nombre reservado con CARABINEROS DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, nueve de junio de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que doña nombre reservado, deduce recurso de protección en contra del Director Nacional del Personal de Carabineros de Chile, General Inspector Mauricio González nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta RA Nº 110207 /1/2020, de fecha 03 de enero de 2020, que dispuso el término anticipado de la designación a contrata de la recurrente, acto que vulnera las garantías prevenidas en los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica, conforme los antecedentes que se expresan .

Con fecha 28 de agosto de 2006, por medio de resolución Nº 235 de del Director General de Carabineros, doña Katherine Lizama fue contratada como Secretaria, asimilado a grado 14º en la Escala de Sueldos de Carabineros de Chile, con una jornada de 44 horas semanales, desempeñándose en la Dirección Nacional de Logística de Carabineros, asumiendo dichas funciones con fecha 7 de septiembre de 2006.

Anualmente fue renovada su contratación, siempre hasta el 31 de diciembre de cada año, siendo la ultima hasta el 31 de diciembre de 2020.

Que con fecha el 7 enero de 2020, el coronel nombre reservado le comunicó el término anticipado de su contratación, donde no se especifica el porqué de su término, argumentando el coronel que este tenía la potestad y el cargo para realizar dicha acción.

Agrega que la real motivación para poner término anticipada a su contrata a través de la causal de necesidades del servicio o por no ser necesarios sus servicios, no fue otra razón que haber reclamado de los acoso y actos discriminatorios, y haber hecho uso de licencias medicas durante 18 meses, acusándola infundadamente de falsificación de las mismas, lo que denota el proceder arbitrario y caprichoso de la autoridad, y una falta absoluta de razonabilidad y fundamentación de su decisión, por cuanto tuvo buenas evaluaciones y siempre cumplió las funciones propias del cargo a cabalidad. En los hechos, lo que ocurrió no es más que una desvinculación ejecutada con animadversión en contra de una funcionaria.

Al examinar la Resolución, la autoridad funda su decisión en base a consideraciones sin asidero legal, expresando conceptos que requieren ser analizados con tal de establecer su ilegalidad.

Término anticipado de contrato y cláusula "mientras no sean necesarios sus servicios": Tal como se establece en el considerando a), d), e) y f) de la impugnada Resolución Exenta.

Al respecto es menester tener en consideración lo señalado por la Contraloría General de la República, a través del dictamen N° 6.400 del año 2018, el cual actualizó las instrucciones y criterios complementarios fijados en el dictamen Nº 85.700 del año 2016 de ese origen, sobre confianza legítima en los contrata, la autoridad tiene la facultad para poner término anticipado de una designación a contrata, la cual, -como en el caso en comento-, posea en su resolución de contratación la fórmula "mientras sea necesarios sus servicios".

Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 11 de la Ley Nº 19.880 de Bases de Procedimientos Administrativos, el cual guarda concordancia con lo previsto en el inciso 1 del artículo 16, y en el inciso 4 del art. 41 del mismo cuerpo legal; se configura el deber de fundamentación de los actos administrativos.

En consecuencia, para que la autoridad pueda ejercer dicha facultad, deberá materializar su decisión en un acto administrativo fundado, pesando sobre ella la carga de expresar los razonamientos de hecho y fundamentos de derecho que posibiliten y sustenten dicha decisión. No es fundamento suficiente, que las labores hubieren sido asumidas por otro funcionario, por el contrario aquello denota que el cargo o funciones si son necesarias y existen dentro de la institución, lo que deslegitima las supuestas necesidades del servicio.

Aptitudes personales del empleado; el considerando tercero de la Resolución Exenta impugnada, hace alusión a la ausencia de aptitudes del funcionario.

Cabe señalar que en relación a la ausencia de aptitudes del funcionario, lo expresado en el dictamen Nº 6.400 de 2018 de la Contraloría General de la República obedece a un deber necesario de expresarlas, de señalar y justificar las aptitudes que carece el funcionario respectivo y que afectan su desempeño.

En lo que concierne a las aptitudes personales que debiesen poseer los funcionarios públicos, el legislador, por medio del Estatuto Administrativo -artículos 32 y siguientes- ha establecido un sistema de calificaciones, el cual tiene como objetivo "evaluar el desempeño y las aptitudes, tanto personales como profesionales, de los funcionarios públicos", -según su propio escalafón-, y estas son las calificaciones que se plasman en los Informes de Desempeño de los Escalafones de cada año.

En tal sentido, el Oficio Circular No 22 de fecha 30 de noviembre de 2017 del Ministro de Hacienda, imparte orientaciones sobre la renovación de contratos, considerando además el dictamen No 85700 de 2016 de la Contraloría General de la República, que contiene instrucciones sobre la no renovación de contratos, señalando:

"1.- Las eventuales no renovaciones de contratas deben estar limitadas solo a los casos debidamente fundados y acreditables sobre la base que concurran criterios objetivos, que impidan discriminaciones arbitrarias.

2.- Los criterios para la eventual no renovación del personal a contrata deben basarse en fundamentos obtenidos en el proceso de evaluación de desempeño de los funcionarios, o en su defecto, en la no continuidad de los programas o planes para los cuales prestan servicios en la respectiva institución." Como se puede colegir, la Resolución impugnada no ha logrado establecer ni menos fundamentar que la funcionaria carezca de dichas aptitudes personales que justifiquen su desvinculación.

La arbitrariedad del acto se evidencia pues la resolución impugnada carece de razonabilidad y fundamentos suficientes e idóneos que impidan que la decisión emane del mero capricho de la autoridad. Esta irracionalidad emana del propio contenido de la Resolución, al establecer el término anticipado del contrato en razón de que la designación a contrata contenía la fórmula "mientras sean necesarios sus servicios", fundando dicha decisión en lo establecido en el considerando f), la cual radica en que: "teniendo en consideración que sus funciones fueron asumidas en forma íntegra por otro funcionario de la institución a su vez el actual proceso de convergencia y migración del sistema de información para la gestión financiera del Estado (SIGFE) al sistema ERP SAP Logístico y Financiero, medida incorporada por una restructuración contable institucional, la funcionaria C.P.R. nombre reservado no demuestra contar con las competencias y habilidades suficientes, como tampoco se encuentra actualizada procesos financiero contables, que le permitan desempeñarse de manera eficiente, razón por la cual se estima poner término anticipado a su contrato, por no ser necesarios sus servicios.

Señala que aun cuando fuere efectivo el cambio de sistema y procesos, es falso que no haya demostrado contar con las competencias, pues había vuelto de una larga licencia médica (18 meses), y hasta su desvinculación no se le permitió desempeñar sus labores, por lo que es imposible que existiese la oportunidad en que se pudiese haber evaluado tal situación. Además al volver de sus licencias, tomo conocimiento de que estaban dando capacitación en el nuevo sistema contable, pero a la recurrente nunca se le incluyo en dicha capacitación.

En cuanto a la vulneración de las garantías constitucionales, se señala;

Articulo 19 N"2 de la Constitución Política de la República: La igualdad y la no discriminación.

El acto administrativo, por medio del cual, se le puso término anticipado a la contrata, vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, ya que como se ha demostrado precedentemente, la decisión carece de toda fundamentación legal, criterios de imparcialidad, falta de objetividad y racionalidad, según lo señalado en el artículo 11 de la Ley N" 19.880, y especialmente en el artículo 79 de la Ley 18.961, estableciendo diferencias arbitrarias respecto de otros funcionarios que se encuentran en la misma situación laboral de la recurrente; expulsándola del servicio público, sin expresión de fundamento legal y racional o posibles faltas en su gestión, lista de demérito o cualquier canon razonable que justifique la señalada desvinculación de manera anticipada.

Articulo 19 N" 16 de la Constitución Política de la República: Derecho de Trabajo y su protección.

Tratándose que el empleador es un servicio público que ha hecho uso de una potestad discrecional, la discriminación indirecta deviene en esencial, pues precisamente el uso de su "potestad discrecional" es la justificación aparentemente lícita que utilizó y utilizará para justificar su conducta, que se revela en arbitraria en la medida que no se funda en la capacidad o idoneidad para el empleo.

Artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República: Derecho de Propiedad.

Tal como lo señala el artículo 80 de la ley Nº 18.834, todo funcionario tiene derecho a gozar de estabilidad en el empleo, la cual constituye un bien resguardado por el derecho y que pertenece al orden público económico, ya que forma parte del patrimonio personal, social y pecuniario de los sujetos. De modo que sobre este derecho que es considerado una cosa incorporal, también hay propiedad, de acuerdo con lo señalado en la Carta Fundamental, como en el artículo 583 del Código Civil, constituyendo lo que la doctrina ha denominado "la propietarización" de los derechos.

Finalmente solicita tener por interpuesto acción constitucional de protección en contra del Director Nacional del Personal de Carabineros de Chile don nombre reservado, o quien en derecho lo subrogue, represente o haga las veces de tal por haber incurrido en arbitrariedad e ilegalidad por medio de la dictación de la Resolución Exenta RA N" 110207/2020, de fecha 3 de enero de 2020, en virtud de la cual se puso término anticipado a la designación a contrata de la recurrente; infringiendo los derechos fundamentales consagrados en los números 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y se ordene invalidar el acto administrativo impugnado, decretando la reincorporación de la recurrente; el pago de las remuneraciones por todo el periodo en que no ha podido desempeñar sus funciones y los demás derechos que le asistían como funcionario, con reajustes e intereses y con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que evacuado el informe por la parte recurrida solicita se rechace el recurso de protección con costas, por los antecedentes que expone.

Que el artículo 1 º, de la Orden General Nº 1.957, de 18 de agosto de 2010, que aprueba la Directiva del Personal Contratado por Resolución (C.P.R), prescribe que este personal es aquel que desempeña determinadas funciones en Carabineros de Chile en forma transitoria, por el lapso o periodo que la resolución respectiva determine o mientras sean necesarias sus funciones, pudiendo durar como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año.

De lo anterior, es posible colegir que es de la esencia de este tipo de contratación, la transitoriedad del vínculo, como asimismo que tiene por objeto la satisfacción de determinadas necesidades institucionales.

A su vez, el término de la designación a contrata, aparece tratada en la citada Directiva del Personal Contratado por Resolución (C.P.R), que en su artículo 57, numeral 7º, establece como causal de término del contrato por resolución, el no ser necesarias las funciones del contratado. La referida norma agrega que el acto producirá sus efectos desde la notificación del interesado de la resolución totalmente tramitada que así lo disponga, y que esta causal será propuesta fundadamente por la Alta Repartición o Repartición involucrada.

En cuanto que su desempeño fue bien evaluado en sus últimos procesos evaluatorios del personal, lo que habría permitido prorrogar su contrata, es menester destacar que la Contraloría General de la República, a través de sus dictámenes N°. 23.455, 82.694, ambos de 2014 y 6.599, de 2015, entre otros, precisó que la calificación obtenida por un empleado, no es una circunstancia que obligue a disponer la renovación que se pretende.

En cuanto a la confianza legítima, el Ente de Control, mediante dictamen Nº 22.766, de 2016, ha sostenido que las funciones de los empleados a contrata expiran el 31 de diciembre de cada año, o en el plazo determinado que dentro del mismo año señale la designación, sin perjuicio de que en aquellos casos en que el personal tenga reiteradas renovaciones, la autoridad debe emitir un acto administrativo fundado, por medio del cual exprese sus consideraciones respecto de los fundamentos legales y técnicos para adoptar tal resolución, debiendo notificar al funcionario de la decisión adoptada.

En este sentido, a través de dictamen Nº 6.400, de 2018, el Ente Fiscalizador, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, impartió instrucciones y fijó criterios para los casos de no renovación de personal en calidad de contrata para los servicios públicos que indica tal dictamen, entre ellos, Carabineros de Chile, señalando, en lo pertinente, que la práctica que genera la confianza legítima está determinada por una extensión de tiempo que alcanza más de dos años.

En virtud de lo expuesto, no cabe más que concluir que, debido a la continuidad del servicio de la ex contrata nombre reservado por más de 10 años, en la otrora Dirección Nacional de Logística de Carabineros, y sus reparticiones dependientes, se renovó automáticamente la contrata de la ex funcionaria para el presente año 2020.

Así las cosas, mediante la Resolución Exenta RA Nº 110207 / 1/2020, de fecha 03 de enero de 2020, de este origen, se puso término anticipado a la designación a contrata de la entonces funcionaria, por no ser necesarios sus servicios.

Es del caso hacer presente que, ese acto administrativo determinó que los servicios de la recurrente no resultan necesarios, toda vez que, en los hechos, las funciones para las cuales se le contrató, fueron asumidas en forma íntegra por el Cabo 1 º (A/O) SEYDEWITZ nombre reservado, y por no demostrar contar con las competencias y habilidades suficientes ni actualización necesaria en los diversos procesos financieros contables, que le permitieran desempeñarse de manera eficiente en el proceso de convergencia y migración del Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado I (Sigfe) al Sistema ERP SAP Logístico y Financiero, todo ello, en el contexto de la reestructuración contable Institucional.

En cuanto a la alegación de Supuesta falta de motivación del acto. En primer lugar, se hace presente que, el fundamento de la presunta vulneración de las citadas garantías constitucionales, a juicio de la recurrente, es la falta de motivación del acto administrativo que dispuso su cese, alegación que debe desecharse, toda vez que, tal como ha sido expuesto, de una simple revisión a la Resolución Exenta RA Nº 110207 /1/2020, se advierte que en su parte considerativa se indicó que, producto de una reestructuración contable Institucional, sus funciones fueron asumidas en forma íntegra por un funcionario de Planta, toda vez que se consideró que no se encontraba lo suficientemente capacitada para desempeñarse de manera eficiente en la convergencia y migración del Sigfe al Sistema ERP SAP Logístico y Financiero. Además, el acto administrativo se emitió por la autoridad institucional competente, cumpliendo con las exigencias tanto legales como jurisprudenciales en su ejecución.

En lo que respecta a la garantía de igualdad ante la ley es del caso manifestar que la recurrente efectúa alegaciones genéricas a este respecto, sin indicar en forme específica de qué manera se conculcó esta garantía fundamental en su caso.

En cuanto a la libertad al trabajo tampoco es posible advertir como se coarta dicha garantía ya el hecho de ponerle término anticipado a su contrata no la priva de su derecho de elegir otro trabajo.

Por su parte, en cuanto al derecho de propiedad, es del caso indicar que no existe el pretendido derecho sobre el empleo o función pública, toda vez que el vínculo contractual existente entre la recurrente y Carabineros de Chile es esencialmente transitorio, encontrándose la Dirección Nacional de Personal facultada para ponerle término anticipado, por configurarse una de las causales expresamente contemplada en la normativa que regula la materia, a saber, el no ser necesarias las funciones del contratado.

Agrega además la recurrida que es importante mencionar que para que la actora promueva su alegación, debe estar en posesión de un derecho indubitado, esto es, un derecho cuya titularidad no dé lugar a dudas o interpretaciones. Pues bien, en el caso de autos la recurrente no posee un derecho indubitado, toda vez que desconoce la naturaleza jurídica de su vínculo contractual transitorio así como la facultad de la Institución poder poner término al mismo, de conformidad a la ley. De este modo, la hipótesis de la actora resulta errónea, verificándose la ausencia de uno de los requisitos esenciales de esta acción constitucional En consecuencia, y habida consideración de lo expuesto, se solicita tener por evacuado dentro de plazo el informe requerido y tener a bien rechazar el presente Recurso de Protección, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio;

CUARTO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la acción cautelar.

QUINTO: Que constituyen hechos indubitados los siguientes:

a) Con fecha 28 de agosto de 2006, por medio de resolución Nº 235 de del Director General de Carabineros, doña Katherine Lizama fue contratada como Secretaria, asimilado a grado 14º en la Escala de Sueldos de Carabineros de Chile, con una jornada de 44 horas semanales, desempeñándose en la Dirección Nacional de Logística de Carabineros, asumiendo dichas funciones con fecha 7 de septiembre de 2006 b) Que la contratada como Secretaria de doña Katherine Lizama se renovó de forma sucesiva e ininterrumpida desde el año 2006, siendo la ultima, renovación desde el 01 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 c) Que la Resolución Exenta RA. Nro. 110207/3/2019, de fecha 07 de enero de 2019, se prorroga el contrato, entre otros, a la Secretaria C.P.R. nombre reservado, (Run.RUT reservado), con una jornada de 44 horas semanales, a contar del 01 de enero de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2019, y mientras sean necesarios sus servicios.

d) Por último, mediante la Resolución Exenta RA. Nº 110207 /1/2020, de fecha 03 de enero de 2020, se puso término anticipado a la designación a contrata de la ex C.P.R. nombre reservado, por no ser necesarios sus servicios.

SEXTO: Que según la definición del Estatuto Administrativo, el empleado a contrata, es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución, y dura sólo hasta el 31 de diciembre de cada año, fecha que expiran sus funciones por el sólo ministerio de la ley salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos. En la especie la recurrente fue contratada bajo la fórmula “mientras sus servicios sean necesarios”, desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2019, sin embargo se dispuso por resolución exenta RA Nº 110207 /1/2020, de fecha 03 de enero de 2020, a poner término anticipado a dicho vínculo laboral, a pretexto de que sus funciones fueron asumidas en forma íntegra por el Cabo 1 º (A/O) Seydewitz nombre reservado, y por no demostrar contar con las competencias y habilidades suficientes ni actualización necesaria en los diversos procesos financieros contables, que le permitieran desempeñarse de manera eficiente en el proceso de convergencia y migración del Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado I (Sigfe) al Sistema ERP SAP Logístico y Financiero, todo ello, en el contexto de la reestructuración contable Institucional, sin que resulte debidamente fundamentada tal motivación, desde que no se señaló antecedente alguno que permitiera determinar que la recurrente no se encontraba debidamente capacitada para ejercer el cargo ya que a la recurrida le asistía la obligación de capacitar a la recurrente en la implementación del nuevo sistema informático contable, como se hacía con otros funcionarios de la institución, por lo que el argumento de falta de competencias y habilidades carece de fundamentación, por omisión o negligencia de la recurrida ya que no se hizo constar ningún elemento de convicción que avale lo expresado en la resolución objeto del presente recurso.

SEPTIMO: Que el artículo 10 del Estatuto Administrativo establece que el 31 de diciembre de cada año los empleados a contrata “expirarán en sus funciones… por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”. La literalidad de este precepto ha sido reinterpretada por Contraloría General de la Republica a partir de su dictamen N° 22.766/2016, en el cual reconsidera su jurisprudencia anterior exigiendo que la no renovación de un empleado a contrata deba motivarse expresamente 30 días antes del fin de año si esta calidad ya se había renovado -desde la segunda renovación al menos-, en virtud “del deber derivado del principio de la confianza legítima de tener los órganos de la Administración del Estado una actuación coherente”. De lo contrario, se produce una renovación automática, punto que ha sido reforzada y profundizada por nuestra Excma. Corte Suprema .

OCTAVO: Que se ha vulnerado respecto del actor la garantía fundamental de la igualdad ante la ley, en tanto fue objeto de un trato discriminatorio en relación a aquellas personas que, contratadas en similares o iguales condiciones, no se vieron sometidas a una decisión como la que se consigna.

Asimismo, la actuación del Departamento de Personal de Carabineros de Chile, ha quebrantado respecto de la actora la garantía fundamental consagrada en el artículo 19 N° 24 de nuestra Carta Magna, esto es el derecho de propiedad, ya que lo ha privado, al margen de la ley, de recibir sus remuneraciones por el período correspondiente al año 2020, que corresponde al lapso por el cual se le debió haber renovado su contrata, por no existir mérito, como ya se dijo para no hacerlo, considerando, además, que se le había extendido su vínculo laboral por 14 años.

Y de conformidad además con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:

Que se acoge el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado, en contra de la Director Nacional del Personal de Carabineros de Chile, representado por el General Inspector don nombre reservado, y en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Exenta RA Nº 110207 /1/2020, de fecha 03 de enero de 2020, que dispuso la no renovación de su contrata y en su lugar se decide que el Servicio recurrido deberá dictar la resolución pertinente renovando la contrata del recurrente hasta el 31 de diciembre de 2020, en las mismas condiciones que la última renovación.

En mérito de lo anterior, corresponde que la actora reciba su remuneración íntegra por el tiempo que se ha mantenido separara de sus funciones con motivo del acto recurrido, esto es, desde el 7 de enero de 2020, hasta la fecha de su reincorporación, que no podrá exceder del décimo día que la presente sentencia se encuentre firme, con costas del recurso.

Regístrese y notifíquese.

Redacción del Ministro señor Muñoz.

N°Protección-11941-2020.

� Sentencias Roles Corte Suprema N° 36.491-2015 y Nº 35.103-2017.