nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE

Santiago, veinticinco de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Ted-Meynard nombre reservado, de nacionalidad haitiana, interpone acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, con motivo de la notificación Código de Trámite N°75209353, de 17 de marzo de 2026, mediante la cual no se acogió a trámite su solicitud de residencia definitiva y se dispuso la remisión de sus antecedentes al Departamento de Residencias Temporales, actuación que califica de ilegal y arbitraria y que, a su juicio, vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Expone que ingresó al país en calidad de turista y que, encontrándose en Chile, modificó su condición migratoria al obtener una visa de residencia, con el propósito de establecerse y desarrollar su proyecto de vida en el territorio nacional. Señala que, posteriormente, solicitó la residencia definitiva y que, el 17 de marzo de 2026, fue notificado por correo electrónico de la decisión de no acoger a trámite su petición, por estimarse que no cumplía con el artículo 65 N°4 del Decreto Supremo N°296, disponiéndose la remisión de sus antecedentes al Departamento de Residencias Temporales.

Sostiene que la decisión impugnada carece de fundamentación suficiente, pues no individualiza la infracción migratoria que se le atribuye y se limita a invocar genéricamente el artículo 65 N°4 del citado Reglamento, pese a que dicha disposición contempla diversas hipótesis, según la naturaleza, gravedad y reiteración de las infracciones migratorias, que pueden determinar períodos de residencia de treinta, treinta y seis, cuarenta y dos o cuarenta y ocho meses.

Afirma que cumple los requisitos legales para obtener el beneficio solicitado, toda vez que, desde su ingreso a Chile, ha desarrollado actividades remuneradas de manera continua, mantiene un contrato de trabajo indefinido, registra más de veinticuatro cotizaciones previsionales y fue titular de una residencia temporal por dos años, en forma continua e ininterrumpida. Añade que presentó su solicitud de residencia definitiva antes del vencimiento de dicho permiso.

Alega que la recurrida no efectuó una valoración exhaustiva de sus antecedentes y que resolvió de plano no acoger a trámite su solicitud, sin permitirle subsanar las eventuales deficiencias ni acompañar documentación adicional. Señala que dicho proceder contraviene el artículo 31 de la Ley N°19.880, conforme al cual la autoridad debe requerir al interesado la subsanación o presentación de antecedentes cuando una solicitud no reúna los requisitos exigidos.

Añade que otros solicitantes, en situaciones semejantes, habrían recibido un plazo de sesenta días para acompañar documentación adicional, mientras que, en su caso, la autoridad puso término a la tramitación de su solicitud y remitió sus antecedentes al Departamento de Residencias Temporales. Estima que dicha diferencia de trato carece de justificación y vulnera la igualdad ante la ley.

Sostiene, asimismo, que cumple los requisitos establecidos durante la vigencia de la legislación migratoria anterior y que deben respetarse los derechos adquiridos conforme a ella. Afirma que la decisión recurrida se funda en circunstancias que no corresponden a su situación migratoria real y lo deja en un estado de vulnerabilidad, pese a haber cumplido los requerimientos formulados por la autoridad.

Hace presente que no pretende obtener una nueva residencia temporal ni convalidar la remisión automática de sus antecedentes al departamento encargado de dichos permisos, sino que solicita la tramitación del beneficio de residencia definitiva originalmente requerido.

En cuanto al derecho, invoca los artículos 19 N°2 y 20 de la Constitución Política de la República; el artículo 31 de la Ley N°19.880; y el artículo 65 N°4 del Decreto Supremo N°296. Afirma que el Servicio Nacional de Migraciones le otorgó un trato desigual respecto de otros extranjeros que, encontrándose en circunstancias similares y siendo titulares de permisos vigentes al momento de postular, habrían podido subsanar sus solicitudes o acceder a su tramitación.

En definitiva, solicita que se acoja el recurso, se deje sin efecto la notificación Código de Trámite N°75209353, de 17 de marzo de 2026, y se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, al informar, el Servicio Nacional de Migraciones solicita el rechazo de la acción constitucional en todas sus partes, sosteniendo que no ha incurrido en acto u omisión ilegal o arbitrario que vulnere alguna de las garantías protegidas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Expone que Ted-Meynard nombre reservado, de nacionalidad haitiana, ingresó por primera vez al territorio nacional el 14 de julio de 2017, por paso fronterizo habilitado, a través del Aeropuerto nombre reservado. Añade que, mediante Resolución Exenta N°66783, de 26 de febrero de 2018, del Departamento de Extranjería y Migración, se le aplicó una sanción pecuniaria por residir irregularmente en el país.

Señala que, por Resolución Exenta N°232814, de 27 de junio de 2018, se le otorgó un permiso de residencia temporal vigente hasta el 9 de agosto de 2019, el que fue prorrogado por una vez hasta el 9 de agosto de 2020.

Agrega que, mediante Resolución Exenta N°24200166, de 26 de abril de 2024, el Servicio Nacional de Migraciones le aplicó una nueva sanción pecuniaria por residir irregularmente en el país. Posteriormente, por Resolución Exenta N°25112918, de 28 de febrero de 2025, se rechazó la solicitud de residencia definitiva presentada el 12 de abril de 2024 y se le otorgó, en subsidio, un permiso de residencia temporal por el plazo de un año, vigente desde el 3 de marzo de 2025 hasta el 3 de marzo de 2026.

Indica que, el 30 de enero de 2026, el recurrente presentó una nueva solicitud de residencia definitiva, registrada bajo el ID N°75209353. Mediante Comunicación Electrónica Folio N°95779008, de 17 de marzo de 2026, se le informó que dicha petición no sería acogida a trámite, por estimarse que no cumplía con los artículos 79 de la Ley N°21.325 y 65 del Decreto Supremo N°296, atendida la existencia de infracciones migratorias y la falta del período mínimo de residencia exigido para postular al referido permiso.

Explica que el recurrente registra una infracción migratoria menos grave, prevista en el artículo 107 de la Ley N°21.325, y una infracción migratoria grave, contemplada en el artículo 119 del mismo cuerpo legal, ambas aplicadas mediante actos administrativos firmes y totalmente tramitados. La primera disposición sanciona la permanencia en el país con un permiso expirado por un período inferior o igual a ciento ochenta días corridos, mientras que la segunda sanciona la permanencia por más de ciento ochenta días desde el vencimiento del respectivo permiso.

Sostiene que, conforme a los artículos 79 de la Ley N°21.325 y 65 N°4, letras c) y e), del Decreto Supremo N°296, la existencia de igual número de infracciones menos graves y graves determina que el período de residencia exigible se establezca conforme a estas últimas. Por consiguiente, el recurrente debía acreditar, al menos, cuarenta y dos meses de residencia temporal para postular a la residencia definitiva.

Afirma que el permiso de residencia temporal del recurrente venció el 9 de agosto de 2020 y que posteriormente fue titular de un nuevo permiso únicamente entre el 3 de marzo de 2025 y el 3 de marzo de 2026. En consecuencia, al presentar su solicitud de residencia definitiva el 30 de enero de 2026, no había completado los cuarenta y dos meses de residencia temporal exigidos por la normativa aplicable.

Sostiene, por ello, que la decisión de no acoger a trámite la solicitud no obedeció a un actuar antojadizo, sino al cumplimiento de un requisito objetivo establecido por el legislador y al ejercicio de las competencias que el artículo 157 N°5 de la Ley N°21.325 confiere al Servicio Nacional de Migraciones para resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia, así como para determinar su vigencia.

Añade que, pese al no acogimiento a trámite de la solicitud de residencia definitiva, los antecedentes del recurrente fueron remitidos al Departamento de Residencias Temporales, con la finalidad de evitar que quedara en situación migratoria irregular y debiera pagar una multa por los días en que permaneciera sin residencia. Indica que dicho procedimiento fue registrado bajo el ID N°75542999 y que, a la fecha del informe, se encontraba en tramitación.

Expresa que el recurrente cuenta con un certificado de residencia en trámite, conforme al artículo 1 N°25 de la Ley N°21.325 y al artículo 45 del Decreto Supremo N°296, documento que le permite acreditar el inicio del procedimiento y puede habilitarlo para desarrollar actividades remuneradas mientras la solicitud se encuentre pendiente, cuando la subcategoría migratoria correspondiente así lo permita.

Agrega que, de acuerdo con los artículos 38, 43 y 45 de la Ley N°21.325, el recurrente mantiene una situación migratoria regular, puede entrar y salir del territorio nacional en los términos previstos por la ley y conserva la vigencia de su cédula de identidad para extranjeros por el solo ministerio de la ley mientras acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente.

Invoca, sobre esta materia, la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema el 20 de marzo de 2023, en la causa Rol N°115.064-2022, en cuanto reconoce la protección jurídica otorgada por la Ley N°21.325 a las personas extranjeras que mantienen solicitudes de residencia pendientes, especialmente respecto de la vigencia de su cédula de identidad y de la posibilidad de ejercer los derechos derivados de su condición migratoria regular.

Concluye que Ted-Meynard nombre reservado mantiene una solicitud de residencia temporal en trámite, cuenta con el certificado que acredita dicha circunstancia y conserva una cédula de identidad vigente y válida para ser presentada ante organismos públicos y privados. Sobre tales antecedentes, sostiene que no existe privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de sus garantías fundamentales y solicita el rechazo del recurso, sin costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable, excluyéndose así la existencia de una actuación arbitraria e ilegal de la autoridad recurrida.

Quinto: Que el acto recurrido consiste en la Comunicación Electrónica Folio N°95779008, de 17 de marzo de 2026, mediante la cual el Servicio Nacional de Migraciones no acogió a trámite la solicitud de residencia definitiva presentada por Ted-Meynard nombre reservado, de nacionalidad haitiana, el 30 de enero de 2026, registrada bajo el ID N°75209353, por estimar que no cumplía con el período mínimo de residencia previsto en los artículos 79 de la Ley N°21.325 y 65 del Decreto Supremo N°296, disponiendo la remisión de sus antecedentes al Departamento de Residencias Temporales.

El recurrente cuestiona dicha decisión por estimar que carece de fundamentación suficiente, toda vez que la autoridad se habría limitado a invocar genéricamente el artículo 65 N°4 del citado Reglamento, sin individualizar las infracciones migratorias que se le atribuyen ni explicar la forma en que aquellas incidirían en el período mínimo de residencia exigido. Sostiene que ha desarrollado actividades remuneradas de manera continua, cuenta con un contrato de trabajo indefinido y más de veinticuatro cotizaciones previsionales, fue titular de un permiso de residencia temporal durante dos años y presentó su solicitud antes de que este expirara. Reprocha, además, que el Servicio no hubiese efectuado un análisis integral de sus antecedentes ni le hubiera permitido subsanar las eventuales deficiencias o acompañar documentación adicional, como habría ocurrido respecto de otros solicitantes, y que remitiera sus antecedentes al Departamento de Residencias Temporales, pese a que el beneficio solicitado corresponde a una residencia definitiva.

Sexto: Que el artículo 65 del Decreto Supremo N°296, que aprueba el Reglamento de la Ley N°21.325 sobre Migración y Extranjería, establece que los residentes temporales titulares deberán haber residido en el país, a lo menos, durante veinticuatro meses para postular a la residencia definitiva. Asimismo, dispone que, atendidos los antecedentes personales del interesado, podrá exigirse un período mayor de residencia y, en particular, su numeral 4 contempla dicha extensión cuando el solicitante haya cometido infracciones migratorias.

Por su parte, la letra c) del citado numeral establece que, tratándose de una infracción migratoria grave aplicada mediante un acto administrativo firme y totalmente tramitado, se exigirá un período de residencia de cuarenta y dos meses. A su vez, la letra e) dispone que, cuando se verifique igual número de infracciones menos graves y graves, el período requerido se determinará conforme a estas últimas.

Séptimo: Que, en la especie, la Comunicación Electrónica Folio N°95779008, de 17 de marzo de 2026, no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino el ejercicio de las facultades que la normativa migratoria confiere al Servicio Nacional de Migraciones para resolver acerca de la admisibilidad de las solicitudes de residencia definitiva. En efecto, la autoridad fundó su decisión en que Ted-Meynard nombre reservado no cumplía con el período mínimo de residencia previsto en los artículos 79 de la Ley N°21.325 y 65 N°4 del Decreto Supremo N°296, atendida la existencia de una infracción migratoria menos grave y una infracción migratoria grave, circunstancia que determina la exigencia de acreditar cuarenta y dos meses de residencia temporal para postular al referido permiso.

Al efecto, consta que, mediante Resolución Exenta N°66783, de 26 de febrero de 2018, del Departamento de Extranjería y Migración, se aplicó al recurrente una sanción pecuniaria por haber residido irregularmente en el país. Asimismo, mediante Resolución Exenta N°24200166, de 26 de abril de 2024, el Servicio Nacional de Migraciones le aplicó una nueva sanción pecuniaria por residencia irregular.

Conforme a lo informado por la recurrida, tales antecedentes corresponden a una infracción migratoria menos grave, prevista en el artículo 107 de la Ley N°21.325, y a una infracción migratoria grave, contemplada en el artículo 119 del mismo cuerpo legal. La primera sanciona la permanencia en el país con un permiso expirado durante un período inferior o igual a ciento ochenta días corridos, mientras que la segunda se configura cuando dicha permanencia supera los ciento ochenta días.

De los antecedentes informados por el Servicio aparece, además, que mediante Resolución Exenta N°232814, de 27 de junio de 2018, se otorgó al recurrente un permiso de residencia temporal vigente hasta el 9 de agosto de 2019, prorrogado por una vez hasta el 9 de agosto de 2020.

Posteriormente, mediante Resolución Exenta N°25112918, de 28 de febrero de 2025, se rechazó la solicitud de residencia definitiva presentada por el recurrente el 12 de abril de 2024 y se le otorgó, en subsidio, un permiso de residencia temporal por el plazo de un año, vigente desde el 3 de marzo de 2025 hasta el 3 de marzo de 2026.

En tales condiciones, al presentar una nueva solicitud de residencia definitiva el 30 de enero de 2026, registrada bajo el ID N°75209353, el recurrente no acreditaba el período mínimo de cuarenta y dos meses de residencia temporal exigible. Por ello, la autoridad no acogió a trámite su solicitud y dispuso la remisión de sus antecedentes al Departamento de Residencias Temporales.

Octavo: Que, de lo expuesto, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad en la actuación del Servicio Nacional de Migraciones, toda vez que la decisión impugnada se sustentó en los requisitos previstos en el artículo 79 de la Ley N°21.325 y en el artículo 65 N°4, letras c) y e), del Decreto Supremo N°296, conforme a los antecedentes migratorios del recurrente analizados precedentemente.

Debe considerarse, además, que el Servicio remitió de oficio sus antecedentes al Departamento de Residencias Temporales, dando origen a la solicitud ID N°75542999, actualmente en tramitación. Mientras se sustancia dicho procedimiento, Ted-Meynard nombre reservado mantiene una situación migratoria regular, cuenta con el correspondiente certificado de residencia en trámite y conserva la vigencia de su cédula de identidad para extranjeros por el solo ministerio de la ley.

En tales circunstancias, no se advierte que la actuación cuestionada importe una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de la garantía constitucional invocada, por lo que la presente acción será desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Ted-Meynard nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°11.947-2026-Protección.