EMPRESA TRANSPORTES RURALES LTDA con DIRECCION DEL TRABAJO

Foja: 52 Cincuenta y Dos Santiago, diecinueve de enero de dos mil diecisiete.- VISTOS:

Primero: Que a fojas 10 comparece don nombre reservado, abogado por la Empresa de Transportes Rurales Ltda., representada legalmente por don nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, deduciendo acción de protección en contra de la Dirección Nacional del Trabajo, alegando vulneración a la garantía constitucional del artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que mediante resolución 3719/14/22 de fecha 16 de abril de 2014, la Inspección Provincial del Trabajo de Temuco le aplicó una multa administrativa ascendente a la suma de 60 UTM, por haber incurrido, supuestamente, en la infracción consistente en no llevar correctamente el sistema especial de control de asistencia y de las horas de trabajo de acuerdo a lo establecido en la resolución N° 1081 de fecha 22 de septiembre de 2005 de la Dirección del Trabajo, en el bus placa patente CKPZ-44, respecto de los conductores Sres. nombre reservado, nombre reservado y el auxiliar don nombre reservado, hecho constatado el 16 de abril de 2014.

Indica que en contra de esta multa, con fecha 3 de junio de 2014 ingresó solicitud de reconsideración administrativa, la que es resuelta por el órgano administrativo con fecha 11 de octubre de 2016, rechazándose su solicitud, decisión que se dictó 2 años y 4 meses después.

Estima que este retraso en la resolución de la reconsideración administrativa contraviene los artículos 3 inciso 2, 5 inciso 1, 11 y 53 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de Administración del Estado, pues en los hechos queda de manifiesto una ineficacia en la gestión del órgano administrativo, vulnerándose, asimismo, los artículos 7, 8, 25 y 27 de la Ley N° 19.880.

Señala que esta situación genera el decaimiento del procedimiento administrativo sancionatorio y la extinción de este acto administrativo, perdiendo eficacia y oportunidad la aplicación de la multa.

Agrega que se está vulnerando el derecho a la propiedad, al obligarla a pagar una multa de 60 UTM en virtud de un procedimiento viciado y carente de eficacia. Por lo tanto, pide “se deje sin efecto la multa impuesta por Resolución N° 6262/16/65 de 13 de octubre de 2016, y confirmada por resolución del Director Nacional del Trabajo N° 1992 de 11 de octubre de 2016”. (Sic)

Segundo: Que a fojas 31, doña nombre reservado, abogada, por la recurrida Dirección Nacional del Trabajo, informa solicitando el rechazo del recurso con costas.

Indica que es efectivo que se llevó a cabo el proceso de fiscalización individualizado, que culminó con la dictación de la Resolución N° 3719/14/22 de 16 de octubre de 2014; luego a través de la Resolución N° 1992 de 11 de octubre de 2016, que resuelve recurso de reconsideración administrativa presentado por la recurrente y que es rechazado, se confirma la multa cursada a la actora. Ello por no haber acreditado la existencia de alguno de los presupuestos contenidos en el artículo 511 del Código del Trabajo. En dicho recurso se solicitaba se dejara sin efecto la multa por existir errores de hecho en su aplicación, o en subsidio que se la rebajara en un 50% o en el porcentaje que determinara la autoridad. Agrega, que por decisión del Servicio todas las solicitudes de reconsideración administrativas presentadas respecto de este tipo de multas, son resueltas por el Departamento de Inspección de la Dirección Nacional.

En cuanto a sus alegaciones, plantea que el recurso de protección es extemporáneo, pues lo impugnado es la resolución de 16 de abril de 2014 que establece una sanción de 60 UTM. Acto seguido, hace presente que la recurrente individualiza un N° incorrecto de resolución y concluye que transcurrió sobradamente el plazo de 30 días que se contempla para deducir la acción de protección.

Luego, alega la improcedencia del recurso de protección pues esta acción no ha sido creada por el constituyente como un medio fácil y expedito para ser utilizado en sustitución o reemplazo de aquellas que el ordenamiento procesal contempla. En este sentido, advierte que este recurso ha sido utilizado como un sustituto jurisdiccional de las diversas acciones judiciales y administrativas que el ordenamiento jurídico provee, específicamente, en los artículos 503 y 512 del Código del Trabajo.

Finalmente, señala que no ha incurrido en un acto arbitrario e ilegal porque a la administración no se le aplican plazos fatales, lo que se advierte del artículo 24 de Ley de Bases de Procedimientos Administrativos. Por otra parte, la misma ley, en sus artículos 64 y 65, establece los mecanismos a seguir para los casos en que la autoridad administrativa requerida no se ha pronunciado transcurrido el plazo legal. Por último, señala que es improcedente aplicar la doctrina del decaimiento del procedimiento administrativo en este caso, pues en materia laboral se ha rechazado su aplicación.

Tercero: Que, como se ha dicho, el recurso de protección es una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que pueden experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Para que resulte pertinente recurrir de protección deben concurrir los siguientes requisitos: 1) acción u omisión ilegal o arbitraria; 2) que como consecuencia de ello se derive la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho; y 3) que ese derecho se encuentre comprendido entre los que en enumeración taxativa señala el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Recurso que, además, debe cumplir con lo dispuesto en el “Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales”, el que establece un plazo perentorio de 30 días corridos para su interposición, contado desde la comisión del acto u omisión considerado arbitrario o ilegal.

Cuarto: Que, como también ya se ha dicho, la “ilegalidad” y la “arbitrariedad” pertenecen al género común de las acciones antijurídicas, pero la primera resulta de una violación de los elementos reglados de las potestades jurídicas conferidas a un sujeto público o reconocida a un sujeto natural; y la segunda importa una vulneración del uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder jurídico han de ser ejercidos. Comúnmente se estima que lo ilegal representa una contravención formal al texto legal y lo arbitrario una ausencia de fundamento racional, o sea una manifestación del simple capricho del agente;

Quinto: Que en este caso y para una acertada resolución del conflicto, ha de precisarse que el recurrente impugna la tardanza en la dictación de la Resolución N° 1992 de 11 de octubre de este año, que resuelve recurso de reconsideración administrativa presentado por la recurrente el 3 de junio del año 2014, rechazándolo, por lo que confirma la multa cursada a la actora mediante Resolución N° 3719/14/22 de 16 de octubre de 2014 (citada erróneamente en la petitoria). Dicho rechazo es por no haber acreditado la existencia de alguno de los presupuestos contenidos en el artículo 511 del Código del Trabajo. Esa tardanza para la actora es un acto ilegal y arbitrario que ha devenido en un decaimiento de la multa aplicada, razón por la que debe ser dejada sin efecto.

Sexto: Que habiéndose alegado la extemporaneidad del presente recurso, y aun cuando aparezca que lo que pretendido es dejar sin efecto la resolución de 16 de abril de 2014, que aplicó la multa a la recurrente, dicha petición será rechazada por cuanto el plazo contemplado en el Auto Acordado respectivo contado desde fecha de la resolución que resolvió la reconsideración que se interpuso en contra de aquella, lo hace estar dentro del que se exige.

Séptimo: Que en cuanto al objeto del recurso, se debe tener en consideración que esta acción de tutela constitucional no puede ser una vía sustitutiva de la aplicación de los procedimientos ordinarios para obtener una declaración como la que se pretende, pues no se persigue la tutela de un derecho conculcado o amagado, sino que se emita juicio sobre un procedimiento administrativo ya afinado, lo que en todo caso, debiera serlo en el mismo o ante la autoridad que corresponda No hay, por tanto, un derecho indubitado que debiera reconocerse en este procedimiento.

Sin perjuicio de lo concluido, no puede dejar de consignarse la excesiva tardanza en la resolución de un recurso administrativo, sin que exista motivo alguno que la justifique Por estas razones y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección; se rechaza, sin costas, el recurso deducido, en lo principal de fojas 10, por don nombre reservado, por la Empresa de Transportes Rurales Ltda., en contra de la Dirección Nacional del Trabajo.

Redacción Ministro señor Poblete.

Regístrese, comuníquese y archívese, si no se apelare.

N° Protección 119.155-2016.

Pronunciada por la Octava Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Presidida por el Ministro señor Carlos Gajardo Galdames e integrada por los Ministros señora Adelita Ravanales Arriagada y señor Juan Antonio Poblete Méndez.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, diecinueve de enero de dos mil diecisiete, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.