Protección contra dicha entidad edilicia

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de septiembre de dos mil veintiséis. A los folios 15, 16, 17 y 18, a todo, téngase presente. Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, exfuncionaria de la Ilustre Municipalidad de Maipú, quien deduce acción constitucional de protección en contra de dicha entidad edilicia, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación del Decreto Alcaldicio N° NUM000, de 31 de marzo de 2026, que le impuso la sanción disciplinaria de destitución, confirmado mediante Decreto Alcaldicio N° NUM001, de 9 de abril del mismo año, que rechazó el recurso de reposición deducido en su contra.

Expone que se desempeñó durante más de diecisiete años en la Municipalidad recurrida, manteniendo una conducta funcionaria intachable y calificaciones en Lista N° 1 de Distinción.

Señala que, mediante Decreto Alcaldicio N° NUM002, de 2 de junio de 2025, se instruyó un procedimiento sumarial destinado a determinar eventuales responsabilidades administrativas relacionadas con funcionarios que registraban salidas o permanencias en el extranjero mientras hacían uso de licencias médicas.

Refiere que, durante la vigencia de una licencia médica con reposo total domiciliario, viajó a Colombia entre los días 25 y 27 de diciembre de 2023, acompañando a una de sus hijas, quien trabaja como tripulante de cabina, en un contexto familiar complejo y cuando estimaba encontrarse en mejores condiciones de salud.

Indica que se le formularon cargos por incumplir el reposo médico prescrito y utilizar una licencia médica para justificar su inasistencia laboral durante un viaje internacional de carácter personal, configurando una desviación de la finalidad legal del beneficio.

Sostiene que la autoridad no ponderó adecuadamente sus descargos ni consideró la ausencia de intención defraudatoria, la validez y necesidad de la licencia médica, la brevedad del viaje, las circunstancias familiares que lo motivaron, su extensa trayectoria funcionaria y sus antecedentes disciplinarios favorables.

Agrega que los decretos impugnados se habrían limitado a reproducir las conclusiones del fiscal instructor, sin efectuar un análisis autónomo de los antecedentes, y que la conducta investigada constituiría, a lo sumo, una infracción de naturaleza previsional o sanitaria, pero no una vulneración grave al principio de probidad administrativa.

Alega que la destitución resulta desproporcionada y vulnera las garantías consagradas en los numerales 2, 3, 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando que se dejen sin efecto los decretos alcaldicios impugnados, se ordene su reintegro a la Municipalidad y el pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes al período comprendido entre su separación y su efectivo reingreso, debidamente reajustados, con costas.

Segundo: Que evacúa informe la Ilustre Municipalidad de Maipú, solicitando el rechazo del recurso. Señala que, mediante Oficio N° NUM003, la Contraloría General de la República comunicó antecedentes relativos a funcionarios municipales que registraban salidas o permanencias en el extranjero durante períodos en que se encontraban haciendo uso de licencias médicas, lo que motivó la instrucción del correspondiente sumario administrativo.

Expone que la recurrente se desempeñaba como funcionaria a contrata, perteneciente al escalafón administrativo, grado 15°, dependiente de la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana, y que durante el procedimiento reconoció haber viajado a Colombia entre los días 25 y 27 de diciembre de 2023 mientras se encontraba haciendo uso de una licencia médica con reposo total domiciliario.

Sostiene que el recurso de protección no constituye la vía idónea para revisar el mérito de las decisiones adoptadas en un procedimiento disciplinario reglado, ni para sustituir la ponderación de los antecedentes efectuada por la autoridad administrativa competente.

Afirma que la licencia médica no constituye únicamente un instrumento previsional, sino también la causa jurídica que justifica la inasistencia del funcionario al servicio, de manera que su utilización para fines incompatibles con el reposo prescrito proyecta sus efectos sobre la relación estatutaria y puede configurar una infracción grave al principio de probidad administrativa.

Agrega que para la configuración de dicha infracción no resulta indispensable acreditar un ánimo específico de defraudar, pues lo relevante es que la funcionaria utilizó un beneficio estatutario destinado a la recuperación de su salud en condiciones objetivamente incompatibles con su finalidad.

Indica que los decretos impugnados se encuentran debidamente fundados, contienen un análisis de los hechos, de las normas aplicables, de los descargos y de las circunstancias atenuantes invocadas, y explican las razones por las cuales la trayectoria funcionaria, el contexto familiar y la brevedad del viaje no resultaban suficientes para modificar la calificación jurídica de la conducta ni la sanción aplicada.

Añade que el procedimiento disciplinario respetó el derecho de defensa de la recurrente, quien conoció los cargos, formuló descargos, aportó antecedentes y ejerció oportunamente el recurso de reposición, sin que se haya acreditado la vulneración de alguna de las garantías constitucionales invocadas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que el acto impugnado corresponde al Decreto Alcaldicio N° NUM000, de 31 de marzo de 2026, que aplicó a la recurrente la medida disciplinaria de destitución, y al Decreto Alcaldicio N° NUM001, de 9 de abril del mismo año, que rechazó el recurso de reposición interpuesto en su contra y mantuvo dicha sanción.

La decisión fue adoptada en el marco de un procedimiento disciplinario legalmente instruido, en el que se investigó el viaje efectuado por la recurrente al extranjero durante la vigencia de una licencia médica que prescribía reposo total domiciliario.

Quinto: Que, de los antecedentes acompañados, aparece como hecho no controvertido que la recurrente salió del país con destino a Colombia entre los días 25 y 27 de diciembre de 2023, mientras se encontraba haciendo uso de una licencia médica con reposo total domiciliario.

Asimismo, consta que la autoridad administrativa instruyó un sumario, formuló cargos, recibió los descargos y antecedentes aportados por la funcionaria y dictó la resolución sancionatoria, la cual fue posteriormente objeto de un recurso de reposición, también resuelto mediante un acto fundado.

Sexto: Que, en dicho contexto, no se advierte que la recurrida haya actuado fuera del ámbito de sus atribuciones, desde que la instrucción del procedimiento disciplinario, la formulación de cargos, la recepción de los descargos y la aplicación de la medida disciplinaria se enmarcan en las facultades que el ordenamiento jurídico reconoce a la autoridad municipal.

Por otra parte, la circunstancia de que la licencia médica no hubiese sido previamente invalidada por la autoridad sanitaria no impedía a la Municipalidad examinar, desde la perspectiva estatutaria, si la conducta desplegada por la funcionaria durante el período de reposo resultaba compatible con sus deberes funcionarios y con el principio de probidad administrativa.

Séptimo: Que las alegaciones relativas a la ausencia de ánimo defraudatorio, al contexto familiar que habría motivado el viaje, a la validez de la licencia médica, a la brevedad del desplazamiento, a la trayectoria funcionaria y a las calificaciones obtenidas por la recurrente fueron planteadas en sede administrativa y consideradas tanto al dictarse la resolución sancionatoria como al resolverse el recurso de reposición.

Los actos impugnados explican que tales circunstancias, aunque fueron ponderadas, no poseían entidad suficiente para alterar la calificación de la conducta, atendido que la recurrente efectuó voluntariamente un viaje internacional de carácter personal durante la vigencia de un reposo total domiciliario.

La circunstancia de que la recurrente discrepe de esa ponderación no transforma, por sí sola, la decisión administrativa en ilegal o arbitraria, particularmente cuando esta se funda en un hecho material reconocido y en una calificación jurídica vinculada con el uso de un beneficio estatutario, el cumplimiento de los deberes funcionarios y la observancia del principio de probidad administrativa.

Octavo: Que el recurso de protección no constituye una instancia de revisión general del mérito de los procedimientos disciplinarios ni permite sustituir, por esta vía cautelar, la apreciación de los antecedentes efectuada por la autoridad competente, salvo que se constate una infracción manifiesta de legalidad, falta absoluta de fundamento, desviación de poder o afectación evidente de garantías constitucionales, circunstancias que no aparecen acreditadas en la especie.

En efecto, la recurrente conoció los cargos formulados, presentó sus descargos y antecedentes, y ejerció el recurso administrativo correspondiente, sin que se advierta la omisión de algún trámite esencial ni una privación efectiva de su derecho de defensa.

Noveno: Que, en cuanto a la proporcionalidad de la medida aplicada, los decretos impugnados fundaron la sanción en la gravedad atribuida al uso de una licencia médica con reposo total domiciliario para efectuar un viaje al extranjero de carácter personal, estimando que dicha conducta desnaturalizó la finalidad del beneficio y vulneró gravemente el principio de probidad administrativa.

La autoridad también explicitó las razones por las cuales la duración del viaje, los motivos familiares invocados, la antigüedad y los antecedentes funcionarios favorables no resultaban suficientes para neutralizar la gravedad de la infracción establecida.

De este modo, aun cuando la recurrente sostenga una interpretación distinta acerca de la entidad de los hechos y de la medida disciplinaria procedente, no se aprecia que la decisión carezca de fundamento racional o que constituya una actuación puramente caprichosa.

Décimo: Que tampoco se advierte vulneración de las garantías constitucionales invocadas, puesto que la recurrente fue sometida a un procedimiento reglado y tuvo oportunidad de ejercer su defensa; la sanción fue aplicada sobre la base de circunstancias objetivas y normas generales aplicables a los funcionarios municipales; no se acreditó la existencia de una conducta autónoma de la recurrida dirigida a menoscabar su honra; y la estabilidad funcionaria se encuentra sujeta a las causales legales de cesación, entre ellas la destitución impuesta como consecuencia de un procedimiento disciplinario.

Por consiguiente, no habiéndose demostrado la existencia de un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas, la presente acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el art culo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional de protección deducida por doña nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Maipú.

Acordado con el voto en contra de la Ministra señora Araya, quien fue del parecer de acoger el recurso, por las siguientes consideraciones: 1.- Que los actos impugnados corresponden a resoluciones dictadas en el marco de un procedimiento disciplinario legalmente instruido, mediante las cuales se impuso a la recurrente la sanción de destitución por estimarse que incurrió en una infracción grave a sus deberes funcionarios, consistente en haber viajado al extranjero durante el período de vigencia de una licencia médica que prescribía reposo domiciliario. 2.- Que, para resolver se debe tener presente que la jurisprudencia ha establecido de forma invariable que el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la Administración del Estado abarca la revisión de la legalidad de la decisión adoptada, pero no mérito de la misma, cuestión que por su propia naturaleza corresponde a la Administración, sin que los tribunales cuenten con la competencia para sustituirla en la decisión a menos que se establezca una ilegalidad o arbitrariedad en la determinación, aspecto este último que comprende el análisis de la razonabilidad de la medida adoptada, cuestión que se vincula estrechamente con el cumplimiento del principio de proporcionalidad. 3.- Que, asentado lo anterior, se debe tener presente que el artículo 58 de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales establece que son obligaciones de estos últimos: “g) Observar estrictamente el principio de probidad administrativa regulado por la ley Nº 18.575 y demás disposiciones especiales;(…)”.

A su turno, dispone el artículo 52 de este último cuerpo legal que “Las autoridades de la Administración del Estado, cualquiera que sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa.

El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.

Su inobservancia acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las leyes y el párrafo 4º de este Título, en su caso.”

A su turno, en el párrafo 4° antes referido, se encuentra el artículo 64 N° 3, que dispone que contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, entre otras conductas, emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros.

Por otro lado, el artículo 125 de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, dispone que la medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa y en los casos que reseña en la letra a) a e).

De este modo, una contravención especialmente grave del principio de probidad administrativa implica una vulneración, que implica, idealmente, más no necesariamente, la destitución del infractor, salvo los casos específicos previstos en los literales previstos en la norma que corresponden: “a) Ausentarse de la institución por más de tres días consecutivos, sin causa justificada; b) Infringir las disposiciones de las letras i), j), k), l) y m) del artículo 84; c) Condena por crimen o simple delito, y d) Presentar denuncias falsas de infracciones disciplinarias, faltas administrativas o delitos, a sabiendas o con el ánimo deliberado de perjudicar al o a los sujetos denunciados. e) Ejecutar acciones de hostigamiento en contra de cualquier persona que efectúe una denuncia de acuerdo a lo previsto en la ley, o declare como testigo en una investigación administrativa o ante la justicia, afectando su indemnidad o estabilidad en el empleo, su vida o integridad, su libertad o su patrimonio, o que produzca la misma afectación respecto de un miembro de su familia. f) En los demás casos contemplados en este Estatuto o leyes especiales”.

En este orden de ideas, cabe consignar que las prohibiciones previstas en el artículo 84, son: “i) Organizar o pertenecer a sindicatos en el ámbito de la Administración del Estado; dirigir, promover o participar en huelgas, interrupción o paralización de actividades, totales o parciales, en la retención indebida de personas o bienes, y en otros actos que perturben el normal funcionamiento de los órganos de la Administración del Estado; j) Atentar contra los bienes de la institución, cometer actos que produzcan la destrucción de materiales, instrumentos o productos de trabajo o disminuyan su valor o causen su deterioro; k) Incitar a destruir, inutilizar o interrumpir instalaciones públicas o privadas, o participar en hechos que las dañen; i) Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios (…).” 4.- Que, para conforme con la normativa transcrita, para aplicar la sanción de destitución, la autoridad debe tener por acreditada una infracción grave al principio de probidad administrativa, cuestión relevante, toda vez que sobre la resolución que impone la sanción sólo señala los antecedentes vinculados al viaje al extranjero de la recurrente mientras se le habría prescrito reposo médico y reconoce su irreprochable conducta anterior, sin embargo, no pondera desde el punto de vista fáctico la situación concreta de la actora, Lo anterior es relevante, toda vez que, más allá de la extensión del acto impugnado, lo cierto es que carece de fundamentación, en la medida que no desarrolla el quid del asunto, que no es otro que la determinación de la gravedad de la conducta en términos concretos, puesto que es tal razonamiento el que faculta a la autoridad administrativa imponer la máxima sanción y no otra de aquellas establecidas en el catálogo de sanciones, cuestión que determina que el acto sancionatorio incurre en infracción del artículo 11 y 41 de la Ley N° 19880, por lo que es un acto ilegal. 5.- Que, sin perjuicio que la ausencia de fundamentación por sí sola faculta a acoger el arbitrio por cuanto constituye una ilegalidad que impide el control de la decisión administrativa, lo cierto es que, en el caso concreto, su ausencia es aún más relevante. En efecto, no cabe duda de que el incumplimiento del reposo ordenado en una licencia médica constituye una conducta objetivamente reprochable, que puede comprometer la responsabilidad administrativa del funcionario y justificar la instrucción de un procedimiento disciplinario. Sin embargo, no necesariamente aquello determina la existencia de una infracción que vulnera gravemente la probidad administrativa, por lo que no se puede prescindir del análisis factual, máxime si la sanción debe cumplir con estándares previstos en la ley, entre los que se encuentra el principio de proporcionalidad.

En esta materia, la falta de análisis determina que no se consideren cuestiones concretas, esto es, que a la actora se le otorgó una licencia por el lapso de 6 días, en ese contexto, realizó un viaje al extranjero por 3 días. Salió el día lunes 25 de diciembre de 2023 y regresó el miércoles 26 del mismo mes. No se trata, entonces, de una licencia médica que fuera conseguida para viajar al extranjero, toda vez que es contrario a la lógica que la actora, si ese hubiera sido su intención, no saliera el día que se le prescribió el descanso. Esta simple cuestión práctica entrega verisimilitud a su versión, que se vincula con la necesidad de acompañar a su hija -tripulante de cabina- en un momento personal complicado, sin que se representara lo indebido de la conducta.

En tales condiciones, el contexto en que se produjo la infracción debió ser enfrentándolo a la trayectoria funcionaria de la actora -17 años de servicio-, en las que no tuvo mácula alguna, así era trascendente que se realizara el análisis de la existencia de atenuantes que permitan graduar la respuesta sancionatoria.

Esta falta de fundamentación impide ponderar la proporcionalidad de la sanción en el caso concreto, e implica asumir como automática la equivalencia entre incumplimiento de reposo y la infracción grave a la probidad administrativa, sin considerar que la licencia médica fue prescrita por una profesional de salud en función de una dolencia real y que no se acreditó perjuicio alguno al patrimonio o al funcionamiento del servicio, cuestión relevante si se considera que la sanción implica no sólo la pérdida del empleo sino que la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por cinco años. 6.- Que, en estas condiciones, la calificación de la conducta de la actora como infracción grave al principio de probidad administrativa y la consecuente aplicación de la sanción de destitución se presentan como carentes de una motivación y de justificación racional suficiente, en cuanto prescinden de una debida ponderación de los antecedentes del caso, acto ilegal que vulnera el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto implica un trato desigual frente a otros funcionarios públicos.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N° 11.921-2026