nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por el acto arbitrario e ilegal consistente en el descuento de un crédito social en sus remuneraciones, lo cual constituiría una infracción a sus garantías consagradas en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que en enero de 2017 suscribió un pagaré (N° 171000101474) a favor de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana por $2.914.685.-, que debía ser pagado en 60 cuotas mensuales de $80.080.-. El primer pago venció el 28 de febrero de 2017 y el último el 31 de enero de 2022. Se acordó que el retardo en el pago facultaría a la recurrente exigir la deuda completa, capitalizando intereses.

Refiere que autorizó descuentos por planilla de sus remuneraciones para pagar las cuotas y permitió que las indemnizaciones y finiquitos fueran utilizados para saldar la deuda. No obstante, desde 2018, debido a dificultades económicas y pérdida de empleo, entró en mora con varios acreedores, incluida La Caja la Araucana, a partir de la cuota número ocho.

En 2019, debido a la situación que atravesaba el país y al desempleo, su situación financiera empeoró, afectando su capacidad de pago. Intentó regularizar la situación a través de la repactación de la deuda con la recurrente, pero eso habría implicado altos intereses. La Caja de Compensación presentó una demanda ejecutiva en junio de 2019 por la deuda. Sin embargo, en agosto de 2020, el tribunal aceptó el abandono del procedimiento y archivó el caso.

A pesar de ello, a partir de abril de 2022, encontró empleo y esperaba recibir ingresos predecibles. Sin embargo, en agosto de 2022, se dio cuenta que se le estaban reteniendo $88.100.- de su salario como "Crédito Caja (CCAF)", lo cual se repitió en septiembre, resultando en un total de $176.200.- de descuento injustificado. Afirma que nunca fue informado previamente de esta retención.

Argumenta que el actuar de la recurrente es arbitrario, ilegal y abusivo al retener parte de su sueldo sin fundamento ni notificación, considerando que la Caja había abandonado su acción judicial por la deuda.

En virtud de lo anterior, solicita se acoja el recurso, y se ordene cesar todo tipo de retención o descuento en su remuneración; restituir los descuentos efectuados, así como también los que puedan llevar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción; y condenar en costas a la recurrida.

Segundo: Que, evacuando informe la recurrida, Caja de Compensación La Araucana, señala que en mayo de 2014 otorgó al Sr. nombre reservado un crédito social por $582.270.-, que fue repactado en varias ocasiones, generando montos mayores. En enero de 2017, se generó el crédito objeto del recurso, por $2.914.685.-, con 60 cuotas de $88.100.-. Tras pagar las primeras siete cuotas, entró en mora nuevamente, lo que llevó a la presentación de una demanda ejecutiva el 19 de junio de 2018. Esta demanda terminó debido al abandono del procedimiento el 4 de agosto de 2020.

Argumenta que el crédito sigue vigente y exigible, justificando el descuento. Señala que el recurrente busca obtener una sentencia a pesar de que la demanda ejecutiva previa concluyó por abandono del procedimiento.

Agrega que, dado que el crédito no ha prescrito ni se ha extinguido por medios legales, se informó la deuda al Sistema Intercajas, según lo contemplado en el artículo 22 de la Ley N°18.833. A pesar de que se ubicó al recurrente en agosto de 2022 y se han efectuado descuentos desde entonces, aún adeuda 43 de las 60 cuotas pactadas.

En relación a la obligación de realizar descuentos en el sueldo, esta se basa en el artículo 22 de la Ley N°18.833, que establece que las deudas de crédito social de un trabajador afiliado a una Caja de Compensación deben ser deducidas de su remuneración por el empleador, siguiendo las mismas normas que rigen para las cotizaciones previsionales. Además, el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N°91 de 1978 y el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322 establecen la obligación de los empleadores de deducir y remesar estos descuentos. Las facultades de las Cajas de Compensación para ordenar descuentos a los empleadores están respaldadas por el artículo 58 del Código del Trabajo, que establece la obligación del empleador de deducir impuestos y cotizaciones.

Destacar que para obtener un crédito social, el deudor firma un contrato de mutuo en el que se compromete a pagar a la Caja de Compensación el monto recibido en plazos acordados y cuotas establecidas. Además, se suscribe un pagaré a favor de la Caja para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Por lo tanto, el descuento actual en el salario del recurrente es legal, ya que el mero transcurso del tiempo no basta para detener los descuentos, sino que es necesario que los tribunales declaren prescritas las acciones derivadas del mutuo y del pagaré. Mientras esto no ocurra, la deuda sigue existiendo y siendo exigible.

La acción cautelar presentada por el recurrente no es la vía adecuada para solicitar el cese de los descuentos, especialmente considerando que el argumento del recurrente se basa en que el tribunal aceptó el abandono del procedimiento. Dicha resolución de abandono del procedimiento no extingue las acciones que se presentaron en el juicio, pero sí hace que el procedimiento se pierda sin posibilidad de continuar. Sin embargo, los actos y contratos que establezcan derechos perduran. Dado que no se ha declarado judicialmente la prescripción en este caso, la obligación de pago persiste y la Caja puede llevar a cabo los descuentos de acuerdo a la Ley N°18.833.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, resolver el conflicto planteado mediante este arbitrio importa determinar primero, la existencia del acto impugnado, esto es, el descuento de las cuotas de un préstamo social por parte de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana -a partir del mes de agosto de 2022- y, posteriormente, si aquella acción constituye, a esta fecha, un actuar ilegal y/o arbitrario de la recurrida y, por tanto, si ese proceder afectó o amenaza las garantías constitucionales invocadas.

Quinto: Que el actor solicitó tener a la vista los autos Rol C-18576-2018 seguidos ante el 11° Juzgado Civil de Santiago, de los que se advierte que la recurrida inició el 19 de junio de 2018, un juicio ejecutivo fundado en el pagaré suscrito con fecha 31 de enero de 2017, por la suma de $2.914.685, mismo instrumento que la recurrida acompañó a su informe.

Además, consta en dicho juicio se declaró el abandono del procedimiento, mediante sentencia firme de 4 de agosto de 2020, cuestión que fue reconocida por la recurrida.

Sexto: Que no se discute que la Caja recurrida al amparo de la Ley 18.833, que “Establece un nuevo estatuto general para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.)”, puede perseguir judicialmente el cobro de sus acreencias, lo que efectivamente así acontece en el caso de marras, sin embargo, el mismo crédito, está siendo descontado de las remuneraciones de la actora, mediante cuotas mensuales, por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, hecho que deviene en arbitrario, pues al amparo del artículo 22 de la Ley N° 18.833, Caja La Araucana intenta revivir una facultad que le permite cobrar en forma oportuna los créditos sociales, pero años después de la mora, sin que se realizara en dicho lapso alguna gestión judicial tendiente al cobro de la deuda.

Séptimo: Que la conducta de la Caja recurrida constituye un acto arbitrario, que vulnera la garantía constitucional del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, desde que se priva a la actora de una parte de sus remuneraciones, al retenérsele indebidamente parte de sus emolumentos, atendido que la recurrida activó también una tutela jurisdiccional para obtener el pago de la deuda, la que finalmente terminó por abandono del procedimiento.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de Constitución Política de la República y en el auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se decide que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, la que procederá a la devolución de todas las sumas descontadas al recurrente desde el mes de agosto de 2022, que le fueron remesadas y que sean consecuencia del crédito social materia de esta causa.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-119793-2022.

En Santiago, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.