nombre reservado con DIRECCION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de abril de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece doña KARLA VELÁSQUEZ GUZMÁN, abogada, e interpone recurso de protección a su favor, y en contra del SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL (nombre reservado), servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, representado legalmente por su Directora Nacional, doña NÉLIDA BERNARDITA POZO KUDO, con relación a la RESOLUCIÓN EXENTA Nº 287, del 29.02.2024, en -adelante indistintamente “el acto impugnado” o “la resolución impugnada”-, cuyo Registro ante la Contraloría General de la República le fue notificado por la recurrida con fecha 02.04.2024. Refiere que el acto impugnado, que aprueba el resultado del sumario administrativo instruido en su contra, es arbitrario, pues, en síntesis, obviando el contenido del expediente administrativo, la Vista Fiscal, la resolución que aprueba la Vista Fiscal y la que resuelve el recurso de reposición por su parte interpuesto, es redactado en términos tales que, mancillando su honra, la sindica como culpable de acoso y maltrato laboral, siendo que ello no es efectivo, ya que, ciertamente, las denuncias interpuestas en su contra por tales motivos fueron desestimadas y sólo se le sancionó por faltas administrativas menores que el Sr. Fiscal habría “encontrado” en el curso de su investigación, la que, por cierto, dio cuenta de faltas graves incurridas por otros funcionarios, respecto de las cuales nada se dice, ni nada se hace.

Asevera que las denuncias interpuestas en su contra por parte de los abogados bajo su subordinación resultaron ser total y completamente falsas e infundadas -según probó en sede administrativa- y, asimismo, lo alegó en sede laboral, donde mostró fundadamente que aquéllas denuncias correspondían a acciones de acoso laboral en su contra, para sacarla subrepticiamente del puesto de Encargada del Área Jurídica de la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales (ST-CMN) que a la sazón ejercía, en circunstancias que, las sanciones que son efectivamente aplicadas en la resolución impugnada, corresponden a faltas administrativas irrisorias que resultan ser lo único que pudieron “encontrar” para justificar un sumario administrativo repleto de irregularidades, excesiva e injustificadamente extenso. Agrega que además, el referido sumario administrativo, da cuenta de una serie de faltas administrativas graves que, incluso, en un caso llega a tener caracteres de delito, incurridas por otros funcionarios de la ST-CMN, entre los cuales se encuentran los mismos funcionarios que la denunciaron, y la resolución impugnada nada dice al respecto, por lo que no ordena abrir sumarios administrativos ni ejercer otras acciones legales.

Expresa que se le ha generado perturbación a los derechos y garantías constitucionales asegurados en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Hace una pormenorizada relación de los hechos, destacando:

1.- El día 01.02.2016, ingresó a prestar servicios para el CMN, en su Área Jurídica, como abogada colaboradora. En ese entonces el Área Jurídica estaba integrada por 4 abogados, los cuales atendían los requerimientos de todo el país, y además se contaba con una profesional especializada para atender requerimientos relacionados con el Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC).

2.- Posteriormente, el 01.10.2018, al quedarse sola en el Área debido al traslado de los otros 2 profesionales que laboraban en el Área, a otras Unidades del nombre reservado, y atendido su buen desempeño en el Servicio, asumió el cargo de Encargada del Área Jurídica de la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales (ST-CMN). Logró conformar un equipo básico de 7 trabajadores en total, y de carácter multidisciplinario (3 abogados, 2 historiadores y 1 periodista), pudiendo concebir misión y visión, pues organizarían la información del Área con criterios archivísticos para permitir el estudio sistemático de la rama del Derecho del Patrimonio Cultural Material y el Natural alojada en el CMN, institución que cuenta con el mayor acervo en esta materia por ser el organismo técnico encargado de la tuición y protección de los Monumentos Nacionales. A pesar de las dificultades, gracias a su empeño logró concebir un organigrama, perfiles de cargos y flujos adecuados para atender eficaz y eficientemente la alta carga y complejidad de las solicitudes que provenían de todo Chile, y a la par, dar respuesta a las exigencias propias del Área, especialmente la defensa institucional en casos complejos. Todo ello siempre con excelencia, al punto de incluso ser felicitados por la mejora ostensible en la prestación de sus servicios como Área.

3.- En el mes de septiembre del año 2019 comenzó a vivir y sufrir una situación laboral extraordinariamente compleja en su rol de Encargada del Área Jurídica de la ST-CMN, derivada de constantes faltas por parte de los abogados a su cargo, exacerbadas tras el estallido social de la época, frente a la cual su superior jerárquico, Sr. nombre reservado, Secretario Técnico del CMN, no adoptó medidas tendientes a superar las dificultades, no obstante ser ella una funcionaria de carrera impecable y haberle ofrecido trasladarle a otras funciones dentro del nombre reservado, ante lo mal que lo estaba pasando. Dicha situación se vio ostensiblemente acrecentada como consecuencia de un sumario administrativo, ordenado instruir por medio de la Resolución Exenta N° 2247, de fecha 06.12.2019, del nombre reservado, en el que fue inmediatamente suspendida de sus funciones, con el mérito de una sola denuncia y sin que antes se efectuara cualquier tipo de diligencia de investigación, para, acto seguido, su jefatura dejar a su denunciante, Srta. Fernanda Lathrop Valenzuela, ejerciendo su cargo, razones todas por las que interpuso una Denuncia Individual de Enfermedad Profesional (DIEP) Nº 5580855 ante el Instituto de Seguridad Laboral (ISL). Al respecto, su caso tuvo una primera arista judicial a través del Ingreso Corte Nº 87.313-2020, en que fue interpuesto un recurso de protección a su favor y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), el que fue acogido en fallo de fecha 27.07.2021, confirmado por la Excma. Corte Suprema.

4.- En el marco del referido sumario y tras 1 año 3 meses desde iniciado el procedimiento, mediando más de 7 meses de inactividad a pesar de la petición reiterada de curso progresivo, fueron formulados los cargos con fecha 10.03.2021, basados en una profusa cantidad de hechos denunciados y que en caso alguno consideraban la contundente prueba por ella aportada. Presentaron los Descargos con fecha 24.03.2021, argumentando y probando con el mérito del expediente que existía un claro propósito de sacarla de su puesto, y que la presentación de las denuncias contaba con el apoyo del Subsecretario del Patrimonio Cultural y Presidente del CMN de la época, Sr. Emilio de la Cerda Errázuriz. Así también logró desvirtuar todos y cada uno de los cargos, con argumentos de forma y fondo, basados en prueba que, incluso, fue aportada por los propios denunciantes.

5.- Encontrándose corriendo el término probatorio que fue abierto en función de sus Descargos, con fecha 13.04.2021, el Sr. Fiscal del sumario administrativo, Sr. Emmanuel Henríquez Carrasco, resolvió dejar sin efecto la suspensión de sus labores, que desde el día 10.12.2019 había pesado en su contra, con el propósito de dar cumplimiento inmediato a la Resolución Exenta RA N° 122512/231/2021, de fecha 09.04.2021, del Director Nacional del nombre reservado de la época, Sr. Carlos Maillet Aránguiz, que resuelve designarla en Comisión de Servicios, para que realizara labores profesionales en el Área Internacional de la Dirección Nacional del nombre reservado, a contar desde el 15.04.2021.

6.- Se refiere a una concertación entre el Director Nacional y el Sr. Fiscal del sumario para aplicarle una sanción encubierta y por fuera del sumario administrativo, en la figura de una comisión de servicios, el 11.05.2021 fue presentado un segundo Recurso de Protección a su favor, Ingreso Corte Nº 12.392-2021 de esta Corte de Apelaciones, caratulado “nombre reservado con nombre reservado”, gracias al cual no fue renovada la comisión de servicios ni decretada ninguna otra medida, por lo que dicha acción fue desistida antes de la vista de la causa. Indica que por motivos de salud no pudo dar cumplimiento a la designación planteada. Por lo demás, en el contexto de esa acción constitucional tomó conocimiento que, no obstante estar vigente la comisión de servicios, y ella con licencia médica, el día 23.06.2021 asumió el puesto para el cual ella había sido designada hasta el 14.07.2021, “una profesional idónea para asumir el desafío”, que es licenciada en Historia, y no abogada, por tanto, claramente no se trataba de su perfil profesional, tanto más cuanto si el mismo cargo antes lo servía una Historiadora del Arte.

7.- Con fecha 27.07.2021 el Sr. Fiscal procedió a evacuar su Vista Fiscal y si bien aquél descartó que ella hubiere realizado actos de maltrato y acoso laboral por los cuales fue injustamente acusada, sí pedía sancionarla por nimiedades administrativas para así justificar el retraso en el proceso y, a pesar de que no era de su competencia, sugería que fuera trasladada de puesto de trabajo.

8.- Al no mediar un pronunciamiento por parte del Director Nacional del nombre reservado por más de 7 meses respecto de la Vista Fiscal, y manteniéndose con ello los cuestionamientos graves en su contra, el 01.03.2022 interpuso denuncia de tutela laboral ante el 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, bajo el RIT T-340-2022, por acoso laboral. En dicha sede, el 05.10.2022, se llegó a una conciliación en la que se le pagó para renunciar a su cargo, obligándose el nombre reservado a extender una carta de recomendación laboral y comprometiéndose a gestionar el término del sumario a la brevedad, dentro de sus facultades.

9.- Sin embargo, el tiempo pasó sin que existiera un pronunciamiento sobre el sumario administrativo, por lo que debió pedir cuenta en sede laboral sobre el cumplimiento de la conciliación, y fue sólo más de un año después de la conciliación, el 12.10.2022 que, mediante la Resolución Exenta Nº 1484, del nombre reservado, el Director Nacional Subrogante de esa época, Sr. Roberto Concha Mathiesen, se pronunció sobre la Vista Fiscal del 27.07.2021 -esto es, más de 2 años después de que la Vista Fiscal había sido emitida-. La referida resolución, rechazando el informe fiscal por falta de coherencia entre la formulación de cargos y la sanción sugerida aplicar, devolvió el expediente y retrotrajo el proceso a la etapa inmediatamente anterior a la emisión de la Vista Fiscal. Luego, casi un nuevo año más tarde, el 13.07.2023, el mismo Sr. Fiscal que había sugerido su traslado -siendo que no era de su competencia-, procedió a emitir una nueva Vista Fiscal, y si bien nuevamente no logró configurar faltas con relación a las graves denuncias de las que fue objeto, tras una lata exposición de hechos y citas antojadizas donde no pondera objetiva ni totalmente tanto la prueba de autos como las atenuantes de responsabilidad esgrimidas, sugiere sancionarla, por no realizar mis “labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución”, y por no desempeñar su función de autoridad “con ecuanimidad y de acuerdo a instrucciones claras y objetivas de general aplicación, velando permanentemente para que las condiciones de trabajo permitan una actuación eficiente de los funcionarios”. Y todo ello porque en concreto ella habría incurrido en las siguientes faltas: i) No haber denunciado a la abogada Srta. Fernanda Lathrop Valenzuela (su denunciante por acoso laboral y quien se quedó con su puesto tras su denuncia), tanto por haber sacado y utilizado sin autorización material institucional del CMN y por ella elaborado, consistente en un PowerPoint sobre la Ley de Monumentos Nacionales, como por haber difundido información reservada y confidencial del CMN, todo ello en una clase del Magíster de Gestión Cultural impartido por la Universidad de Chile, para lo cual se presentó como abogada especializada en Patrimonio Cultural y Natural, cuando aún no cumplía 4 meses de trabajo en la ST-CMN. Ello por considerar el Sr. Fiscal gravísima la falta incurrida por la Srta. nombre reservado; ii) No haber informado a los abogados denunciantes, Srta. Fernanda Lathrop Valenzuela, Srta. Isabel Barrios Ahumada, y Sr. nombre reservado, las reglas administrativas mínimas a nivel general para solicitar días administrativos y permisos en general; iii) Haber comunicado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que la exfuncionaria del Área Jurídica de la Secretaria Técnica del CMN, abogada Srta. Javiera Paz Álvarez Ainzúa, había dejado de desempeñarse en la ST-CMN, en los siguientes términos “Gracias a Dios, nombre reservado ya no trabaja en el CMN. Tanto este, como muchos otros requerimientos, dejó sin siquiera gestionar”. iv) Y en consecuencia, al no haber resuelto de manera definitiva los hechos acaecidos con la Srta. Fernanda Lathrop Valenzuela, y luego con los restantes denunciantes, Srta. Isabel Barrios Ahumada, y Sr. nombre reservado, aun cuando tales hechos constituyeron faltas a la probidad de parte de los abogados, la responsabilizan por la hostilidad, desconfianza e incertidumbre al interior del equipo.

10.- Por medio de la Resolución Exenta N° 1348 de 13.09.2023, notificada el 03.10.2023, la recurrida aprobó la propuesta fiscal, y descartando la existencia de todo acto de acoso y maltrato por los cuales se instruyó el sumario en su contra (motivo 11º), se procedió a sancionarla, por (motivo 12º): a) No haber denunciado a la abogada Srta. Fernanda Lathrop Valenzuela; b) No haber informado las reglas administrativas mínimas a nivel general para solicitar días administrativos y permisos en general; c) Haber ejercido su facultad de corregir y enseñar a sus subordinados representando y considerando en distintas oportunidades que éstos no cuentan con la suficiente experiencia laboral y técnica, para trabajar y ejercer sus funciones en el Área Jurídica de la ST-CMN, cuestionando incluso su profesionalismo, y que informar a terceros actos o conductas de otros, mediante opiniones, constituye, a lo menos una falta y abuso de poder sobre ellos.

Dicha resolución ordena la aplicación de una multa del 20% de la remuneración mensual y anotación de demérito de 3 puntos en el factor de su calificación.

11.- Con fecha 11.10.2023 interpuso fundado recurso de reposición en contra de la referida Resolución Exenta N° 1348, explicando toda la situación vivida por ella y argumentando en contra de cada una de las supuestas faltas. En cuanto a la fundamentación de dicho recurso, en resumen, expone que si ella hubiera denunciado previamente a su denunciante -quien se quedó con su puesto gracias a su denuncia-, ahí sí que el nombre reservado habría tenido al menos un indicio desde donde construir antojadizamente la figura de acoso laboral y así haber logrado sacarla de su puesto con supuesta justificación. Es decir, si denunciaba la sancionaban por acoso laboral en contra de la abogada Srta. Fernanda Lathrop Valenzuela; y como no la denunció, se le sanciona igualmente, pero por infracción a sus deberes.

12.- Mediante Resolución Exenta N° 1892, de 20.11.2023, fue acogida parcialmente su reposición en lo relativo a no haber informado las reglas administrativas mínimas a nivel general para solicitar días administrativos y permisos en general, y sólo en cuanto rebaja la sanción aplicada por la de multa del 15% de la remuneración mensual, permaneciendo la anotación de demérito de 3 puntos.

13.- Respecto de dicha resolución, que ampara que sea sancionada por absurdos no obstante el despliegue profesional excepcional que realizó en su labor en medio de una situación increíblemente adversa, no hizo ninguna presentación, asumiendo que, al igual que mentes y personalidades brillantes y creativas de nuestro país, había recibido el “pago de Chile”.

14.- Sin embargo, el 29.02.2024 se le comunicó la Resolución Exenta Nº 287, de igual fecha, la que, aprobando el resultado del sumario y aplicando una medida disciplinaria, es redactada en términos tales que da la apariencia de que se le sanciona por ser culpable de acoso y maltrato laboral, siendo que en los hechos se le sanciona por faltas administrativas menores.

15.- Por medio de correo electrónico, el día 01.03.2024 hizo uso de su derecho de petición consagrado en el artículo 19 Nº 14 de nuestra Constitución Política de la República, solicitando la corrección de la referida resolución ya que, “de acuerdo a la investigación y la vista fiscal, quedó demostrado que jamás hubo maltrato ni acoso y sólo la están sancionando por nimiedades administrativas absurdas, que nada tienen que ver con maltrato o acoso laboral. Lean bien y corrijan la redacción”. No obstante ser evidente el error, el 04.03.2024, sin resolver su petición, el Encargado de Sumarios Administrativos de la División Jurídica del nombre reservado, Sr. nombre reservado, mediante correo electrónico le indica que “conforme al procedimiento administrativo y la ley 18.834, lo procedente en este caso es deducir un reclamo ante la Contraloría General de la República, cuyo fundamento y respaldo se encuentra en el artículo 160 del citado cuerpo normativo”.

16.- Sin haber hecho uso de la facultad oficiosa conferida por el artículo 62 de la Ley 19.880 sobre Bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, y así haber subsanado el evidente yerro, con fecha 02.04.2024, el mismo Sr. nombre reservado del nombre reservado, mediante correo electrónico le notificó el Registro llevado a cabo por la Contraloría General de la República (CGR), respecto de la referida Resolución Exenta N° 287, que corresponde al acto impugnado, perpetuando su arbitrariedad.

17.- Por lo demás, la referida resolución impugnada que, como se dijo, aprueba el resultado del sumario enderezado en su contra, omite todo pronunciamiento acerca de una serie de faltas administrativas graves que, incluso, en un caso llega a tener caracteres de delito, incurridas por otros funcionarios de la ST-CMN, las que detalla. Agrega que, habiéndose comprobado la falsedad de las denuncias graves interpuestas en su contra, cuyo propósito era sacarla del cargo que legítimamente ejercía, tal y como se expresó en el punto 2 de sus Descargos, que se lee en su página 4 y siguientes, tampoco se ordena la instrucción de sumario administrativo en contra de los denunciantes Srta. Fernanda Lathrop Valenzuela, Srta. Isabel Barrios Ahumada y Sr. nombre reservado.

18.- En cuanto a la arbitrariedad del acto impugnado, denuncia que el sumario incoado, tras bastantes irregularidades y drástica medida de suspensión nunca antes vista en el nombre reservado, sumado a un excesivo e injustificado plazo de tramitación, resultó por descartar la existencia de actos de acoso y maltrato que ella hubiere podido realizar y por los cuales fue injustamente denunciada, pero igualmente le reprocha faltas administrativas menores que habría constatado el Sr. Fiscal del sumario, en el curso de su investigación. Sin embargo -agrega-, en los términos en que se encuentra redactado el acto impugnado, resulta tener por finalidad el sancionarla por los actos de acoso y maltrato que fueron claramente descartados.

19.- La recurrida, en amplio antecedente de la situación de hostigamiento sufrido a consecuencia de las graves denuncias de las que fue objeto, las que gracias a su peculiar manejo terminaron por destruir su impecable carrera profesional en el CMN, insiste en mostrarla como culpable de hechos falsos e infundados, en circunstancias que lo efectivamente reprochado son hechos puntuales y de carácter administrativo menor, y por lo demás bastante cuestionables, aunque este recurso no va enderezado en contra de esa determinación, ya que ello no resulta ser más que “el pago de Chile”, ya recibido por muchas mentes brillantes y creativas de nuestro país, sino que se presenta en consideración a la apariencia que el acto administrativo logra dar, es decir, de la finalidad que logra alcanzar, que no se condice con los hechos que le motivan.

20.- En forma antojadiza y contumaz, la recurrida prefirió obviar la errónea redacción evidente cuya corrección solicitó, habiendo estado en sus manos ejercer sus facultades oficiosas a fin de subsanar su falta y emitir así un acto administrativo coherente con el contenido del sumario y sus actos procesales, y envió igualmente a registro de la CGR el acto administrativo viciado, permitiendo así perpetuar una arbitrariedad que daña su honra, la que decidió defender en todas las instancias posibles, sin dejarse amedrentar por quienes accionaron para destruir su carrera profesional y dignidad personal.

Posteriormente, indica y explica las garantías constitucionales afectadas, y en mérito de lo expuesto requiere acoger la acción impetrada en todas sus partes, con costas, ordenando las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar su debida protección, entre ellas, ordenar a la recurrida rectificar o dejar sin efecto la Resolución Exenta Nº 0287, del 29.02.2024, según esta Corte determine, para que la parte resolutiva del acto administrativo que en definitiva apruebe el resultado del sumario incoado en su contra y le aplique sanciones disciplinarias, que expresamente indique:

i) Que las denuncias interpuestas por los abogados Srta. Fernanda Lathrop Valenzuela, Srta. Isabel Barrios Ahumada y Sr. nombre reservado, fueron desestimadas por carecer de sustento;

ii) Que en el curso de la investigación fueron detectadas faltas administrativas por ella incurridas, refiriendo claramente en qué consisten, según puntos 9, 10 y 11 de su libelo;

iii) Que es a propósito de esas faltas administrativas que se le aplica la sanción ya determinada;

iv) Que, asimismo, en el curso de la investigación fueron detectadas faltas administrativas incurridas por los funcionarios Srta. Fernanda Lathrop Valenzuela, Srta. Isabel Barrios Ahumada, Sr. nombre reservado y Sr. nombre reservado refiriendo claramente en qué consisten, según el punto 18 de su libelo;

v) Que, a propósito de esas faltas administrativas, se ordene instruir los respectivos sumarios administrativos, y denunciar ante el Ministerio Público, las policías, o ante cualquier tribunal con competencia criminal, los hechos que revisten carácter de delito.

SEGUNDO: Que, don DIEGO MONTECINOS FERNÁNDEZ, abogado, en representación judicial de SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMIONIO CULTURAL, evacua informe y expresa que la Resolución Exenta N° 287, de 29 de febrero del año pasado, que es el acto impugnado, cuyo registro ante la Contraloría General de la República le fue notificado a la requirente, corresponde a un acto de término del proceso disciplinario que instruyó su representada a propósito de ciertas denuncias realizadas en contra de doña nombre reservado, por ciertos trabajadores del Consejo de Monumentos Nacionales. En dicha Resolución Exenta, se establece lo siguiente:

a. Mediante Resolución Exenta N° 2247/2019, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, instruyó un sumario administrativo con el propósito de esclarecer las conductas que podrían ser constitutivas de un eventual maltrato y/o acoso laboral, realizadas por la encargada del área jurídica de la Secretaria del Consejo de Monumentos Nacionales, doña KARLA VELASQUEZ GUZMÁN, en contra doña nombre reservado, doña nombre reservado y don nombre reservado, todos abogados de la misma Secretaría.

b. Que, por medio de la Resolución Exenta N° 1484 de fecha 12 de octubre del año 2022, de este Servicio, previo análisis de legalidad de la investigación de marras, se determinó ordenar la reapertura del sumario administrativo, manteniendo al fiscal substanciador, con el propósito de subsanar los vicios de procedimientos observados en el análisis ante dicho.

c. Que, una vez subsanadas las observaciones realizadas a la investigación y conforme a los antecedentes recopilados, las declaraciones depuestas en el proceso, los cargos y descargos formulados, así como la vista fiscal evacuada en el proceso de marras, se notificó a la exfuncionaria doña KARLA VELÁSQUEZ GUZMÁN, RUN N° RUT reservado, la Resolución Exenta N° 1348 de fecha 13 de septiembre del año 2023, de este Servicio, que aplicó una medida disciplinaria en su contra.

d. Que, por medio de la Resolución Exenta N° 1892 de fecha 20 de noviembre del año 2023, esa superioridad acogió parcialmente el recurso de reposición presentado por la exfuncionaria doña KARLA VELÁSQUEZ GUZMÁN, con fecha 11 de octubre del año 2023.

Adiciona que el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, al citar un determinado acto administrativo, en este caso, una resolución exenta, la singulariza mediante su número, fecha, y materia, por lo tanto, presume que el desconocimiento de la recurrente a este respecto, sería la razón que motiva su acción. En efecto, la singularización del acto se ha realizado de igual forma en todas y cada una de la Resoluciones Exentas vinculadas al Proceso Disciplinario, resoluciones que hacen alusión como mero formalismo al motivo principal por el cual se instruye el proceso disciplinario en cuestión, aun cuando, en lo considerativo de cada acto, se pueden apreciar los fundamentos, conclusiones, exclusiones, e incluso las absoluciones que proceden según sea el caso, que para este en concreto, se encuentran expresados en los diversos considerando de la Resolución Exenta N° 1348, de 13 de septiembre de 2023, la que fue debidamente puesta en conocimiento de doña nombre reservado, y en la cual se detallan latamente las conclusiones y proposiciones a las que llega tanto el fiscal como la Directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, indicando que la sanción impuesta y aplicada, dice relación con otras faltas administrativas advertidas distintas a las que motivaron originalmente el proceso, y que a la dictación de la resolución que origina la investigación sumaria, son las que deben señalarse como materia, y mantenerse como referencias cuando se individualizan los actos de manera posterior.

Sobre el particular, incorpora un extracto de lo considerativo de la referida Resolución Exenta, que es la que acoge la Vista Fiscal y aplica la Medida Disciplinaria por las responsabilidades administrativas que se indican allí, y que luego de notificada a la afectada, esta fue repuesta por la requirente de autos, reposición que fue acogida parcialmente por ese Servicio en un acto posterior:

a. Considerando 11) Que, conforme al mérito del proceso y las probanzas aportadas y allegadas al presente proceso disciplinario, la fiscalía pudo desvirtuar íntegramente el tercer cargo imputado a doña nombre reservado, esto es, “Haber infringido el articulo 84 literal m) del Decreto con Fuerza de Ley N°29 de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo. Esto es, “El funcionario estará afecto a las siguientes prohibiciones: m) Realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso segundo del artículo 2° del Código del Trabajo”. Por los siguientes argumentos: La fiscalía no pudo constatar fundamentos claros y precisos, ni el cumplimiento de los presupuestos legales requeridos que corroboraran la existencia de acoso laboral en contra de doña nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado y doña nombre reservado por parte de la inculpada de autos, toda vez que se trataron de circunstancias no sostenidas en el tiempo, atingentes a desempeños laborales deficientes, y conductas no apropiadas en el desempeño de sus funciones por parte de los denunciantes, y que tuvieron que ser representadas y corregidas por parte de la jefatura cuestionada.

b. Considerando 12) Que, la Fiscalía, en atención a las declaraciones contenidas en estos autos, y en virtud de los restantes antecedentes acompañados al proceso, determinó en su vista fiscal de fecha 28 de abril de 2023, mantener en todas sus partes el primer y segundo cargo imputado, esto es: “Haber infringido el articulo 61 literal c) del Decreto con Fuerza de Ley N°29 de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo. Esto es, “Serán obligaciones de cada funcionario: c) Realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución”; y “Haber infringido el articulo 64 literal c) del Decreto con Fuerza de Ley N°29 de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo. Esto es, “Serán obligaciones especiales de las autoridades y jefaturas las siguientes: c) Desempeñar sus funciones con ecuanimidad y de acuerdo a instrucciones claras y objetivas de general aplicación, velando permanentemente para que las condiciones de trabajo permitan una actuación eficiente de los funcionarios”.

c. Considerando 15) Que, esta superioridad, ha estimado necesario aceptar la propuesta del fiscal, en atención a que el ordenamiento jurídico reconoce a la Administración del Estado el poder para sancionar las conductas antijurídicas de sus funcionarios, de manera de hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria de estos por el incumplimiento de sus obligaciones o prohibiciones, potestad que configura una herramienta de protección tanto de la Administración como de los terceros que interactúan con ella, frente a las posibles irregularidades cometidas por sus funcionarios.

d. Considerando 16) Que los descargos expuestos por la funcionaria inculpada, no permitieron desvirtuar en caso alguno, el grado de culpabilidad que se le ha atribuido por las faltas cometidas, resultando igualmente insuficiente la actividad probatoria desplegada por aquella para exonerarla de responsabilidad; siendo necesario en consecuencia, la aplicación de una medida disciplinaria, entendida como la sanción administrativa aplicada por la superioridad del Servicio en uso de sus facultades legales en razón del incumplimiento de un deber impuesto por una norma.

En consecuencia, en virtud de lo razonado anteriormente, la recurrida entiende y sostiene que no ha infringido ningún derecho constitucional de la requirente ni ha dictado acto arbitrario alguno, puesto que, solo ha culminado un proceso disciplinario de la manera en que habitualmente se realiza, esto es: singularizando los actos a que deben hacerse referencia por la materia de la cual se tratan más no por su resultado, el que es explicado en la parte considerativa del mismo. Por otra parte, sin perjuicio de esto, su parte accederá haciendo uso de sus facultades de oficio contenidas en la Ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, a las pretensiones de doña nombre reservado, en el siguiente sentido:

( Con fecha 18 de junio de 2024 se dictó la Resolución Exenta N° 935 que rectifica la Resolución Exenta N° 287, de 2024 de ese servicio, que aprobó y aplicó medida disciplinaria en sumario administrativo instruido por Resolución Exenta n° 2247/2019, de ese servicio, en el sentido que indica, y que se acompaña.

( El referido acto adecua la redacción y elimina las palabras con las cuales la requirente ha podido sentirse agraviada.

No obstante lo explicado precedentemente, y atendiendo que el ordenamiento jurídico reconoce en los órganos de la Administración Activa del Estado, el poder de sancionar las conductas antijurídicas de sus funcionarios, de manera de hacer efectiva su responsabilidad disciplinaria por el incumplimiento de sus obligaciones o prohibiciones, potestad que configura una herramienta de protección tanto de la Administración como de los terceros que interactúan con ella, frente a las posibles irregularidades cometidas por sus funcionarios; y considerando además que la potestad sancionatoria de esta radica en la superioridad del Servicio, y sobre la base de criterios de racionalidad, conjuntamente con lo señalado además por el Estatuto Administrativo, en sus artículos 126 y 128 que establecen la facultad, de instruir tanto una investigación Sumaria como un Sumario Administrativo cuando se estimare que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, estima que esta Corte debe rechazar lo solicitado por la requirente en los numerales iv) y v) de su presentación, y que dice relación con la determinación de supuestas faltas administrativas incurridas por los funcionarios por allí mencionados, y la solicitud de que se ordene instruir los respectivos sumarios administrativos, además de denunciar ante el Ministerio Público o ante cualquier autoridad competente lo supuestamente advertido en el transcurso de la investigación, puesto que tal y como se señaló, la potestad sancionatoria está radicada en la autoridad administrativa, más no en la judicial, por ende, ese Servicio sostiene que dicha prerrogativa escaparía de las atribuciones de este tribunal, y de la naturaleza cautelar del presente recurso, cuyo objeto es restablecer el imperio del derecho cuando éste ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarios o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y dado que acceder a éstas además supondría convertir al recurso impetrado en una suerte de nueva etapa recursiva administrativa. Por ende, requiere tener al Servicio por allanado parcialmente, respecto a la rectificación del acto que causó agravio en la persona de doña nombre reservado, y rechazar en todo lo demás el presente recurso, con costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio.

Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

CUARTO: Que, de los antecedentes incorporados, tanto en el recurso, como en el informe de la recurrida, fluye que por la presente vía cautelar se recurre con el objeto de que se ordene a la recurrida “rectificar o dejar sin efecto” la Resolución Exenta Nº 0287, del 29.02.2024, según esta Corte determine, para que la parte resolutiva del acto administrativo que en definitiva apruebe el resultado del sumario incoado en contra de la actora y le aplica sanciones disciplinarias, expresamente indique:

i) Que las denuncias interpuestas por los abogados Srta. Fernanda Lathrop Valenzuela, Srta. Isabel Barrios Ahumada y Sr. nombre reservado, fueron desestimadas por carecer de sustento;

ii) Que en el curso de la investigación fueron detectadas faltas administrativas por ella incurridas, refiriendo claramente en qué consisten, según puntos 9, 10 y 11 de su libelo;

iii) Que es a propósito de esas faltas administrativas que se le aplica la sanción ya determinada;

iv) Que, asimismo, en el curso de la investigación fueron detectadas faltas administrativas incurridas por los funcionarios Srta. Fernanda Lathrop Valenzuela, Srta. Isabel Barrios Ahumada, Sr. nombre reservado y Sr. nombre reservado refiriendo claramente en qué consisten, según el punto 18 de su libelo;

v) Que, a propósito de esas faltas administrativas, se ordene instruir los respectivos sumarios administrativos, y denunciar ante el Ministerio Público, las policías, o ante cualquier tribunal con competencia criminal, los hechos que revisten carácter de delito.

QUINTO: Que, con data 18 de junio de 2024, la recurrida dictó la Resolución Exenta N° 935 que rectifica la Resolución Exenta N° 287, de 2024 de ese servicio, que aprobó y aplicó medida disciplinaria en sumario administrativo instruido por Resolución Exenta N° 2247/2019, en el sentido que indica.

De la lectura del nuevo acto administrativo dictado por la recurrida, se colige palmariamente que se adecua la redacción y eliminan las palabras con las cuales la requirente ha podido sentirse agraviada, dando origen a la presente acción cautelar.

En efecto, en lo pertinente, la Resolución Exenta N° 935, de 18 de junio de 2024, expresa:

“7. Que, la exfuncionaria doña KARLA VELÁSQUEZ GUZMÁN, presentó un recurso de protección ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al Ingreso Corte N° Protección-11976-2024, caratulado: “nombre reservado/Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos”, cuyo propósito es impugnar la Resolución Exenta N° 287 de fecha 29 de febrero de 2024, de este Servicio, entre otras cosas, con la finalidad de que se elimine de dicho acto, cualquier alusión a su persona como autora de conductas de acoso y maltrato laboral y se deje constancia de que su sanción disciplinaria obedece a faltas administrativas de menor entidad.

8. Que, considerando que la vista fiscal de este sumario administrativo de fecha 28 de abril de 2023, no pudo constatar la existencia de conductas de acoso laboral cometidas por la citada exfuncionaria en contra de los funcionarios denunciantes, y sin perjuicio que lo que hace el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural es singularizar los actos administrativos mediante el número y materia que trata, esta superioridad viene en acceder a lo requerido por aquella en su acción constitucional, disponiendo la rectificación de la Resolución Exenta N° 287 de fecha 29 de febrero de 2024, en lo que resulte pertinente.

9. Que, se estima necesario, dejar constancia, para la lógica consecuencia de lo expresado en el considerando precedente, que la responsabilidad administrativa de la exfuncionaria doña KARLA VELÁSQUEZ GUZMÁN, -según el resultado del expediente sumarial-, deriva de hechos relacionados con incumplimientos de los artículos 61 literal c) 1 y 64 literal c) 2 del D.F.L. N° 29/2004 del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo , y no en acciones u omisiones constitutivas de maltrato o acoso laboral en contra de los funcionarios denunciantes.

10. Que, el artículo 62 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, establece que: “En cualquier momento, la autoridad administrativa que hubiere dictado una decisión que ponga término a un procedimiento podrá, de oficio o a petición del interesado, aclarar los puntos dudosos u obscuros y rectificar los errores de copia, de referencia, de cálculos numéricos y, en general, los puramente materiales o de hechos que aparecieren de manifiesto en el acto administrativo”.

11. Que, corresponde entonces, rectificar la Resolución Exenta N° 287 de fecha 29 de febrero de 2024, de este Servicio, por lo que se procederá en consecuencia.

RESUELVO:

1. RECTIFÍQUESE el resuelvo primero de la Resolución Exenta N° 287 de fecha 29 de febrero de 2024, de este Servicio, en el siguiente sentido: “APRUÉBASE el resultado del sumario administrativo, ordenado instruir por medio de la Resolución Exenta N° 2247 de fecha 6 de diciembre de 2019, de este Servicio y reabierto por la Resolución Exenta N° 1484 de fecha 12 de octubre de 2022, de igual procedencia, y que determinó la responsabilidad administrativa de la exfuncionaria doña KARLA VELÁSQUEZ GUZMÁN, por haber infringido los deberes funcionarios contemplados en los artículos 61 literal c) y 64 literal c) del D.F.L. N° 29/2004 del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo”.

2. NOTIFÍQUESE la presente resolución a la exfuncionaria doña KARLA VELÁSQUEZ GUZMÁN, conforme a lo establecido en el artículo 45 y siguientes de la Ley N° 19.880 de 2003, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y REMÍTASE A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA SU REGISTRO Y CONTROL.

nombre reservado DIRECTORA NACIONAL SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL.”

SEXTO: Que, acorde a lo reproducido con antelación, así como del mérito de los antecedentes aportados por los intervinientes, valorados conforme a las reglas de la sana crítica, se arriba a la convicción que el arbitrio presentado ha perdido oportunidad, desde que al desaparecer su sustento fáctico, es posible sostener que la pretensión de la actora ha sido cubierta.

SÉPTIMO: Que, en relación a lo requerido por la ex funcionaria en los numerales iv) y v) del petitorio de su presentación de folio 1, y que dice relación con la determinación de supuestas faltas administrativas incurridas por los funcionarios allí mencionados, y la solicitud de que se ordene instruir los respectivos sumarios administrativos, además de denunciar al Ministerio Público o ante cualquier autoridad competente lo supuestamente advertido en el transcurso de la investigación, es menester precisar que el ordenamiento jurídico reconoce a los órganos de la Administración del Estado, el poder de sancionar las conductas antijurídicas de sus funcionarios, de manera de hacer efectiva su responsabilidad disciplinaria por el incumplimiento de sus obligaciones o prohibiciones, potestad que configura una herramienta de protección tanto de la Administración, como de los terceros que interactúan con ella, frente a las posibles irregularidades cometidas por sus funcionarios; y considerando, además, que tal potestad sancionatoria está radicada en la superioridad del Servicio respectivo, esta Corte carece de tal prerrogativa, a la vez que lo solicitado por la actora, excede la naturaleza cautelar del presente recurso, cuyo objeto es restablecer el imperio del derecho cuando éste ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarios o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías enumeradas en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

OCTAVO: Que, en consecuencia, no existiendo alguna medida posible de adoptar mediante la vía constitucional activada, la acción intentada será desestimada.

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo previsto, además, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por la abogada señora KARLA VELÁSQUEZ GUZMÁN, en contra del SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL (nombre reservado).

Regístrese, comuníquese, y archívese en su oportunidad.

Redactó el ministro señor Antonio Mauricio Ulloa Márquez.

N° Protección-11.976-2024.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señor Antonio Ulloa Marquez, señor José Pablo Rodríguez Moreno y la Abogado Integrante señora Catalina Infante Correa.

En Santiago, veintiocho de abril de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.