de 2016, asignándosele hora de control para el día 24 de agosto del mismo año, a la que no acudió, sin registrar más atenciones.

Que, a lo anterior se agrega un nuevo evento de conflicto entre la alumna en comento y uno de sus profesores, individualizado como Ronald Araujo, que derivó en su suspensión, las reiteradas inasistencias de ésta a clases sin justificación alguna y, de la misma manera, las reiteradas citaciones efectuadas a la apoderada a objeto que asistiera al establecimiento educacional para analizar la situación de la menor, sin que aquella compareciera o justificare su inasistencia, situaciones todas consignadas en la hoja de vida perteneciente a la alumna, y en la abundante documentación acompañada por la recurrida, tales como actas y pautas de entrevistas con alumna y apoderado, copias de citaciones escritas efectuadas a la recurrente, y hojas de seguimiento a alumnas con condicionalidad extrema.

Que, en tal sentido, tanto la situación de condicionalidad de la menor, la necesidad de que ésta se sometiera a un tratamiento psicológico a objeto de adecuar su conducta, y los eventos que se le imputan como infraccionales, en calidad de faltas graves o gravísimas al Reglamento Interno y Normas de Convivencia del establecimiento educacional recurrido, debidamente descritos en éste como tales, se encontraron en perfecto y cabal conocimiento de la recurrente, como se aprecia del examen de la documentación acompañada, a la que se ha hecho referencia previamente, de modo que la alegación acerca de la inexistencia o ignorancia de la causa de la cancelación de la matrícula de la alumna aparece como improcedente. Menos aún se advierte una infracción a las normas del debido proceso, en tanto se ha acreditado a juicio de esta Corte que el establecimiento no sólo adoptó o intentó adoptar una serie de medidas pedagógicas y/o formativas, que no contaron con la colaboración de la recurrente, o bien fueron obviadas por ésta y por la menor de autos, sino que, además, de acuerdo a lo expuesto por la propia recurrente, ésta agotó todas las instancias internas del establecimiento, haciendo uso del derecho a apelación que le confería el Manuel de Convivencia Escolar del establecimiento educacional recurrido.

Así las cosas, por las razones antes expuestas, no aparece, a juicio de esta Corte, que lo obrado por el Liceo Politécnico Paulina Von Mallinckrodt atente contra los derechos que la recurrente afirma vulnerados, los que deben, además, tener el carácter de indubitados, lo que en el caso concreto no se advierte, como tampoco que la medida de cancelación de matrícula adoptada por aquel, pueda calificarse de exagerada, ilegal, arbitraria, contraria a la razón, abusiva y/o caprichosa, sino que se ajusta a la normativa aplicable en la especie, acorde a la situación conductual desarrollada por la menor entre los años 2015 y 2016, y con suficiente fundamento, razones todas que llevan a rechazar el presente recurso de protección.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso interpuesto en lo principal de fojas 08 por doña nombre reservado, en representación de su hija menor de edad, nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro señora Viviana Cecilia Toro Ojeda.

N°Protección-119.984-2016.

No firma la Abogado Integrante señora María Cecilia Ramírez Guzmán, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Alejandro Madrid Crohare e integrada por la Ministra señora Viviana Toro Ojeda y por la Abogado Integrante señora María Cecilia Ramírez Guzmán.