nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, veinte de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO:

Que, comparece don JAMES CRISTIAN MERY BELL, abogado, en favor de don nombre reservado, nacional de Venezuela, deduciendo recurso de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, por la dictación de la Resolución Exenta N° 2600100181802, de 24 de marzo de 2026, que rechazó la solicitud de residencia temporal asociada al ID N° 68407738, dispuso el abandono del país dentro del plazo de treinta días y decidió la prohibición de ingreso al territorio nacional por cinco años.

Expone que el afectado ingresó regularmente al país por el paso fronterizo Chacalluta el 13 de abril de 2019 y que el 13 de noviembre de 2023 presentó la solicitud de residencia temporal individualizada, en cuya tramitación el propio Servicio le emitió, con fecha 10 de julio de 2024, un Certificado de Residencia Temporal en Trámite que lo habilitaba expresamente para desarrollar actividades remuneradas mientras la solicitud permaneciera pendiente, constando además, con fecha 15 de enero de 2026, ampliación de esa misma solicitud.

Invoca arraigo laboral, dado por el contrato de trabajo vigente con Dominion SpA. desde el 22 de mayo de 2025, en calidad de maestro liniero; ausencia de antecedentes penales, según certificado del Servicio de Registro Civil e Identificación de 16 de enero de 2024 y certificado de antecedentes penales venezolano de 30 de junio de 2021, debidamente apostillado; y arraigo familiar, por ser padre de dos hijos menores de edad residentes en Chile, cuya residencia temporal fue otorgada por el propio Servicio mediante Resoluciones Exentas N° 2600100114035 y N° 2600100114036, ambas de 25 de febrero de 2026, vigentes hasta el 25 de febrero de 2028.

Sostiene que el acto impugnado se funda en la falta de certificado de antecedentes del país de origen vigente y apostillado o legalizado, en la insuficiencia de la documentación laboral conforme al artículo 17 del Decreto Supremo N° 177 de 2022, en la falta de la carpeta tributaria del empleador y en reparos a la documentación del empleador anterior, sin que ninguno de tales fundamentos aluda a peligrosidad, clandestinidad, fraude o riesgo para la seguridad pública, de modo que la controversia es de carácter documental y subsanable, referida a la vigencia o suficiencia formal de antecedentes efectivamente acompañados y no a su inexistencia u ocultamiento.

Afirma que el acto es ilegal porque transforma observaciones formales en una decisión terminal, sin habilitar la complementación de antecedentes ni ponderar alternativas menos gravosas, apartándose del procedimiento racional y justo que imponen la Ley N° 21.325 y la Ley N° 19.880, y sin motivación reforzada respecto del componente familiar, pues ordena el abandono del país del padre de dos hijos menores regularizados por el propio Estado sin ponderación alguna del impacto en la unidad familiar ni en el interés superior del niño. Invoca al efecto la jurisprudencia que acompaña, en particular el Rol N° 59.740-2024 de la Corte Suprema y sus sentencias de 12 de abril, 27 de mayo y 17 de diciembre de 2024, que habrían dejado sin efecto rechazos análogos ordenando otorgar plazo para subsanar, y la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción de 3 de noviembre de 2023.

Agrega que el acto es arbitrario por la desproporción entre reparos meramente formales y la máxima consecuencia prevista en el régimen migratorio, existiendo alternativas de menor sacrificio, tales como requerir la actualización documental, abrir plazo complementario o retrotraer el procedimiento, y por la contradicción interna del obrar estatal, que primero habilitó al afectado para trabajar y regularizó la permanencia de sus hijos, y un mes después dispuso su salida del país.

Estima vulneradas las garantías del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, al tratarse como supuesto de peligro lo que era una controversia de acreditación documental; del artículo 19 N° 3, por la ausencia de oportunidad real de subsanación y de motivación acorde a la intensidad del gravamen impuesto; del artículo 19 N° 4, por la separación o amenaza de separación del afectado respecto de sus hijos menores; y del artículo 19 N° 16, por la extinción de hecho del vínculo laboral formal que el propio Estado autorizó.

Pide, en definitiva, que se acoja el recurso, se declare que la Resolución Exenta N° 2600100181802 es ilegal y arbitraria y se la deje íntegramente sin efecto, junto con la orden de abandono del país y sus consecuencias; que se ordene al Servicio Nacional de Migraciones retrotraer o reabrir la tramitación de la solicitud asociada al ID N° 68407738; que se otorgue al afectado un plazo razonable y efectivo para complementar, actualizar o subsanar la documentación observada; y que, al emitir un nuevo pronunciamiento, la autoridad deba ponderar expresamente el ingreso regular, la residencia en trámite, el arraigo laboral, la ausencia de antecedentes penales, la situación de sus hijos menores con residencia vigente y las dificultades objetivas vinculadas a la obtención de documentación venezolana. En el primer otrosí solicitó orden de no innovar.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, el Servicio Nacional de Migraciones solicita el rechazo de la acción en todas sus partes, por no existir de parte de esa autoridad acto u omisión ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos invocados.

Expone que el recurrente ingresó por primera vez al territorio nacional el 13 de abril de 2019 por el paso fronterizo Carretera Chacalluta; que una primera visa, otorgada mediante Resolución Exenta N° 59827 del entonces Departamento de Extranjería y Migración, no fue materializada; y que mediante Resolución Exenta N° 22376903, de 26 de agosto de 2022, se le otorgó una residencia temporaria en el marco del procedimiento extraordinario de regularización dispuesto por la Resolución Exenta N° 1769 de 2021, permiso que se mantuvo vigente entre el 1 de septiembre de 2022 y el 1 de septiembre de 2023. Precisa que el 13 de noviembre de 2023, encontrándose ya en condición migratoria irregular, solicitó por el Portal de Trámites Digitales un permiso de residencia temporal dentro del país, de la subcategoría "Motivos económicos – Desarrollo de actividades remuneradas cuenta propia o contrato", registrado bajo el ID N° [cuenta reservada].

Señala que, mediante Comunicación Electrónica de Folio N° 61448952, de 10 de julio de 2024, se informó al extranjero que su solicitud no cumplía los requisitos exigidos, detallándose las observaciones relativas a la falta de vigencia del certificado de antecedentes del país de origen, a la falta de vigencia y de legalización notarial del contrato de trabajo y a la falta de documentos que acreditaran los recursos del empleador para la contratación, requiriéndosele certificado de antecedentes vigente y apostillado o legalizado, contrato de trabajo firmado ante notario por ambas partes o certificado de vigencia de aquel, y, por tratarse el empleador de una persona jurídica con fines de lucro, certificado de inicio de actividades, carpeta tributaria y documento donde constara la titularidad o representación legal de quien suscribía el contrato, todo ello dentro del plazo de sesenta días corridos, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido; sin que el extranjero remitiera antecedente alguno.

Agrega que, mediante Notificación Previo Rechazo de Folio N° 74998214, de 18 de marzo de 2025, se le solicitaron los mismos documentos, otorgándosele el plazo de diez días hábiles para presentar antecedentes respecto de la causal de rechazo invocada, conforme al artículo 91 inciso segundo de la Ley N° 21.325, sin que tampoco los remitiera. Por lo anterior se dictó la Resolución Exenta N° 2600100181802, de 24 de marzo de 2026, que rechazó la solicitud por no haberse acompañado documentación que cumpliera con los artículos 11 letra b), 17, 18 y 22 del Decreto N° 177 de 2022, disponiéndose el abandono del país dentro del plazo de treinta días y reservándose los recursos administrativos de la Ley N° 19.880, sin que conste la interposición de alguno; puntualiza, asimismo, que esta autoridad no ha dispuesto la expulsión del territorio nacional del recurrente.

En cuanto al derecho, sostiene su competencia conforme al artículo 157 N° 5 de la Ley N° 21.325 y al artículo 42 del Decreto Supremo N° 296 de 2022, y expone que los artículos 68 y 70 de dicha ley remiten la regulación de las subcategorías de residencia temporal al Decreto Supremo N° 177 de 2022, cuyo artículo 11 letra b) exige acompañar certificado de antecedentes penales del país de origen —con vigencia no superior a noventa días y debidamente apostillado o legalizado, según la información publicada en la plataforma del Servicio—, y cuyos artículos 17 y 22 exigen contrato de trabajo de duración no inferior a tres meses, firmado ante notario, coherente con las actividades declaradas por el empleador ante el Servicio de Impuestos Internos, así como carpeta tributaria del empleador o contratante o, en su defecto, acreditación de su solvencia económica.

Aplicando dicha normativa al caso, afirma que el certificado de antecedentes acompañado fue emitido el 30 de junio de 2021, fuera de los plazos de vigencia estipulados; que el contrato de trabajo acompañado no contaba con la autorización notarial exigida; que, consultado sobre la naturaleza de su empleador, el recurrente declaró que se trataba de una persona natural sin inicio de actividades, en circunstancias que corresponde a una persona jurídica; y que, requerido en dos oportunidades para subsanar, no acompañó documentación alguna, de modo que no acreditó ejercer actividades laborales bajo dependencia ni por cuenta propia.

Concluye que, configurada la causal de rechazo del artículo 88 N° 1 de la Ley N° 21.325, la autoridad se encontraba obligada a rechazar la solicitud, siendo la orden de abandono una consecuencia necesaria e imperativa de dicho rechazo conforme al artículo 91 N° 4 del mismo cuerpo legal, y que el procedimiento concluyó por resolución final fundada en los términos del artículo 40 de la Ley N° 19.880, habiendo obrado siempre conforme a las disposiciones normativas aplicables, sin vulneración de garantía constitucional alguna. Pide, por tanto, tener por evacuado el informe y rechazar la acción en todas sus partes.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado CUARTO: Que, para resolver, debe tenerse presente que el artículo 3 de la Ley N°21.325 dispone en su inciso primero que el Estado deberá proteger y respetar los derechos humanos de las personas extranjeras que se encuentren en Chile, sin importar su condición migratoria, y en su inciso tercero que a todo extranjero que solicite un permiso de residencia se le asegurará la aplicación de un procedimiento racional y justo para la aprobación o rechazo de su solicitud; que el artículo 4 del mismo cuerpo legal consagra el interés superior del niño, niña y adolescente como principio rector de toda decisión que les afecte, en armonía con el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño; y que el artículo 7 establece que el Estado promoverá que los extranjeros cuenten con las autorizaciones y permisos de residencia o permanencia necesarios para su estadía en el país y para el desarrollo de sus actividades y el ejercicio de sus derechos.

QUINTO: Que, de los antecedentes allegados al expediente, resulta asentado que el recurrente ingresó regularmente al territorio nacional por el paso fronterizo Chacalluta el 13 de abril de 2019, esto es, hace más de siete años, permaneciendo desde entonces en el país; también es un hecho que obtuvo residencia temporaria por Resolución Exenta N°22376903, de 26 de agosto de 2022, en el marco del procedimiento extraordinario de regularización, vigente hasta el 1 de septiembre de 2023; que el 13 de noviembre de 2023 presentó la solicitud de residencia temporal ID N°68407738, cuya tramitación se extendió por más de dos años; que durante esa tramitación acompañó certificado de antecedentes penales expedido por la autoridad competente de la República Bolivariana de Venezuela el 30 de junio de 2021, debidamente apostillado, en el que consta que no registra antecedentes penales en su país de origen, documento cuya data es posterior a su ingreso a Chile y que, por lo mismo, cubre el período previo a su llegada al territorio nacional; que tampoco registra antecedentes penales en Chile; y que es padre de dos hijos menores de edad residentes en el país, a quienes se les otorgó residencia temporal por la propia recurrida mediante Resoluciones Exentas N°2600100114035 y N°2600100114036, ambas de 25 de febrero de 2026, vigentes hasta el 25 de febrero de 2028, esto es, apenas un mes antes de la dictación del acto impugnado.

SEXTO: Que, así establecidos los hechos, la decisión de la recurrida deviene en ilegal por desproporcionada. En efecto, las observaciones que fundan el rechazo son de carácter estrictamente documental -vigencia del certificado de antecedentes del país de origen, legalización notarial del contrato de trabajo, certificado de inicio de actividades y carpeta tributaria del empleador-, sin que en el acto se invoque antecedente alguno de peligrosidad, fraude, condena penal o riesgo para el orden o la seguridad públicos; y, tratándose del certificado de antecedentes, la discusión no versa sobre su inexistencia, sino sobre su actualización, desde que consta en el propio expediente administrativo un certificado apostillado que da cuenta de la carencia de antecedentes penales del solicitante.

SÉPTIMO: Que, a lo anterior, se suma que la resolución impugnada omitió toda ponderación del interés superior de los dos hijos menores de edad del recurrente, pese a que su permanencia regular en Chile había sido reconocida por la misma autoridad recurrida un mes antes, mediante las Resoluciones Exentas N°2600100114035 y N°2600100114036, contradicción que priva de razonabilidad a la decisión, pues una medida con aptitud cierta para separar a un padre de sus hijos menores residentes en el país exige una motivación reforzada que en la especie no existe.

Por consiguiente, y sin que ello importe pronunciamiento alguno sobre el mérito de la solicitud de residencia -cuestión que corresponde privativamente a la Administración-, el recurso será acogido con el solo objeto de que se deje sin efecto la orden de abandono del país, se reabra la tramitación de la solicitud ID N° 68407738 y se confiera al recurrente un plazo razonable para acompañar y actualizar la documentación observada, debiendo la autoridad, al emitir un nuevo pronunciamiento fundado, ponderar expresamente el tiempo de permanencia del recurrente en Chile, su arraigo familiar y laboral, y el interés superior de sus hijos menores de edad.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado y, en consecuencia se deja sin efecto la Resolución Exenta N° 2600100181802, de 24 de marzo de 2026, del Servicio Nacional de Migraciones, debiendo la recurrida reabrir la tramitación de la solicitud de residencia temporal asociada al ID N°68407738 y conferir al recurrente un plazo de sesenta días corridos, contado desde la notificación de la presente sentencia, para acompañar, actualizar o subsanar la documentación observada. Vencido dicho plazo, la autoridad deberá emitir un nuevo pronunciamiento fundado sobre la solicitud, ponderando expresamente el tiempo de permanencia del recurrente en el territorio nacional, su arraigo familiar y laboral, y el interés superior de sus dos hijos menores de edad con residencia temporal vigente en Chile.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunamente, archívese.

N°Protección-11.971-2026.