nombre reservado con DIRECCION DEL TRABAJO DE SANTIAGO

Santiago, seis de enero de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que a fojas 6 comparece Dagoberto Paredes Maldonado, abogado, en representación de nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Dirección del Trabajo por el acto arbitrario e ilegal en que habría incurrido al haber cursado una multa administrativa sin apego al procedimiento legal respectivo, aplicando una sanción pecuniaria por un monto de $2.710.800 sin haberlo emplazado previamente, lo que vulneraría los derechos que la Constitución Política de la República le reconoce y protege en los N° 3, 4 y 24 del artículo 19.

Relata el compareciente que su representado imprimió un certificado de Dicom Financiero Platinum el pasado 12 de octubre y que en dicho documento se reflejaba una deuda ascendente a la suma de $2.710.800 por concepto de una multa laboral informada por la Dirección del Trabajo. En dicho documento, agrega, no se señala el concepto por el cual fue cursada la multa ni el procedimiento seguido a ese respecto, no poseyendo tampoco mayores antecedentes dado que la recurrida se excusó de dar la información atendido que a la fecha del recurso se encontraban en paro.

Solicita se acoja la presente acción, ordenando que se realice la eliminación de la morosidad señalada en el informe de Dicom Financiero, se retrotraiga el acto de multa, anulando todo lo obrado hasta el estado de notificar válidamente la multa interpuesta, suspendiendo cualquier procedimiento de cobro ejecutivo de la misma, con costas.

Segundo: Que a fojas 40 evacuó informe la recurrida y solicitó el rechazo de la acción deducida, con costas, por cuanto indica, en primer lugar, que se siguió un procedimiento de fiscalización en contra del recurrente por la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta producto del “Programa Nacional de Fiscalización al Sector de Servicios Interurbanos de Transporte de Pasajeros (Turismo y Transporte de personal) y de la Locomoción Colectiva Urbana de Pasajeros, Semana Santa 2016”.

Con motivo de lo anterior, añade, el 24 de marzo pasado se generó una denuncia contra el empleador, recurrente de autos, por no cumplir la jornada de trabajo ni otorgar descanso a los trabajadores de transporte y por no llevar correctamente el registro de asistencia y la determinación de las horas de trabajo. Con esa misma fecha, continúa el informe, se realizó visita inspectiva al domicilio a fiscalizar, levantándose acta de la gestión realizada, que lleva la firma del chofer del bus placa patente GXVR-97, y se suspendieron las labores respecto del trabajador que formaba parte de la tripulación del bus.

Por lo anterior, continúa, se constató la existencia de las infracciones señaladas, cursando la multa ascendente a 60 Unidades Tributarias Mensuales, equivalentes a $2.710.800.-, con la misma fecha antes dicha. Ella fue notificada al recurrente el día 29 de marzo de este año, conforme lo acredita el documento llamado “Manifiesto Resumen”, emitido por Correos de Chile.

Alega el informante que esta Corte es incompetente para conocer del presente recurso, conforme al artículo 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, pues los hechos se verificaron en Antofagasta, siendo la Corte de dicha ciudad el tribunal competente.

Asimismo, alega la extemporaneidad del recurso, pues el recurrente fue notificado de la resolución de multa el 29 de marzo de 2016, conforme al documento citado en los párrafos precedentes, y habiendo entablado la presente acción el día 11 de noviembre pasado, trascurrió con creces el plazo para interponer la acción.

Por otra parte, aduce que el recurso de protección no puede ser utilizado como un sustituto procesal cuando existen procedimientos para reclamar de la sanción administrativa, como lo son los establecidos en los artículos 503 y 512 del Código del Trabajo. Agrega luego que la Dirección llevó adelante el procedimiento administrativo con irrestricto apego a su función administrativa de fiscalización, razón por la cual no ha existido vulneración de los derechos fundamentales invocados, por lo que debe rechazarse la presente acción de protección, con costas.

Tercero: Que prácticamente la totalidad de la documentación agregada al proceso, la que se valora de acuerdo a las reglas de la sana crítica conforme lo prescribe el párrafo segundo del N° 5 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, da cuenta que la fiscalización practicada por la Inspección del Trabajo de Antofagasta se dirigió contra nombre reservado y de hecho la Resolución de Multa N° 3382/16/22 sanciona a esta persona, imponiéndole el pago al referido título del equivalente en pesos a 60 Unidades Tributarias Mensuales.

Ahora bien, específicamente la infracción a la legislación laboral fue constatada con motivo de la visita inspectiva llevada a cabo en el bus placa patente GXVR-97, que de acuerdo al documento agregado a fojas 64 figura inscrito en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados a nombre del Banco de Chile como propietario y de Transportes Cometa S.A. como mero tenedor.

En este contexto, en que los documentos aparejados no dan cuenta que el recurrente nombre reservado tenga domicilio en la ciudad de Antofagasta, donde tuvo lugar la fiscalización, y que la notificación de la resolución que impuso la multa se practicó por carta certificada despachada a un domicilio de esta ciudad y respecto de Transportes Cometa, no cabe sino concluir que el proceso sancionador y la sanción impuesta se dirigieron contra una persona distinta de aquella que se constató había incurrido en la contravención y que la decisión adoptada por la autoridad administrativa ni siquiera fue legalmente puesta en su conocimiento, apartándose con ello de modo manifiesto del curso regular que la ley prevé para esta clase de actividad.

Cuarto: Que la ilegalidad anteriormente constatada trae aparejada como necesaria consecuencia que la multa en dinero impuesta a nombre reservado afecte también de manera ilegal el derecho que la Constitución Política le reconoce y ampara en el N° 24 del artículo 19, esto es, el derecho de propiedad que tiene ya sea sobre el dinero que le pertenece y que habría de destinar al pago de la multa impuesta en estas irregulares condiciones, como sobre otros bienes muebles de que también sea dueño y podrían verse expuestos a embargo y realización para satisfacerla.

En tal escenario, la acción de protección ejercida debe ser necesariamente acogida.

Quinto: Que en cuanto a las alegaciones de incompetencia e extemporaneidad, lo razonado en los motivos precedentes permite descartar ambas. Respecto de la primera, pues si bien la fiscalización se llevó a cabo en Antofagasta, lo cierto es que los efectos de la misma se pretendió radicarlos en quien se halla domiciliado en el territorio jurisdiccional de esta Corte y, por consiguiente, al tenor del N° 1 del Auto Acordado ya referido, en tanto dispone que el recurso o acción o protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal o don éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, resulta que este tribunal es el llamado a conocer del recurso. En relación a la segunda, baste señalar que si la notificación del acto que motiva la acción no fue practicada a quien reclama de él, malamente puede pretenderse que el cómputo del término de treinta días previsto en el N° 1 del Auto Acordado citado se contabilice desde esa notificación. De este modo, si el documento de fojas 1, que es aquel a través del cual el recurrente dice haberse enterado de la actuación ilegal, tiene fecha 12 de octubre de 2016 y el recurso aparece interpuesto el 11 de noviembre del mismo año, no cabe sino concluir que se lo dedujo dentro de plazo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge el recurso deducido en lo principal de la presentación de fojas 6 por Dagoberto Paredes Maldonado, en representación de nombre reservado, y a fin de restablecer el imperio del derecho se deja sin efecto la Resolución de Multa N° 3382/16/22 de 24 de marzo de 2016.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro señor Balmaceda.

Protección N° 119.149-2016.

No firma la Ministra señora Villadangos, por estar haciendo uso de su feriado legal, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora María Soledad Melo Labra, conformada por los Ministros señor Jaime Balmaceda Errázuriz y señora Maritza Villadangos Frankovich.