nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIOR-SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de agosto de dos mil veinticinco.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO. comparece doña María Isabel Sáez Vila, abogada, en favor de don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y del Servicio Nacional de Migraciones, por haber dictado la resolución exenta N°28206, de 1 de agosto de 2024, notificada el 23 de abril de 2025, que rechazó la solicitud de regularización migratoria presentada por el recurrente. Actuación que considera ilegal y arbitraria, por cuanto se funda en razones genéricas y contradictorias con la propia normativa y política migratoria vigente, vulnerando con ello los derechos fundamentales de su representado a la igualdad ante la ley (art. 19 N°2), a la libertad de trabajo y su protección (art. 19 N°16), así como el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. En consecuencia, solicita se deje sin efecto la resolución recurrida y se ordene emitir una nueva decisión fundada, considerando las circunstancias particulares y humanitarias del caso.

Expone que ingresó a Chile en marzo de 2022, participando posteriormente en el proceso de empadronamiento impulsado por el Gobierno, dentro del cual presentó, el 11 de julio de 2023, una solicitud de regularización migratoria ante el Servicio Nacional de Migraciones, acompañando antecedentes relativos a su situación personal y a la crisis humanitaria venezolana que lo obligó a salir de su país. No obstante, el 23 de abril de 2025 se le notificó el rechazo de su petición, mediante una resolución genérica, idéntica a la dictada respecto de otros solicitantes, en la cual la autoridad señaló que no se encontraba vigente un mecanismo de regularización conforme a la Ley 21.325, sin hacerse cargo de los fundamentos particulares del caso.

Sostiene que dicha respuesta se limita a reproducir consideraciones generales, sin evaluar las circunstancias concretas del recurrente, como su tiempo de residencia, su arraigo familiar y laboral, ni su conducta intachable en Chile. Destaca que la misma autoridad, en declaraciones públicas, ha reconocido la crisis humanitaria que afecta a ciudadanos venezolanos, comprometiéndose a evaluar criterios excepcionales de regularización, sin que aquello se haya reflejado en el acto administrativo recurrido.

Indica que la resolución impugnada infringe la Ley N°18.575 sobre Bases de la Administración del Estado, en cuanto desconoce los principios de eficiencia, celeridad, transparencia y probidad que deben regir los procedimientos administrativos, al haber emitido una respuesta estandarizada y carente de motivación suficiente. Asimismo, alega que la actuación desconoce lo dispuesto en la Ley N°21.325, particularmente en su artículo 155, que faculta a la Subsecretaría del Interior para disponer de mecanismos de regularización, incluso en casos individuales, cuando concurren circunstancias humanitarias, lo que se ajusta a la finalidad de la política migratoria nacional y a compromisos internacionales suscritos por Chile.

Agrega, además, arbitrariedad en el actuar de la autoridad, por cuanto la decisión carece de razonabilidad, al supeditar el ejercicio de una facultad legal a la existencia de un proceso general de regularización o a la aprobación de partidas presupuestarias, condiciones que no son exigidas por la ley. Con ello, se configura una contradicción evidente entre lo declarado públicamente por la autoridad —en orden a favorecer procesos acotados de regularización— y lo resuelto en el caso del recurrente, que es rechazado sin un análisis de fondo.

Manifiesta que se vulnera la igualdad ante la ley (art. 19 N°2), al otorgarse respuestas dispares y arbitrarias frente a situaciones similares; se lesiona la libertad de trabajo y su protección (art. 19 N°16), pues la irregularidad migratoria priva al recurrente del acceso a un empleo formal, pese a su voluntad de contribuir al país; y se desconoce el derecho a la protección jurídica y al debido proceso administrativo, al emitirse un acto carente de fundamentos y contrario a los principios de la Administración.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que la autoridad recurrida ha actuado de forma ilegal y arbitraria, dejando sin efecto la resolución exenta N°28206 y ordenando emitir una nueva respuesta fundada, en conformidad con la normativa vigente y considerando el arraigo y aportes del recurrente, con el objeto de tender a la regularización migratoria de su situación.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe solicitado, compareció la abogada Alejandra Salinas Silva, en representación de la Subsecretaría del Interior, quien expuso los fundamentos de hecho y de derecho en virtud de los cuales solicitó el rechazo del recurso de protección deducido.

En primer término, precisó que la normativa aplicable al caso es la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, vigente desde el 12 de febrero de 2022, la cual sustituyó al derogado Decreto Ley N° 1.094 de 1975. Destacó que la actual regulación contempla dos hipótesis de regularización migratoria: la de carácter general, prevista en los artículos 69 inciso 2° y 155 N° 8, cuya ejecución corresponde al Servicio Nacional de Migraciones, y la de carácter excepcional, contemplada en el artículo 155 N° 9, que faculta al Subsecretario del Interior a otorgar permisos de residencia temporal en casos calificados o por motivos humanitarios. Subrayó que en la actualidad no existe un procedimiento de regularización general vigente, por lo que las solicitudes presentadas solo pueden ser evaluadas bajo la hipótesis excepcional prevista en el numeral 9 citado.

Añade que la acción de protección no constituye la vía idónea para impugnar decisiones administrativas de esta naturaleza, toda vez que dicha acción es cautelar y excepcional, destinada a tutelar derechos preexistentes e indubitados frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales manifiestos. En cambio, las solicitudes de regularización corresponden al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N°14 de la Constitución, cuyo cauce natural son los recursos administrativos regulados en los artículos 139 y siguientes de la Ley N° 21.325 y en la Ley N° 19.880. Agregó que forzar la intervención de la jurisdicción en materias de mérito administrativo vulneraría los principios de juridicidad y legalidad establecidos en los artículos 6° y 7° de la Constitución, además de lo dispuesto en el artículo 4° del Código Orgánico de Tribunales.

Por otra parte, alega la inexistencia de ilegalidad o arbitrariedad en la dictación de la resolución exenta N° 28206, puesto que la autoridad ejerció su potestad discrecional conforme a la normativa vigente. Precisó que las solicitudes de regularización excepcional se conceden únicamente en circunstancias extraordinarias, y que en el caso concreto el recurrente solo expuso razones genéricas de índole personal, laboral y económica, que no configuran un caso calificado o humanitario. Añade que la carga de acreditar tales circunstancias excepcionales recae en el solicitante, y que al no cumplirse dicho estándar, correspondía rechazar la petición.

Por estas razones, la Subsecretaría del Interior solicitó expresamente el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con condena en costas para la parte recurrente, al no existir motivos plausibles que justifiquen la acción deducida.

TERCERO. Que, la jurisprudencia invariable de la Corte Suprema, refrendada por la doctrina, sostiene que el recurso de protección que consagra el artículo 20 de la Constitución Política constituye una acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores de justicia, a fin de requerirles que adopten de inmediato las providencias que juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad y los tribunales correspondientes.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia, asimismo, han sostenido de manera uniforme que esta acción tiene naturaleza cautelar, puesto que mediante ella se persigue la adopción de medidas urgentes y necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho privado, amenazado o perturbado. Finalmente, se sostiene también uniformemente que para acoger una acción como la de la especie es menester constatar el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado.

Dicho de otro modo y en lo que específicamente interesa, el recurso consagrado en el artículo 20 de la Carta Fundamental ha sido concebido como una acción eminentemente cautelar, que tiene por objeto brindar protección inmediata, pronta y eficaz ante privaciones, perturbaciones o amenazas en el legítimo ejercicio de derechos y garantías reconocidos por la Constitución, frente a ataques o peligros que requieren de una actuación pronta para ser eficaz, mas no para crear situaciones jurídicas definitivas o consolidadas. Por lo mismo, su ejercicio deja a salvo los demás derechos que pueda hacerse valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, no sólo en relación al recurrente, sino también respecto de aquel contra quien el recurso se deduce.

CUARTO. Que, la persona en cuyo favor se recurre formuló una solicitud de residencia temporal excepcional por regularización la que fue desestimada por considerar la autoridad administrativa que no se configuraban los supuestos del N° 9 del artículo 155, sin perjuicio de no decretarse orden de expulsión en su contra.

Ahora bien, el procedimiento relativo a la solicitud y el otorgamiento de residencia temporal excepcional es de carácter reglado y el otorgamiento importa el ejercicio de una potestad discrecional, que por lo mismo sólo le impone a la Autoridad Administrativa cumplir con el esencial deber de fundamentación, que en el caso de la especie aparece suficientemente cumplido, en tanto se expresan en el acto las razones que lo explican, como se observa de la Resolución Exenta N°28206, de 1 de agosto de 2024.

QUINTO. Que, en definitiva, en razón de no concurrir el supuesto indispensable para que la acción constitucional cautelar de protección sea acogida, desde que no existe acto u omisión arbitrario o ilegal alguno de la autoridad contra la cual se dirigió el recurso, éste debe ser necesariamente desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido don nombre reservado, en contra de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-11949-2025.

En Santiago, veintisiete de agosto de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.